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VIOLENCIA FAMILIAR

Episodios de violencia familiar se repiten día a día en los hogares. Las comisarias de la mujer y los juzgados de familia cada vez reciben más denuncias. ¿Como es el procedimiento? Se admite la denuncia y se ordenan medidas cautelares, (exclusión del hogar y/o una orden de restricción de acercamiento o perimetral) que como cautelar, tienen el carácter de ser provisorias. Además la Justicia aconseja a la pareja el comienzo de sendos tratamientos psicológicos, sea para prevenir estas situaciones o para superar las consecuencias que la violencia psíquica y/o física dejó en la persona.

Las víctimas de violencia cuando se deciden a denunciar, piden contención a familiares, terapeutas y abogados. El dilema de denunciar o no por miedo a represalias es moneda corriente. Sucede que las medidas cautelares que se dictan y que consisten en la restricción de acercamiento a lugares de vivienda, trabajo y esparcimiento, se ordenan por un término que va desde los 10 dias, al año. ¿Y después…que? Si bien, paralelamente a dicha denuncia o dentro del menor tiempo posible es aconsejable iniciar las acciones de fondo que son su consecuencia (separación o divorcio, régimen de visitas, tenencia, alimentos, etc.), sucede que los tiempos de la justicia no son los de la vida cotidiana y cuando se está venciendo una medida cautelar de restricción de acercamiento, vemos que aún la acción de fondo no se inició, por falta de recursos de la víctima, por no complicarse con problemas judiciales, o por estar tratando de “solucionar” las cosas dialogando, con la decisión de ambos de que no intervengan abogados en el medio. Entonces, vencida la medida, si es que no se violó la misma, en el tiempo transcurrido (ante lo cual, lo único que queda es llamar al 911 para solicitar asistencia policial, y nuevamente, dirigirse a la Comisaría de la Mujer para efectuar una denuncia de violación de la medida vigente), la persona se encuentra con que el denunciado vuelve con nuevos bríos al hogar, alegando no tener donde vivir y repitiéndose la situación a modo de circulo vicioso.

Si se da una sola situación de violencia familiar, no hay que dejarla pasar en la creencia de que no volverá a suceder, ya que puede ser que se sucedan infinitamente, si así la víctima lo “permite”. Permitir, es no denunciar a tiempo, abriendo la puerta así a riesgos físicos y psíquicos que pueden dejar secuelas irremediables, e incluso hasta provocar la muerte (femicidio, homicidio)

Circuito policial y judicial que se desencadena a partir de la denuncia

La denuncia se realiza ante la Comisaría de la Mujer, que recibe denuncias durante las 24 hs. Este Organismo la eleva al Juzgado de Familia en turno, que inmediatamente ordenará las medida de exclusión del hogar y/o restricción de acercamiento, notificándose a las partes para que comience a tener vigencia. La denuncia también puede realizarse ante el Juzgado de Familia en turno, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Si el denunciado/a no acata las medidas dispuestas por el Juez, la víctima debe manifestarlo para que por medio de la fuerza pública se haga cumplir la orden judicial. De ser necesario el Tribunal, de oficio o a pedido de parte, designará entrevistas para las partes, con el equipo técnico del Juzgado (psicólogo), para ser escuchados sobre la situación vivida dentro del hogar y, eventualmente recibir consejos sobre el inicio o continuación de una terapia adecuada a cada situación. Además, según el criterio judicial, puede designarse una audiencia ante un Consejero de Familia del Juzgado, a la cual las partes deben asistir con patrocinio letrado, para acordar asuntos importantes que resultan afectados, y que no admiten demora, (ej: para resolver la comunicación inmediata con los hijos menores de edad, o resolver situaciones que se generan cuando el lugar de trabajo se encuentra en el mismo hogar de donde fue excluido el supuesto agresor), hasta tanto comiencen a tramitarse las acciones de fondo (divorcio, juicios de alimentos, comunicación con los hijos o cuidado personal de los mismos), a instancia de cada una de las partes y con patrocinio letrado.

Dra. María Fernanda Panizo

Abogada

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Abogado, abogado de familia, violencia de género, violencia familiar

¿Puede el hombre acudir al juez especialista en violencia de género o familiar, denunciando que sufre situaciones de violencia de parte de su conviviente o esposa? 

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SI.
Por el principio de igualdad, de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. La violencia de género, implica la violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona, sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y psicológico.
En este ámbito tiene especial relevancia la denominada Justicia Terapéutica, cuyos principios son: intervención judicial permanente, monitoreo o supervisión cercana, respuesta inmediata a la conducta, integración del tratamiento con los procesos judiciales, tratamientos multidisciplinarios, y colaboración con la comunidad y las organizaciones gubernamentales.

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Abogado

Confirmaron condena de prisión efectiva en causa iniciada en contexto de violencia de género – ABOGADOS EN MAR DEL PLATA

Abogados en Mar del Plata
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CMCABA- informó que la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó condena de prisión efectiva  –  cuatro  años  y  cinco  meses  de  prisión  de  efectivo cumplimiento-  en causa iniciada en el contexto de una situación de violencia de género.
noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el CMCABA:
“La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires con el voto por mayoría de la jueza de Cámara Marta Paz y su par, Jorge Franza ratificó el 14 de julio pasado, un fallo de primera instancia en la causa “V. A. T. s/ art(s). 11179:149bisparr1 Amenazas CP (p/ L2303)”, en una “cuestión traída a consideración (…) en el contexto de una situación de violencia de género“.
La mujer fue asesinada pocos meses después de realizada esta denuncia. Esa causa, mientras tanto, aún se encuentra en trámite y en ella se encuentra detenido e imputado el señor V. En el caso que ocupó a la justicia porteña, la víctima lo señaló como el autor de las amenazas y privación de su libertad el 25 de abril de 2015, cuando se encontraban ambos en el interior del domicilio en el centro porteño. D.R. expuso el “miedo de que la matara”, tanto ante la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo (OFAVyT) como ante las autoridades policiales. También “se produjeron testimonios de vecinos que en forma independiente se comunicaron al 911 para solicitar el auxilio policial”. A su vez, prestó declaración la Sra. E.L., madre de la víctima, que fue “terminante” a la hora de dar cuenta de “la situación de violencia a la que V. había sometido a su hija en el transcurso de la relación que los unió”.
Los magistrados fundaron su voto exponiendo lo indispensable que resulta “tener presente el marco legal, tanto  nacional e internacional vigente en la materia, a saber: las leyes nacionales nros. 26485 y 24417; las leyes locales nros. 1265 y 1688; y las Convenciones de Belem do Para y para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”
Aquí los camaristas Paz y Franza, trabajaron particularmente en todo lo referido a la situación de la niña A. (hija de D.R.), “que también corresponde que sea considerada una víctima de los hechos ventilados y de la situación de violencia que quedara expuesta”. Dicho esto, los magistrados advirtieron que “de las constancias de la causa se advierte que la menor no ha recibido ningún tipo de asistencia ni se le ha propiciado tratamiento alguno por parte del Estado”. Por tanto, coincidieron en que “corresponde se adopten medidas expeditas y eficaces de promoción, tratamiento y protección respecto de la niña A., teniendo en cuenta las circunstancias expuestas en el caso, por lo que debe ser oída, y también se le debe otorgar de por vida y de forma gratuita, tanto a ella como así también a su grupo familiar por consanguinidad o afinidad, o a otros miembros de la familia o de la comunidad, asistencia médica y psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”.
Mientras que, en atención a “que no se fijó la integración del cuerpo interdisciplinario que se dispone en el punto IV de la sentencia a efectos de abordar al imputado de manera más eficaz en relación a la problemática vinculada a la violencia de género”, Paz y Franza dispusieron que se “deberá proceder a individualizar la integración del tal equipo”.
Por su parte, el camarista Sergio Delgado en su voto, propuso “hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa” y “declarar la incompetencia para el juzgamiento del delito de privación ilegítima de la libertad (art. 141 del C.P.) en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción de esta ciudad”, a la vez que “imponerle una pena única de dos años de prisión de ejecución condicional”.
Dicha causa tuvo su fallo de primera instancia en abril pasado, de acuerdo a lo dispuesto por la jueza Natalia Molina, titular del juzgado N° 8 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.”
Abogado, Derecho Penal

El Ministerio Público puede oponerse a la probation si el encartado desobedece la prohibición de acercamiento hacia la víctima de violencia de género

Partes: A. C. A. s/ recurso ext. de inapl. de ley

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 12-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104265-AR | MJJ104265 | MJJ104265

Sumario:1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, pues además, para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la Convención de Belém do Pará , debió el juzgador analizar y ponderar el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes que dieron motivo al dictado de la medida restrictiva en sede civil en contra del encartado.

2.-La administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial-, que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres.

3.-La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir; así, favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 12 de abril de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.468, “A., C. A. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.617 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 9 de junio de 2016, hizo lugar al recurso homónimo articulado por el Defensor Oficial del imputado -doctor Eduardo Zalba- contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca que confirmó el auto que disponía no hacer lugar a la concesión de la suspensión de juicio a prueba impetrado por la defensa de J. C. B. . En consecuencia, revocó la decisión impugnada y ordenó devolver los autos al inferior a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento (fs. 66/70). El señor Fiscal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -fs. 75/85 vta.-, el que fue concedido por el Tribunal recurrido (fs. 86/89 vta.). Oída la Procuración General a fs. 99/103, dictada la providencia de autos (fs. 104), y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Fiscal de Casación?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 1.Para decidir del modo señalado en los antecedentes, la Sala V del Tribunal de Casación Penal sostuvo que la oposición del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba “tuvo como fundamento la subsunción del hecho dentro de un caso de violencia de género, y en los compromisos asumidos por nuestro país de prevenir, investigar y sancionar los mismos” (conf. art. 1°, Conv. de Belém do Pará; fs. 68 vta.), con lo cual no estuvo de acuerdo. Con base en que las leyes penales deben ser interpretadas de manera restrictiva, “por aplicación del principio pro homine y los arts. 16, 18 y 28 de la C.N. y 3 del ceremonial” (fs. 69), destacó que “. la imputación efectuada a B. resulta ser la del delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es el normal y legal desenvolvimiento de la Administración Pública, no observándose en su descripción fáctica, más allá del origen de la orden de restricción de acercamiento supuestamente violentada, que la conducta desarrollada pueda subsumirse dentro de un supuesto de violencia de género, conforme la normativa señalada (art. 1° Convención de Belém do Pará)” (fs. cit.), siendo el “interés jurídico tutelado por el art. 239 la administración pública”. En definitiva puntualizó que en tanto “la imputación construida en el caso no importa un supuesto de violencia de género, y resultando tal aseveración el eje central sobre el cual se asentó la oposición fiscal para denegar el beneficio peticionado”, correspondía apartarse “del control de legalidad y razonabilidad efectuado por la alzada departamental”, por cuanto los motivos alegados en el dictamen fiscal resultaban arbitrarios, y hacer lugar al reclamo de la defensa por haberse aplicado erróneamente los arts. 76 bis del Código Penal y 1° de la Convención de Belém do Pará, devolviendo los actuados al inferior para el dictado de un pronunciamiento ajustado al presente (fs.69 vta., del voto del Juez Celesia con la simple adhesión del Juez Ordoqui). 2. Contra ello se alzó el Fiscal de Casación en el remedio de inaplicabilidad de ley mediante el que articuló dos planteos. Inicialmente, aludió -como cuestión federal- a la violación del art. 7 inc. f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “Convención de Belém do Pará” (fs. 77 vta., ap. V a). De seguido denunció, “[a]rbitrariedad por fundamentación aparente y por apartamiento de la doctrina legal aplicable: Inobservancia de lo resuelto por la CSJN en el caso ‘Góngora’” (fs. cit./78). Explicó que la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación “resulta contraria a normas constitucionales y convencionales, y desconoce arbitraria e injustificadamente la doctrina legal aplicable a los casos en que [se] ventile la posibilidad de otorgar la suspensión de juicio a prueba a un imputado de un delito que constituye violencia contra las mujeres” (fs. 78). Como argumentos en aval de su reclamo refirió a la doctrina del citado fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se estableció -en síntesis- que no resulta aplicable la suspensión de juicio a prueba respecto de imputados por delitos que involucran violencia contra las mujeres, declarando que en estos casos el art. 76 bis del Código Penal resulta contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino a través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará). En ese orden, transcribió el recurrente lo preceptuado en el art. 7 de dicha Convención interpretando que -según esa norma- el Estado Argentino se ha obligado a tomar medidas de protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, y a hacerlas cumplir por todos los medios a su alcance. Por todo ello, adujo que no resulta irrelevante que el delito de desobediencia imputado a B.en el que se ha ordenado se conceda la suspensión de juicio a prueba, remite al incumplimiento de una medida de protección dictada en el marco de la ley de violencia familiar 12.569, la cual trasciende e ingresa en lo que se conoce como violencia de género y, por ende, se enmarca en el compromiso asumido por el Estado mediante la Convención invocada. Se sigue de todo lo expuesto que no es válida la interpretación efectuada por los sentenciantes a la luz de los estándares que surgen del mentado precepto legal. Ello así, habida cuenta que tal interpretación se desentiende de las obligaciones que surgen del art. 7 de la Convención que ordena adoptar todas las medidas de protección para evitar que las mujeres víctimas de violencia sean hostigadas, intimidadas, amenazadas, dañadas y puesto en peligro su vida; debiendo el Estado -además- procurar por todos los medios su cumplimiento, como modo de proteger a las mujeres (fs. 78 vta.). Advirtió de seguido que ello no ocurre cuando la desobediencia de una orden de restricción de acercamiento dictada por el juez competente, es tolerada por el Estado, adjudicando al imputado de incumplirla, una modalidad procesal alternativa al juicio oral, como ocurre con la suspensión de juicio a prueba (fs. 79). Destacó que la consecuencia que se deriva de la resolución impugnada es que si quien desobedece una orden de restricción dictada por violencia contra las mujeres -como es el caso de autos- no es sometido a un juicio oral y eventualmente condenado, sino que es beneficiado con una suspensión de juicio a prueba que eventualmente extinguirá la acción penal sin que queden antecedentes en su contra, es evidente que se crea el marco de impunidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado (fs.cit.). Planteó el recurrente que la decisión del tribunal intermedio desconoció por completo el dictamen oportunamente presentado por su parte -ante la vista corrida por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca- y los sólidos argumentos esgrimidos por el Agente Fiscal interviniente para oponerse a la viabilidad del otorgamiento del instituto en cuestión cuya transcripción luce a fs. 79 vta./80 vta. Destacó que basta la simple lectura del dictamen referido para concluir que lo afirmado por la casación en cuanto resolvió que la oposición fiscal era infundada y que la conducta del imputado no podría subsumirse dentro de un supuesto de violencia de género, se aparta notoriamente de las constancias de la causa tornando al pronunciamiento en arbitrario. Admitió que si bien no desconoce el bien jurídico que protege el delito de desobediencia, también es cierto que la situación es distinta cuando está en juego una orden de restricción de contacto dispuesta por el órgano judicial en el marco de la Ley de Violencia Familiar, mereciendo en consecuencia otra respuesta, lo que solicitó sea declarado por esta Corte, ya que es preciso analizar dicha desobediencia denunciada bajo una perspectiva de género. Adujo por fin que el hecho narrado en la requisitoria que transcribió constituye violencia de género, y que interpretar lo contrario sólo bajo el argumento del título en el cual se halla inserta la figura legal, constituye un razonamiento arbitrario por descontextualizar el sentido de la norma prevista para prevenir, juzgar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Invocó asimismo, en apoyo de su pretensión, la causa “Berio” -de características similares al hecho de autos- resuelta por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal el 9 de junio de 2015 (v. fs. 81). Por último, y entendiendo que la interpretación correcta del art. 76 bis del Código Penal en armonía con el art.7 de la Convención de Belém do Pará, prohíbe la aplicación de mecanismos alternativos al juicio oral en todo delito que involucre violencia contra las mujeres, incluidos los que hacen al cumplimiento de las medidas de protección, solicitó se haga lugar a su reclamo y se proceda a casar la resolución impugnada (fs. 81 cit.). 3. Como lo aconseja la Procuración General (fs. 99/103), el recurso procede. 4. a. Le asiste razón al recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctrin a de Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine.

b. Advirtió el juzgador -como cuestión preliminar- “que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal para el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba resulta necesario”; tal como lo decidiera ese Tribunal en el Acuerdo Plenario dictado en la causa 52.274 y su acumulada 52.462, de fecha 9 de septiembre de 2013, oportunidad en que se dispuso “la necesidad, en principio, de la anuencia del agente fiscal en todos los casos para la procedencia del instituto” (fs. 68). En ese orden, destacó que “tal opinión por parte del Ministerio Público, como todo acto de gobierno se halla limitada en cuanto debe resultar fundada y controlable según criterios de legalidad y razonabilidad”. En consecuencia, el dictamen fiscal “debe estar sujeto siempre a un examen de legalidad y logicidad, ya que el mismo debe ser fundado” (fs. cit.). Sostuvo que, en el caso, “la oposición al otorgamiento del instituto solicitado tuvo como fundamento la subsunción del hecho dentro de un caso de violencia de género, y en los compromisos asumidos por nuestro país de prevenir, investigar y sancionar los mismos” (fs.68 vta.). No obstante lo cual concluyó, tal como se transcribiera en el ap. 1 del presente, que el hecho imputado a B. no comprendía un supuesto de esa clase habida cuenta que la imputación efectuada remite al delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es la Administración Pública (fs. 69).

c. En dicho contexto el sentenciante ha desconsiderado el real alcance de lo desobedecido al no percibir en toda su complejidad los actos descriptos por el Ministerio Público Fiscal. En el requerimiento formulado se atribuye a J. C. B. “. que el día 22 de abril de 2015, siendo aproximadamente las 11:00 horas en la calle [.],J. C. B. a bordo de su automóvil marca Peugeot 407 color negro se acercó a A. M.K. , quien circulaba a pie por el lugar, y circulando despacio a la par de esta desde el interior del automóvil a través de la ventana del acompañante, la cual se encontraba baja, le refirió: ‘. pará hija de puta, seguro que tenés otro, no voy a parar hasta que vuelvas conmigo.’ provocando gran temor en la víctima, perturbándola, desobedeciendo de ésta forma J. C. B. la orden de cesar los actos de perturbación e intimidación contra la antes mencionada, dispuesta por el titular del Ju[zgado] de Paz Letrado de Coronel Suárez, Dr. Fernando Goñi, en la causa N° 14446 caratulada ‘K. , A. M. s/denuncia violencia familiar’ con fecha 22 de marzo de 2015.” (fs. 8 y vta.).

Cabe destacar asimismo que “. A. M. K. declaró que ella mantuvo por el lapso de 5 años una relación amorosa con el Sr. J. C.B. , la que había llegado a su fin 4 meses antes debido a las constantes agresiones sufridas por parte de la víctima durante esos años, las que iban aumentando con el correr del tiempo, al punto de llegar a temer por su vida.A partir de allí, la deponente no dejó de radicar denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Coronel Suarez por lo que el Juez de Paz Letrado -el señor Fernando Goñi Pisano- ordenó dos custodios policiales en el domicilio de la víctima en diferentes oportunidades.”, habiendo ella solicitado el llamado “Botón anti-pánico” por el temor a ser agredida o vulnerada en su bienestar por su expareja (fs. 10). Se advierte así que el órgano intermedio recortó la conducta de desobediencia atribuida, desconectándola arbitrariamente del objeto de la causa en la que se había dictado la restricción aludida. Y, en consecuencia, la finalidad que perseguía dicha restricción.

d. Es claro entonces que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la “Convención de Belém do Pará”, debió el juzgador analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, que dio motivo al dictado de la medida restrictiva. Ello así pues teniendo en consideración las obligaciones que surgen de aquélla normativa internacional, en particular la de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7.b de la Convención), la administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial- que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres, como es el caso de autos.Cabe señalar lo afirmado en ese sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto advirtió que “la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

Y ello, añadió la Corte, “favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia” (Caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México, sentencia de 16-XI- 2009). La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el caso “Berio” -del 9 de junio de 2015- citado por el recurrente, en el cual el delito ventilado era, al igual que aquí, el de desobediencia a una orden judicial, la jueza Garrigós de Rébori consideró que dadas las particularidades del expediente civil en el que se había librado la orden restrictiva, era dable pensar que el imputado, más que eludir la disposición judicial, había pretendido mantener el contacto vedado, para lo cual la ignoró. Por lo tanto, la persona que (por la imposibilidad de protegerse por sus propios medios) había solicitado esa medida protectoria, no puede obtenerla ante la imposibilidad del aparato judicial de imponer su designio. Por todo ello, convalidó la decisión de la instancia anterior que había considerado que era preciso analizar la desobediencia denunciada en función del entramado sobre violencia de género en el cual fue dispuesta.En un sentido similar, el juez Magariños consideró que el comportamiento ventilado no era uno con carácter exclusivamente contrario al bien jurídico “administración pública”, sino que aparecía directamente relacionado con el significado de violencia contra la mujer que caracteriza al conflicto que se encuentra en la base del trámite judicial en cuyo marco se habría producido el quebrantamiento de la figura penal imputada. e. En suma, el Tribunal de Casación dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, ignorando además los argumentos que dieron pábulo para negar su consentimiento, todo lo cual evidencia un severo apartamiento de las constancias comprobadas de la causa.

Pues, el antecedente de la desobediencia se encuentra ineludiblemente ligado a la conflictiva de base que remite al referido contexto de violencia de género. Y, como se sabe, es doctrina de la Corte federal (in re “Góngora” cit.) que todo comportamiento portador de un significado de violencia ejercida contra la mujer se encuentra excluido de la posibilidad de aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba. Si entre las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, se prescriben procedimientos legales “justos y eficaces” para la víctima que haya sido sometida a violencia, que incluya -entre otros- “medidas de protección”, como la restricción de acercamiento aquí dispuesta (todo cese de actos de perturbación e intimidación, dispuesta por el Juez de Paz Letrado de Coronel Suárez, en la causa 14.446), carecería de sentido, de cara al conflicto violento, si no se constriñera a su cumplimiento, o, como contracara, por caso, se sancionara la desobediencia debidamente acreditada. Dicho de otro modo:si esa medida protectoria contra todo acto de violencia contra la mujer pudiera desobedecerse sistemáticamente, como aquí se ha denunciado, sin consecuencias, cuando la víctima y el representante fiscal han brindado fundadas razones por las que no han prestado su anuencia para una solución alternativa del conflicto, perdería todo efecto disuasorio. En atención a lo expuesto corresponde acoger el recurso del Fiscal, dejar sin efecto el fallo recurrido y devolver -con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional (art. 496 del C.P.P.). Voto por la afirmativa. Los señores jueces doctores de Lázzari, Pettigiani y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se resuelve hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal de Casación, dejar sin efecto el fallo recurrido y remitir -con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional (doct. art. 496 y ccdtes., C.P.P.).

Regístrese y notifíquese.

HECTOR NEGRI

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA R.

DANIEL MARTINEZ ASTORINO Secretario

Abogado

Caso Nora Dalmasso: el fiscal pidió apartarse de la causa

El fiscal de Río Cuarto Daniel Miralles pidió apartarse de la causa en la que se investiga el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en esa ciudad cordobesa, justo cuando se aprestaba a elevar el expediente a juicio oral con el viudo Marcelo Macarrón como único imputado, informaron hoy fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público solicitó al fiscal general Jorge Medina no intervenir más en el caso por haberse sentido “agraviado” por los dichos del abogado defensor de Macarrón, Marcelo Brito, quien en una entrevista radial lo había tildado de “inoperante”.
El lunes próximo, Medina deberá resolver si hace lugar al pedido de Miralles y en ese caso, deberá designar a un nuevo fiscal para hacerse cargo de la causa, que ya lleva once años de trámite y hasta 2015 estuvo a cargo de Javier Di Santo.
El pedido del fiscal se conoció luego de que la defensa de Macarrón presentara ayer en los tribunales de Río Cuarto cinco escritos con diferentes pedidos de nulidad y denuncias de irregularidades en la causa. Además, ante el juez de Control, la defensa recusó a Miralles por supuesta “pérdida de objetividad y adelantamiento de opinión”.
Sin embargo, causó sorpresa el pedido del fiscal de no intervenir en la causa porque el lunes pasado había anunciado las últimas novedades de la investigación. Se esperaba, además, que la causa se elevara a juicio oral después de la feria judicial de invierno.
Miralles obtuvo en las últimas horas los resultados de unas pruebas de ADN que desvinculan a Miguel Rohrer, alias “Francés”, como posible autor material del hecho, ya que no se encontraron huellas genéticas de que él haya estado en la habitación donde hallaron asesinada a Dalmasso.
“Llegó el ADN nuclear de muestras que corresponden a hisopos, cinto de la bata y recortes de sábanas y no hay presencia de Rohrer en la escena del crimen; esto nos lleva a descartarlo, por lo menos materialmente, si hablamos en términos jurídicos”, expresó el fiscal el lunes.
De esta forma, quedaba como único acusado el viudo de Dalmasso, y al respecto Miralles dijo que “la presencia genética del imputado Macarrón es muy grande en la escena del crimen”. Y adelantó: “Hay otros indicios que los voy a valorar oportunamente y no los puedo adelantar en este momento”.
También había dicho que se iba a realizar una reconstrucción del hecho en 3D, cuyo resultado permitiría ver “no solo como pudo haberse movido (el asesino) sino también cómo se produjo la muerte de la víctima”.
Miralles había sido designado a cargo de la causa en 2015 y en marzo de 2016 imputó a Macarrón por “homicidio calificado por el vínculo” ya que su semen fue encontrado en el cuerpo de Nora.
Además, para el fiscal el viudo viajó desde Uruguay, donde jugó un torneo de golf, hacia Córdoba para cometer el crimen.
Sin embargo, el viudo siempre sostuvo que es inocente y explicó que el ADN hallado en el cuerpo de la víctima se debía a que había mantenido relaciones sexuales con ella antes de viajar a Punta del Este.
Abogado

La serie de micros emitidos por Canal Encuentro aborda casos de violencia de género, trata de personas con fines de explotación laboral, delitos informáticos, violencia institucional, abuso infantil, acceso a la justicia y abusos financieros

En el marco del convenio de colaboración celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y el Canal Encuentro para la producción y realización de programas especiales, se estrenó un nuevo micro de la serie que aborda delitos como la violencia de género, la trata de personas con fines de explotación laboral, los delitos informáticos, el abuso infantil, la violencia institucional y los abusos financieros, entre otros.
 
El objetivo del programa sobre narcocriminalidad es hacer foco en el impacto de las prácticas ilícitas de las redes de narcotráfico en las vidas de las y los jóvenes, describiendo la afectación de derechos en estos sectores vulnerables.
El fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), analiza durante esta emisión el entramado que configura este tipo de delitos: por un lado, la manera en que operan las bandas trasnacionales, y por el otro, el despliegue territorial de las organizaciones narcocriminales en los contextos barriales desfavorables.
El mercado ilícito de drogas representa uno de los fenómenos criminales globales más complejos, con una alta rentabilidad tanto para las organizaciones que operan a nivel mundial como para las que tienen menor estructura y alcance. Las mayores ganancias de la delincuencia organizada transnacional provienen del narcotráfico: las últimas estimaciones de las Naciones Unidas indican que el ingreso total de los mercados de las drogas ilícitas alcanzaría los 320.000 millones de dólares anuales. Este dinero representa un 20% de todas las ganancias producto de delitos y la mitad de los ingresos de la delincuencia organizada transnacional.
Estas prácticas ilegales impactan en las vidas de millones de personas. Las y los jóvenes están especialmente expuestos a estas violencias y, en algunos casos, ingresan al circuito del tráfico ilegal de drogas como el eslabón más bajo en las estructuras criminales. El trabajo de la Procunar se centra, entre otras funciones, en orientar las investigaciones hacia los responsables de los distintos roles y jerarquías para ascender en la cadena de mando y promover la persecución penal hacia los estratos más altos de las estructuras criminales.
La producción de estos contenidos fue el resultado de un trabajo conjunto entre las Direcciones de Relaciones Institucionales y de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación y el Canal Encuentro.