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Abogados en Mar del Plata – Bienes prendados – Verificación de crédito concursal

Abogados en Mar del Plata – Bienes prendados – Verificación de crédito concursal


Un fallo de la Cámara Comercial declarar innecesaria la reinscripción de bienes prendados cuando el acreedor verificó su crédito concursal. Para el Tribunal, la sentencia de verificación a diferencia de la del juicio ejecutivo, “produce efectos de cosa juzgada material” y es oponible a terceros que intervengan en el proceso falencial.
La Cámara Comercial declaró en autos “Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. c/ Ingeniero Guillermo Lilia S.A. S/ Ejecutivo” que es innecesaria la reinscripción del contrato prendario, a fin de mantener la vigencia de la garantía real, cuando el acreedor haya verificado su crédito en el concurso preventivo de la fallida.
La Sala C del Tribunal de Apelaciones, conformada por los camaristas Eduardo Machin y Julia Villanueva revocó la resolución de grado que rechazó el pedido de la actora para que se intime a la demandada “a poner a su disposición los bienes prendados”.
El magistrado consideró que la prenda se encontraba caduca, y que esa medida no podía fundarse tampoco en el embargo de esos bienes, “ya que la requerida se encontraba concursada preventivamente”. Por el contrario, la Alzada consideró que al haberse verificado el crédito de la actora en el proceso concursal de la demandada, tal medida se tornaba innecesaria.
Los jueces adhirieron a la jurisprudencia en la materia, que señala que cuando haya mediado verificación del crédito y del privilegio especial a favor del acreedor, éste “cuenta con un título inimpugnable una vez firme la decisión, de modo que la omisión de reinscripción prevista por el art. 23 de la ley 12.962 no obsta a la subsistencia del derecho real, siendo la prenda ejecutable en esas condiciones”. Ese criterio debía aplicarse a este caso, ya que el privilegio fue insinuado e incroporado al pasivo concursal antes de la caducidad registral.
El fallo diferencia la sentencia obtenida en el incidente de verificación concursal con la del juicio ejecutivo. La primera – detallaron los magistrados – “produce efectos de cosa juzgada material, en el sentido de que – en principio- lo así decidido no podrá revisarse en juicio posterior”, a diferencia de la segunda, en la que sí era necesario inscribir el bien.
No sólo esa, la sentencia en el concurso “no sólo produce efectos entre acreedor y deudor, sino que ella también resulta oponible frente a los demás legitimados para intervenir en ese trámite universal, lo hayan hecho o no”.  
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Quiebras – venta de automotor anterior a la presentación de la quiebra

La Sala C de la Cámara Comercial, compuesta por los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machín, rechazó tener por válida la operación de venta de un auto, registrado a nombre de una empresa en proceso de quiebra, pero cuya transferencia no se registró antes del inicio del proceso falencial.
De esa manera, la Alzada aplicó en los autos “Dylsur S.R.L. s/ Quiebra s/ Incidente de Venta Automotor”, la letra del artículo 146 de la Ley de Concursos y Quiebras, y concluyó que se trató de una “promesa de venta” inoponible a los acreedores de la fallida.
La norma establece lo siguiente: “Las promesas de contrato o los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley no son exigibles al concurso, salvo cuando el contrato puede continuarse por éste y media autorización judicial, ante el expreso pedido del síndico y del tercero, manifestado dentro de los 30 días de la publicación de la quiebra en la jurisdicción del juzgado(…)”.
Según surge del expediente, la incidentista acompañó un boleto de compraventa para sustentar que la transacción se realizó antes de la entrada en concurso, pero para el Tribunal de Apelaciones lo que inclina la balanza es “el carácter constitutivo que tiene la inscripción de las transferencias de automotores en el Registro”.
El fallo de la Sala C reputa como válida la doctrina “según la cual la transferencia de bienes registrables no es oponible a los acreedores del concurso si la inscripción respectiva no ha sido practicada antes de la presentación concursal”.
“Es verdad que el rigor de esas reglas ha sido atemperado en supuestos en los cuales el peticionante demuestra la verdad de la operatoria y su buena fe”, reconocieron los camaristas, pero –aclararon a continuación- “nada acerca de esto puede entenderse acreditado en este expediente en el que la apelante no ha acreditado, siquiera, ser titular de los derechos que invoca”.
De las constancias de autos surge que existe un boleto de compraventa, en la misma fecha que el invocado por la incidentista, pero en el que la misma no figura como adquierente, sino que aparece el nombre de una persona que es la que habría vendido el rodado a la apelante.
La resolución indica que, con esos antecedentes, “no puede tomarse el referido formulario 08 como indicio de la compra aducida”. “Es decir: ni el boleto, ni el formulario 08, confirman ninguna de las versiones de hechos brindadas por la apelante”, explicó la Cámara, que entendió que, si bien el boleto tiene fecha cierta, el mismo “no es un instrumento público, ni las firmas se encuentran certificadas, y su falta de correlato con los antecedentes que en el plano fáctico, la recurrente alega, hace que no pueda ser opuesto a esta quiebra (arg. art. 319 CCyC)”.