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Abogados en Mar del Plata – Nulidad de Laudo arbitral

Abogados en Mar del Plata – Nulidad de Laudo Arbitral


Una sentencia que anuló un laudo arbitral fue dejada sin efecto por la Corte Suprema, que se pronunció sobre los alcances de su control judicial. Lo hizo al dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de un laudo en autos “Ricardo Agustín López, Marcelo Gustavo Daelli,Juan Manuel Flo Díaz, Jorge Zorzópulos cl Gemabiotech S .A. s/ organismos externos”.
La causa se inició con la demanda arbitral en virtud de una cláusula compromisoria “pactada expresamente” en un contrato de compraventa de acciones. Los demandantes reclamaron el pago de un saldo de precio que habría quedado insoluto, correspondiente a las acciones vendidas. A su vez, la demandada reconvino la demanda y le reclamó daños y perjuicios a los actores, derivados del “supuesto incumplimiento de una serie de cláusulas del contrato” sobre confidencialidad y no competencia.
En el medio de la tramitación del procedimiento arbitral, y con anterioridad a que se emitiera el laudo, los accionantes pidieron suspender el dictado del laudo por considerar que resultaba de aplicación el artículo sobre prejudicialidad del juicio penal, ya que la demandada había presentado diversas denuncias en el fuero criminal.
El Tribunal Arbitral rechazó el planteo, como así también la demanda, e hizo lugar parcialmente a la reconvención, condenando a los actores a abonar a Gemabiotech U$S 6.509.600 por incumplimiento contractual. Los actores presentaron un recurso de nulidad contra el laudo, pero este fue denegado. Entonces presentaron un recurso de queja ante la Cámara Comercial, que finalmente anuló el laudo.
El argumento del tribunal fue que la renuncia que habían efectuado las partes a deducir recursos contra el laudo “no obstaba a la admisibilidad del recurso de nulidad” , además de que el laudo impugnado había sido dictado en infracción al principio de prejudicialidad.
Por unanimidad, la Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, consideró que la Cámara “excedió los límites conferidos por las normas que habilitaban su intervención”.
Los supremos indicaron que cuando la actora interpuso el recurso de nulidad contra el laudo – fundado en la causal de “falta esencial del procedimiento”-, cuestionó el rechazo del planteo sobre la prejudicialidad, pero de ningún modo indicó que ese agravio “constituyera alguna de las causales que la ley taxativamente habilita para la revisión judicial de un laudo arbitral por vía del recurso de nulidad”.
En ese marco, el Máximo Tribunal arribó a la conclusión de que no puede considerarse como una “falta esencual” lo que los supremos calificaron de una “mera discrepancia” por la resolución del laudo sobre la cuestión de la prejudicialidad. “Resulta evidente que la Cámara resolvió las cuestiones planteadas con claro exceso del marco normativo que habilitaba su jurisdicción”.
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La ley del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad

El beneficio del 2×1 fue incorporado en la ley 24.390 sancionada en noviembre de 1994. El artículo 7 de esa norma establecía que, transcurrido el plazo de dos años previsto en la ley, se debía computar doble cada día de prisión preventiva.
Es decir, el beneficio era para las personas detenidas sin sentencia firme. La normativa respondía a ciertos requerimientos de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina respecto del cumplimiento del plazo razonable de la prisión preventiva, o sea, del tiempo que una persona puede permanecer presa sin tener una condena firme.
El objetivo inicial de la ley era buscarle una solución a los dilatados procesos judiciales, que en el momento en que se sancionó la normativa generaban fuerte reclamos y revueltas en las cárceles.
Esta meta no se cumplió, de hecho en la actualidad la mitad de la población penitenciaria del país está procesada sin sentencia firme.
Hoy se aprobó la siguiente excepción: El beneficio del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.