Abogado, alquileres, herederos

Condenan a herederos a pagar alquileres adeudados

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta confirmó una sentencia que condenó a los herederos de un hombre a pagar más de 85 mil pesos por alquileres adeudados de un inmueble.

En los autos “L. D. Y., C. vs. Sucesores de M., S. T. – Preparación Vía Ejecutiva – hoy Ejecutivo”, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, integrada por los jueces Marcelo Domínguez y José Gerardo Ruiz, rechazó un recurso de apelación y confirmó una sentencia de grado en cuanto a la procedencia de la pretensión ejecutiva modificando el monto de la condena.

El juicio se desarrolló entre los sucesores del dueño de un inmueble y los sucesores de quien lo alquilaba por la deuda de las mensualidades que van de octubre de 1996 a junio de 1999.

En este escenario, los jueces mencionaron que el artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial establece que “el tribunal de segundo grado no puede entender respecto a aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior. En tal sentido se decidió que si el recurrente introduce otras materias en el escrito de agravios, que fueron soslayadas en la instancia en grado, la alzada no puede revisarlas”.

En este sentido, el tribunal consideró que “ninguna objeción cabe formular a su respecto, no pudiendo exponer que desconocieron la calidad de inquilinos y, por ende, la deuda generada”.

Los magistrados ordenaron la ejecución por la suma de $85.115, que es “equivalente al valor del canon locativo pactado, con más los intereses convenidos, dejando de lado la multa equivalente al 5% del alquiler por cada día de mora”, por “tratarse de una cláusula exorbitante y porque al menos, hasta el momento en que se promueven las acciones judiciales, no consta que la ejecutante hubiera reclamado extrajudicialmente la devolución del local comercial alquilado”.

https://www.diariojudicial.com/nota/79468/civil-y-comercial/los-herederos-deben-responder.html

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Abogados en Mar del Plata – Bienes prendados – Verificación de crédito concursal

Abogados en Mar del Plata – Bienes prendados – Verificación de crédito concursal


Un fallo de la Cámara Comercial declarar innecesaria la reinscripción de bienes prendados cuando el acreedor verificó su crédito concursal. Para el Tribunal, la sentencia de verificación a diferencia de la del juicio ejecutivo, “produce efectos de cosa juzgada material” y es oponible a terceros que intervengan en el proceso falencial.
La Cámara Comercial declaró en autos “Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. c/ Ingeniero Guillermo Lilia S.A. S/ Ejecutivo” que es innecesaria la reinscripción del contrato prendario, a fin de mantener la vigencia de la garantía real, cuando el acreedor haya verificado su crédito en el concurso preventivo de la fallida.
La Sala C del Tribunal de Apelaciones, conformada por los camaristas Eduardo Machin y Julia Villanueva revocó la resolución de grado que rechazó el pedido de la actora para que se intime a la demandada “a poner a su disposición los bienes prendados”.
El magistrado consideró que la prenda se encontraba caduca, y que esa medida no podía fundarse tampoco en el embargo de esos bienes, “ya que la requerida se encontraba concursada preventivamente”. Por el contrario, la Alzada consideró que al haberse verificado el crédito de la actora en el proceso concursal de la demandada, tal medida se tornaba innecesaria.
Los jueces adhirieron a la jurisprudencia en la materia, que señala que cuando haya mediado verificación del crédito y del privilegio especial a favor del acreedor, éste “cuenta con un título inimpugnable una vez firme la decisión, de modo que la omisión de reinscripción prevista por el art. 23 de la ley 12.962 no obsta a la subsistencia del derecho real, siendo la prenda ejecutable en esas condiciones”. Ese criterio debía aplicarse a este caso, ya que el privilegio fue insinuado e incroporado al pasivo concursal antes de la caducidad registral.
El fallo diferencia la sentencia obtenida en el incidente de verificación concursal con la del juicio ejecutivo. La primera – detallaron los magistrados – “produce efectos de cosa juzgada material, en el sentido de que – en principio- lo así decidido no podrá revisarse en juicio posterior”, a diferencia de la segunda, en la que sí era necesario inscribir el bien.
No sólo esa, la sentencia en el concurso “no sólo produce efectos entre acreedor y deudor, sino que ella también resulta oponible frente a los demás legitimados para intervenir en ese trámite universal, lo hayan hecho o no”.  
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Juicio Ejecutivo – Abogados en Mar del Plata

Corresponde confirmar la resolución que desestimó la defensa de prescripción, sobre la base de que no había transcurrido el plazo de tres años previsto por el art. 96 del Decreto Ley Nº 5965/63, e hizo lugar a la demanda -ejecución de pagaré-, rechazando la pretensión de la demandada de aplicar el plazo de prescripción de un año estatuido por el art. 2564, inc. d, del Cód. Civ. y Com., en tanto aún cuando la Ley Nº 26.994 derogó el Código de Comercio, ello no importó la derogación de las normas complementarias a él, salvo las expresamente mencionadas por esa misma ley, y además el art. 1834, inc. a, del Cód. Civ. y Com prevé que las normas de dicho código concernientes a los títulos valores cartulares se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos valores determinados.
El art. 2564 del Cód. Civ. y Com. estipula que el plazo de prescripción de un año opera para los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación, mientras que el art. 96 del Decreto Ley Nº 5965/63 establece que toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante se prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala C
Buenos Aires, 13 de Julio de 2017.-
Y VISTOS:
I. Fue apelada por la demandada la resolución de fs. 31/2. El memorial obra a fs. 35/7 y fue contestado a fs. 39.
II. Mediante la decisión recurrida, la jueza de primera instancia desestimó la defensa de prescripción, sobre la base de que no había transcurrido el plazo de tres años previsto por el art. 96 del Dec.-Ley Nº 5965/63, e hizo lugar a la demanda.
Para arribar a esa conclusión, desestimó la pretensión de la demandada de aplicar el plazo de prescripción de un año estatuido por el art. 2564, inc. d, del Cód. Civ. y Comercial (Ley Nº 26994).
Aun cuando la Ley Nº 26994 derogó el Código de Comercio, ello no importó la derogación de las normas complementarias a él, salvo las expresamente mencionadas por esa misma ley, tal como surge de una interpretación conjunta de sus arts. 3, 4 y 5, de donde se sigue que la vigencia del Dec.-Ley Nº 5965/63 subsiste como ley complementaria o especial.
Ésta es la que rige aquí, lo que se corrobora, además, por lo establecido por el art. 1834, inc. a, del CCyC, en cuanto prevé que las normas de dicho código concernientes a los títulos valores cartulares se aplican en subsidio “de las especiales que rigen para títulos valores determinados”.
No se ignora lo dispuesto por el art. 2564, inc. d, del CCyC.
Pero éste sólo ha derogado la regla general que, en lo relativo a documentos endosables o al portador, imponía el art. 848, inc. 2, del derogado Código de Comercio (v. Bueres, Alberto J., Cód. Civ. y Comercial de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2015, t. 2, pág. 634; Alterini, Jorge H., Cód. Civ. y Comercial Comentado, La Ley, Bs. As., 2015, t. XI, pág. 872).
Por eso, y dado que, en virtud de su vigencia como norma especial, hay que estar a lo dispuesto por el Dec.-Ley Nº 5965/63, la acción del caso queda regida por el art. 96 de este último.
En tanto el vencimiento del pagaré ejecutado tuvo lugar el 10.6.14 –extremo no controvertido por la apelante-, y la acción fue promovida el 27.10.16, forzoso es concluir que la prescripción de aquélla no había acaecido a la fecha de la demanda.
La apelación, en suma, no puede prosperar.
III. Por ello, se RESUELVE: rechazar el recurso, con costas (art. 558 del Cód. Procesal).
Notifíquese por Secretaría.
Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia con la documentación venida en vista.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).
Julia Villanueva – Eduardo R. Machin 
Corte Suprema de Justicia de la Nación / Boston Medical Group S.A. c/Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y Otros s/Daños y Perjuicios (29/08/2017)
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Abogados en Mar del Plata – Estudio Panizo – Pagaré: lugar y fecha de emisión

Un fallo judicial declara la inhabilidad de un pagaré porque carece de lugar y fecha de emisión. Los jueces de la Cámara Comercial explicaron que la falta de precisión de la fecha “hace perder al documento el efecto cambiario, cualquiera sea la forma en que se expresó su vencimiento”. Qué dice la norma específica.
Por carecer de fecha de emisión un pagaré fue declarado como título inhábil y no pudo ejecutarse. Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, al confirmar lo resuelto en Primera Instancia en autos “L. U., A. I. c/ M., F. s/ E.”.
El fallo fue dictado por la Sala F del Tribunal de Alzada, con votos de los camaristas Alejandra Tévez y Rafael Barreiro. Ambos precisaron que el Decreto Ley 5965/63, que regula los pagaré y letras de cambio, establece como uno de los requisitos esenciales la indicación “del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré han sido firmados” y también establece que ante la falta de alguno de los requisitos el documento “no es válido como pagaré”.
En el documento no se indicó la designación del lugar y de la fecha de creación. La Cámara reconoció que si bien la primera de las omisiones “no obstaría en principio a la ejecución -previa preparación de la vía ejecutiva- “, la falta de la fecha “perjudica la validez del documento como papel de comercio, por la falta de un requisito esencial”.
“Esto es así, porque la fecha (día, mes y año) de creación, es requisito dispositivo que no puede ser sustituido ni integrado por otros elementos; y la falta de fecha de otorgamiento hace perder al documento el efecto cambiario, cualquiera sea la forma en que se expresó su vencimiento”, aseguraron los camaristas.
Los magistrados invocaron al principio de “completitividad” aplicable al pagaré. De acuerdo al mismo- aclara el fallo- el título “debe bastarse a sí mismo, ser autosuficiente y contener todas las relaciones y todos los derechos emergentes de él”.
De acuerdo con esos principios, el pagaré que carece de fecha de emisión es inválido, “ya que falta un requisito esencial según lo prescribe la norma ya citada”. De allí a importancia de la fecha de emisión del pagaré, que “se manifiesta respecto de la capacidad del librador, el cómputo de los plazos para la presentación (art. 36), la prescripción (arts. 96 y 97), etc.”.
Finalmente, ca Cámara de Apelaciones admitió que, si bien es cierto que el artículo 523 inc. 2º del Código Procesal reconoce la posibilidad de que un instrumento privado configure un título ejecutivo, “es exigible para que ello ocurra, que el mismo reúna el sustento jurídico necesario en el que descansará el proceso denominado por nuestro código como ‘ejecutivo’”.
EJECUCIÓN DE PAGARÉ
JUICIO EJECUTIVO