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Medidas Autosatisfactivas – Abogados en Mar del Plata

1.- Acción preventiva. En oportunidades se confunde el anticipo de tutela, la medida “autosatisfactiva”, el proceso urgente e, incluso, la acción preventiva prevista en los artículos 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta última se ejerce mediante un proceso de conocimiento pleno que culmina con una sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada; tiene por objeto evitar un daño, su continuación o agravamiento; el peligro reside en la posibilidad de producir o agravar un daño en el sentido previsto en el artículo 1737 del citado Código;  las medidas cautelares son siempre provisorias y el peligro que justifica su dictado es la demora; el artículo 1713 del CCyCN  dispone que la sentencia que se dicta en la acción preventiva debe disponer en forma definitiva o provisoria obligaciones de hacer o no hacer, pero en este caso la provisionalidad no es de carácter procesal, como sucede con las cautelares,  sino  que el juez, apreciando cual es el daño que se tiende a evitar,  puede establecer un límite temporal al mandato hasta que desaparezcan las causas que pueden originarlo o agravarlo.

2.- La tutela anticipada es una medida cautelar innovativa solicitada en un proceso principal; tal como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia en el conocido caso “Camacho Acosta, M c/Grafi Graf SRL y otros”(7-8-97, Revista de Derecho Procesal, edit. Rubinzal-Culzoni, nº 1, p.385)  donde se ordenó anticipar parte del reclamo del actor antes de dictada la sentencia definitiva.

Corresponde señalar  que el objeto de la pretensión  cautelar en general  y de la innovativa en particular,   puede coincidir total o parcialmente con el objeto principal del proceso y  no es de la esencia de la medidas preventivas que ellas deben dictarse inaudita parte pues cuando el conocimiento previo de la contraria no frustra la eficacia de la cautela  el juez puede oírla otorgando un traslado por un plazo razonable o citándola a una audiencia, valorando las circunstancias del caso y la urgencia. La medida  de innovar puede ordenar volver a una situación de hecho o de derecho anterior incluso de la demanda, o crear una nueva situación que no existía con anterioridad.

Aun cuando la tutela otorgada en forma anticipada sea irreversible,  ella debe concederse si la demora puede ocasionan  una   lesión graves a derechos fundamentales de las personas y hay una fuerte verosimilitud del derecho. Ello no impide que la respectiva resolución sea revisada  mediante el ejercicio de los recursos respectivos o al dictarse sentencia definitiva en el expediente principal.

3.-La  llamada “medida autosatisfactiva”, denominación en mi concepto incorrecta tanto conceptual como gramaticalmente,  fue  rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos (322:4520; 327: 4495; 330: 5251; 331: 2287, entre muchos otros) señalando que  no es posible otorgar una  medida con carácter definitivo sin respetar el principio de bilateralidad; incluso en el caso “Bustos” (Fallos 327-4495), con cita de una sentencia anterior del mismo Tribunal, dijo expresamente: las medidas  cautelares denominadas “autosatisfactivas” han sido descalificadas por la Corte.

                La “medida autosatisfactiva” ordenada sin audiencia de la contraria, como bien afirma Falcón, es una tutela cautelar anticipada que no se agota con su despacho favorable; el proceso debe continuar  hasta la sentencia que ponga  fin al conflicto de manera definitiva (Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Rubinzal-Culzoni, 2006, tº IV, p. 887). Lo mismo opina Rojas al decir que si la medida se agota con el simple despacho favorable de la jurisdicción, caen  con todo su peso aquellos principios que sostienen el debido proceso (Rojas, Jorge A. “Sistema cautelares atípicos”, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 219)

En el año 2005, junto con el Dr. Augusto Mario Morello proyectamos una norma referida a los procesos de trámite urgente,  que preveía en forma simple,  y conservando la estructura procesal, los casos en que es preciso una tutela inmediata (“Procesos urgentes”, J.A. 2005-1-p.3). Ella fue tomada por el Código Procesal de la Provincia de Santa Cruz (art. 299).                     Actualizada aquella norma con los aportes doctrinarios posteriores cabe prever un proceso urgente en los siguientes términos:

En caso de extrema urgencia, cuando se encuentren en peligro derechos fundamentales de las personas, como la vida o la salud, y el derecho fuese verosímil,   el juez podrá resolver la pretensión acortando los plazos previstos para el proceso sumarísimo y tomando las medidas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva, respetando el derecho de defensa de las partes

                Excepcionalmente se  podrá decidir sin sustanciación, en cuyo caso la medida tendrá carácter cautelar y será  provisional hasta tanto se corra traslado de la petición y el afectado pueda ejercer su derecho de defensa;  se aplicarán subsidiariamente las disposiciones que regulan las medidas cautelares en lo que fuesen pertinentes y compatibles con la petición.

Si la medida fue dispuesta inaudita parte, junto con la notificación de ella se correrá traslado por el plazo que fije el juez, sin que ello obste a la ejecución de aquella. Si no se contestara el traslado la medida quedará  firme.  

                Si el afectado contesta el traslado oponiéndose a la medida, el escrito deberá estar debidamente fundado y ofrecerse la totalidad de la prueba. La oposición tramitará por el procedimiento que el juez decida en resolución irrecurrible y se resolverá  desestimándola  o haciendo  lugar a ella y  revocando la decisión cautelar; si ésta fuese  irreversible, su revocación originará el pago de daños y perjuicios a favor del afectado. 

                De esa manera se otorga una tutela judicial en tiempo oportuno, sin vulnerar las garantías del debido proceso (art. 18, Const.Nac.).

 

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Abogado, derecho bancario, Derecho Civil, Derecho Comercial, derecho tributario

Aplicación de multa a una entidad bancaria que impidió que un cliente concretase una transferencia de dinero hacia el exterior como consecuencia de no haberlo informado correctamente

Partes: Banco Itaú Argentina S.A. c/ GCBA s/
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sala/Juzgado: III
Fecha: 14-feb-2017
Cita: MJ-JU-M-104380-AR | MJJ104380 | MJJ104380Sumario:
1.-La entidad bancaria violó el deber de información y debe ser multada, dado que un cliente no pudo ver perfeccionada una transferencia de dinero hacia el exterior en tiempo y forma, de la cual si bien existían límites y restricciones que podían impedir su concreción, estas no le fueron oportunamente explicados al denunciante.
2.-La disposición que le aplica una multa a una entidad bancaria por la violación del deber de información y por prestar sus servicios tal cual fueron contratados es válida, aunque carezca de fecha, dado que la empresa demandada recibió la cédula de notificación de dicho acto, de modo que su derecho de defensa no se vio concretamente afectado de modo alguno.
3.-El monto de la multa aplicada a una entidad bancaria que violó el deber de información no fue determinado de modo arbitrario, puesto que el organismo de control expresó de modo suficientemente concreto los motivos por los cuales correspondía la aplicación de dicha sanción al tener en cuenta la cuantía de los beneficios que había obtenido indebidamente la empresa, su proyección económica, el peligro de que la infracción se cometiera de modo generalizado, la posición que la empresa recurrente ocupa en el mercado y el perjuicio resultante para el denunciante.
Fallo:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de febrero de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso interpuesto a fs. 58/64 por Banco Itaú Argentina S.A., contra la disposición 1289-DGDyPC-2010, dictada por el Sr. Director General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Hugo R. Zuleta, Dr. Esteban Centanaro y Dra. Gabriela Seijas.
Los magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión:
¿se ajusta a derecho la disposición apelada?
A la cuestión planteada, el Dr. Hugo R. Zuleta dijo:
I. De las constancias de la causa surge que, el 22/2/2002, el Sr. Mariano Hernán Moroni denunció ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, la DGDyPC) a Banco Itaú Buen Ayre S.A. (en adelante, “Banco Itaú” o la “empresa”, indistintamente). Relató que era cliente del Banco Itaú y que el 2 de noviembre de 2001 había decidido utilizar el servicio de transferencias al exterior, por lo que había solicitado que se le brindara toda la información necesaria (incluyendo la información relativa a los impuestos aplicables) para transferir el dinero de su caja de ahorro en dólares (la suma de USD 17.070) a la cuenta de su novia, en Brasil. Manifestó que, si bien desde la empresa le habían explicado que la transferencia se acreditaría en Brasil el día 5 de noviembre de 2001, al 8 de noviembre aún no se había acreditado el dinero en la cuenta de Brasil y, además, se le había cobrado un impuesto respecto del cual no se le había informado nada.Señaló que, al 21 de noviembre de 2001, todavía no se había acreditado la transferencia y le habían explicado desde el banco que, puesto que la transferencia era por un monto superior a USD 5.000, debía presentar una justificación documentada del motivo de la transferencia, por lo que se le ofreció la opción de realizar la transferencia del dinero en cuatro etapas, mediante la realización de cuatro transferencias por montos menores a USD 5.000. Explicó que había realizado las dos primeras transferencias los días 27 y 29 de noviembre de 2001 (cada una por USD 4.500) y que el resto del dinero nunca pudo ser transferido (a pesar de que, desde la empresa, le habían asegurado que sería transferido), por lo que terminó siendo alcanzado por el “corralito” financiero, desde el 3 de diciembre de 2001. Manifestó que, a raíz del retraso del banco y de la insuficiente información que le proveyó, perdió la posibilidad de disponer de su dinero, sufrió daños en su salud, perdió tiempo, y no pudo adquirir una vivienda en Brasil (que era el motivo por el cual había decidido realizar la transferencia). En este marco, solicitó una indemnización por el monto de USD 8.000, “que se compone entre lo que se encuentra depositado en mi caja de ahorro en dólares y lo que perdí entre gastos y cambios de moneda” (v. fs. 4 vta.).
II. A fs.19 consta que, el 31 de marzo de 2006, la DGDyPC imputó a la empresa, por un lado, la presunta infracción de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 24.240, ya que entendió que no habría “suministrado al denunciante información detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del servicio contratado a los efectos de realizar con efectividad la transferencia de los U$S 17.070 – depositados en su caja de ahorro en dólares, a Belo Horizonte Minas Gerais Brasil, puesto que no se le habría informado el tiempo en que se realizaría tal transferencia ni los impuestos a cobrarse por la misma, ni los eventuales límites a tal operación”. Por otro lado, se le imputó la presunta infracción de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.240, por cuanto la denunciada “no habría respetado los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales habría ofrecido el servicio para la efectivización de la transferencia del dinero al exterior, siempre que la misma no se realizó en tiempo convenido ni de la forma en que se esperaba se realizara (se procedió a la transferencia en cuotas)”.
III. A fs. 21/29, la empresa presentó su descargo. En primer lugar, sostuvo que la acción se encontraba prescripta, puesto que entre el último acto impulsorio (una audiencia de conciliación, que había tenido lugar el 18 de abril de 2002) y la imputación formulada el 31 de marzo de 2006, había transcurrido en exceso el plazo de tres años establecido en el artículo 50 de la ley 24.240. En segundo lugar, negó haber violado los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Con respecto al artículo 4, sostuvo que había informado adecuadamente al denunciante respecto de las características de la transferencia, sus límites y sus implicancias impositivas.Con respecto al artículo 19, señaló que había cumplido los términos y las condiciones que regían el vínculo con el denunciante, y que la transferencia no había podido concretarse en su totalidad primero, porque el denunciante no había cumplido con las normas vigentes (pues, cuando se le requirió a la beneficiaria en Brasil que justificara la recepción de los fondos, no lo hizo) y, posteriormente, a raíz de un hecho del príncipe. Para acreditar sus dichos, acompañó la documentación obrante a fs. 31/37.
IV. A fs. 54/55 vta., la DGDyPC dictó la disposición 1289-DGDYPC-2010, mediante la cual impuso una multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a Banco Itaú Buen Ayre S.A. por la infracción de los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Además, condenó a la empresa a publicar la disposición condenatoria en el diario Ámbito Financiero, conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 757 y en el artículo 18 del Anexo I del decreto 17-GCBA-2003. Para fundamentar su decisión, se basó en las siguientes consideraciones. En primer lugar, sostuvo que la empresa no había aclarado por qué había transcurrido una semana desde que el dinero salió de la cuenta del consumidor hasta que la transferencia fue efectuada. En segundo lugar, señaló que, si bien la empresa había alegado que la transferencia no había podido concretarse porque había existido un incumplimiento de la normativa vigente por parte del denunciante, la prueba que había aportado para acreditar tales extremos estaba escrita en idioma extranjero y no se había agregado su correspondiente traducción efectuada por traductor público matriculado.En tercer lugar, a los efectos de graduar la sanción, tuvo en cuenta el hecho de que la sumariada era reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos y su proyección económica, el peligro de la generalización de las infracciones para los usuarios de servicios bancarios y su repercusión, atento la posición que ocupa en el mercado la denunciada, y el perjuicio causado al denunciante (de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley 24.240).
V. A fs. 58/64, la empresa interpone recurso directo ante esta Cámara, contra la disposición 1289-DGDYPC-2010, con el objeto de que sea revocada. Para fundamentar su recurso, formula los siguientes argumentos. En primer lugar, sostiene que la disposición recurrida es nula, pues no contiene la indicación de la fecha en la que fue dictada. En segundo lugar, plantea la excepción de cosa juzgada. En este sentido, explica que la controversia sobre la cual recaía la disposición recurrida ya había sido resuelta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°3, en los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario” (Expte. N° 98.324/02), en los cuales se había dictado sentencia rechazando la demanda interpuesta contra la empresa, y ésta había quedado firme. En tercer lugar, sostiene que no había infringido los artículos 4 y 19 de la ley 24.240, pues había brindado adecuadamente la información al denunciante y había cumplido con las condiciones de la contratación. En cuarto lugar, solicita, subsidiariamente, la reducción de la multa, pues considera que fue fijada de modo irrazonable.
VI. A fs. 100/107 vta. contesta los agravios el GCBA, solicitando que se desestimen, con costas. En honor a la brevedad, me remito a los argumentos formulados por el GCBA en las fojas mencionadas.
VII. A fs. 148/151 vta. presenta su alegato la empresa.
VIII. A fs.153/155, presenta su dictamen la Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
IX. Analizaré, a continuación, si debe revocarse la disposición recurrida. IX. 1. En primer lugar, considero que debe rechazarse el planteo de la excepción de cosa juzgada formulado por la recurrente, ya que la cuestión resuelta en los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario” (Expte. N° 98.324/02), que tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°3, es distinta de la cuestión que se encuentra bajo análisis en estas actuaciones en ciertos aspectos fundamentales. Por un lado, las partes involucradas en ambos casos son distintas: en los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario”, las partes son el Sr. Moroni y el Banco Itaú Buen Ayre S.A. y, en el caso bajo análisis, las partes son el GCBA y el Banco Itaú Argentina S.A. Por otro lado, ambos casos recaen sobre controversias distintas. En los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario”, se encontraba controvertido si correspondía que Banco Itaú Buen Ayre S.A. indemnizara a Mariano Hernán Moroni por los daños y perjuicios que éste alegó que había sufrido a causa de un supuesto obrar negligente por parte de la empresa. En cambio, en el caso bajo análisis, se encuentra controvertido si corresponde la aplicación de una multa a la empresa por la infracción de los artículos 4 y 19 de la ley 24.240, que es una cuestión respecto de la cual la Justicia N acional en lo Comercial carece de competencia. En este marco, entiendo que la sentencia del juez Jorge Silvio Sicoli obrante a fs. 418/425 del expediente n° 98.324/02 no hace cosa juzgada respecto de la controversia que debe resolverse en estas actuaciones. IX. 2.En segundo lugar, corresponde determinar si la disposición recurrida es nula por no contener la indicación de la fecha en la que fue dictada. Sobre esta cuestión, cabe señalar que la doctrina ha sostenido que “[l]a omisión, el error o incluso la absurdidad de la fecha (v. gr., que apareciera como de varios años después del momento en que se lo conoce), puede quedar subsanada con la forma de publicidad y en tales casos se tendrá por fecha del acto aquélla en que ha sido publicado o notificado. En todo caso, la regla es que normalmente no hay jamás vicio de forma por omisión o irregularidad de la fecha” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Capítulo X, p. 10, 10ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2011). En el caso bajo análisis, observo que, si bien la disposición recurrida carece de fecha, lo cierto es que, tal como consta a fs. 57/vta., la empresa recibió la cédula de notificación de dicho acto el 20/8/2010, de modo que su derecho de defensa no se vio concretamente afectado de modo alguno. En este marco, considero que el agravio referido a la nulidad de la disposición recurrida por no contener la indicación de su fecha debe ser rechazado. IX. 3. En tercer lugar, corresponde determinar si la empresa infringió los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Por un lado, entiendo que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que la empresa violó el artículo 4 de la ley 24.240. Sobre esta cuestión, cabe señalar que a fs. 30 de estas actuaciones y a fs. 78 del expediente n° 98.324/02 consta que, el 2/11/2001, el Sr. Moroni presentó una “Solicitud de Transferencia al Exterior” de USD 17.070 y que en dicha solicitud no aclaró cuál era el “concepto de la transferencia”. Asimismo, a fs.25, la empresa alegó que no había violado el deber de información “por la sencilla razón que no recaía sobre la citada transferencia ningún impuesto ni la misma tenía límites que impidieran su concreción, y esa es la razón por la cual el personal de la sucursal no mencionó al Sr. Moroni nada al respecto” (sic.). No obstante, a fs. 26, la propia empresa señaló que “en la República del Brasil rigen, desde hace ya bastante tiempo, severas normas cambiarias que restringen el flujo de capitales. De tal manera, todo ingreso superior a U$S 5.000 requiere de la acreditación del origen de los fondos y el motivo por el cual fueron recibidos, de parte del o de los beneficiarios de una transferencia. Se trata de un verdadero régimen de control de cambios que tiene por fundamento cuestiones de política económica general”. En este marco, resulta claro que, al momento de la presentación de la solicitud de transferencia de USD 17.070, sí existían límites y restricciones que podían impedir su concreción (y que, de hecho, la impidieron) que no le fueron oportunamente explicados al denunciante. En consecuencia, entiendo que existió una violación del deber de información por parte de la empresa. Por otro lado, considero que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que la empresa violó también el artículo 19 de la ley 24.240. Sobre esta cuestión, cabe señalar que no se encuentra controvertido que el 2 de noviembre de 2001 se le informó al denunciante, sin más, que la transferencia de USD 17.070 “debía acreditarse en Brasil el día lunes 5 de noviembre de 2001” (v. fs. 25). No obstante, dicha transferencia no fue acreditada en Brasil en la fecha prometida. De hecho, la propia empresa reconoce que, si la beneficiaria “hubiera cumplido con las normas vigentes en su país los fondos hubieran sido acreditados en su cuenta y no habría ningún conflicto” (v. fs.26). La cuestión es que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 24.240, recaía sobre la empresa la responsabilidad de informarle al usuario las condiciones bajo las cuales la transferencia podría concretarse exitosamente. En este marco, puesto que, al recibir la solicitud de transferencia, la empresa se comprometió sin más a que ésta se acreditaría el 5 de noviembre de 2001 y puesto que ello no ocurrió, corresponde declarar que la empresa infringió el artículo 19 de la ley 24.240. IX. 4. En cuarto lugar, corresponde analizar si el monto de la multa fue determinado arbitrariamente por la DGDyPC y si resulta irrazonablemente elevado. Por un lado, considero que el monto de la multa no fue determinado de modo arbitrario, puesto que la DGDyPC expresó de modo suficientemente concreto los motivos por los cuales correspondía la aplicación de dicha sanción, basándose en las disposiciones del artículo 49 de la ley 24.240. En particular, la DGDyPC tuvo en cuenta la cuantía de los beneficios que había obtenido indebidamente la empresa, su proyección económica, el peligro de que la infracción se cometiera de modo generalizado (en perjuicio de los usuarios de servicios bancarios), la posición que la empresa recurrente ocupa en el mercado y el perjuicio resultante para el denunciante (v. fs. 54 vta.). Por otro lado, entiendo que el monto de la multa ($ 150.000) no resulta irrazonablemente elevado, ya que se corresponde con los motivos expresados en el párrafo anterior.Asimismo, cabe señalar que el monto de la multa impugnada ($ 150.000) se encuentra considerablemente más próximo al mínimo previsto en el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor (de $ 100) que al máximo que prevé dicha norma ($ 5.000.000). En este marco, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que le compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, considero que corresponde confirmar el monto de la multa impuesta en la disposición recurrida.
X. Por los motivos expuestos en los considerandos IX, IX. 1., IX. 2, IX. 3 y IX.4, debe rechazarse el recurso interpuesto por la empresa y, en consecuencia, debe confirmarse la disposición recurrida, en todo cuanto dispone.
XI. Con respecto a la imposición de las costas, considero que corresponde asignarlas a Banco Itaú Argentina S.A., puesto que no existen motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. art. 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario).
XII. A los efectos de regular los honorarios de los profesionales intervinientes en estas actuaciones, resulta aplicable lo dispuesto en la ley 5134, que establece, en su artículo 62, que “[l]as disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación.” Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 15, 23, 24, 29, inc. a, y 60 de la ley 5134, la calidad y la extensión de la labor profesional y la única etapa cumplida, propicio que se regulen conjuntamente los honorarios correspondientes a las actuaciones de la representación letrada del GCBA en la suma de once mil doscientos cincuenta pesos ($ 11.250).
XIII. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo: Rechazar el recurso interpuesto por Banco Itaú Argentina S.A. y, por lo tanto, confirmar la disposición 1289-DGDYPC-2010 en todo cuanto dispone. Imponer las costas a Banco Itaú Argentina S.A. (conf. art.62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario). Regular conjuntamente los honorarios de la representación letrada del GCBA de acuerdo con lo establecido en el considerando XII de mi voto.
A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:
Adhiero al voto del Dr. Hugo Zuleta.
Con respecto a la excepción de la cosa juzgada, ya me he referido a la identidad de partes, objeto y de causa que es necesaria para que ésta pueda prosperar en autos “Banco Río de la Plata S.A c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC 1327/0, Sala II, sentencia del 16 de noviembre de 2006. Así dejo expresado mi voto. En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por Banco Itaú Argentina S.A. y, por lo tanto, confirmar la disposición 1289-DGDYPC-2010 en todo cuanto dispone. Imponer las costas a Banco Itaú Argentina S.A. (conf. art. 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario). Regular conjuntamente los honorarios de la representación letrada del GCBA de acuerdo a lo establecido en el considerando XII del voto del Dr. Hugo Zuleta. Se deja constancia de que la Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y a la Sra. Fiscal en su público despacho. Oportunamente, archívese.
Magistrados:
Dr. Hugo R. Zuleta
Dr. Esteban Centanaro.