Abogado

Se ordenó a los dueños de un perro a indemnizar a una mujer que sufrió una caía y diversas lesiones cuando el animal la atropelló con la intención de acercarse a su mascota

En los autos “Salas, Mabel A. c/ Bocanegra Carlos s/ daños y perjuicios”, se ordenó la indemnización de una mujer que sufrió lesiones por la caía que le provocó un perro al intentar acercarse a su mascota.
El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en una plaza de Rosario cuando el perro del demandado se abalanzó sobre ella, le produjo una caída y diferentes lesiones que disminuyeron sus capacidades. 
El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario determinó que, como se trató de un hecho donde intervino un perro, resulta de aplicación el art. 1113 del CCiv., “recayendo sobre el dueño y/o guardián del animal la presunción de responsabilidad, correspondiendo a este la carga de acreditar la culpa de la víctima o el hecho del tercero o caso fortuito”.
En esa línea, la ley sostiene que “un animal, por su naturaleza, no deja de ser una cosa y, como tal, susceptible de generar riesgos, una interpretación armónica de la legislación y de la doctrina, hace radicar el fundamento de la responsabilidad del dueño o guardián en el riesgo creado”.
La normativa expresa que el hecho debe probarse debidamente como ocurrió en la causa gracias a las declaraciones testimoniales de testigos.
Por todo lo expuesto, los jueces resolvieron hacer lugar a la demanda y de la mujer y ordenaron una indemnización por $50.000.
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Testigos, prueba, fundamentación insuficiente, tráfico de estupefacientes, reglas de la sana crítica

Cabe tener presente que los recurrentes se agravian principalmente respecto a la calificación legal escogida por el a quo, por cuanto, a su entender, no se advertiría el razonamiento que permita sustentar los hechos imputados a partir de las pruebas que se produjeron en el debate. Al respecto, las manifestaciones expuestas en las presentaciones casatorias, no resultan suficientes para controvertir los dichos de los testigos de la actuación y las demás pruebas que acreditan la versión inculpatoria, en tanto no obra en los actuados prueba alguna que logre corroborar aquellas versiones esbozadas por los recurrentes. Tampoco logran las defensas exponer argumentos suficientes que permitan apartarse de lo acreditado por el a quo. A ello corresponde agregar que la posición invocada muestra simplemente una discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo valoró la prueba, toda vez que no funda de manera fehaciente de qué manera dicha valoración ha sido errónea, limitándose a señalar que no existe una sola prueba directa, cuando, como bien ha sido reseñado, la prueba resulta suficiente para fundar la imputación en orden a los tipos penales dispuestos por el a quo, que dan cuenta de los distintos roles ejercidos por los diferentes imputados en el funcionamiento de la compleja red dedicada al tráfico de estupefacientes. Asimismo, y en tanto ha sido planteado como motivo de agravio, las particulares circunstancias fácticas acerca de la cantidad y la forma en que la sustancia prohibida se encontraba preparada así como del resto del plexo probatorio reunido en autos y el marco situacional descripto, no conducen a la situación de duda respecto del destino de la droga que constituye la piedra angular del razonamiento de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al sentar la doctrina judicial -en contrario sensu- en el caso “Vega Giménez” (Fallos 329:6019). Por ello, y siguiendo la vía de análisis del Alto Tribunal en el caso sí se pudo acreditar que la finalidad que tenían los imputados era la de comercializar la droga. De esta manera el Tribunal Oral fundó su sentencia en diversos elementos de prueba válidos, legalmente introducidos al debate, sometidos al contradictorio de las partes y valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica, los cuales poseen entidad suficiente para asegurar, con el grado de certeza necesario el accionar típico que conformó la imputación. Los argumentos de los recurrentes resultan insuficientes para descalificar la resolución cómo arbitraria, toda vez que han sido correcta y fundadamente valorados para asegurar el grado de participación y responsabilidad de la imputada en el hecho investigado. En efecto, en el desarrollo de la sentencia atacada no se advierten fisuras, ya que los sentenciantes, en uso de sus propias facultades escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e indicios serios, precisos y concordantes que analizaron en su decisorio, brindando los esenciales y fundamentales argumentos para fundamentar su conclusión; toda vez que no surgen dudas sobre la participación y responsabilidad criminal del imputado en el hecho llevado a juzgamiento. Así las cosas, de la argumentación concretamente desarrollada en la sentencia se desprende la suficiencia de su fundamentación para así arribar a la conclusión sobre la materialidad y calificación legal respecto a los hechos sujetos a análisis, habiendo sido, por lo tanto, ligados mediante un razonamiento respetuoso de las reglas de la sana crítica racional, sin cometer el Tribunal de la instancia anterior en grado, arbitrariedad alguna ni parciales consideraciones.