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Revocación de la Donación

Corresponde rechazar la acción de revocación de las donaciones efectuadas por el ex empleador del actor, que no pudo cobrar su indemnización laboral supuestamente como consecuencia del desapoderamiento de todos sus bienes al haberlos donado a sus hijos, en tanto las donaciones fuero hechas años antes de la extinción del vínculo, y no fueron ellas las que originaron la insolvencia del empleador.
Tratándose de actos a título gratuito, el código es menos exigente para su revocación que en los casos de actos a título oneroso, en efecto, los primeros pueden ser revocados a solicitud del acreedor aún cuando su beneficiario ignorase la insolvencia del deudor (art. 967 Cód. Civ.), en cambio en los onerosos se requiere demostrar la complicidad del tercero adquirente en el fraude del deudor, sin perjuicio de presumirse si conocía su estado de insolvencia (art. 969 Cód. Civ.).
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes – Sala I
Mercedes, 31 de Julio de 2012.-
C U E S T I O N E S
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N
A La Primera Cuestión Planteada, el Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I.- La sentencia de fs. 965/74 es apelada por el actor, quien expresa agravios a fs. 944/1004, los que son contestados a fs. 1006/09, 1010/12 y 1013/15.
II.- 1.- El Sr. Pedro Horacio Perú promovió demanda contra Pedro Ángel Vadillo, Pedro Vadillo, Graciela E. Vadillo, Eduardo J. Vadillo y Liliana Pedro Vadillo por revocación de donaciones efectuadas por el primero a favor de los demás demandados.
Dijo que comenzó a trabajar para Pedro A. Vadillo desde el año 1979 y que el 21/10/1995 fue despedido, lo que dio lugar a un juicio laboral, que luego de una larga tramitación, y previa revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo de Bragado por la Suprema Corte de la provincia, aquel dictó nuevo pronunciamiento el 4/09/02 condenando a Vadillo a abonar la suma de $ 127.910,97.
Continuó diciendo que, pese a que mientras duró la relación laboral, Vadillo era propietario de dos camiones y de varias fracciones de campo en 9 de Julio, de un auto y de una camioneta y que tenía quince empleados, cuando fue a ejecutar la sentencia se encontró con que se había desapoderado de todos sus bienes, donando a sus hijos los inmuebles rurales. Así, dijo que: a) una parcela de 146 has. Había sido donada el 16/02/93 a su hija Graciela Edith con reserva de usufructo a favor de él y de su esposa, al que posteriormente, el 1/11/94, renunciaron por escritura pública; b) dos tercios de otra parcela de 78 has. Habían sido donadas a su hijo Pedro el 5/12/92, con igual reserva de usufructo, al que renunciaron el 10/08/93 por escritura publica; c) otra parcela de 146 has. Había sido donada a su hija Liliana Petrona Vadillo el 16/12/93, con igual reserva de usufructo, al que renunciaron el 19/12/96 por escritura pública. En definitiva –dijo–, Vadillo era propietario de 345 hectáreas de campo, que donó a sus hijos y luego renunció al usufructo. Agregó que también había renunciado el 30/09/97 al usufructo del cincuenta por ciento de una fracción de campo cuya nuda propiedad pertenecía a su hijo Eduardo Juan Vadillo.
Respecto de las donaciones anteriores al despido, sostuvo que, en la medida que la relación laboral se remontaba a 1979, sus derechos laborales –reconocidos en la sentencia del Tribunal de Trabajo– ya habían sido adquiridos con anterioridad al despido, “comenzando mi crédito por violación de mi estabilidad en el empleo el mismo día de mi ingreso en el trabajo” (sic), sin perjuicio de destacar que las renuncias de usufructo de 1996 y 1997 fueron con posterioridad al distracto laboral.
Argumentó que, de acuerdo a la doctrina laboral, el trabajador gozaba de estabilidad impropia desde su ingreso al trabajo, de forma tal que su crédito se fue forjando cada día en que fue transcurriendo la relación.
Sostuvo que sería una burla al trabajador permitir que el empleador donara sus bienes a sus hijos y luego no pagare las indemnizaciones a sus empleados, debiendo tenerse en cuenta que la ley preveía una indemnización tarifada por despido teniendo en cuenta los años de antigüedad. En apoyo de su postura citó la obra de derecho del trabajo de Ernesto Krotoschin.
2.- Contestó la demanda Liliana Petrona Vadillo, pidiendo su rechazo. Dijo que la donación que su padre le efectuara por escritura (el 16/12/93) fue sólo del 50 por ciento de la parcela, dado que la otra mitad le correspondía a su madre hasta el presente, por lo que jamás podría prosperar la acción por el 100 por ciento en relación al inmueble.
Respecto de la parte donada, expresó que no se daban los requisitos del art. 962 del C.C.. En primer lugar porque al 21/10/95 Vadillo era solvente, como admite el actor cuando dice que tenía una “pyme” agropecuaria con quince empleados y que transportaba su producción en camiones de su propiedad.
Además, trabajaba más de 1.000 hectáreas de campo como contratista rural. El mismo actor admite –sostuvo– que Vadillo había comenzado a perder su solvencia recién en 2002. En segundo lugar, dijo que el crédito del actor era posterior a la donación cuestionada, por lo que no se daba el requisito del inc. 2 del art. 962, y tampoco la excepción contemplada en el art. 963.
Dijo al respecto que la tesis del actor en cuanto a que el crédito había nacido con el comienzo de la relación laboral no tenía asidero confrontada con el art. 245 de la LCT.
En otro orden, adujo que mientras duró el vínculo laboral de su padre con el actor había sido buena y nada hacía presagiar que terminaría con un despido, por lo cual no podía decirse que dos años antes se insolventó para eludir el pago de futuras indemnizaciones.
3.- Pedro Vadillo contestó la demanda, pidiendo también su rechazo. En primer término porque la donación de la parcela a su favor fue el 4/09/02 y el origen del crédito del actor el 21/10/95, y en segundo lugar porque al tiempo de ambas fechas Pedro Angel Vadillo era solvente.
Sostuvo –en relación a la tesis del actor sobre el origen del crédito– que
la extinción de la relación laboral podía producirse por distintas causas, de manera que no se agotaba en el despido.
4.- Contestaron la demanda Pedro Angel Vadillo y sus hijos Eduardo Juan y Graciela Edith, pidiendo también su rechazo.
Además de argumentar que el origen del crédito no podía ser otro que la fecha del despido, explicaron la razón de las donaciones cuestionadas. Al respecto, dijeron que, teniendo cerca de 70 años, Pedro Angel Vadillo decidió “dejar en el futuro sus bienes arreglados” y “achicar su trabajo”, por lo que procedió a repartir sus bienes inmuebles entre sus hijos reservándose el usufructo para impedir su venta sin ser consultado y para dejar hecha su sucesión en vida. Como las explotaciones no redituaban económicamente y tenía problemas de salud, luego comenzó a renunciar a los usufructos, quedando sólo algunos campos arrendados “hasta el año 2000, principio del 2003” (sic).
Es cierto –dijeron– que Vadillo en 1995 tenía quince empleados pero no se desprendió de los mismos en forma repentina, sino paulatinamente -en algunos casos por renuncia de ellos y en otros pagando indemnizaciones-, quedando tres bajo el vínculo laboral.
Expresaron que Vadillo siguió trabajando hasta 2002 y principios de 2003, como surgía de las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias presentadas año tras año, y de documentación que acompañaron acerca de la venta de hacienda y cereales.
En relación a la renuncia del usufructo a favor de su hija Liliana (16/10/96), dijeron que tuvo por finalidad ponerla en igualdad de condiciones que sus otros tres hermanos, siguiendo el “plan familiar” que se había decidido a principios de los años 90. Respecto de la renuncia del usufructo que tenía Vadillo sobre el campo de su hijo Eduardo (30/09/97) expresaron que formó parte del mismo plan, ya que ello se consideró parte de las compensaciones decididas en 1992.
Sostuvieron que siempre Vadillo había actuado de buena fe y que nunca pensó que la relación laboral con el actor fuera a terminar mal ni que se pudiera perder el juicio.
5.- Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas. Para así decidir, el juez entendió que no se había acreditado mínimamente que al hacerse las donaciones pudiera Vadillo prever el despido que luego se produjo. Tampoco la insolvencia del donante en esa época, ya que continuó “in bonis”.
Respecto de las renuncias de los usufructos dijo el magistrado que se habían efectuado antes de que el crédito del actor fuera exigible (lo que tuvo lugar el 4/09/02 con la sentencia definitiva del Tribunal de Trabajo).
Expresó que la primera sentencia laboral (10/09/99) había dado la razón al demandado, que el Fiscal había acusado al actor, y que aún luego de la sentencia de la Suprema Corte (28/11/01) el patrimonio de Vadillo podía ser atacado, por lo que era aplicable la teoría de los actos propios por no haberlo hecho. Sostuvo finalmente que no había acreditado el actor que las donaciones y renuncias hubiesen sido malintencionadas en relación al actor.
III.- En sus agravios el actor, luego de comparar la situación patrimonial del demandado Pedro Angel Vadillo durante la vigencia de la relación laboral con la posterior, insiste en que el crédito nació con el ingreso al empleo en virtud de la estabilidad impropia de todo vínculo laboral, toda vez que, si se entendiera lo contrario, se aceptaría el fraude a la ley laboral, dándole al empleador un “bill de indemnidad” para desprenderse de sus empleados sin abonar indemnizaciones.
Expresa que el juez no sólo rechazó tal “tesis amplia”sobre el origen del crédito, sino que también desechó la “tesis restringida” (que nació con el despido), dado que tampoco hizo lugar a la acción revocatoria en relación a las renuncias de usufructos que fueron posteriores a ese acto, sobre la base de confundir “exigibilidad” del crédito con el nacimiento del mismo.
Manifiesta que, a valores de hoy, los usufructos renunciados – sobre 139,5 hectáreas -, representaban en concepto de arrendamiento rural $ 279.000 anuales, lo que se privó de ingresar por espacio de once años (hasta la muerte de Vadillo el 21/08/08).
Dice también que dichas donaciones y renuncias por sí solas no produjeron la insolvencia sino que esta se fue perfeccionando mediante actos posteriores tales como la venta de bienes muebles registrables y cese de actividades, todos actos estos inatacables por su parte, dado que no puede demostrar la mala fe de los compradores.
Expresa que Vadillo contó siempre con asesoramiento jurídico y notarial, de manera que debió estar informado sobre el seguro progreso del la acción laboral, por lo que el “plan familiar” no fue otra cosa que el de insolventarse para no pagarle. Sostiene que de ninguna solvencia del demandado puede hablarse cuando llegado el año 2002 pagaba “cero pesos” de impuesto a las ganancias y su patrimonio neto era cuatro veces inferior a la deuda laboral.
Critica que el “a quo” diga que no tomó medidas para resguardar su crédito siendo que, desde que obtuvo la sentencia final favorable, hizo todo lo posible por cobrarlo sin éxito, por lo que no rige la doctrina de los propios actos.
Finalmente, dice que no tiene la carga de probar la mala fe del deudor, sino cómo se constituyó su estado de insolvencia.
IV.- 1.- Consciente el actor de que uno de los requisitos de la acción revocatoria es que el crédito sea de fecha anterior al acto que se ataca (art. 962 inc. 3 C.C.), sustentó su pretensión en la tesis de que, si bien el despido se había producido después, el crédito había nacido con el inicio de la relación laboral.
Este planteo fue expresamente desestimado por la sentencia apelada no sólo en virtud de la señalada exigencia normativa sino también por no haberse acreditado circunstancia alguna que permitiera a la fecha de las donaciones alertar sobre la posibilidad de la abrupta conclusión de la relación laboral, como asimismo por no haberse demostrado la insolvencia del donante como producto de esos actos jurídicos (fs. 972 y vta.).
En la expresión de agravios el actor se limita a reiterar el argumento acerca de que el crédito de “cualquier” trabajador nace desde su ingreso al empleo, tesis esta que no tiene base normativa alguna como para dejar sin efecto la clara disposición del art. 962 del C.C., lo que por si solo es suficiente para rechazar el agravio.
Sin perjuicio de ello, es de señalar que el apelante confiere a la obra de Ernesto Krotoschin un alcance que no surge su texto. Este autor habla de un “derecho del trabajador al empleo” precisamente para explicar que, sin justa causa, el empleador no puede despedirlo sin indemnizarlo. Hasta tal punto es así que, aún en casos de ejercicio abusivo del despido – como en los casos de embarazo de la mujer trabajadora -, destaca que la ley no lo declara nulo, sino que establece una indemnización especial (“Tratado Práctico del Derecho del Trabajo”, Vol. I, 3ra. Ed., Depalma, 1978, ps. 477/49). La tesis del apelante, además de no tener base legal, es irrazonable dado que implicaría entender que, por el solo hecho de tener un empleado en relación de dependencia, los bienes del empleador quedan sujetos a una suerte de inhibición mientras dure la relación laboral, lo cual, obviamente, es inadmisible.
El único supuesto que el código prevé para excepcionar la exigencia de que el crédito sea anterior al acto atacado, es el de la enajenación de un bien por parte de quién ha cometido un crimen si fue ejecutada para salvar su responsabilidad por el acto (art. 963). Se entiende que esta norma es extensible a cualquier supuesto en que la enajenación haya sido hecha con previsión fraudulenta, pero se exige que ello sea evidente; es decir, siempre que resulte patente que el acto se ha realizado en vista de obligaciones que luego contraería el deudor (Borda, Parte General, T. II, Perrot, 1955, Bs. As., 311; Zannoni, Eduardo, comentario a art. 963, en Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Astrea, Bs. As., 1994, T. 4, pág. 442).
De la prueba de autos ni remotamente se desprende que las donaciones hayan sido hechas con esa intención (arts. 375 y 384 C.P.C.C.).
2.- En cuanto a las renuncias de usufructo posteriores al despido, debo señalar que es dudoso que su revocación formara parte de la demanda (ver capítulos “Objeto” y “Petitorio”). No obstante, teniendo en cuenta que fueron mencionadas en el relato de los hechos y que no ha habido una expresa oposición a su consideración por parte de los demandados por tal razón, en aras de no cercenar el derecho a la jurisdicción (art. 15 Const. Prov.) Abordaré su tratamiento.
Se trata de los siguientes actos: a) la renuncia al usufructo efectuada el 19/12/96 por escritura pública sobre una superficie de 146 has. En el Partido de 9 de Julio, que anteriormente – el 16/02/93 – el sr. Vadillo donara a su hija Liliana Petrona Vadillo; y b) la renuncia al usufructo por escritura pública del 30/09/97 del 50 por ciento de 133 has. En el mismo partido, que pertenecían a su hijo Eduardo Juan Vadillo, y que aquel tenía por escritura del 26/10/90 (fs. 73 y vta.).
Si bien el derecho real de usufructo no es enajenable ni pueden constituirse hipotecas sobre el mismo, es, sin embargo, embargable por expresa previsión del art. 2908. Es que el usufructo integra la prenda común de los acreedores, ya que, además, puede cederse el ejercicio de tal derecho (art. 2870) (Lavalle Cobo y Fornari, comentario a art. 2807 del C.C., en Beluscio-Zannoni, Código Comentado, Astrea, Bs. As., 2007, pág. 1014).
No obstante, como dicen los autores citados, se interpreta que el embargo no es del derecho real de usufructo, el cual permanece en cabeza del usufructuario, sino del derecho a percibir los frutos hasta que quede satisfecho el crédito del acreedor, para lo cual este debe prestar fianza suficiente de conservación y restitución de la cosa tenida en usufructo (art. 2908 C.C.). Existen discrepancias sobre cómo debe hacerse efectivo el embargo trabado sobre el usufructo (o sea, si la cosa debe permanecer en poder del usufructuario, quién deben entregar el producido neto al embargante; si es el acreedor o un administrador judicial quienes deben asumir por sí mismos la percepción de los frutos; si el acreedor embargante debe pedir que en el juicio respectivo se subaste el derecho real mismo o solamente su ejercicio, etc.) (autores y obra citada, ps. 1174/75), pero de lo que no caben dudas es que los acreedores pueden intentar el cobro de su acreencia sobre los frutos del usufructo.
En el caso de autos, tampoco caben dudas que el usufructo de más de 200 hectáreas de campo en el Partido de 9 de julio, en los años 1996, 1997 y posteriores tenía un valor económico. Basta pensar en el rendimiento productivo (cerealero o ganadero) que podía tener.
También es de destacar que, tratándose de actos a título gratuito, el código es menos exigente para su revocación que en los casos de actos a título oneroso. En efecto, los primeros pueden ser revocados a solicitud del acreedor aún cuando su beneficiario ignorase la insolvencia del deudor (art. 967). En cambio, respecto de los segundos se requiere demostrar la complicidad del tercero adquirente en el fraude del deudor, sin perjuicio de presumirse si conocía su estado de insolvencia (art. 969). De ahí, entonces, que se ha dicho que en los actos a título gratuito se prescinde de la intención de la defraudar, y que la revocación procede aún cuando ambos (deudor y tercero) hubieran actuado de buena fe (Mosset Iturraspe, Jorge, “Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios”, T. II, Ediar, Bs. As., 1975, ps. 13 y 164). Pero aún cuando no se compartiera este criterio extremo, de lo que no cabe duda es que entre el interés del acreedor y el del beneficiario de una liberalidad, el código opta por el primero, solución que se compadece con la prevista por el art. 1051 (Zannoni, ob. Cit., ps. 449/51).
Dicho ello, corresponde considerar si concurren los demás requisitos del art. 962 del C.C..
El previsto en el inc. 1 se entiende que se refiere a que el deudor debe hallarse en estado de insolvencia al promoverse la demanda, dado que si el acto cuestionado ha provocado la misma pero luego mejoró de fortuna, el acreedor podría cobrar su crédito (Borda, ob. Cit., pág. 310). En autos está fuera de discusión que al momento de la demanda, el demandado Pedro Angel Vadillo no era solvente como para afrontar el crédito del actor, por lo que este requisito se cumple.
No ocurre lo mismo con el contemplado en el inc. 2 del art. 962; es decir, que la insolvencia haya resultado de los actos mismos cuestionados, o que estos la hayan agravado.
En efecto, el mismo actor en su expresión de agravios –como ya he referenciado – dice que las donaciones y renuncias por sí solas “no originaron la insolvencia sino que esta fue perfeccionada mediante actos posteriores diversos tales como la venta de bienes muebles registrables y cese de actividades” (fs. 998vta.). Si ello es así es claro que no hay una relación causal entre las renuncias de usufructos con la insolvencia del sr. Vadillo, que se produjo mucho después.
De la misma demanda se desprende que en los años 1996 y 1997 Vadillo era titular dominial de un camión, de un acoplado, de una camioneta y del cincuen
ta por ciento de un automóvil y de una camioneta. Si bien con posterioridad pueden haberse vuelto vetustos, no es posible creer que en esos años en conjunto no fueran suficientes para afrontar la deuda laboral con el actor. No está claro cuándo fueron vendidos, pero el actor dijo al interponer la demanda que seguían a nombre del demandado, y es de recordar que sólo el cambio dominial en el registro produce la transferencia de la propiedad de vehículos automotores (art. 1 del Dec. Ley Nº 6.582/58, ratif. Por Ley Nº 14.467). Por lo tanto siguieron siendo prenda común de los acreedores.
Finalmente surge de autos que el demandado en los años 1996 y 1997 seguía desarrollando su actividad (fs. 303/28 y 708/725) (art. 384 C.P.C.).
Es que para verificar si se cumple el requisito del inc. 2 del art. 962 debe analizarse la situación en el momento en que los actos cuestionados se llevaron a cabo – en el caso, diciembre de 1996 y septiembre de 1997 -, porque de lo que se trata es de comprobar si los mismos causaron o no la insolvencia del deudor. No es de acuerdo a la situación patrimonial del mismo seis o siete años después como el análisis debe hacerse. De conformidad a lo señalado – sobre todo, en virtud de los vehículos automotores que en ese tiempo el sr. Vadillo tenía -, arribo a la conclusión que ello no puede aseverarse.
Por consiguiente, propongo que se confirme la sentencia apelada, con costas de la alzada al actor vencido (art. 68 C.P.C.C.).
Voto por la Afirmativa.
El Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A la Segunda Cuestión Planteada, el Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De conformidad a cómo ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Confirmar la sentencia apelada.
2°.- Imponer las costas de segunda instancia a la actora vencida Así Lo Voto.- El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
S E N T E N C I A
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada.
Por Ello y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, Se Resuelve:
1°.- Confirmar la sentencia apelada.
2°.- Imponer las costas de segunda instancia a la actora vencida. 
Emilio A. Ibarlucía – Roberto A. Bagattin
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Revocación de Donación – Abogados en Mar del Plata

Corresponde confirmar la sentencia que revocó la donación de la única propiedad inmueble que poseían dos tías, hecha a su sobrino en razón de su relación afectiva, reservándose el usufructo vitalicio, en tanto que existieron actos ulteriores encuadrables en el concepto jurídico de ingratitud fundándose en la desatención, la falta de acompañamiento, abandono y cuidados hacia dichas personas mayores.
El art. 1858 del Cód. Civ. aprehende que las donaciones pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes: 1) cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante, 2) cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su honor, y 3) cuando le ha rehusado alimentos.
El donatario tiene a su cargo deberes secundarios de conducta, que están relacionados con la causa gratuita y que exigen una conducta leal, que corresponde a una persona honesta que recibe un beneficio de otro y con el que está en deuda moral de gratitud.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala C
Buenos Aires, 9 de Mayo de 2017.- 
Reunidos en acuerdo los  señores jueces de la Sala “C” de la Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “GOÑI MARÍA CARMEN BÁRBARA Y OTRO c/ GARCÍA JORGE REINALDO s/REVOCACIÓN DE DONACIONES”, respecto de la sentencia corriente a fs. 250/259 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá y Diaz Solimine.
Se deja constancia que la Vocalía N° 8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de2016.
Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:
I.- Las Sras. María Carmen Bárbara Goñi y Matilde Nicómedes Goñi, por derecho propio y con patrocinio letrado, promovieron formal demanda de revocación de donación contra Jorge Reinaldo García, fundadas en que les fueron rehusados alimentos y en las injurias graves en las que –dijeron- incurrió el demandado, con basamento en el art. 1858, supuestos segundo y tercero, del Cód. Civ.. 
El Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, con costas. 
Contra dicho pronunciamiento se alza el accionado, quien se agravia a fs. 267/270 por entender vulnerado el principio de congruencia y por apreciar desajustada la valoración de la prueba que sirvió de resorte para juzgar de ingratas sus propias conductas. 
Ello mereció la réplica de fs. 272/273 de las contrarias. 
II.- DE LA ALEGADA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.
i. La vinculación de la primer queja del recurrente con cuestiones eminentemente formales conlleva a examinar en forma liminar, el modo en que quedara establecida la relación jurídica-procesal entre las partes. 
ii. Veamos. Los antecedentes de esta causa encuentran su origen en la donación que efectuaran las demandantes el 21/2003/2005 en favor del accionado, respecto del inmueble ubicado en la calle Arzobispo Espinosa 55 de esta ciudad, unidad funcional n° 201, del sexto piso, letra “A”. 
Explicaron las demandantes que a temprana edad, los padres del accionado fallecieron, por lo que ellas, en sus calidades de tías, acogieron -junto con su hermano en su hogar- al demandado como un hijo más. Adujeron que recibió de parte de ellas todo el cariño de su familia directa, inculcándole valores morales y éticos. 
En dicho contexto, señalaron que el demandado en forma personal y directa les requería colaboración económica a fin de poder satisfacer sus necesidades elementales de subsistencia, accediendo siempre a su podido. 
Apuntaron haber ayudado económicamente a comprar un auto (Suzuki Fun, dominio FOM 062), haciéndole entrega de una dádiva en dinero para poder adquirirlo. La propiedad de dicho rodado siempre fue reconocida verbalmente en favor de las accionantes. 
En razón de no tener herederos forzosos y dada la avanzada edad de las mismas, a fin de continuar con la ayuda económica a su sobrino, le otorgaron a través de una donación la nuda propiedad del inmueble en el que viven, reservándose el usufructo vitalicio.
Posterior a eso y con el paso del tiempo, dijeron que la situación financiera de su sobrino comenzó a mejorar de manera tal que no tuvieron que solventarle gastos, empero que la excelente relación familiar afectiva siempre se mantuvo. 
Sostuvieron que los únicos ingresos que poseen eran las jubilaciones que percibían, siendo que por el incremento del índice real de vida sus ingresos se vieron limitados, al extremo de pensar en solicitarle al demandado su ayuda, puesto que hablaba de ciertos negocios que había emprendido. 
Arguyeron que al notar que su situación económica se fue deteriorando, el demandado fue cambiando su actitud a mediados de 2007, sus visitas pasaron a ser esporádicas y con un solo propósito; reclamar más y más dinero, para esos supuestos negocios que aducía tener. 
Afirmaron que al no acceder a la entrega de sumas que les reclamaba, les infería todo tipo de improperios, lo que les producía serias angustias y preocupaciones. 
Indicaron que sus situaciones económicas fueron empeorando, que debieron en alguna oportunidad recurrir a pedirle ayuda al demandado y que recibieron como respuesta negativas rotundas, insultos e improperios.
También especificaron que en dicho contexto el demandado decidió quitarles la posesión del rodado adquirido, mediante vías de hecho.
A su turno el demandado, negó dirigirse a las coactoras de una manera injuriosa, menos aun con insultos e improperios, que no existieron malos tratos, actitudes hostiles, ni atropellos, sencillamente porque las actoras voluntariamente cortaron toda relación con él. 
Desconoció que sus padres fallecieran a su temprana edad, no obstante reconoció que desde los dos años vivía con las coactoras como consecuencia de la enfermedad de su madre, con reiteradas internaciones psiquiátricas por depresión. 
Explicó que sus tías le ofrecieron a su padre colaborar con la crianza de sus hijos, que en principio fue temporal y que luego se fue prolongado en el tiempo debido a que las coaccionantes eran solteras sin hijos y por la debilidad de carácter de su padre. 
Aseveró que aquellas le brindaron afecto y manutención económica, hasta que a partir de los diecisiete años de edad, su residencia en el domicilio de las demandantes dejó de ser permanente, alternando estadías en la casa de sus padres. 
Desde entonces, dijo que comenzó a trabajar colaborando con su padre en el taller mecánico y a partir de ese momento nunca había dejado de trabajar para procurarse el sustento. 
Alegó que su actitud siempre fue de respeto y gratitud hacia ellas, que tal era así que en el año 2005 le donaron el inmueble en el que viven. 
Adujo que en el año 2006 procedió a vender el rodado Renault 12, modelo 1980, dominio WGK-303 de su propiedad y que con el ingreso obtenido, más una módica suma con la que le ayudaron las actoras, compró el vehículo referenciado en la demanda, con financiación en cuotas. 
La relación afectiva y armoniosa dijo se vio afectada cuando en el año 2008 inició una relación amorosa con la Sra. Sandra Contreras, quien trabajaba en el edificio de las actoras como auxiliar del encargado.
Notó que dicha relación fue desaprobada por las demandantes, quienes comenzaron a ejercer una presión y un hostigamiento para que rompiera con la misma. 
No obstante alegó que por primera vez decidió defender su posición y se mudó con la Sra. Contreras –relación que no duró más de un año- a la casa de su padre, quien ya había fallecido. 
Sostuvo que hasta ese entonces las relaciones que había mantenido con otras mujeres debían siempre contar con cierta aprobación de sus tías, y en el caso que no fuera así, terminaba rompiendo sus noviazgos debido a la presión de aquéllas y a la sumisión que mantenía. Señaló que tal era así que recién a los 50 años, habiéndose distanciado de las tías, contrajo matrimonio en el año 2011.
En cuanto a la falta de prestación alimentaria, señaló que siempre gozaron de una buena situación económica, que ambas trabajaron y que con sus ingresos mantenían el inmueble y sufragaban sus gastos personales. Dijo que luego ambas se acogieron a los beneficios jubilatorios, Matilde como empleada de comercio y Carmen como empleada del consulado Español en Argentina, siendo que además esta última recibe una jubilación de parte del gobierno español.
Sostuvo que su situación financiera no se ha deteriorado en ningún momento y que no han estado nunca en una posición de extrema necesidad. 
Dijo que nunca le han requerido ni a él ni al resto de sus sobrinos (sus hermanos) ayuda dineraria alguna, que el inmueble no posee deudas de expensas, ni impuestos. 
Por su parte indica que su situación económica era moderada, que en los últimos años había mantenido distintos empleados en talleres mecánicos y que en la actualidad se encontraba trabajando como chofer de taxi. 
iii. Para decidir en los términos expuestos, el anterior juzgador estribó la revocación de la donación en el conjunto de material probatorio recabado en la causa, con especial ponderación en las declaraciones de los testigos aportados por las demandantes. 
En tal contexto, entendió que los declarantes coincidían en la conducta desplegada por el demandado, y en tal sentido que el comportamiento del accionado encuadraba en el concepto jurídico de ingratitud. 
Bajo tales ideas, juzgó que las actitudes y comportamientos del demandado, examinadas desde las circunstancias particulares de las accionantes –personas mayores, las cuales donaron el único bien con el que contaban- resultaron “ingratas” (y más allá de las razones que motivaron al demandado a alejarse, motivos que no fueron probados en autos). 
En definitiva, consideró que la desatención, el abandono, la falta de acompañamiento, de ayuda material, de visitas y cuidados hacia personas mayores, hacía que pudieran considerarse -en el caso y frente a las actoras- como omisiones que configuraban la “ingratitud”. 
iv. El accionado se alza contra el último temperamento mencionado, esgrimiendo que el “A Quo” había fundado su decisorio en hechos o circunstancias no alegadas por la contraria. 
En rigor, que con excepción a lo referido a la ayuda material –aspecto sobre el que también se agravia bajo el título “negativa de alimentos”-, no se le imputaba a su parte ninguna de las restantes conductas a las que hacía referencia el anterior magistrado.
v. En tal contexto, la circunstancia que las coaccionantes hayan fundado su pretensión en la causal de “ingratitud” autorizaba al juzgador a un tratamiento amplio de la cuestión, empero ello enmarcado por los hechos alegados por las partes en cumplimiento con los principios sustanciales de juicio relativos a la bilateralidad y equilibrio procesal. 
Así repararé en que en su escrito introductorio las demandantes expresaron que a mediados del año 2007 y luego de un cambio de sus situaciones económicas, las visitas del Sr. García pasaron a ser “esporádicas”, expresión ésta que admitía formalmente introducirse en el examen de justificantes tales como “desatención”, “falta de acompañamiento”, “abandono” y “cuidado hacia personas mayores” que ulteriormente fueron tenidos en miras por el judicante para fundar su pronunciamiento. 
Por lo expuesto, desoiré parcialmente la queja del recurrente en este considerando tratada. 
III.- DEL FONDO DE LA CUESTIÓN TRAÍDA 
A DEBATE.
i. Se agravia el emplazado en torno a la apreciación de la pr
ueba efectuada por el anterior juzgador en la instancia de grado, que había llevado en consecuencia a una incorrecta aplicación del art. 1858, supuestos segundo y tercero del Cód. Civ.. 
En tal sentido, refiere -en lo que titula negativa de alimentos- que no se había acreditado la necesidad de requerir asistencia económica al donatario, que por el contrario la testigo Margot había indicado que “tenían una situación económica buena” y Racsov sostenía que como cosmetóloga las atendía una vez por semana a cada una de ellas y que al momento de la declaración les hacía “Reiki”. Del mismo modo que no se encontraba acreditado que las donantes efectivamente le requirieran alimentos al donatario y mucho menos que se los haya negado.
Por otra parte, cuestiona que la prueba rendida se inclinaba principalmente a acreditar una supuesta sustracción por parte del demandado de un automotor de propiedad de las actoras, pese a que ellas mismas habían indicado que le habían entregado una dádiva para ayudarlo a adquirir el rodado. A su vez que ninguno de los testigos refiere haber presenciado insultos, amenazas o improperios y que el destrato que varios de los deponentes indicaban era anterior a la donación.
ii. No resulta ocioso en el caso hacer míos los términos señalados por el Dr. José Luis Galmarini, en su voto, en la sentencia dictada con fecha 30 de octubre de 2002 en los autos “C., R. c/D. P., E. M. s/separación personal”, en la que señalara que “… Atento a que la obligación de los magistrados de decidir las cuestiones conducentes para el fallo, se circunscribe a las que estimen necesarias para la sentencia que deben dictar (Santiago C. Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado”, T. I, pág. 278), y a que no se encuentran ceñidos a seguir el enfoque jurídico esgrimido por las partes, ni tampoco rebatir todos y cada uno de los fundamentos por ellas invocados (CNCiv., Sala C, 15/2010/2002, in re “Emprovial S.A. c/G.B. y Cia. S.A. s/cobro de sumas de dinero”, L.336.672) me limitaré a considerar los agravios sobre aquellas cuestiones centrales que sean útiles para la decisión (CNCiv., Sala C, 07/2003/2000, in re “Solari, Azucena Mabel y otro c/Iriarte, Adriana Noemí y otro s/daños y perjuicios”, L. 275.710; id., Sala C, 07/2012/2000, in re “Peralta, Ricardo c/Errecarte, Oscar Ariel y otro s/daños y perjuicios”, L.294.315)…”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido en este sentido que “ … Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones ni, imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos … ” (Fallos:333, 526; 300:83, 535; 302:676, 916, 1073; 303:235, 1030; 307:1121).
iii. A modo de introito, me permito señalar que el art. 1858 del Cód. Civ. aprehende que las donaciones pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes: 1) cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante, 2) cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su honor, y 3) cuando le ha rehusado alimentos. 
De los Mozos -en la doctrina española- y Torrente -en la italiana- entienden que el o los actos del donatario le permiten al donante arrepentirse de la donación, situación jurídica y moral, a la vez que es aceptada y justificada por la conciencia colectiva. A ello agrega De los Mozos que faltando la gratitud del donatario se pierde la fides pacti, por la ausencia de animus donandi. No es una normativa de sanción, sino una posibilidad que tiene el donante de dejar sin efecto el acto de liberalidad (Compagnucci de Caso, Ruben H., “Contrato de donación”, Ed. Hammurabi, pág. 303). 
El donatario tiene a su cargo deberes secundarios de conducta, que están relacionados con la causa gratuita y que exigen una conducta leal, que corresponde a una persona honesta que recibe un beneficio de otro y con el que está en deuda moral de gratitud (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Tratados de los contratos”, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, T.III, pág. 618). 
Conforme lo señala López de Zavalía las causales de ingratitud que la ley prevé consiste en actos graves contra el donante, moralmente imputables al donatario, a título de dolo (Lamber, Rubén Augusto, “Donaciones”, Ed. Astrea, pág. 443) y si bien los casos enumerados resultan taxativos, el supuesto que en este caso entrará en consideración de “injurias graves”, es de alguna flexibilidad, puesto que incluye cualquier atentado contra el donante de suficiente gravedad (Borda, “Tratado de derecho civil argentino. Contratos”, T. II., pág. 392, n°1611). 
Para Pothier, para que una injuria sea atroz, vale decir grave, conforme al Derecho de las Partidas, es preciso que tienda a destruir la reputación del donante en sus partes más esenciales, tales como la probidad o las costumbres, agregando, para delimitar el concepto, que resulta necesario que la injuria no sea vaga, sino que contenga hechos circunstanciados (en Salvat-Acuña Anzorena, “Tratado de derecho civil argentino. Fuente de las obligaciones”, 2 ed., 1954, t.III, pág. 95 en Bueres Alberto J. y Highton Elena I., “Código Civil y normas complementarias”, Ed. Hammurabi, t.4D, pág. 182). 
La prueba de la “gravedad” debe estar ligada a los antecedentes del caso, los motivos, la ocasión en que acaeció, la calidad y cultura de los ofensores y agraviados, y las relaciones que mantenían entre ellos (Compagnucci de Caso, ob. Cit., Ed. Hammurabi, p. 309). Se trata, en síntesis, de aplicar la pauta del art. 902 del Cód. Civ. en la ponderación de las ofensas (conf. Leiva Fernández, Luis F. P., “Contratos Civiles y Comerciales. Colección de análisis jurisprudencial, Bs. As., Ed. La Ley, 2002, p. 443, con cita de CCiv. Y Com. San Isidro, Sala I, 2/194/201993, “A., C. J. A. c. A., p. A. y otra”, en JA 1994-I-622 en Spota, Alberto G., “Contratos”, Ed. La Ley, 2 ed. Actualizada y ampliada, T. VI., pág. 1394). 
iv. Conforme las constancias de autos las demandantes María Carmen Bárbara Goñi y Matilde Nicomedes Goñi, ambas de estado civil solteras y con fechas de nacimiento 04/12/1928 y 15/09/1923, se encontraban sujetas al régimen jubilatorio ordinario desde 03/1995 y 01/1979 (informes de la A.N.S.E.S. de fs. 144/20159).
De acuerdo a las declaraciones testimoniales recabadas en la especie las mismas en sus calidades de tías del accionado fueron las que se encargaron desde temprana edad de aquél. 
Observaré que refirió la testigo Irma Racsov, cosmetóloga de las actoras, que “… Carmen y Matilde lo criaron y dieron la vida por este muchacho…” y que él “les dijo que se iba a quedar a vivir con ellas de por vida y las iba a cuidar…” (fs. 137/20138); la deponente Silvana Margot, quien fuera empleada de las coaccionantes, manif
estó que las tías ayudaban al sobrino y “… le daban todo lo que necesitaba” y que éste se comprometía a cuidarlas (fs. 139/20140); la declarante María Ester Hermida, quien conocía a las coactoras del barrio, aseveró que las accionantes “lo criaron porque la mamá estaba enferma”, “que ellas fueron muy protectoras”, que él les decía “que las iba a cuidar y proteger (…) hasta el último día”, y que “era el consentido. Que todo lo que quería se lo daban” (fs. 163/20164); la testigo Francisco Laura Jalon, amiga de las Sras. Goñi, refirió que “las dos hermanas han vivido para Jorge. Que no ha ido al colegio Jorge Reinaldo. Que dejo en tercer grado. Que no aprendió un oficio como le aconsejaron”, que “siempre fue un malcriado para ellas, (…) le compraban todo lo que quería” (fs. 165/20166); el dicente Oscar Álvarez, amigo de “la familia”, indicó que el demandado era para las actoras “… más que un hijo” (fs. 167/20168).
De ello se sigue que si el thema decidendum que aquí se plantea resulta de una relación afectiva entre tías y su sobrino que motivó una liberalidad en favor del último, la vara a utilizar para sopesar la conducta del donatario debe ser por demás estricta y rigurosa. 
Los testigos coinciden en señalar que el pasar financiero de las Sras. Goñi era -a la fecha de las audiencias testimoniales- “mala” (fs. 137 vta.), que las ayuda el hijo de otra persona criada por ellas de nombre “Blanquita” y esta última también (fs. 138 y 139 vta.), que sólo “… viven de la jubilación y otra cosa no tienen” (fs. 163 vta.) y que vivían con lo justo (fs. 162). 
Asimismo se desprende de la contestación de oficio de la A.N.S.E.S. que el haber mensual recibido por María Carmen Bárbara Goñi era al 17/06/2014 de $10.554,85, mientras que el de Matilde Nicomedes Goñi era a la misma fecha de $3.382,98 (fs. 147 y 154). El Consulado de España a fs. 169 informó que la primera de ellas no percibía ningún tipo de prestación económica en concepto de jubilación o pensión. 
Los achacos sobre este punto efectuados a los dichos de las testigos Racsov y Margot, expresados en la expresión de agravios, pierden virtualidad desde que lo que aquí se intenta dejar en evidencia es el estado económico en el que se encontraban como referencia de examen global y no la inexistencia de medios para la subsistencia para poder encuadrar el supuesto en el apartado tercero del art. 1858 del Cód. Civ.. 
A su vez, tampoco debe escapar a mi conocimiento que la amiga de María Carmen Goñi, Francisca Laura Jalon, refirió que le habían dejado al Sr. García en donación el lugar en el que ellas viven, “que es el único lugar que tienen…”. 
Por otro lado, si bien es cierto que los deponentes son contestes en la existencia de un peculiar temperamento por parte del Sr. García, como sostuviera en sus agravios el recurrente los hechos detallados para describir parte de su personalidad eran anteriores al acto de la donación, con lo cual -por su temporalidad- quedaban exentos de este juzgamiento. Es que lógicamente la injuria debe ser posterior a la donación (CNCiv., Sala L, 22/194/201996, “Nicoletti, Ida c. Lorea de Corzo Sara, B.”, Leiva Fernandez, Luis F. P., “Digesto Practico. Contratos.”, Ed. La Ley, T. III, en Spota, Alberto G., ob.cit., pág. 1394). 
Allende lo expuesto, lo concreto es que existieron actos ulteriores encuadrables en el concepto jurídico de ingratitud. 
Veamos. Bajo el cuadro de situación que se ha descripto, viene al caso reparar en que parece ser el escenario posterior a la compra de un automotor lo que habría generado quizá el punto de inflexión del vínculo entre las actoras y su sobrino aquí demandado. Racsov dijo conocer que el Sr. García le dijo a la Sra. María Carmen Goñi que “… le quería comprar un auto rojo, (…) (que) Carmen tenía más de 70 años (por lo que) el coche lo puso a nombre de él, (y que) después me entero que el muchacho no pagó ninguna cuota del coche que había comprado”, que le “… robó el coche, se fue de la casa de donde vivía con las tías…” y que allí fue que ellas empezaron a descreer del sobrino, el que comenzó a “no pagarle el coche” y “sacarlo sin permiso” (fs. 137/20138).
Margot sobre el caso refirió que compraron un auto porque “… la señora comentó que no le daban permiso para manejar por la edad y él se ofrece a sacarle un auto con la plata de las actoras. (…) me dijo Carmen que el auto se lo llevó Jorge, y (que) tenía que ir al médico con su hermana” (fs. 139/20140).
Hermidia por su parte explicó que “… Jorge comentó que le iba a cambiar el auto a las tías”, el que pertenecía a Carmen Goñi, que “el valor del auto que vendió lo dio de anticipo a Jorge” y que “… iba a sacar un crédito y compró un cero kilómetro”, que se lo terminó quedando “Jorge”(fs. 163/20164).
Jalon a su vez aseveró que “… les hizo cambiar el auto y lo puso a nombre de él (…) que vendió un auto que estaba a nombre de Carmen y Matilde, y Jorge Reinaldo le dijo que era mejor que se lo pusieran a nombre de él”, a lo que accedieron por tener “delirio con su sobrino”. Indicó que “… las Sras. Goñi pagaban la cuota del auto y si ellas no lo pagaban él se las exigía” (fs. 165/20166). 
Álvarez describió que la relación fue la explicitada “hasta que ocurrieron los hechos motivo de su declaración. Que las convenció para que cambiaran el automóvil y él les dijo que lo pusieran a nombre de Jorge… Que el auto se lo llevó Jorge”. Señaló que “… el auto lo usaba Carmen para hacer sus cosas y luego no la vio más con el auto y lo usaba Jorge” y que “… se dieron cuenta de lo que era (…) cuando les robó prácticamente el auto” (fs. 167/20168).
Del mismo modo aparece otro hecho en escena que sería interruptivo de la relación, relatado por Jalón. Dijo que ya hace unos meses las demandantes no sabían nada de él, que les había efectuado un pedido económico imposible que ellas no podían solventar por vivir de sus jubilaciones (fs. 166).
A su vez, Hermida declaró que “luego de que pusieran el departamento a nombre de él comenzó a maltratarlas”, presenciando “una discusión en la que el Sr. García las amenazaba con que iba a echarlas del departamento porque ese lugar era de él”.
Es necesario también tener en cuenta los efectos en las personas que dicen haber sido agraviadas. Racsov dijo que “Matilde estuvo muy mal, por la desilusión porque era un sobrino que era más que un hijo”, Jalon dijo que las vio a ambas “muy angustiadas. Que nunca imaginaron que iba a ser tan indigno con ellas”.
v. En este entretejido de circunstancias
fácticas, cabe reputar las conductas asumidas por el emplazado como incompatibles con el deber de gratitud que deriva de la normativa aplicable.
Debe repararse –en primer lugar- que en dicha trama de hechos fueron amenazadas con ser despojadas del bien donado, respecto del cual tenían el usufructo vitalicio. 
Una intimidación verbal del tipo a quienes fueron parte por demás activa en su crianza, respecto de quienes él siempre habría manifestado un palmario afecto, y dirigida a personas de tercera edad que únicamente contarían como único medio de subsistencia el cobro de sus jubilaciones ordinarias, deja de manera notoria revelada la gravedad de la injuria en la que incurriera y el deliberado designio de afectar a las personas donantes. 
Pero aunque dicho acto sea suficiente para tener corroborada la ingratitud del donatario, no cabe soslayar las distintas situaciones expuestas que en definitiva terminan por patentizar el obrar encuadrable en el art. 1858 del Cód. Civil.
Aun cuando las actoras participaran en la adquisición de un vehículo –hecho éste no discutido- con anterioridad a la donación poniendo la titularidad en cabeza de su sobrino, las privó éste de las facilidades que el medio bien podía brindarles a personas de avanzada edad.
Súmese en este cuadro de hechos y circunstancias la desatención, la falta de acompañamiento, abandono y cuidados hacia personas mayores referidos en la sentencia en crisis, en la que incurrió el donatario a raíz de los eventos aquí explicados. 
Compartiré el temperamento adoptado por el anterior sentenciante en tanto estimó que se hallaba ausente en la especie la existencia de una grave provocación previa que excluyera la conducta reputada de ingrata. 
Cierto es que no hay injuria cuando los agravios son proferidos como reacción a un ataque directo y personal contra el que los profiere (CNCiv, Sala E, 16/198/2006, DJ, 2006 732), pero en el caso no fue aquilatado que la razón del altercado entre donantes y donatario tuviera su razón en una supuesta desaprobación de las Sras. Goñi al inicio de una relación amorosa con una empleada del edificio. 
El demandado fracasó en acreditar esta circunstancia por él relatada en el escrito de respuesta a la demanda (Art. 377 del Cód. Procesal). En efecto, ninguna prueba produjo en la causa tendiente a demostrar el justificante que esgrimiera. 
Por el contrario, Racsov dijo que las actoras aceptaban todas las relaciones del demandado, sin efectuar objeción alguna respecto de su vínculo con la Sra. Contreras, encargada del edificio. Del mismo modo, Margot dijo que nunca se opusieron a su relación con la portera Contreras, que inclusive las tías la querían mucho y que la seguían saludando (fs. 140). 
Corolario de lo expuesto, por los hechos ingratos examinados subsumibles en lo que establece el art. 1858, caso segundo, del Cód. Civ., habré de confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto hace lugar a la acción entablada por revocación de la donación. 
IV.- Por último, señalaré que el desarrollo argumental propiciado en este voto torna abstracto el tratamiento del restante agravio del recurrente, puesto que fundada la revocación en el supuesto de injurias graves por hechos expresamente alegados en el libelo de inicio, los fundamentos exhibidos para revocar la sentencia de grado relativos a la falta de prueba del supuesto de negativa de alimentos del art. 1858, ap. 3, pierden toda trascendencia. 
V.- Por todo lo expuesto, y si mi voto fuese compartido, propongo confirmar en un todo la sentencia en crisis, con costas de alzada al demandado vencido. Artículo 68 del Código Procesal.
Por razones análogas a las expuestas, el Dr. Diaz Solimine adhirió al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto. 
Luis Alvarez Juliá – Omar Luis Diaz Solimine
Provincia de Mendoza / Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública (Ley Nº 8993 – 16/08/2017)