Abogado

Asesórese antes de comprar su vivienda, o antes de firmar una cesión de boleto de compraventa o de derechos posesorios

Es de moneda corriente la ola de usurpaciones en Mar del Plata, por eso los abogados estamos para desarrollar nuestra labor legal-preventiva para que la comunidad conozca lo que implica abonar un dinero por una cesión de boleto, cesión de derechos posesorios, o por la compraventa de un inmueble (lotes, casas, generalmente), sin constatar si la persona a la que le entregan dinero, es el dueño (titular registral), o solo dice serlo.

En primer lugar siempre debe existir una sospecha, si el precio de venta está muy por debajo de los valores del mercado inmobiliario, como aquellos casos, en que se adquieren lotes por U$S 5000.-, cuando en la realidad mercantil cuestan U$S 20000.-

Prevéngase de estafas y consulte siempre y de forma previa a un abogado, para que examine la documentación (boleto de compraventa o escrituras antecedentes), y solicite los informes registrales que correspondan a cada caso en particular (indice de titularidad, copia de asiento registral, informe de dominio e informes de anotaciones personales o de inhibición de los transmitentes de la titularidad), como así también para que pueda estudiar los expedientes de sucesión o prescripción adquisitiva (usucapión), según el caso de que se trate.

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Abogado, Abogado inmobiliario, cesión, compraventa, Derecho Inmobiliario

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Te: 491-5159 Sucesiones en Mar del Plata – Panizo Abogados – Sucesión: Partición de Herencia

“Cuando el testador no hubiere hecho la partición, si los herederos fueran mayores capaces y tuvieran la libre administración de sus bienes, pueden distribuir la herencia de la manera que por unanimidad consideren más conveniente”. (Art. 2369 del nuevo Cód. Civ. y Comercial).

El juez del sucesorio es quien conoce el derecho y hace procedente la partición privada en su caso, (art. 726 del C.P.C.C.). El supuesto de homologación en el sentido procesal, no constituye un recaudo de la ley de fondo, la circunstancia que se requiera su presentación ante el juez de la sucesión para su homologación, será al solo efecto de que éste ejerza “el control de su legitimidad”.
El convenio de partición obtenido en una mediación será vinculante para las partes, por normas del derecho privado, para los herederos, como para el propio juez, será necesario que se encuentren reunidos los presupuestos que atañen a la legalidad de la convención específicamente de la mediación, esto es la homologación del acuerdo arribado para que el juez ejerza el control conforme al ordenamiento jurídico.
La afirmación que el convenio de partición adquiere carácter vinculante, en forma privada, trátese de un convenio de mediación, por ende obligatorio entre quienes lo concluyeron, impide la posibilidad de dejarlo sin efecto por los firmantes.
El plexo normativo, afirma que los herederos mayores y capaces son libres de poner fin a la indivisión pero deben adoptar por unanimidad la forma que dispone el art. 2369 Cód. Civ. y Comercial…”Deben ser hechos en la forma que las partes decidan por unanimidad. (…) las particiones podrán realizarse en mediaciones voluntarias mediante convenio o instrumento privado y presentado al juez de la sucesión para su homologación”. Las comunidades indivisas en su totalidad podrán utilizar el sistema adecuado para partir la misma, sin necesidad que la ley de mediación lo establezca, si están autorizadas por el código de fondo o sustancial.
En el caso planteado la partición extrajudicial realizada por instrumento privado constituye un contrato condicionado a la homologación judicial. Así, lo expresa Zanonni, que por su naturaleza contractual una vez firmada la partición extrajudicial obliga a las partes y estas no pueden unilateralmente dejarla de lado y solicitar la partición judicial o revocarla unilateralmente por voluntad de cualquiera de sus firmantes[5]
Partición privada
La partición realizada en forma privada, será la única que tiene realmente una verdadera naturaleza contractual. Dicho de otra forma, la misma, proviene de la voluntad de todos los herederos constituyendo un negocio jurídico plurilateral que pone fin a la comunidad hereditaria, mediante la distribución del activo neto hereditario entre los coherederos, determinando el haber concreto de cada uno de ellos en la forma en que por unanimidad decidan.
El mediador, es el único sujeto capacitado, conforme al ordenamiento jurídico para trasformar la situación conflictiva o desacuerdos, en acuerdos. Este tercero posibilita que puedan en la etapa propositiva o de propuestas realizar negociaciones colaborativas, distributivas o conforme la situación, acompasando la decisión de las partes. El tercero, sujeto procesal, por Ley Nº 13.951, no solo está capacitado para lograr que los desacuerdos se trasformen en acuerdos, sino también para diseñar, planificar la etapa de propuestas o prepositiva para que las partes negocien.
La jurisprudencia, ha manifestado, en la particiones privadas que (…) “Después de suscripto el acto jurídico particional las partes solo pueden pedir su anulación por vicios de la voluntad, no pudiendo retractarse unilateralmente ya que desde que se presta el consentimiento es vinculante para los herederos independientemente de que esté o no homologado”.[6]
La homologación, no le otorga validez al acuerdo, entre los firmantes, sino por el contrario cumple con un requisito de legitimidad para respetar el ordenamiento jurídico.
La doctrina 
La doctrina se manifestó, con referencia a los acuerdos en mediación, que después de la homologación en divisiones de condominio, podría declararselos de imposible cumplimiento de la obligación de hacer (escrituración). Dicho de otro modo, aún con acuerdo, podría el juez declararlo nulo por imposibilidad de cumplimiento.
Asimismo, y aun habiéndose firmado, el compromiso al pago por la cesión, con un préstamo que no fue concedido, por lo tanto, el convenio fue declarado de imposible cumplimiento de escrituración…, en igual forma se expresa Podetti[7] “Las partes celebraron un acuerdo de mediación para efectivizar la división, el cual fue homologado. Posteriormente, el juez advirtió que la escrituración era de cumplimiento imposible por inconvenientes registrales. A raíz de ello, ordenó determinar los daños y perjuicios. Apelada la resolución por ambas partes, la Cámara, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de la demandada y desestimó la condena por daño moral.[8] Lo antes comentado sucedió, en el caso “Boronat, Marisa Liliana c. Puerta, Miguel y Puerta, Ana Nidia s/División de Condominio” en el cual se demostró que aún homologado el convenio, el control de legalidad del mismo continua en poder de los jueces.
El derecho proce
sal 
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también se ha expedido, en casos similares con fundamento en la regla, iura curia novit, de la siguiente forma: “En virtud del proloquio iura curia novit, corresponde al juez no sólo como facultad sino también como deber, calificar la relación sustancial de la litis y determinar la norma jurídica que la rige, aunque las partes no la invoquen o lo hagan de forma errónea”. “La aplicación de normas o principios jurídicos no invocados por las partes —sin alterar los hechos en que la acción se funda— deriva de la vigencia de la regla procesal iura curia novit y descarta la existencia de agravio constitucional a la garantía de la defensa en juicio”.
Los expuesto por la SCJPBA, reafirma que los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, desde que esa posibilidad sólo traduce la facultad de suplir el derecho que es propio de los jueces y no comporta, por ende, violación a la garantía de la defensa, siempre que lo decidido, desde luego, no altere las circunstancias de hecho involucradas en el proceso ni comporte la introducción de pretensiones o cuestiones no debatidas.
En síntesis:
1. La asiduidad de los requerimientos efectuados para fijar audiencia de partición de herencia, devenga una incansable tarea jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires, que en la mayoría de los casos, resulta infructuosa, atento no contar el ámbito judicial con las herramientas de tiempo y espacio convenientes para cumplir con tal finalidad, con lo cual el mediador profesionalmente se encuentra capacitado.
2. Cuando se trate de herederos capaces y mayores de edad, los mediadores son los sujetos adecuados o profesionales especializados en la materia de partición de herencia, como de comunidades indivisas, donde estén en juego intereses patrimoniales. La mediación, resultaría más propicia para la resolución de dichos conflictos de intereses (arts. 7 y 12 Ley Nº 13.951).
3. Que si bien la Ley Nº 13.951 excluye los procesos sucesorios y voluntarios de la mediación como etapa previa a la Jurisdicción (art. 4 inc.8 de la citada ley), lo cierto es que el instituto de la partición “como etapa extraordinaria del proceso sucesorio” no encuadraría en dicha excepción.
4. Que en virtud de su objeto, la partición queda asimilada a la división de condominio; ésta última, categorizada como materia mediable.
5. Que el art. 1 de la Ley Nº 13.951 establece el régimen de la Mediación al disponer: “El estado proveerá la capacitación, utilización, promoción, difusión y desarrollo de la misma como método de resolución de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares”.
6. Que, para un mejor servicio de justicia, agilizar el proceso, facilitar la negociación entre los interesados y alcanzar la paz social, resulta impostergable contar con la intervención de un profesional especializado; En suma; conforme los argumentos precedentes líbrese oficio a la Receptoría General de Expedientes Departamental., a fin que sortee un mediador (art. 34, 36, 761 C.P.C.C. y art. 1 de la Ley Nº 13951)”.
7. Que la fijación de audiencia a los efectos de llegar a un acuerdo sobre los bienes a partir en los términos de lo normado por los arts. 751 y 761 del C.P.C.C., se ha trasformado en una cuestión de imposible cumplimiento.
8. Que los actos de partición de herencia son factibles de realizarse por el proceso de mediación, siendo esta la vía adecuada para evitar desgastes de la función jurisdiccional, ante la avalancha de incidentes contradictorios, a que se ven sometidas actualmente las sucesiones.
9. Que la voluntariedad del proceso sucesorio, se transforma en situación conflictiva de partición de la herencia, como etapa extraordinaria del proceso.
10. Que los conflictos derivados de la partición hereditaria, requieren de expertos en transformación de conflictos, para sostener el vínculo de la relación familiar, evitando que el mismo se traslade a la sociedad en su totalidad.
11. Que la homologación del acuerdo peticionado será sometido a su posterior homologación, sin perjuicio de crear derechos y obligaciones entre los firmantes, y que aún homologado puede ser declarado de imposible cumplimiento por el juez de la sucesión.
12. Que las garantías de la partición hereditaria en mediación, son legítimas y conforme al ordenamiento jurídico, lo cual hace del fallo comentado una pieza que abre las puertas a futuras particiones por medio del proceso de mediación.
13. Que la regla iura curia novit, permite que los jueces procedan a resolver la causa conforme a derecho, fundamento ineludible de sus decisiones, por cuando al considerar la partición hereditaria, asimilándola a la figura de la división de condominio, permite comprender, que el juez es quien conoce la totalidad de las normas jurídicas para lo cual han sido nombrados, para la función jurisdiccional.
Abogado

Matrimonio celebrado en el exterior – vocación hereditaria en el sucesorio del fallecido

Corresponde confirmar la sentencia por la cual se declaró la nulidad de un matrimonio celebrado en el exterior, prohibiendo que la mujer invoque dicho título para justificar su vocación hereditaria en el sucesorio del hombre que falleció, en tanto que el hombre previamente mantenía un vínculo con otra mujer que no se había disuelto (Voto de la Mayoría).
El impedimento de ligamen tiende a proteger el carácter monogámico del matrimonio y no su indisolubilidad, evitando que se contraiga nuevo matrimonio sin previa disolución de uno anterior (Voto de la Mayoría).
Corte Suprema de Justicia de Salta
Salta, 29 de Septiembre de 2016.-
CONSIDERANDO:
Los Dres. Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, S. Graciela Kauffman y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:
1) Que a fs. 432/442 la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de fs. 421/426, que al rechazar la apelación deducida, confirmó la declaración de nulidad de su matrimonio celebrado con el señor M. W. T. G. y la imposibilidad de invocar ese vínculo para justificar su vocación hereditaria en el sucesorio de él.
Relata que el 20 de abril de 1979 se declaró el divorcio de los esposos M. W. T. G. y A. L. C., conforme con lo dispuesto en la Ley Nº 2393. El 21 de julio de 1983 ella se casó con el señor T. G. en la República Oriental del Uruguay. Aclara que los anteriores cónyuges no solicitaron la conversión de su separación en divorcio vincular.
Agrega que la sentencia de la Cámara, con fundamento en que se ha vulnerado el orden público interno, considera que su vínculo con el causante es de nulidad absoluta y, de esa manera, le impide acceder a los derechos que, como cónyuge, le corresponden sobre el acervo hereditario.
Atribuye arbitrariedad a la sentencia por apartarse de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Solá”, “Ulloa” y “Santa Coloma” que indica que el matrimonio con impedmento de ligamen dejó de ser un acto viciado; que la indisolubilidad del vínculo fue de orden público hasta la entrada en vigencia de la Ley Nº 23515, y que por ello el orden jurídico actual carece de interés en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero en tales condiciones, ya sea que se pida o no la nulidad.
En atención a esa doctrina –concluye- no se verifica vicio alguno en el matrimonio declarado nulo por el fallo impugnado de inconstitucional.
Concedido el recurso por el tribunal “a quo” a fs. 448/449, a fs. 456/460 y 461/462 las partes presentan memorial y a fs. 464/467 vta. dictamina el señor Fiscal ante la Corte Nº 1 en el sentido de que corresponde el rechazo de la articulación. A fs. 469 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.
2) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 87:769; 201:857).
En consonancia con lo señalado, corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional.
3) Que la demandada considera que es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad de su matrimonio pese a que –dice- en razón del dictado de la Ley Nº 23515, no afecta al orden público argentino el matrimonio celebrado en el extranjero cuando uno de los cónyuges estaba separado por sentencia dictada durante la vigencia de la ley anterior.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rosas de Egea” (Fallos, 273:363) sostuvo que sin necesidad de obtener la nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero, estando vigente un matrimonio anterior celebrado en la Argentina, las autoridades nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio de la República. Esta doctrina fue reiterada en “Argentina Rebeca Gómez de la Fuente de Hermida y otros” (Fallos, 275:456) y “Ballester de Anschütz” (Tomo 295:942, entre otros)
En la sentencia dictada en la causa “Solá, Jorge Vicente” (Fallos, 319:2779) la Corte cambió su doctrina, luego de la sanción de la Ley Nº 23515 (B.O. 12/06/1987-Adla 1987-B, 1535). Se trató de un matrimonio celebrado en Paraguay en 1980 en el que uno de los contrayentes estaba separado en Argentina y luego del segundo matrimonio había obtenido la conversión de la separación en divorcio vincular, en virtud del dictado de la Ley Nº 23515. La Corte sostuvo la necesidad de recurrir a las normas de Derecho Internacional Privado que encuentran su fuente en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, cuyo art. 13 sujeta la validez del matrimonio a la ley del lugar de celebración. Sin embargo, afirmó, la misma norma faculta a los Estados signatarios a no reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado de alguno de los impedimentos allí enumerados, entre ellos, el matrimonio anterior no disuelto legalmente. Aplicó también el art. 4º del Protocolo Adicional del Tratado que establece que las leyes de los demás Estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso. Por ello sostuvo que la Argentina puede desconocer o reconocer validez a la segunda unión, según los imperativos del orden público internacional del foro, y en ambos supuestos actuará en cumplimiento fiel del Tratado. Agregó que este orden público es un concepto variable que depende de los principios que sustentan la organización de cada Estado en una época determinada. Dentro de esos principios se hallaba el de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. No obstante, la Ley Nº 23515, al admitir el divorcio vincular, privó de vigencia al principio mencionado.
El Superior Tribunal Federal expresó que la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad que es ampliamente compartido en el derecho comparado, según el cual el orden público debe ser apreciado al momento de la intervención del juez del foro, y no en la época en que se produjeron los hechos, por lo que concluyó que no existe interés actual en desconocer la validez de un matrimonio celebrado en el extranjero.
En la causa “Ulloa” (Fallos, 330:1752) en la cual el causante había contraído nupcias en Perú en el año 1980 con una señora que se encontraban divorciada en Argentina bajo el régimen de la Ley Nº 2393 y que recién en el año 1987 se convirtió el divorcio en vincular en virtud de la nueva legislación, la Procuradora Fiscal en el dictamen, cuyos fundamentos hace suyos la Corte Suprema, sostuvo que la cuestión resultaba análoga a la decidida en la causa “Solá”
En “Santa Coloma” (Fallos, 333:1759), la actora si bien al casarse por segunda vez no estaba divorciada en los términos de la Ley Nº 2393, en el año 2004 obtuvo la sentencia de divorcio vincular. La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes que estableció la irretroactividad de la sentencia de divorcio vincular, con sustento en la doctrina sentada en las causas “Solá” y “Ulloa”.
De lo expuesto cabe concluir que la doctrina de los tres fallos indica que, a los efectos de analizar la eficacia del matrimonio celebrado en otro país, es necesario preservar los principios de orden público internacional vigentes al momento del dictado del fallo.
Es por ello que en tanto la Ley Nº 23515 ha modificado los principios que informan la legislación argentina en materia matrimonial, no resulta válido tener en cuenta aquellos vigentes en la época en que se celebró el matrimonio en el extranjero.
4) Que el caso planteado en estos autos difiere de los reseñados precedentemente en tanto, al momento de la muerte del causante (17/03/2008), no había renacido su aptitud nupcial.
Como lo indica la doctrina, es evidente que la sentencia de conversión de la separación personal en divorcio crea una situación nueva, a pedido de parte, no “ipso iure” como hubiera podido disponer la Ley Nº 23515. Por el contrario el art. 8º requiere el pedido de uno o ambos esposos separados. La diferencia de efectos entre la separación personal y el divorcio es abismal, más que relevante para subrayar la novedad absoluta del nuevo estado civil de los ex cónyuges. (conf. Méndez Costa, M. Josefa, “Sobre Divorcio Vincular y Orden Público”, J.A., 1997-IV, págs. 659 y sgtes.).
Es decir que la modificación introducida en 1987 por la Ley Nº 23515 (Ad-la, XLVIII-B, 1535) no implica, ni podría implicar, que se admitiera la validez conjunta de dos matrimonios: el celebrado en la Argentina y no disuelto, y el posteriormente celebrado en el Uruguay, subsistiendo el vínculo anterior. Ello en mérito de que el impedimento de ligamen tiende a proteger el carácter monogámico del matrimonio y no su indisolubilidad, evitando que se contraiga nuevo matrimonio sin previa disolución de uno anterior. Es que la monogamia integra el orden público aún después de la vigencia de la Ley Nº 23515.
5) Que este Tribunal ha sostenido como premisa básica, que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injustificado de los hechos o del derecho aplicable o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en el decisorio. Por tal razón, la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es propia de los jueces de la causa y salvo aquellos casos de excepcionalidad mentados, resulta insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria cualquier pronunciamiento que no conlleva las causales de su descalificación como acto jurisdiccional (conf. Tomo 57:789; 59:527; 119:213; 140:555; 201:451).
Esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. esta Corte, Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64:841; 70:229; 97:275; 112:207)
6º) Que en tanto la impugnante no logra demostrar que la decisión del tribunal “a quo” de confirmar la sentencia de primera instancia confronte la ley aplicable ni la evaluación del orden público internacional, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido. Con costas.
El Dr. Abel Cornejo, dijo:
1) Que por razones de brevedad me remito al relato de los antecedentes de la causa y de los agravios vertidos por la recurrente desarrollado en los apartados primero y segundo del voto de los distinguidos señores Jueces de Corte preopinantes, no obstante lo cual propongo una solución distinta, con base en los siguientes fundamentos.
En efecto, debe tenerse presente, con carácter preliminar, aquellos hechos que llegaron firmes a esta instancia, por no haber sido controvertidos por las partes. En ese orden, cabe destacar que la demandada señora L. Argentina V. se casó con el señor M. W. T. G. (hoy fallecido) el 21 de julio de 1983 en la ciudad de Maldonado, República Oriental del Uruguay (v. fs. 59). Está acreditado asimismo que para esa oportunidad el señor T. G. se encontraba divorciado de su primera esposa A. L. C. mediante pronunciamiento recaído en el juicio que tramitó en los tribunales locales, con el alcance que le otorgaba la por entonces vigente Ley Nº 2393 (v. inscripción marginal de acta de fs. 4/5). De este primer matrimonio nacieron M. A., A. S. y L., todas ellas de apellido T. L. (v. fs. 55/57). Con esa plataforma fáctica, la Cámara entendió -en líneas generales- que la falta de disolución del primer vínculo tornaría inválido el segundo por impedimento de ligamen y, por ello, ratificó la declaración de nulidad del segundo matrimonio que había sido dispuesta en primera instancia.
En sus fundamentos, señaló la alzada que si bien se dictó la Ley Nº 23515 (publicada en el B.O. el 12/06/1987) y con ella el orden público se vio actualizado en cuanto a la disolubilidad del vínculo matrimonial, no se había alterado en lo referente a la prohibición de la poligamia, situación que entendió aplicable al caso. Asimimo el tribunal “a quo” resaltó la conducta del señor T., quien pudiendo optar por la conversión en divorcio vincular en los términos y alcances de la mencionada norm
a no lo hizo y por ello concluyó que el impedimento de ligamen existente a la fecha de celebración de su segundo matrimonio subsistió hasta su fallecimiento.
2) Que en el caso, debe tenerse en cuenta el contexto actual -sin desconocer los hechos que acontecieron- desde una perspectiva no sólo normativa sino fundamentalmente valorativa, pues en todo este tiempo transcurrido se ha generado una mutación sustancial en las instituciones del derecho de familia que generó una notable gravitación social de la que no puede prescindirse para la reflexión de la controversia que aquí se planteó.
Siendo ello así, cabe ingresar al análisis de la cuestión traída a examen, y sobre el particular señalar que, en nuestro país, antiguamente, la Ley Nº 2393 -Ley de Matrimonio Civil- no reconocía el divorcio vincular, sino que solamente autorizaba la separación personal de los esposos en el art. 64. Sin embargo, muy tempranamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del precepto que no admitía la disolución del vínculo matrimonial por considerar que conculcaba el sistema de libertades consagrado en la Constitución Nacional. En ese sentido, el juez Petracchi sostuvo que el texto constitucional garantiza un sistema de libertad personal que gira sobre el eje del art. 19, que resulta mas abarcativo que la mera garantía de la privacidad. En este sistema confluye una serie de derechos expresamente enumerados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20 y 32 que, por supuesto, no excluyen los implícitos que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno -art. 33. Estos derechos están asegurados a todos los habitantes de la Nación conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, siempre que éstas resulten razonables y no las alteren -art. 28-.
Para que la Ley de Matrimonio Civil sea compatible con ese sistema de libertades, es necesario que no obstaculice la garantía constitucional de profesar cualquier religión o no profesarla. Entonces, imponer coactivamente alguno de los principios rectores de las diversas religiones que coexisten en la sociedad, tal el caso de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, identificado con el credo católico apostólico romano, resultaba violatorio del art. 14 de la CN. Justamente, ese sólido precedente del Alto Tribunal fue la base del proceso de reforma que culminó con la sanción de la Ley Nº 23515 que estableció el divorcio vincular con la consecuente disolución del vinculo. A su vez, esta norma incorporaría la redacción del art. 230 del Cód. Civ. anteriormente vigente que disponía la nulidad de toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de solicitar la separación personal o el divorcio vincular (conf. Cód. Civ. de la Republica Argentina, Ed. Legis, Buenos Aires, 2011, pág. 114 y su cita).
3) Que ahora bien, cabe señalar -como se describió en el considerando precedente- que con la Ley Nº 23515 se introdujo en nuestro derecho el divorcio vincular. Con relación a los divorcios no vinculares decretados con anterioridad, se dijo que “la reforma no alteró el estado civil de las personas sin perjuicio de reconocerles la facultad de solicitar judicialmente su conversión. Yendo todavía más lejos, la reforma consagró en el art. 160 la teoría del desconocimiento de los efectos del matrimonio celebrado en el extranjero mediando impedimento de ligamen”. Es por ello que se dijo también que con “la sanción de la Ley Nº 23515 se establecieron tres formas de ineficacia matrimonial cada una de las cuales estaría regulada por separado. El no reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero en contravención del orden público internacional argentino fue incorporado al ex art. 160, la inexistencia matrimonial se encontraba en el ex art. 172 y las nulidades matrimoniales fueron reguladas en los ex arts. 218 y ss. Sin embargo, poco tiempo después la jurisprudencia dio un giro significativo. En efecto, por vía jurisprudencial se sostuvo que la Ley Nº 23515 introdujo un cambio en el orden público y al admitir el divorcio vincular no habría un interés actual en reaccionar contra estos matrimonios contraídos en fraude a la ley”.
Con arreglo a ello, la jurisprudencia desempeñó un rol trascendental en la interpretación de las disposiciones citadas, y en ese sentido corresponde destacar que el primer antecedente se encuentra en un fallo de la Corte Suprema de Mendoza en el cual el marido fue demandado por alimentos con fundamento en un matrimonio contraído en Uruguay mediando impedimento de ligamen. El demandado cuestionó la eficacia del matrimonio invocando al mismo tiempo la inexistencia, la nulidad y el desconocimiento de sus efectos. La primera de estas defensas sería rechazada porque no estaba ausente alguno de los elementos esenciales del matrimonio; el planteo de nulidad con fundamento en la ley argentina sería descartado porque la validez del matrimonio se regía por la ley del lugar de celebración que el demandado no invocó ni acreditó, y finalmente el planteo de desconocimiento de los efectos del matrimonio es rechazado porque se entiende que la Ley Nº 23515 había modificado el orden público y no existía un interés actual en reaccionar contra estos matrimonios. En este fallo se invocó que había incertidumbre sobre el estado civil de los contrayentes, vale decir, que no se había acreditado si el matrimonio se contrajo siendo de estado civil divorciado vincularmente –en Uruguay– o si se contrajo estando todavía subsistente el vínculo anterior. Como consecuencia de ello no se podía decir que el matrimonio se había contraído mediando impedimento de ligamen. Este pronunciamiento va a merecer elogios de la doctrina. Un año después la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó un temperamento similar en el caso “Solá”. En este caso se negaba la legitimación para iniciar la sucesión a una señora que había contraído matrimonio en Paraguay mediando impedimento de ligamen. La Corte señaló que resultó de aplicación el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que no impone a los otros países contratantes la obligación internacional de desconocerle validez sino que deja librado al orden público internacional del Estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al espíritu de su legislación, entendiendo que el orden jurídico argentino carecía de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que era invocado en el foro en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite.
Como lo sostuvo la doctrina especializada, el Máximo Tribunal repitió este criterio en varios casos posteriores de similares características (“Ulloa”, “Zapata” y “Boo”). En “Ulloa” los hechos eran similares a los de “Solá”. En “Zapata” la discusión era previsional por cuanto la viuda reclamaba la pensión, pero tenía la particularidad de que la convivencia no subsistía al tiempo de la muerte porque el causante habría provocado la ruptura y tuvo que ser excluido del hogar por su comportamiento violento, además de que fue condenado a pasar alimentos a sus hijos. En “Boo” el matrimonio se hace valer contra herederos testamentarios –vale decir, contra la voluntad del propio causante– con la particularidad de que el segundo matrimonio se había contraído sin que hubiera habido siquiera un divorcio no vincular previo. Asimismo se destacó que si bien en todos los casos se podría hablar de bigamia civil, sólo en este caso se configuraba e
l delito de bigamia desde que los restantes casos estaban exculpados por el Tratado de Montevideo de 1940, art. 15, inc. b, “in fine” (conf. Sojo Agustín, “La ineficacia del matrimonio contraído en fraude a la ley en la actualidad”, revista jurídica UCES, disponible en http://www.dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/…/Ineficacia_Sojo.pdf).
4º) Que por su parte, la Ley Nº 26994, que aprobó el nuevo Código Cvil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 01/08/2015, consagró numerosas reformas, muchas de ellas sustanciales, sobre todo en el ámbito del derecho de familia. Así como en su oportunidad la Ley Nº 23515 significó un cambio radical en las relaciones de familia, el actual Cód. Civ. y Comercial de la Nación implicó también dejar atrás antiguos paradigmas que giraban sobre la familia y el matrimonio. Y coincidiendo o no con esta nueva visión, lo cierto es que dejarla de lado implicaría asumir una mirada sesgada de la realidad.
Así las cosas, cabe resaltar dentro del proceso reformador los fundamentos del anteproyecto en dónde se sostuvo que “… de lo que se trata es de regular una serie de opciones de vida propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visio-nes que el legislador no puede desatender… El avance de la autonomía de la voluntad en el derecho de familia no es ajeno al ámbito del derecho matrimonial. Precisamente, ha sido en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada muestran un desa-rrollo exponencial del principio previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional; prue-ba de ello son diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de algunos artículos del Cód. Civ. por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial.
El nuevo régimen amplía la aptitud de decisión de los integrantes del matrimonio. La mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares, bajo la excusa de con-siderar todo de orden público, contraría la noción de pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos humanos. En efecto, existe un derecho a la vida familiar y, consecuentemente, la injerencia estatal tiene límites. Por eso, se introducen modificaciones de diversa índole a los fines de lograr un mejor y mayor equilibrio en la clásica tensión entre autonomía de la voluntad y orden público, especialmente, al momento de la ruptura, de mo-do que la conclusión pueda realizarse en términos pacíficos, mediante la ayuda de la inter-disciplina, la mediación, la especialidad, entre otras, que han colaborado a que las personas entiendan que un buen divorcio contribuye a la paz familiar y social…”.
Entre otras argumentaciones -en referencia a la reforma- se dijo también que “se derogó la figura de la separación personal por diversos motivos: a) la separación tuvo su razón de ser en un contexto jurídico y social diferente al actual, siendo una alterna-tiva para quienes se oponían al divorcio vincular cuando éste se incorporó de manera autó-noma al derecho argentino después de años de divorcio indisoluble; b) su escasa aplicación práctica; en los hechos, cuando se acude a la separación personal no es por razones religio-sas, sino por carecer del plazo mínimo de celebración del matrimonio para solicitar el divor-cio de común acuerdo o el plazo de separación de hecho sin voluntad de unirse para peti-cionar el divorcio vincular por esta causal de manera unilateral. Otra modificación sustancial es la supresión de las causales subjetivas de divorcio. La experiencia judicial ha demostrado el alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se someten los cónyuges y sus fami-lias cuando se opta por el divorcio contencioso…”.
Asimismo, se adujo con relación al divorcio que “se siguen los linea-mientos generales de la reforma española del 2005 en cuya exposición de motivos se desta-ca que, fundado en el libre desarrollo de la personalidad –que se deriva del mencionado principio de autonomía de la voluntad- se “justifica reconocer mayor trascendencia a la vo-luntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa volun-tad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de sepa-ración. De esta manera, el matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad coincidente de los contrayentes y, por ende, cuando la voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece, el matrimonio no tiene razón de ser y no puede ser continuado, habilitándose por este simple y elemental fundamento, que uno o ambos puedan solicitar su divorcio. El respeto por la libertad y autonomía de la persona humana y su proyecto de vida impone la obligación de evitar forzar a un sujeto a continuar en un matrimonio que ya no se desea. La protección integral de la familia de tipo matrimonial no implica desconocer los derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, quienes no pueden ver conculcados sus derechos a costa o por fuerza del matrimonio” (Fundamentos del Anteproyecto para la Reforma Civil y Co-mercial).
Dentro de esa inteligencia, -como acertadamente lo señalan Aída Kel-memajer de Carlucci; Marisa Herrera; Nora Lloveras en “Tratado de Derecho de Familia”, Tomo I, pág. 28, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, primera edición-, los textos deben interpretarse y aplicarse de conformidad a la evolución de las convicciones sociales y responder a las nuevas realidades sociales. Nunca una Constitución, diciendo literalmente lo mismo, significa lo mismo, la razón está en el cambio social, ni son las mismas las preguntas que la realidad social le dirige a la ley, ni son los mismos los problemas que exigen res-puesta teniendo en cuenta el espíritu y finalidad de la ley, ni por tanto son las mismas las respuestas posibles. Señalaron también que la interpretación dinámica ha sido reite-radamente sostenida tanto por el TEDH como por la CIDH; ambos tribunales sostie-nen que el método dinámico es consustancial para los tratados, un complemento nece-sario del principio democrático, ya que éste es el motor mismo de la evolución y la cons-tante adaptación de los textos a la realidad que los rodea contribuye al enriquecimiento de los derechos inicialmente previstos.
5) Que a la luz de estas circunstancias fácticas, jurídicas y valorativas es que debe abordarse la cuestión que aquí se plantea y, en ese esquema de pensamiento, cabe precisar que no existen motivos suficientes para que -en esta oportunidad- el ordena-miento jurídico argentino reaccione frente al vínculo extranjero cuya nulidad se solicitó en nuestro país con el único fin de reclamar derechos sucesorios por parte de las herederas del causante (v. fs. 23 vta./24).
Es por ello que, conforme con la doctrina sentada por el Máximo Tribu-nal en el precedente “Solá, Jorge Vicente s/Sucesión abintestato” (Fallos, 319:2779), la que entiendo aplicable al caso, no obstante las diferencias fácticas consideradas en los párrafos precedentes, en tanto en ese supuesto como en el que nos ocupa, lo medular radica en que el orden público internacional no es un concepto inmutable y definitivo sino esencialmente variable, pues expresa los principios esenciales que susten
tan la organización jurídica de una comunidad dada, y su contenido depende en gran medida de las opiniones y creencias que prevalecen en cada momento en un estado determinado. A continuación se expresó que, en virtud de la modificación de los principios que informan la legislación matrimonial argentina a partir de la Ley Nº 23515 y del criterio de actualidad del orden público internacional, el or-den jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebra-do en el extranjero que es invocado en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite.
A esos argumentos -válidos para el caso- importa recordar lo sostenido por la jueza Argibay en su voto en la causa Z. 153. XXXVIII “Zapata, L. c/ANSes s/Pensiones”, sent. del 16 8 2005, cuando tuvo presente no sólo la evolución legislativa ope-rada en nuestro país sino la conformación de numerosas familias a partir de casamientos en el extranjero durante el lapso previo a la sanción de la Ley Nº 23515, máxime si se repara en que ésta admitió la disolución del vínculo no sólo para el futuro sino también para las sen-tencias de separación pasadas en autoridad de cosa juzgada, extranjeras y nacionales, al permitir su transformación en sentencias de divorcio (ver punto 8º del voto de la Dra. Argi-bay en los mismos autos).
Se sostuvo también que “desde esa perspectiva no parece razonable afirmar que interese en la actualidad a nuestro ordenamiento jurídico desconocerle validez a sentencias extranjeras como las que aquí son motivo de debate, máxime si se repara en que la Ley Nº 23515 admitió la disolución del vínculo no sólo para el futuro sino también para las sentencias de separación pasadas en autoridad de cosa juzgada, al permitir su transforma-ción en sentencias de divorcio” (conf. SCBA, Causa C. 89827, “Behrense, Germán o Her-mann, Friedrich s/Sucesión abintestato”, de fecha 13 de junio de 2007).
Quiere decir entonces que el caso aquí analizado, no obstante las parti-cularidades que lo rodean, encuentra su adecuada respuesta -por vía de analogía- con las soluciones adoptadas tanto en aquellos supuestos en que se juzgó aplicable el Tratado de Montevideo (cuando medió una posterior conversión del primigenio fallo conforme al art. 67 bis de la Ley Nº 2393 en divorcio vincular – conf. CSJN, “in re” “Solá”, fallo ya citado) o, incluso, cuando tan sólo existió un divorcio no dirimente según la derogada ley de matri-monio (conf. CSJN, “in re” “Zapata” cit.), como así también en aquellos casos en que si bien el divorcio vincular de un matrimonio argentino fue decidido por un juez extranjero compe-tente en razón del cambio de domicilio conyugal registrado antes de la fecha de promoción de la demanda , hubo un fraude a la legislación por entonces vigente (conf. SCBS, fallo cita-do, consid. F voto Dr. Soria).
6) Que de lo expuesto se infiere que -tal como también lo admitiera nuestra Corte Federal- las diferencias en la plataforma fáctica destacadas por el tribunal “a quo” no justifican una solución distinta para la presente causa, toda vez que en todos los supuestos examinados habría mediado un impedimento de ligamen y dicha circunstancia ha perdido relevancia a partir de la disolubilidad del matrimonio civil argentino. En virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero en tales condi-ciones (conf. doctrina de CSJN, Fallos, 319:2779, considerando 9° citado en Fallos, 333:1759, “Boo”), sobre todo cuando a la luz de las nuevas modi-ficaciones legislativas esa discusión no habría tenido lugar, la voluntad del causante de disolver el primer vinculo matrimonial fue admitido mediante sentencia judicial, si bien no lo convirtió en divorcio vincular en los términos de la Ley Nº 23515, lo cierto es que durante todo el lapso que duró el segundo vinculo matrimo-nial -aun bajo la separación de hecho alegada- tampoco recurrió a la disolución de este nuevo matrimonio. De allí que los motivos que lo llevaron a asumir tal comportamiento no pueden ser sino conjeturales y ajenos de toda consideración en instancia judi-cial.
Corolario de lo expuesto, si la decisión destacada de los precedentes mencionados encontró adecuada justificación en el contexto de la Ley Nº 23515, con mayor razón entiendo, que resulta aplicable al caso, cuando los principios que informan las relacio-nes de familia han variado sustancialmente. Por lo que cabe al respecto dar primacía a la autonomía de la voluntad de quien en vida se separó de su primer esposa y luego se mantuvo casado con quien sería su segunda mujer -por el lapso de veinticinco años- sin haber disuelto aquel primer vinculó, pese a que nada se lo impedía.
Con arreglo a lo anterior, y en defensa de la postura que aquí se de-fiende, se sostuvo que todo el movimiento reformador se encuentra inspirado a la luz del principio de libertad, el cual comprende que un mandato negativo, es decir, de no hacer, de abstenerse, con lo cual ni el Estado ni las demás personas deben interferir ni obstruir la vo-luntad de cada uno en la elección de su forma de ser, de su propio proyecto personal y de la forma que quiere organizar su vida familiar. La libertad positiva comprende la posibilidad de que cada persona planifique y concrete todas las actividades individuales o sociales que le permitan proyectar su visión de sí misma y adoptar decisiones que conciernen y afec-tan el desarrollo de la personalidad. Esta libertad consagrada necesita del reconocimiento de una zona de reserva personal pro-pia del ser humano dentro de la cual puede excluir las intrusio-nes ajenas, la libertad de intimidad (conf. Kelmemajer de Calucci A., ob. citada, pág. 98). Y es ese ámbito de reserva el que se respeta e impide convalidar una sentencia que a la luz de estas nuevas directrices no se condice con la tendencia jurispruden-cial, legal y valorativa reseñada.
Bajo las premisas formuladas a la que cabe añadir que según conocida jurisprudencia de la CSJN sus senten-cias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decIsión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias so-brevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos, 306:1160; 318:2438; 325:28, 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905; causas CSJN 118/2013 (49- V) /CS1 “V., C. G. c/I.A.P.O.S. y otros s/amparo”, sentencia del 27 de mayo de 2014; CIV 34570/2012/1/RH1 “D.I.P, V.G. y otro c/Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo, sentencia del 6 de agosto de 2015, entre otros). Por lo que siguiendo esa línea para la interpretación de los acontecimientos suscitados en la presente causa, entiendo que deviene inoficioso que este Tribunal se pronuncie sobre el matrimonio celebrado en el extranjero en el año 1983 cuya nulidad se le atribuye en virtud de un matrimonio anterior no disuelto, atento a que los fundamentos normativos que justificaban esa decisión a la luz de los anteriores regímenes en nada se condicen con los nuevos paradigmas que comprenden las relaciones de familia. La mencionada circunstancia sobreviniente (modificación legisl
ativa) ha tornado carente de significación actual el debate suscitado en el caso por estar referido a la in-terpretación y alcance de preceptos que al momento no se encuentran vigentes y cuyos contenidos materiales han sido redefinidos por el nuevo Cód. Civ. y Comercial de la Nación (conf. CIV. 80230/2004/1/RH1 “P., V. A. s/art. 152 ter Cód. Civ.”, de fe-cha 17/05/2016).
7) Que en razón de lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la de-mandada. Con costas.
Por lo que resulta de la votación que antecede,
LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 421/426. Con costas.
II. MANDAR que se registre y notifique.
Sergio F. Vittar – Guillermo A. Catalano – S. Graciela Kauffman – Guillermo A. Posadas – Abel Cornejo

Abogado, Derecho Civil

Los herederos del suscriptor de un plan de ahorro previo tienen derecho a reclamar el cumplimiento del contrato a la administradora del plan, es decir, la entrega del vehículo acordado

Partes: Podestá Osvaldo Héctor y otro c/ Volkswagen SA de Ahorro previo para fines determinados s/ ordinario
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Sala/Juzgado: D
Fecha: 21-mar-2017
Cita: MJ-JU-M-104321-AR | MJJ104321 | MJJ104321
Sumario:
1.-En los sistemas de ahorro previo, la administradora contrata un seguro de vida colectivo, cuya función es la de mantener la operatoria en caso de que fallezca uno de los adherentes. Así, por medio de la contratación del seguro de vida colectivo, se intenta evitar las posibles consecuencias de un proceso sucesorio y de la eventual insolvencia de los derechohabientes, siendo que esto afectaría al grupo. En orden a ello, los herederos serán quienes, en definitiva y a partir de la aplicación de la suma asegurada al pago de las cuotas pendientes, lograrán la adjudicación del bien de que se trata.
2.-La función del seguro de vida en los sistemas de ahorro previo consiste en dotar de las sumas de dinero suficientes para cancelar las cuotas impagas de inmediato en caso de muerte de un integrante del grupo; y permitir de esa manera el cumplimiento de las adjudicaciones en el tiempo establecido en el plan sin sufrir deterioro financiero.
3.-Los sistemas de seguro de vida colectivo constituyen una modalidad particular del contrato de seguro, pues el objeto de la cobertura es el crédito pendiente que tiene la administradora del plan contra el adherente; en otros términos, recae sobre las cuotas adeudadas posteriores a su fallecimiento.
4.-Desde el punto de vista subjetivo, es la sociedad administradora del plan de ahorro la titular del interés asegurable, quien además aparece como la tomadora y beneficiaria del seguro. El adherente, de su lado, si bien presta su consentimiento, es un tercero ajeno a la relación contractual asegurativa, pues no es tomador ni beneficiario del seguro. En efecto, la sociedad administradora exige y contrata con la aseguradora y es ella quien habrá de percibir la indemnización destinándola al pago de las cuotas en el supuesto de fallecimiento del adherente del plan de ahorro, de suerte tal, que la relación jurídica básica es la que vincula al adherente con la entidad administradora, en tanto el seguro es accesorio a esa contratación.
5.-No es el adherente al plan de ahorro a quien debe tenerse como parte del contrato de seguro sino a la propia administradora de ese plan y que, por ello, no hubo una contratación hecha por cuenta y orden aquél.
6.-La cuestión relativa a la eventual prescripción de la acción de cobro del seguro, la referente a la ausencia de cobertura por una tardía denuncia del siniestro, no puede serle opuesta a los accionantes, a partir -justamente- del hecho de que esas defensas derivan del contrato de seguro y no del contrato de plan de ahorro previo.
7.-Si la defensa en cuestión ni siquiera debió ser tratada en la sentencia, mucho menos pudo tener el alcance de motivar la desestimación de la demanda, ya que no parece que pueda rechazarse una pretensión deducida en el marco de una determinada relación jurídica (en el caso, un contrato de ahorro) en virtud de aspectos que hacen a otra relación jurídica que -además- involucra a un tercero que no ha sido demandado en el proceso, sino solo citado como tercero (el contrato de seguro).
8.-Los herederos del suscriptor-adherente al plan de ahorro previo para la adquisición de un automóvil tienen derecho a obtener la adjudicación del automóvil con fundamento en el contrato de ahorro, si acreditaron la defunción y reclamaron la adjudicación, habiendo cumplido el causante las obligaciones contractuales a su cargo y encontrándose al día en los pagos, con independencia de que la aseguradora cumpla su obligación de atender el siniestro del seguro de vida o no.
9.-El hecho de que los herederos actores no hubieran estimulado extrajudicialmente la adjudicación del rodado como consecuencia de la muerte del suscriptor del plan y, por esa vía posibilitado a la demandada lo necesario para que hiciera a la aseguradora la comunicación prevista por el contrato de seguro, no significa que la instancia judicial esté cerrada para aquellos por ese motivo, pues ninguna disposición legal o contractual establece tal consecuencia. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Fallo:
En Buenos Aires, a 21 de marzo de 2017, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “PODESTÁ OSVALDO HÉCTOR Y OTRO C/VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS S/ ORDINARIO”, registro n° 9909/2011, procedente del JUZGADO N° 26 del fuero (SECRETARIA N° 52), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Garibotto.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:
1°) Los actores, invocando el carácter de herederos de su hijo, quien en vida contrató con la demandada un plan de ahorro para la adquisición de un automotor, promovieron la presente demanda reclamando la adjudicación y entrega del vehículo o bien su equivalente en dinero. Explicaron que la operatoria de ahorro previo estaba alcanzada por un seguro de vida colectivo según el cual producido el fallecimiento del adherente el saldo por cuotas a vencer quedaba a cargo de la aseguradora contratada, pero aclararon que, en realidad, la única relación contractual en cabeza de su hijo había sido el plan de ahorro que tenía como contraparte a Volkswagen S.A. de Ahorro Previo para Fines Determinados (administradora del plan) con base en el cual demandaban. Sostuvieron, asimismo, que la promoción del presente juicio se hizo necesaria frente al silencio de la demandada a sus reclamos extrajudiciales (fs. 28/30).
Volkswagen S.A.de Ahorro Previo para Fines Determinados resistió la demanda sosteniendo que su función se limita a la administración de los fondos pertenecientes al grupo de ahorro; que no fue ella quien contrató el seguro de vida colectivo que se aplicó a dicho grupo, sino que fue el hijo de los actores, habiendo actuado por cuenta y orden de este último en la contratación; que no es responsable por el incumplimiento del contrato de seguro; que, a todo evento, los actores no cumplieron con el deber de comunicación de fallecimiento previsto en la cláusula 11a de las Condiciones Generales de la póliza asegurativa; y que el plan de ahorro que suscribiera el hijo de los actores se encuentra rescindido por falta de pago (fs. 51/56).
A pedido de la demandada, compareció como tercero en los términos del art. 94 del Código Procesal la firma Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. Resistió la acción oponiéndole como defensa de fondo una excepción de prescripción que fundó en el art. 58 de la ley 17.418 y sosteniendo, además, el decaimiento de la cobertura por no haber los demandantes denunciado la muerte de su hijo en el plazo fijado por el art. 46 de dicha ley (fs. 75/79).
2°) La sentencia de primera instancia admitió la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora citada como tercero y rechazó la demanda incoada contra Volkswagen S.A. de Ahorro Previo para Fines Determinados, con costas a los actores (fs. 247/259).
Contra esa decisión apelaron estos últimos (fs. 260), quienes en la oportunidad prevista por el art. 259 del Código Procesal expresaron los agravios que resultan del escrito de fs. 267/269, cuyo traslado resistió la demandada (fs.272/280).
La Fiscal ante la Cámara declinó dictaminar en atención a que la materia litigiosa no está en el marco de los intereses generales cuya tutela corresponde al Ministerio Público.
3°) En los sistemas de ahorro previo, la administradora contrata un seguro de vida colectivo, cuya función es la de mantener la operatoria en caso de que fallezca uno de los adherentes. Así, por medio de la contratación del seguro de vida colectivo, se intenta evitar las posibles consecuencias de un proceso sucesorio y de la eventual insolvencia de los derechohabientes, siendo que esto afectaría al grupo. En orden a ello, los herederos serán quienes, en definitiva y a partir de la aplicación de la suma asegurada al pago de las cuotas pendientes, lograrán la adjudicación del bien de que se trata (conf. esta Sala D, 23/2/2016, “Villanueva, Salvador y otro c/ Plan Ovalo S.A. y otro s/ ordinario” ; Ghersi, C. y Muzio, A., Compraventa de automotores por ahorro previo, Buenos Aires, 1996, ps. 166/167, n° 58; Schiavo, C., Contrato de Seguro – Reticencia y agravación del riesgo, Buenos Aires, 2006, ps. 141/143, n° VII). En otras palabras, la función del seguro de vida es -en casos como el de autos- dotar de las sumas de dinero suficientes para cancelar las cuotas impagas de inmediato en caso de muerte de un integrante del grupo; y permitir de esa manera el cumplimiento de las adjudicaciones en el tiempo establecido en el plan sin sufrir deterioro financiero. (conf. CNCom. Sala B, 16.6.93, “Spiña, Nilda c/ Consorcio para Automotores S.A. de Ahorro para Fines Determinados”; Sala E, 20/4/1991, “Cinalli, Lía Raquel c/ Circulo de Inversores S.A. s/ ordinario”).
Se trata de una modalidad particular del contrato de seguro, pues el objeto de la cobertura es el crédito pendiente que tiene la administradora del plan contra el adherente; en otros términos, recae sobre las cuotas adeudadas posteriores a su fallecimiento (conf.Anaya, J., Los seguros en el sistema de ahorro para fines determinados, ED 129-781; Meilij, G., El seguro de vida como garantía de una obligacion dineraria, ED 152-284).
En ese marco, desde el punto de vista subjetivo, es la sociedad administradora del plan de ahorro la titular del interés asegurable, quien además aparece como la tomadora y beneficiaria del seguro. El adherente, de su lado, si bien presta su consentimiento, es un tercero ajeno a la relación contractual asegurativa, pues no es tomador ni beneficiario del seguro (conf. CNCom. Sala C, 11/12/1997, “Verdini, Silvana c/ Cía. Argentina de Seguros Providencia S.A. s/ ordinario” ). En efecto, la sociedad administradora exige y contrata con la aseguradora y es ella quien habrá de percibir la indemnización destinándola al pago de las cuotas en el supuesto de fallecimiento del adherente del plan de ahorro. De suerte tal, que la relación jurídica básica es la que vincula al adherente con la entidad administradora, en tanto el seguro es accesorio a esa contratación (conf. CNCom. Sala B, 30/8/2000, “Edgardo Catterberg y Asociados S.R.L. c/ La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A. y otro s/ ordinario” ; íd. Sala B, 14/2/2001, “Aguirre, Mabel Patricia y otros c/ Circulo de Inversores S.A.de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ ordinario”).
Queda en claro, entonces, que a contrario de lo afirmado en la contestación de demanda, no es el adherente al plan de ahorro a quien debe tenerse como parte del contrato de seguro sino a la propia administradora de ese plan y que, por ello, no hubo una contratación hecha por cuenta y orden aquél.
La precedente constatación jurídica tiene fundamental relevancia por cuanto se dirá seguidamente.
4°) La demanda no describió su objeto como referente a una pretensión de cobro de la indemnización derivada del contrato de seguro de vida anudado entre la administradora del plan y la excepcionante citada como tercera.
Por el contrario, el objeto demandado (al cual corresponde estrictamente atender para dictar sentencia sin incurrir en arbitrariedad; arts. 330 y 163, inc. 6°, del Código Procesal) fue el cumplimiento del contrato de ahorro previo celebrado por el causahabiente de los actores, para lograr primariamente la adjudicación y entrega del automotor y a punto tal que solo se dirigió el reclamo contra la administradora del plan sin haberse involucrado en el escrito de inicio a Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. Esta última, ya se sabe, fue traída a juicio -en calidad de tercera- a exclusiva iniciativa de la demandada.
Pues bien, la sentencia recurrida admitió la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora citada como tercero con fundamento en que había transcurrido el plazo anual de prescripción previsto por el art.58 de la ley 17.418, sin que los actores hubieran efectuado reclamo alguno tendiente al pago del beneficio previsto en el seguro.
Constituyó ello, consiguientemente, un notable desenfoque de la litis pues por su causa se declaró prescripta una acción no incoada.
Sin desconocer la incidencia que la ejecución del contrato de seguro tiene en la economía general de la contratación plurilateral que un plan de ahorro implica, es obvio que las ulterioridades vinculadas al cumplimiento del seguro no pueden ser trasladadas al ámbito de una relación contractual vinculada, pero jurídicamente independiente, celebrada entre partes distintas, como lo es la emergente de un plan de ahorro. Corresponde insistir, en que lo que los actores han pretendido en autos es el cumplimiento del contrato de ahorro previo oportunamente concertado por su causahabiente, por lo que, sin perjuicio de la incidencia que la suerte del contrato de seguro pueda tener en la obligación de la administradora del plan frente al ahorrista (sus sucesores, en este caso), no puede la compañía aseguradora desde el plano de ser un mero citado como tercero al proceso, invocar defensas personales emergentes del contrato de seguro frente a quien no es su cocontratante en el seguro y que, además, tampoco la ha demandado en el marco de esa relación jurídica. Se sigue de ello, que la cuestión relativa a la eventual prescripción de la acción de cobro del seguro y, por las mismas razones, la referente a la ausencia de cobertura por una tardía denuncia del siniestro, no puede serle opuesta a los accionantes, a partir -justamente- del hecho de que esas defensas derivan del contrato de seguro y no del contrato de plan de ahorro previo (en este preciso sentido: CNCom. Sala A, 27/5/2010, “Lanusse, Inés María de Fatima y otros c/ Plan Ovalo S.A.de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario”, voto del juez Kolliker Fers).
Desde tal perspectiva, no procedió que la juez tratara el planteo de prescripción efectuado por la aseguradora desde que la actora no le entabló ninguna demanda. Admitir lo contrario implicaría, en los hechos, entender que la parte actora tiene un título para reclamar contra la aseguradora, lo que no es así; y, lo que es peor, trasladar la prescripción de una acción no ejercida a la que sí se ejerció, con evidente agravio al derecho constitucional de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional).
Así pues, la excepción de prescripción opuesta por la citada como tercero solo debió ser tenida presente como planteada por la compañía aseguradora en este proceso, mas no resuelta en él, ya que la cuestión relativa al acaecimiento de la prescripción o, en su defecto, lo relativo a la inexistencia de cobertura, no es materia que deba ser resuelta en este juicio, sino, en todo caso, en el marco de una acción regresiva que eventualmente pudiera promoverse entre la administradora del plan y la aquí excepcionante.
Se sigue de esto que si la defensa en cuestión ni siquiera debió ser tratada en la sentencia, mucho menos pudo tener el alcance de motivar la desestimación de la demanda, ya que no parece que pueda rechazarse una pretensión deducida en el marco de una determinada relación jurídica (en el caso, un contrato de ahorro) en virtud de aspectos que hacen a otra relación jurídica que -además- involucra a un tercero que no ha sido demandado en el proceso, sino solo citado como tercero (el contrato de seguro).
Como consecuencia de ello, no es factible adoptar otra solución que la de hacer lugar al recurso de los accionantes, en el sentido de que no solo no cupo analizar tal defensa en el marco de este proceso, sino tampoco -y mucho menos- fundar en el acogimiento de ella el rechazo de la demanda, razón por la cual habré de propiciar la íntegra revocaciónde la sentencia apelada en este aspecto (en igual sentido: causa “Lanusse”, cit.).
5°) En las condiciones que anteceden, corresponde ingresar en el examen de la admisibilidad de la demanda concretamente intentada, sin que sea menester provocar una nueva intervención de la juez de primera instancia (conf. Podetti, J., Tratado de los recursos, ps. 147/148, Buenos Aires, 1958;
Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil, t. IV, p. 419; CNCom. Sala D, 18/4/07, causa n° 101.830/1999 “La Equitativa del Plata S.A. c/ Empresa Distribuidora Sur (Edesur) y otros s/ ordinario” ).
A ese fin, conviene recordar que, como lo tiene resuelto esta alzada mercantil, los herederos del suscriptor-adherente tienen derecho a obtener la adjudicación del automóvil con fundamento en el contrato de ahorro, si acreditaron la defunción y reclamaron la adjudicación, habiendo cumplido el causante las obligaciones contractuales a su cargo y encontrándose al día en los pagos, con independencia de que la aseguradora cumpla su obligación de atender el siniestro del seguro de vida o no (esta CNCom, esta Sala A, 21/6/1996, “Dornedden, Otilia c/ Circulo de Inversores S.A.”: íd.,
25/2/1998, “Plan Rombo SA s/ denuncia de Alejandro Brocato”; íd. Sala A, 27/5/2010, “Lanusse, Inés María de Fatima y otros c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario”; íd., Sala B, 19/11/1996, “Plan Rombo SA c/ Mascotena, Fernando s/ denuncia ante la IGJ”; íd., Sala B, 30/12/1997, “Plan Rombo SA ante IGJ s/ denuncia por Rodríguez, Rogelio”; íd., Sala B, 19/11/1996, “Plan Rombo SA c/ Mascotena, Fernando s/ denuncia ante la IGJ”; íd., Sala B, 30/12/1997, “Plan Rombo SA ante IGJ s/ denuncia por Rodríguez, Rogelio”; íd., Sala C, 29/11/1996, “Autolatina Argentina S.A.s/ denuncia María Bandaria de Pacheco, IGJ”; íd., Sala C, 23/10/2000, “Circulo de Inversores SA s/ denuncia por Heinz, Fernando Pablo”).
Pues bien, en el sub lite pueden entenderse reunidos los presupuestos que hacen a la procedencia del reclamo según lo precedentemente expuesto.
Veamos.
La cláusula 11a de las Condiciones Generales de la póliza, que se transcribió en el anexo del contrato de ahorro previo referente al seguro de vida, estableció que “.Ocurrido el fallecimiento de un Deudor Asegurado durante la vigencia de esta póliza el Acreedor/Tomador hará a la brevedad la comunicación correspondiente a la Compañía, indicando el estado de la deuda a la fecha del fallecimiento y enviando copia de la partida de defunción de una declaración del médico que haya asistido al Deudor Asegurado o certificado su muerte.” (fs. 118).
La demandada ha interpretado que lo dispuesto por la transcripta estipulación involucra la actuación de los actores como herederos del adherente al plan de ahorro, pero hete aquí que, por el contrario, la cláusula determina una comunicación a la aseguradora que está a cargo del “Acreedor/Tomador” de la póliza, quien no es otro que la propia demandada según se ha visto antes.
Es evidente, ciertamente, que la cláusula referida supone que esa comunicación que incumbe a la administradora del plan de ahorro (acreedora/tomadora de la póliza) presume estar precedida de una actuación de los herederos que, como mínimo, se refiere a la denuncia de la muerte del adherente, al acompañamiento del certificado de defunción, etc. También es evidente, desde ya, que esto último habría de tener lugar comúnmente en el plano extrajudicial y, desde esa perspectiva, debe decirse que no hay prueba de que los actores hubieran allegado a la demandada lo necesario para que ella pudiera hacer la comunicación prevista en la apuntada cláusula 11a.
Concretamente, la “declaración médica” obrante a fs.5/8 no tiene constancia de recepción alguna, y el peritaje contable informó acerca de la inexistencia en los libros de la demandada de denuncia alguna con relación al plan de ahorro de que se trata (fs. 137).
Pero que los actores no hubieran estimulado extrajudicialmente la adjudicación del rodado como consecuencia de la muerte del suscriptor del plan y, por esa vía posibilitado a la demandada lo necesario para que hiciera a la aseguradora la comunicación prevista por la citada cláusula 11a, no significa que la instancia judicial esté cerrada para aquellos por ese motivo, pues ninguna disposición legal o contractual establece tal consecuencia.
Dicho de otro modo, aun habiendo en la etapa pre-procesal omitido los actores cumplir con aquello que hubiera permitido a la demandada hacer la comunicación que pondría a la aseguradora en posición de tener que pronunciarse sobre el rechazo o no de la cobertura, lo cierto es que ellos, estaban igualmente habilitados para directamente promover el reclamo judicial de autos que, como ya se dijo, tiene por objeto la adjudicación del rodado con fundamento en el contrato de ahorro previo independientemente de que la aseguradora pague o no.
Por ello, habiendo los demandantes acreditado el deceso (conf. partida de defunción de fs. 3) y ponderando que este último tuvo lugar en una fecha -13/1/2010- en que no existía deuda (véase recibo de pago de fs. 27, correspondiente a la cuota n° 16a con vencimiento el 14/12/2009, y peritaje contable a fs. 136 vta. en cuanto detalla como pagas la totalidad de las dieciséis primeras cuotas), forzoso es concluir, como se dijo, en la procedencia del reclamo. Obviamente la rescisión mencionada por la demandada, producto del impago de cuotas posterior al fallecimiento, es dato absolutamente estéril a los fines del cumplimiento contractual de que se trata, pues la adjudicación del automotor se hace exigible con solo cumplir los recaudos reseñados.
Corresponde, pues, admitir la demanda con el alcance de que Volkswagen S.A.deAhorro Previo para Fines Determinados quede condenada a hacer efectiva la entrega a los actores de un vehículo cero kilómetro de la marca y modelo que se identificó en la solicitud n° W00467850 (fs. 9). En caso de no ser ello posible por el hecho de no integrar ya el rodado la línea de fabricación de la marca o por cualquier razón, la obligación quedará transformada en la de entregar el modelo actual equivalente en precio y calidad al del comprometido, o en su defecto el valor de dicho rodado al tiempo del pago de modo de cumplir con el principio de integridad (art. 867 del Código Civil y Comercial de la Nación).
6°) Teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 68 y 279 del Código Procesal, las costas del pleito deberán correr del siguiente modo:
a) Las correspondientes a la citación como tercero de Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. deben distribuirse por su orden, pues no medió en definitiva un pronunciamiento de mérito sobre la exigibilidad del contrato de seguro.
b) Las devengadas en la relación actora-demandada deben imponerse a esta última en ambas instancias en atención a su condición de vencida.
7°) Propongo al acuerdo, en definitiva, revocar la sentencia apelada y admitir la demanda condenándose a la demandada con el alcance indicado en el considerando 5°. Las costas deben correr de la manera indicada en el considerando 6°. La condena debe ser cumplida en el plazo de quince (15) días contado desde que se produzca la notificación prevista por el art. 135, inc. 7°, del Código Procesal.
Así voto.
Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Garibotto adhieren al voto que antecede.
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, admitir la demanda condenándose a la demandada con el alcance indicado en el considerando 5°.
(b) Las costas deben correr de la manera indicada en el considerando 6°.
(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto exista base patrimonial cierta.
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Gerardo G. Vassallo
Juan R. Garibotto
Pablo D. Heredia
Julio Fe derico Passarón – Secretario de Cámara

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Liquidación, intereses, anatocismo, expropiación, indemnización

No obstante que la actora condenada no impugne la liquidación practicada por la contraria, corresponde rectificarla de oficio cuando no se ajusta a lo resuelto en autos.
En el caso, la gananciosa en el juicio practicó liquidación capitalizando mes a mes los intereses, en lugar de calcularlos únicamente sobre el importe de la anterior liquidación aprobada, que ya incluía intereses. Y ello no es admisible en virtud de lo dispuesto en el artículo 623 del Código Civil, pues la capitalización de los nuevos intereses será la consecuencia de la aprobación de la presente liquidación, sin que resulte válido capitalizar mensualmente por propia iniciativa, como se hizo en la planilla presentada para su aprobación.