Abogado

Rechazo de reapertura de cuenta corriente de un cliente con el que la entidad financiera rescindió su contrato

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó el rechazo de una prohibición de innovar solicitada para que se ordene a un banco reabrir la cuenta corriente en pesos y la caja de ahorros en dólares propiedad de un clienta, al que le habían rescindido el contrato.
De esa forma, los camaristas Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto fallaron en favor del demandado en autos “Santoro, Luciano Alberto c/ HSCB Bank Argentina SA S/ Medida Precautoria”, por entender que la Justicia no podía suplantar la voluntad de una de las partes de un contrato, más allá de que la medida se tornó abstracta ya que la empresa había dado de baja las cuentas.
Los jueces destacaron la “voluntad de dar por finiquitado el nexo contractual” de la entidad bancaria, lo que se terminó materializando. Por ende, quedaba “sensiblemente desdibujada” la procedencia de una medida que “tiene por finalidad impedir una modificación de una situación que, en la especie, ya ocurrió”.
Según la Alzada, la controversia en autos pasaba por establecer “el efectivo y legítimo ejercicio de la cláusula contractual que habilitaba al cierre de la cuenta”, por lo que se requería atravesar un proceso con mayor amplitud probatoria.
No obstante, la Sala reivindicó en su fallo la jurisprudencia que rechaza una prohibición de innovar “tendiente a mantener la vigencia de un contrato contra la voluntad de su contraria (desconociendo su capacidad de declararlo rescindido), a quien se le impone –por vía cautelar– su cumplimiento compulsivo, admitiendo una suerte de ejecución de condena anticipada y erigiendo a la precautoria en un fin en sí misma”.
Anuncios
Abogado

Abogados en Mar del Plata – Estudio Panizo – Amparo de Salud: Paciente con VIH

La Cámara Civil confirmó un pronunciamiento de grado que hizo lugar al pedido de un paciente con VHI, para que el servicio de medicina prepaga continúe brindándole las prestaciones inherentes a su plan. En el caso, la empresa dio de baja la afiliación por atraso en el pago de una de las cuotas.
En los autos “M., D. H. c/ M. S.A. de A. M. y C. s/ Amparo”, los jueces de la Cámara Civil confirmaron el pronunciamiento de grado que hizo lugar a una medida precautoria innovativa interpuesta por un paciente con HIV, con el objetivo de que la empresa de medicina prepaga continúe brindándole las prestaciones inherentes a su plan.
Según consta en la causa, el accionante se encontraba vinculado –en carácter de asociado titular- por un contrato de medicina prepaga con la empresa demandada desde hace veinte años, pero por “razones particulares se atrasó en el pago de la cuota social, dejando impagas las correspondientes a tres meses”.
El actor relató que “cuando intentó regularizar los pagos la sociedad emplazada le informó que su afiliación había sido dado de baja sugiriéndole que llenara una solicitud de reincorporación”.
En este marco, el demandante promovió acción de amparo con el objeto de que se le restituya su condición de asociado y le sea aceptado el pago de lo adeudado, por considerar que “la demandada no obró conforme lo prescribe el artículo 9 de la Ley 26.682 y su decreto reglamentario”.
Asimismo, como medida cautelar, solicitó se ordene a la prepaga que “continúe brindándole las prestaciones inherentes a su plan, habida cuenta la urgencia con que debe realizarse estudios semestrales por padecer de SIDA”.
En contraposición, la recurrente no cuestionó la enfermedad que aqueja al actor, pero advirtió que el accionante “no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la cobertura por haber incumplido la prestación contractual a su cargo”.
Luego de analizar los agravios contra la decisión de grado, el Tribunal de Alzada explicó que “no está en discusión que las partes estaban ligadas por una relación contractual de prestación de servicios asistenciales -medicina prepaga- y tampoco resulta materia controvertida la enfermedad padecida por el actor”.
“La interpretación concluyente de las cláusulas contractuales y del obrar legítimo o ilegítimo de los litigantes -que será motivo de acreditación- no debe apreciarse en este estado”, sostuvo el fallo y agregó: “Basta con que exista suficiente apariencia del derecho para evitar la ocurrencia o agravamiento de los daños en la salud”.
Para los vocales, “aún en el marco limitado de la medida precautoria no debe soslayarse que la reforma constitucional del año 1994 ha consagrado –en coincidencia con diversos tratados internacionales sobre derechos humanos- el derecho a la prestación de los servicios de salud como una garantía específica”.
ACCIÓN DE AMPARO
AMPARO DE SALUD
MEDICINA PREPAGA
MEDIDA CAUTELAR