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Abogados en Mar del Plata – Derecho Comercial

Abogados en Mar del Plata –  Derecho Comercial



Un fallo de la Cámara Comercial recuerda que, pese a que el nuevo Código Civil derogó al viejo Código de Comercio, todavía quedan en pie las normas complementarias, como el Decreto Ley sobre letras de cambio y pagaré.
El Código Civil y Comercial no “arrasó” con toda la legislación en materia comercial.Las normas que no fueron específicamente derogadas aún se encuentran en vigencia: el Decreto Ley 5965/63 que regula las letras de cambio y pagarés es ejemplo de ello.
De conformidad con este criterio, la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial ratificó en autos “Suárez, Señaris c/ Nuñez, Myriam Graciela s/Ejecutivo” el rechazo de una excepción de prescripción formulada por la ejecutada, que pretendía que se aplique el plazo de un año previsto en el nuevo Código y no el de tres del Decreto.
“ Aun cuando la Ley 26.994 derogó el Código de Comercio, ello no importó la derogación de las normas complementarias a él, salvo las expresamente mencionadas por esa misma ley, tal como surge de una interpretación conjunta de sus arts. 3, 4 y 5, de donde se sigue que la vigencia del Dec.-Ley 5965/63 subsiste como ley complementaria o especial”, explica el fallo, suscrito por los camaristas Eduardo Machín y Julia Villanueva.
El artículo 2564 del Código Civil y Comercial estipula que el plazo de prescripción de un año opera para “los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación”, mientras que el artículo 96 del Deceto establece que toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante “se prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento”.
Para los jueces ésta última disposición es la que rige en el caso, “lo que se corrobora, además, por lo establecido por el art. 1834, inc. a, del CCyC, en cuanto prevé que las normas de dicho código concernientes a los títulos valores cartulares se aplican en subsidio ‘de las especiales que rigen para títulos valores determinados’”.
En su fallo, los camaristas dicen no ignorar lo dispuesto por el Código, pero reconocen que “éste sólo ha derogado la regla general que, en lo relativo a documentos endosables o al portador, imponía el art. 848, inc. 2, del derogado Código de Comercio”.
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Juicio Ejecutivo – Abogados en Mar del Plata

Corresponde confirmar la resolución que desestimó la defensa de prescripción, sobre la base de que no había transcurrido el plazo de tres años previsto por el art. 96 del Decreto Ley Nº 5965/63, e hizo lugar a la demanda -ejecución de pagaré-, rechazando la pretensión de la demandada de aplicar el plazo de prescripción de un año estatuido por el art. 2564, inc. d, del Cód. Civ. y Com., en tanto aún cuando la Ley Nº 26.994 derogó el Código de Comercio, ello no importó la derogación de las normas complementarias a él, salvo las expresamente mencionadas por esa misma ley, y además el art. 1834, inc. a, del Cód. Civ. y Com prevé que las normas de dicho código concernientes a los títulos valores cartulares se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos valores determinados.
El art. 2564 del Cód. Civ. y Com. estipula que el plazo de prescripción de un año opera para los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación, mientras que el art. 96 del Decreto Ley Nº 5965/63 establece que toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante se prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala C
Buenos Aires, 13 de Julio de 2017.-
Y VISTOS:
I. Fue apelada por la demandada la resolución de fs. 31/2. El memorial obra a fs. 35/7 y fue contestado a fs. 39.
II. Mediante la decisión recurrida, la jueza de primera instancia desestimó la defensa de prescripción, sobre la base de que no había transcurrido el plazo de tres años previsto por el art. 96 del Dec.-Ley Nº 5965/63, e hizo lugar a la demanda.
Para arribar a esa conclusión, desestimó la pretensión de la demandada de aplicar el plazo de prescripción de un año estatuido por el art. 2564, inc. d, del Cód. Civ. y Comercial (Ley Nº 26994).
Aun cuando la Ley Nº 26994 derogó el Código de Comercio, ello no importó la derogación de las normas complementarias a él, salvo las expresamente mencionadas por esa misma ley, tal como surge de una interpretación conjunta de sus arts. 3, 4 y 5, de donde se sigue que la vigencia del Dec.-Ley Nº 5965/63 subsiste como ley complementaria o especial.
Ésta es la que rige aquí, lo que se corrobora, además, por lo establecido por el art. 1834, inc. a, del CCyC, en cuanto prevé que las normas de dicho código concernientes a los títulos valores cartulares se aplican en subsidio “de las especiales que rigen para títulos valores determinados”.
No se ignora lo dispuesto por el art. 2564, inc. d, del CCyC.
Pero éste sólo ha derogado la regla general que, en lo relativo a documentos endosables o al portador, imponía el art. 848, inc. 2, del derogado Código de Comercio (v. Bueres, Alberto J., Cód. Civ. y Comercial de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2015, t. 2, pág. 634; Alterini, Jorge H., Cód. Civ. y Comercial Comentado, La Ley, Bs. As., 2015, t. XI, pág. 872).
Por eso, y dado que, en virtud de su vigencia como norma especial, hay que estar a lo dispuesto por el Dec.-Ley Nº 5965/63, la acción del caso queda regida por el art. 96 de este último.
En tanto el vencimiento del pagaré ejecutado tuvo lugar el 10.6.14 –extremo no controvertido por la apelante-, y la acción fue promovida el 27.10.16, forzoso es concluir que la prescripción de aquélla no había acaecido a la fecha de la demanda.
La apelación, en suma, no puede prosperar.
III. Por ello, se RESUELVE: rechazar el recurso, con costas (art. 558 del Cód. Procesal).
Notifíquese por Secretaría.
Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia con la documentación venida en vista.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).
Julia Villanueva – Eduardo R. Machin 
Corte Suprema de Justicia de la Nación / Boston Medical Group S.A. c/Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y Otros s/Daños y Perjuicios (29/08/2017)
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La Cámara determinó que es de cinco años el plazo de prescripción de una acción judicial por actos contrarios a las relaciones de consumo – ABOGADOS EN MAR DEL PLATA

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La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, coincidiendo con la fiscal general, entendió que el plazo de prescripción de una acción judicial donde se atribuyen actos contrarios al ordenamiento jurídico sobre las relaciones de consumo, como son la violación al deber de información y el cobro indebido de sumas de dinero, de acuerdo a los previsto por el art. 2560 del Código Civil y Comercial, es de 5 años.
El juez de primera instancia había homologado un acuerdo colectivo mediante el cual las partes habían pactado el plazo de prescripción para que opere la restitución de las sumas indebidamente percibidas por la demandada Fravega SACIEI, en su carácter de emisora de tarjeta de crédito no bancaria, en el plazo de 3 años.
Dicho pronunciamiento fue apelado por la fiscal de primera instancia Raquel Mercante, y fundado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin.
Al momento de mantener el recurso de apelación, Boquin sostuvo que el nuevo Código Civil y Comercial exige al juzgador una labor interpretativa que permita arribar a soluciones jurídicas que, entre otras cuestiones, materialicen la protección de los consumidores y usuarios, elevando los estándares de tutela de acuerdo al contexto económico y social imperante en nuestros tiempos.
Destacó que a fin de determinar el plazo de prescripción de la acción y, en consecuencia, la extensión del término de devolución de lo ilegítimamente percibido, se advierte la posible aplicación de al menos tres normas: la que determina el plazo de 3 años de la ley de tarjeta de crédito, los 3 años que disponía la ley de defensa del consumidor antes de su última reforma y el plazo genérico de 5 años que establece el Código Civil y Comercial de la Nación.
Así las cosas, resaltó que siendo que en la actualidad la ley de defensa del consumidor no cuenta con un plazo de prescripción propio para las acciones judiciales, y teniendo en cuenta el principio protectorio del consumidor previsto en la Constitución Nacional, en el art. 3 del estatuto del consumidor y en el Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde aplicar el plazo de cinco años consagrado en este último ordenamiento.
Al momento de decidir, los integrantes de la Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial coincidieron con el plazo expuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, y agregaron que “si bien el reclamo se vincula estrechamente con el sistema de tarjetas de crédito referidos en el art. 1 de la ley 25.065, ello en modo alguno justifica la aplicación al caso del plazo prescriptivo previsto en el art. 47 de esa norma”, es que lo que se le atribuya a la demandada “es, en definitiva, la realización de actos contrarios al ordenamiento jurídico sobre relación de consumo (deber de informar y cobro indebido de sumas de dinero) mas no la violación de normas contenidas en la ley 25.065″.
En consecuencia, siendo que la naturaleza de la obligación principal emergente del acuerdo transaccional cuestionado se refiere a la percepción de un pago indebido de sumas de dinero por parte de los consumidores, circunstancia que en la actualidad se encuentra regulado como un “enriquecimiento sin causa”, resulta de aplicación el plazo genérico de cinco años previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial, por lo que revocaron la homologación del acuerdo señalado.