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Excarcelación Extraordinaria bajo caución juratoria – Delito de Homicidio

Corresponde conceder una excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria en favor de una mujer, quien se encuentra en prisión preventiva en virtud del delito de homicidio de un hombre que pertenecía a una patota que intentó violarla, en tanto la sola valoración de la magnitud de la pena en expectativa, en las particulares circunstancias del caso, y con la consabida demora en la realización del tipo de juicio en cuestión, no se erige en sustento suficiente de la medida cautelar que pesa sobre la justiciable, máxime cuando desde el inicio de estas actuaciones se verificó que la encartada no ofreció resistencia alguna a su aprehensión.

El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la Ley para decidir lo contrario, como por ejemplo, el intento de entorpecer el proceso.
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de San Martin – Sala I
San Martín, 12 de Junio de 2017.-
AUTOS Y VISTOS:
Los de la presente Causa Nro. 24.507 del Registro de esta Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental -Causa Nro. 9923 del Juzgado de Garantías Nro. 6 Departamental-, para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 39/47 por la Dra. María Raquel Hermida Leyenda, defensora particular de E. A. D. J. -cuya acta de informe oral obra a fs. 87-, contra la resolución de fs. 28/29, en cuanto deniega la excarcelación extraordinaria a la prenombrada;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 28/29 el Dr. Raúl Luchelli Ramos, interinamente a cargo del Juzgado de Garantías Nro. 6 departamental, resolvió no hacer lugar a la excarcelación extraordinaria de E.A. D. J., sobre quien actualmente pesa prisión preventiva en orden al delito de homicidio (art. 79 del CP).
Que para así decidir consideró el a quo, previo descartar el análisis de las probanzas propuesto por la defensa, que aún se mantienen vigentes los peligros procesales ponderados al momento del dictado de la medida de coerción, esto es el peligro de fuga que se desprende de la magnitud de pena en expectativa, la que no podrá ser de ejecución condicional.
Agregó que los motivos alegados no revisten la excepcionalidad que justifica la soltura de la causante ni enerva las posibilidades de frustración de los fines del proceso ante la gravedad del hecho reprochado, siendo que una caución personal tampoco logrará paliar dicho riesgo.
Adunó que el principio de inocencia no veda la regulación y aplicación de medidas de coerción, conforme lo previsto en el art. 18 de la Const. Nacional y doctrina de autor que cita, como así tampoco el principio de libertad durante el proceso reviste carácter absoluto, pues encuentra sus excepciones en la previsión de la existencia de peligros procesales a la luz del Cód. de Rito.
Que a fs. 39/47 interpuso recurso de apelación la Dra. María Raquel Hermida Leyenda, defensora particular de E. A. D. J., agraviándose en cuanto considera que se ha efectuado una interpretación restrictiva del art. 170 de Cód. de Procedimientos y se ha omitido ponderar las características del hecho atribuído, las condiciones personales de la imputada y otras circunstancias que se consideren relevantes sin que se mencionen indicios vehementes de que tratará de eludir o entorpecer la investigación.
Critica como única fundamentación por parte del a quo la valoración de la magnitud de pena en expectativa con cita de jurisprudencia y efectuando diversas disquisiciones en torno a los extremos que en dicho orden fueron tenidos como fundamento de la existencia o no del peligro procesal de fuga.
Sostiene que no se ha siquiera mencionado el peligro de obstaculización del proceso, citando a continuación jurisprudencia de la Corte IDH in extenso.
Menciona la letrada defensora otros casos de la jurisdicción de esta Provincia en que les fue concedida la excarcelación extraordinaria a los imputados, cuestionándose sobre la necesidad de su pupila procesal de contar con una defensa particular para acceder a una pericia psicológica, concluyendo en que la decisión cuestionada deviene desajustada a derecho, contraria a la jurisprudencia vigente, discriminadora y no ha considerado el caso concreto.-
Que el Sr. Juez Dr. Carlos Julio Hermelo dijo:
Que analizada la cuestión traída al Acuerdo adelanto mi opinión en cuanto he de proponer la revocatoria del auto cuestionado y la consecuente concesión de la excarcelación extraordinaria a E…
Para ello destaco que tras evaluar íntegramente la cuestión sometida a consideración de este Tribunal, entiendo que lo planteado por la defensa particular en orden al relevamiento de las circunstancias particulares del caso y de la encartada debe recibir respuesta favorable.
Así pues, con el propósito de verificar si el encierro preventivo dispuesto en autos sobre la imputada D. resulta innecesario, conviene como punto de partida adentrarnos al estudio de la naturaleza jurídica de las normas que sirven de base para sustentar una medida de coerción personal.
Y al respecto, ya tengo dicho en numerosos pronunciamientos de este Tribunal que las medidas coercitivas de la libertad que implementa el Estado para asegurar la futura ejecutividad del resultado del proceso, en el supuesto de una sentencia condenatoria, encuentran su límite en la amenaza de pena en expectativa, y en la inexistencia de motivo alguno para sospechar que de encontrarse el justiciable en libertad pueda tornarse ilusorio el cumplimiento de la pena, o entorpecer la investigación.
Esta y no otra es la razón de ser de los diferentes supuestos que la ley prevé para excarcelar a una persona, toda vez que no tendría sentido alguno que el Juez o el Fiscal desconfiaran de quien -en caso de ser condenado y quedar firme su condena-, ningún interés tendría en eludir la acción de la justicia.
Todo ello en pos de garantizar el “estado de inocencia” que ampara al imputado durante todo el proceso, no tornando el encierro preventivo en un verdadero cumplimiento anticipado de pena.
Si a lo anterior se aduna que el artículo 144 del CPPBA (T.O. Ley 13.449) establece: “El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la Ley para decidir lo contrario.”, en tanto a párrafo seguido estipula que: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución de la Provincia solo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley”, no debe ni puede quedar duda alguna que los principios rectores en materia cautelar y contracautelar, pese a las confusiones que en cada nueva reforma parcial introdujera el Poder Legislativo provincial, aún permanecen inalterables.
Ahora bien, aquella contra-cautela de la que hablo, y que pretende neutralizar los peligros procesales que sirvieran de fundamento a la medida de coerción personal, puede clasificarse en: ordinaria y extraordinaria.
La primera, abarcadora de los diferentes presupuestos “normales” previstos en el código procesal penal, originados mayoritariamente en situaciones objetivas cuyos parámetros de análisis son generalmente obtenidos dentro de los mínimos y máximos de penas establecidos para los delitos que se enrostran.
Y la segunda, remedio “excepcional” para aquellas situaciones que casuísticamente no podía prever el legislador para cada caso en particular, y cuyo análisis ha de quedar librado a la discrecionalidad del Juez y a la insistencia del Ministerio Público Fiscal, único titular de las medidas de coerción personal. No se trata pues, de un remedio subsidiario y consecuente de la denegatoria de una excarcelación pedida y denegada en términos ordinarios.
Y en tal sentido, cuando en el año 1984 junto a un Juez Federal, por entonces Juez de Menores de este Departamento Judicial, le presentamos al Senador Provincial Gustavo Giménez un nuevo proyecto de excarcelación decidimos incluir en él este nuevo instituto excarcelatorio que entiendo se compadece con la situación excepcional relevada en autos. Y es que no me cabe duda que si algún ejemplo para fundamentar doctrinariamente el instituto de la excarcelación extraordinaria habría que elaborar, el de la situación de la aquí justiciable representa la exacta adecuación a los parámetros que establece el artículo 170 del Digesto Adjetivo.
No puede ignorarse al momento de la toma de decisión, el origen de la medida cautelar que aquí nos ocupa y las especiales características que rodearon al hecho que se enrostra a …, y por el cual se encuentra privada de su libertad.
Dentro de tal contexto nos encontramos frente al siguiente escenario:
Se endilga a la imputada conforme acta de fs. 29/30 vta. del expediente principal que documenta el cumplimiento del art. 308 del Rito en autos, que el día 16 de octubre de 2016, siendo aproximadamente las 22.30 horas, en la puerta de la finca sita en la calle Irustia Nro. 1136 de la localidad de Bella Vista, Pdo. de San Miguel, con claras intenciones de quitarle la vida, le aplicó con una cuchilla al menos una puñalada a Cristian Rubén Espósito en el tórax -zona precordial-, la que debido a su entidad le causó rápidamente la muerte.
Que en dicho acto … declaró que sufrió agresión verbal y física por parte de Espósito, contra la que ella habría reaccionado hiriéndolo con el cuchillo que llevaba en el pecho. Específicamente manifestó: “Cuando voy por la mitad del pasillo él me agarra y me dice ?te voy a hacer sentor mujer, forra, lesbiana?, me re insultó. Parece que se puso loco porque él toma pastillas con vino, además fuma porro. Ahí me tira al piso, imagínese la fuerza del hombre con la de la mujer, me tira patadas por todo el cuerpo y cuando veo que me estaba rompiendo el pantalón y el boxer en la zona vaginal, ya no aguantaba más las patadas, no sé de donde saqué coraje y saqué la cuchilla que tenía entre medio de mi pecho, ahí atiné a levantar la cuchilla para que me deje y se ve que le dí. Fue todo muy rápido. Cuando me asusté me fui para el fondo. Yo sentí que me pegaba no sólo uno, eran dos más, porque eran muchas las patadas, y querían que me dejen, porque yo estaba en el piso, y me asusté cuando me rompieron el pantalón, porque creí que me iba a violar. Yo ando cuando voy para allá con el cuchillo, por miedo, porque los chicos son malos y no quieren a las lesbianas, ya tuve problemas antes, y creo que tengo tres o cuatro puntazos en la espalda, y también me prendieron fuego la casa y me tuve que ir.” (el subrayado me pertenece).
Que de lo expuesto surge que en autos se verifican a esta altura dos versiones de la ocurrencia de los sucesos que se investigan. Una de ellas sustentada por el Sr. Agente Fiscal concerniente a la agresión por parte de … … con un arma blanca a la persona de Cristian Rubén Espósito, basada en el testimonio de Sandro Daniel Ramírez, testigo presencial, quien a fs. 11/12 (en sede fiscal a fs. 62/vta.), manifestó que …“de la nada, sin mediar palabras, apuñaló en el pecho a su concuñado y amigo Cristian Espósito…”.
La otra versión es la dada por la imputada … en cuanto a que habría padecido agresión verbal y posterior física en función de su elección sexual, siéndole aplicadas patadas y rompiéndole la ropa. Dable es destacar en el punto que ello podría encontrar correspondencia con el informe médico de fs. 1 vta. que acredita las lesiones que presentaba al día siguiente al de su aprehensión pero con “una data del 16/10/16”, fotografías de fs. 23 y 126 e inspección ocular sobre las ropas que llevaba colocadas el día del hecho, obrante a fs. 164/vta., todas constancias del expediente principal.
Estas particularísimas características del caso que nos ocupa, lo tornan a mi juicio un supuesto de excepcionalidad, a partir de una controvertida visión del acontecimiento investigado que las partes sostienen fundadamente en el presente proceso penal.
Dilucidar esta controversia y aproximarnos a la verdad de los hechos acaecidos en autos, sin duda alguna llevará cierto tiempo, especialmente, sopesando el lapso que pueda insumir la realización de pericias y otras pruebas al respecto.
Por otro lado, nos hallamos con la necesidad de determinar si la única vía posible para asegurar los fines del proceso en este caso particular es el encierro preventivo de la justiciable.
Y en ese aspecto, me pregunto si no existe otra posibilidad más que la de la cautela personal de … para que los fines del presente proces
o puedan asegurarse; para lo cual debe evaluarse no sólo aquella objetiva valoración de las circunstancias que rodearon el suceso investigado, sino especialmente, cuál ha sido el comportamiento que ha mantenido la aquí justiciable durante la sustanciación de la pesquisa en su contra.
En ese orden, la sola valoración de la magnitud de pena en expectativa, reitero, en las particulares circunstancias del presente caso y con la consabida demora en la realización de este tipo de juicio, no se erige en sustento suficiente de la medida cautelar que pesa sobre la justiciable, máxime cuando desde el inicio de estas actuaciones se ha verificado que la encartada no ofreció resistencia alguna a su aprehensión conforme se desprende del acta de procedimiento de fs. 3/vta. del principal, pues albergo serias dudas en cuanto a si puede sopesarse como lo hiciera el Ministerio Público Fiscal a fs. 76/79 vta., -no así la Sra. Juez de Garantías en la decisión aquí cuestionada y en oportunidad del dictado de la prisión preventiva a fs. 87/90vta.-, que el hecho de retirarse luego de la entidad del suceso vivenciado a una casa ubicada en el mismo terreno y ubicarse debajo de un árbol amerita ser tenido como una evidente voluntad contraria de no someterse al accionar de la justicia.
Luego, el ofrecimiento de un domicilio para el cumplimiento de la medida de morigeración que se peticionara subsidiariamente, en la localidad de Merlo, permite aminorar el peligro procesal de entorpecimiento sindicado por el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, y complementando el panorama expuesto que me encamina hacia el otorgamiento de la libertad provisoria de la justiciable, por conducto de la vía extraordinaria bajo examen, debo mencionar la impresión personal que … causara al Suscripto en la audiencia de conocimiento que la justiciable mantuviera con este Tribunal (conforme da cuenta el acta de fs. 93), en la que ha quedado evidenciada su rudimentaria personalidad.
Por las razones hasta aquí explicitadas, he de proponer al Acuerdo se revoque el auto luciente a fs. 28/29 vta., y tal como lo adelantara al inicio, se otorgue a la encausada D. J. el instituto liberatorio estipulado en el art. 170 del CPPBA, bajo caución juratoria, y sujetando la aplicación del mismo al cumplimiento durante su goce de las obligaciones previstas en los arts. 179 y 181 del Ritual, como así al cumplimiento de aquellas especiales -a fin de hacer palpable su sujeción al presente proceso- que habrá de imponer el Juzgado interviniente, una vez firme este decisorio.
Así lo voto.
Que el Sr. Juez Dr. Javier Agustín Mariani dijo:
Adhiero a los fundamentos esgrimidos en su voto por el colega preopinante, expidiendo el propio en el mismo sentido.
Que la Sra. Juez Patricia Cecilia Toscano dijo:
Adhiero a los fundamentos esgrimidos en el voto del Dr. Carlos Julio Hermelo y expido el propio en igual sentido.
Así lo voto.
Por ello, este Tribunal RESUELVE:
REVOCAR el auto obrante a fs. 28/29 vta. y CONCEDER LA EXCARCELACION EXTRAORDINARIA a E.A.D. J., bajo caución juratoria (conforme artículo 170 del CPPBA), la que deberá efectivizarse -una vez firme el presente decisorio- desde el Juzgado de Garantías interviniente, excarcelación que ha de sujetarse al cumplimiento por parte de la justiciable de las obligaciones que estipulan los arts. 179 y 181 del CPPBA y al cumplimiento de aquellas especiales -a fin de hacer palpable su sujeción al presente proceso- que habrá de imponer el a quo (arts. 144, 146, 148, 170, 174, 439, 441, 442 y ccs. del CPPBA).
Regístrese y remítanse estos actuados a la Fiscalía General Dptal. para su notificación.
Sirva la presente de atenta nota.
Carlos Julio Hermelo – Patricia Cecilia Toscano  – Javier Agustín Mariani
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En un trámite de flagrancia, condenan a 4 años de prisión a dos hombres por transportar estupefacientes

Los imputados tenían, adosadas al cuerpo, cápsulas con más de dos kilos de cocaína. También habían ingerido algunos envoltorios. 
Con la intervención del titular de la Fiscalía Federal N°2 de Salta, Eduardo Villalba, el pasado 3 de mayo se realizó la audiencia de clausura, en el marco de un procedimiento de flagrancia, la que concluyó con una condena de cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo, para dos ciudadanos bolivianos, en orden al delito de transporte de estupefacientes.
El 19 de abril pasado, personal de la Gendarmería Nacional efectuaba un procedimiento especial antidroga, cuando detuvo un colectivo procedente de la localidad jujeña de La Quiaca. Al realizar el control documentológico de los pasajeros, los gendarmes advirtieron que dos hombres se ponían nerviosos, por lo que decidieron requisarlos. Así, se les encontró, adosadas a sus cuerpos, cápsulas de cocaína.
Los hombres fueron trasladados al Hospital zonal, donde se les practicaron placas radiográficas que evidenciaron que los imputados, además, habían ingerido algunas de las cápsulas. En virtud de ello, quedaron internados hasta que evacuaron las mismas.
El caso tramitó bajo el procedimiento de flagrancia, previsto en la Ley 27.272, y la audiencia inicial se realizó el pasado 20 de abril. En la misma se indagó a los imputados y se recibió el testimonio del personal que intervino en el procedimiento. Asimismo, el fiscal Villalba requirió la prisión preventiva de los hombres y la realización de distintas medidas probatorias, tales como el peritaje químico de la sustancia secuestrada, exámenes mentales sobre los imputados y la recepción de las declaraciones de los testigos del procedimiento, entre otras cuestiones, las cuales fueron producidas en el lapso de dos semanas.
Finalmente, el 3 de mayo pasado, se realizó la audiencia de clausura en la que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la investigación. Sin embargo, la defensa de los encausados propuso la realización de un juicio abreviado, lo que fue admitido por la fiscalía. Así, se acordó que los dos hombres recibieran una condena de cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo, en orden al delito de transporte de estupefacientes, lo cual fue homologado por el responsable del Juzgado Federal N°2 de Salta, Miguel Antonio Medina.
Cabe destacar en este caso -como así en otros en los que intervino la fiscalía- el lapso de tramitación del proceso, lo que es posible en mérito a la circunstancia de que toda la producción de la prueba fue requerida por la fiscalía al Juzgado –para no afectar la garantía de imparcialidad del magistrado- y por el hecho de que el juez de instrucción tenga competencia para decidir, en casos de flagrancia, sobre la admisibilidad del acuerdo de juicio abreviado y, en su caso, dictar sentencia, por cuanto en este tipo de procesos el juez no tiene a cargo la investigación sino que cumple función de garantía.

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Procesaron con prisión preventiva a un hombre por el secuestro extorsivo de su pareja

En base al requerimiento del titular de la Fiscalía Federal de Hurlingham, Santiago Marquevich, el responsable del Juzgado Federal N°2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, procesó con prisión preventiva a César Luis Sosa, como autor del secuestro extorsivo agravado de una pareja, ocurrido el pasado 25 de mayo en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
Aquél día, alrededor de las 18.30 hs. una pareja circulaba a bordo de su vehículo Audi A5 cuando, en la intersección de las calles Paysandú y Oribe, fue interceptada por un Chevrolet Agile, del que descendieron dos personas armadas, una de las cuales obligó a la mujer a subir al asiento trasero del rodado, mientras que el otro subió al Audi.
Tras circular 500 metros, los secuestradores frenaron la marcha y obligaron al hombre a subir también al asiento trasero del Agile, donde se encontraba su pareja embarazada. Allí les sustrajeron sus alianzas, un anillo, un dije y sus teléfonos móviles. Desde el celular del hombre, los captores se comunicaron con su hermano, a quien le exigieron el pago de $150.000, que debía entregar en la entrada principal del Plaza Oeste Shopping.
Una vez que el hermano del hombre cautivo llegó al lugar, los secuestradores le indicaron telefónicamente que circulara por la Avenida Vergara y que luego recorra unos metros por la Avenida Juan Manuel de Rosas, y detuviera su marcha en la entrada de una fábrica de galletas, ubicada en las calles Ventura Bustos y Farías Alem.
Una vez en el lugar, pasadas las 20 hs., se acercó el Chevrolet Agile –con los secuestradores y las víctimas en su interior- y el hermano del hombre cautivo pagó el rescate al delincuente que ocupaba el asiento delantero del acompañante. Finalmente, la pareja fue liberada, minutos después, en la localidad bonaerense de Castelar.
El imputado fue reconocido por la pareja, en sendas ruedas de reconocimiento.
Días después, en ocasión de ver las imágenes de otro secuestro extorsivo ocurrido cuatro días antes en Castelar, el hermano de las víctimas reconoció a la persona a la que le entregó el dinero. Asimismo, su hermano y su cuñada, también los reconocieron. De este modo, la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón, que intervino en ambos sucesos, estableció que ambos secuestros habían sido perpetrados por la misma banda, integrada por Sosa y otras tres personas, que están prófugas.
A raíz de una serie de tareas investigativas y allanamientos requeridos por la fiscalía, se pudo apresar el pasado 5 de junio a César Luis Sosa. El imputado fue reconocido por la pareja, en sendas ruedas de reconocimiento, como la persona que los obligó a bajar del Audi y golpeó al hombre una vez dentro del Chevrolet Agile.
En base a las pruebas colectadas durante la pesquisa, el pasado 9 de junio el fiscal Santiago Marquevich requirió el procesamiento con prisión preventiva de Sosa. En virtud de ello, el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía y procesó a Sosa con prisión preventiva en orden a los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por haberse perpetrado contra una mujer embarazada, por la participación de tres o más personas en su ejecución y por el uso de armas de fuego, en concurso real con el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada.