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ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE MATRIMONIO Y CONVIVENCIA, EN EL AMBITO PATRIMONIAL

Entre los aspectos a tener en cuenta al momento de decidir la vida en común, se encuentra el patrimonial. Surgen preguntas tales como: El inmueble es de él, ¿Qué pasa si nos separamos?, ¿Tengo derecho a pedir una parte?, ¿Mi concubino puede incluirme en la obra social? Etc. Transcurridos los años y producida la separación, muchas veces las personas se encuentran con que carecen de bienes, cuando durante todo ese tiempo estuvieron aportando al hogar económicamente o bien atendiendo a la familia, resignando la posibilidad de trabajar fuera del hogar. Por ese motivo, veremos algunas diferencias entre el matrimonio y el concubinato.

Matrimonio: 1) Todo bien registrable que adquieran dentro del matrimonio, será conyugal, salvo que hayan formalizado un convenio prenupcial o un convenio mientras se encontraban en matrimonio y en éstos se disponga otra cosa.

Al solicitar el divorcio, la sentencia determina que a partir de la interposición de la demanda, se declare disuelta la sociedad conyugal, con efecto retroactivo. Es decir que, a partir de que interpusieron el divorcio, sea de forma unilateral o por presentación conjunta, los bienes que cada uno haya adquirido a partir de esa fecha, serán de carácter propio. Son propios también los bienes adquiridos por herencia.

2) En cuanto a los bienes no registrables, al separarse, los dividirán conviniendo verbalmente, o por escrito, dentro de los acuerdos del divorcio, ya que se homologan al dictarse sentencia, y ante el incumplimiento puede ejecutarse.

3) Si existieran deudas pendientes (Ej.: crédito hipotecario) responden por igual ante el acreedor, y con la vivienda hasta que finalicen el pago.

Convivencia:

1) En el caso de contraer un crédito hipotecario, serían condóminos del inmueble, y responden por igual ante los acreedores. Por eso conviene celebrar previamente, un contrato de sociedad de hecho, ya que no se presume la existencia del concubinato, y así podrán regular todos los aspectos concernientes a cómo resolverán las relaciones comerciales con terceros y las relaciones jurídicas dentro de la pareja. Si deciden abonar cada uno el 50% del crédito, si uno no paga, el otro deberá hacerse cargo, para evitar el remate, pero luego podrá ejecutar al condómino por ese monto.

2) Si ambos trabajan en un negocio propio de él o de ella, ¿cómo probar que la concubina/o aportó trabajo para lograr ganancias para ambos? Si no se regula en un contrato, al producirse la separación, el/la concubina/o no podrá probar el aporte laboral al negocio ni obtener una parte líquida, acorde con lo aportado y regulado en el contrato.

Para el caso de construcción de la vivienda con aportes de ambos, la existencia del contrato de sociedad regulatorio, más las facturas de compra de materiales, de pago de mano de obra, Etc. a nombre de uno o de los dos, son pruebas para tener derecho a obtener una parte líquida del inmueble, ya que el terreno pudo haber sido adquirido antes de la convivencia por uno solo, no siendo justo que se aproveche de la construcción pagada a costa del otro o de ambos, consiguiendo en el futuro vender dicha propiedad como propio a un valor muy distante del inicial.

3) Para compartir la obra social, si trabaja uno de los dos en relación de dependencia, deben presentarse ante ANSES y hacer una declaración jurada de concubinato. En el caso que el trabajo sea autónomo harán esta declaración ante la AFIP y la obra social a la que desee incorporar a su concubino/a.

4) Es conveniente tener una prueba del concubinato para realizar trámites. Para ello deben presentarse ante un Registro Público de Comercio y solicitarla presentando dos testigos que declaren que los conocen, que conocen que hacen vida en común y desde hace cuánto tiempo, ante el Registro de las Personas o ante un Escribano.

5) Al momento del fallecimiento de un concubino, el/la sobreviviente deberá iniciar una información sumaria judicial aportando pruebas para obtener la Pensión por fallecimiento directa o derivada: a) Si hay hijos en común, debe probar que convivió dos años con el fallecido. b) Si no los hay, debe probar que convivió cinco años con testigos y documental.

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Dra. María Fernanda Panizo

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Daños y Perjuicios en el Divorcio – Abogados en Mar del Plata

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda hecha por una mujer contra su ex marido en concepto de daños por injurias vertidas en juicio en razón de haberle dicho alcohólica y drogadicta, en el marco del proceso que inició el demandado reclamando la tenencia de la hija menor de ambos, en tanto que si la accionante relativiza que se atribuya o le atribuyan la condición de alcohólica y drogadicta en un sitio de internet, no puede causarle daño que el progenitor -ex esposo- haga lo mismo en un escrito que integra un proceso judicial de familia.
Para que las expresiones utilizadas por una de las partes revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa, y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio, ya que la naturaleza de los hechos que ordinariamente se debaten en estos procesos, o las imputaciones desagradables que se efectúan, son parte necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos.
Las expresiones que se vuelcan en un proceso como argumento para convencer de la razón de la pretensión de que se trate no son en principio una afirmación inconsulta o efectuada sin razón, ya que están dirigidas al logro de una decisión judicial, máxime cuando se trata de un juicio en el que la materia que se conoce hace a conflictos de índole personal y los sentimientos, opiniones y relatos se encuentran afectados por emociones negativas respecto del contrario.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala I
Buenos Aires, 15 de Agosto de 2017.-
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 
Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. UBIEDO, GUISADO y CASTRO. 
Sobre la cuestión propuesta la DRA. UBIEDO dijo:
I. La sentencia de fs. 108/20114 hizo lugar parcialmente a la demanda de A. G. contra D. M. R. en virtud de la cual aquella reclama el resarcimiento de los daños causados por injurias vertidas en juicio. La decisión fijó en $ 10.000 el importe indemnizatorio, con más sus intereses y las costas del proceso. 
Apelaron ambas partes, expresando agravios el demandado a fs. 130/20131, los cuales recibieron respuesta a fs.138/20139. El memorial de la demandante luce a fs.133/20134 y no fue replicado. 
II. El conflicto de autos se generó en razón de que el demandado imputara a la actora el ser alcohólica y drogadicta en el marco del proceso que iniciara reclamando la tenencia de la hija menor de ambos, quien contaba para ese entonces con 13 años de edad (v. escrito de demanda a fs. 26/27 in re “R., D. M. c/G. A. s/tenencia de hijos”). 
La progenitora reclamó por el concepto de “daños por injurias vertidas en juicio” un importe de $ 50.000 comprensivo de daños moral y psicológico. Al contestar el traslado conferido el accionado negó haber denunciado a la actora como drogadicta y alcohólica en forma despectiva, denigrante y con el afán de desprestigiarla ante terceros planteando la excepción de litispendencia por estar en trámite el proceso de tenencia en el que acordaran una “consulta psicológica familiar”. Asimismo negó la existencia de daños y la configuración del ilícito de injurias, sin aportar mayores consideraciones ni prueba al respecto. 
El planteo de litispendencia no obtuvo resultado favorable declarándose desierto el recurso de apelación que dedujera el excepcionante. Producidas una serie de medidas probatorias que accedieran al proceso, a instancia de la actora se arriba a la decisión recurrida, en virtud de la cual la Sra. Magistrada de grado concluyó que se había configurado la injuria y que ello afectaba la moral de la demandante y la descalificaban como persona, haciendo además hincapié en la falta de acreditación de los supuestos vicios imputados a la damnificada. En definitiva fijó el resarcimiento en $ 10.000 en concepto de daño moral. 
La actora se agravió argumentando que el monto de la condena dispuesto en la sentencia de grado no cubre la reparación del perjuicio, que debe ser plena. 
Por su parte el accionado se queja del decisorio y sostiene que sus dichos no han producido daño alguno en la accionante, por lo que no se le puede endilgar responsabilidad civil. Argumenta que del informe pericial presentado en autos se desprende que aquélla no presenta daño psicológico derivado de las expresiones que le imputa como injuriosas.
III. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del Cód. Civ. y Comercial de la Nación (ley 26944) la normativa aplicable resulta ser la vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho dado que es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Cód. Civ. y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada), lo que excluye claramente la aplicación del nuevo Código. En consecuencia el marco legal del caso será el que surge del Cód. Civ. ( Ley Nº 340).
Razones de orden metodológico imponen comenzar con el estudio de aquéllas críticas formuladas por el accionado que se vinculan con la decisión de la Juez “a quo” de haberle atribuido responsabilidad por su proceder en el juicio sobre tenencia de hijos.
Se ha dicho “que para que las expresiones utilizadas por una de las partes revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio, ya que la naturaleza de los hechos que ordinariamente se debaten en estos procesos, o las imputaciones desagradables que se efectúan, son parte necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos” (CNCivil. Sala C, R. N°: 35255).
Desde esta perspectiva, comparto el criterio de que las expresiones que se vuelcan en un proceso como argumento para convencer de la razón de la pretensión de que se trate no son “en principio“ una afirmación inconsulta o efectuada sin razón, ya que están dirigidas al logro de una decisión judicial, máxime cuando se trata de un juicio
en el que la materia que se conoce hace a conflictos de índole personal y los sentimientos, opiniones y relatos se encuentran afectados por emociones negativas respecto del contrario. 
Es así que el análisis de su condición de injuriosas debe ser llevado a cabo con criterio restrictivo, considerando las circunstancias del caso y el tenor de lo dicho a fin de evitar que su emisor ejerza abusivamente de su derecho de defensa (conf. Sala A, recurso A134129 de la base de datos de esta Cámara, in re “Pirsic Mario c/Martinez de fecha 4/195/1988, id. Sala C in re “B., L.E. c/W., R.M. s/divorcio del 10/2012/2002 entre otros). 
Ahora bien, en manera alguna puede este criterio ser esgrimido como justificativo para actuar con malicia y mala fe, relatando hechos, denunciando circunstancias o emitiendo calificativos que no se compadecen con la realidad y distorsionan el ejercicio del derecho de defensa consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional al constituirse en dichos demostrativos del claro propósito de la parte imputante de injuriar o difamar al otro cónyuge (conf. Sala H. In re M. A.N.c/ T, C.A. s/divorcio 10/2011/2009, sumario 0020491 de la base de datos del Fuero).
Sentadas estas premisas, mas allá de la total ausencia de prueba en punto a si realmente la progenitora vive total o parcialmente bajo los efectos del alcohol o las drogas conduciría a entender configurado el ilícito imputado, unido al marco en que tales adicciones han sido expresadas pueden llevar a la conclusión de que bien pudo el excónyuge y progenitor tener por ciertos tales vicios, dado que la propia accionante ha hecho referencia a ello en el sitio de Internet donde se volcaran mails en que se hicieran referencia a su perfil y conducta de “drogada y alcoholizada”.
No obstante ello, visto que los agravios del recurrente apuntan exclusivamente a la ausencia de daños, he de analizar el caso atendiendo a su queja en atención a lo expresamente sentado por el art. 271 último párrafo del ordenamiento de rito. 
IV) El caso se encuentra configurado en el marco de circunstancias que me llevan a la conclusión de que las manifestaciones se volcaron en un contexto en que la actora no puede sostener válidamente que tales dichos le han provocado daños, ni puede afirmarse que -de existir- encuentren su causa en las expresiones volcadas en el escrito judicial que generara el entuerto. 
No se encuentra acreditado en esta causa ni en el proceso sobre tenencia de la menor que -efectivamente- la pretensa damnificada resultara ser persona afecta al alcohol y a la droga, mas tampoco ha acreditado aquélla -con miras a aportar elementos que coadyuvaran al resultado pretendido (art. 377 del CPCC, unido a la aplicación del principio de las pruebas dinámicas v. expts. n° 44.892/2007 del 11/2012/2015 y 104.432/2004 del 11/196/2015, entre otros). 
Sin embargo tales calificativos emanaron de la propia actora y de quienes resultaran emisores del intercambio de mails acompañados en el escrito presentado por el progenitor al iniciar el proceso de tenencia de la hija de las partes (v. fs. 3/24 del juicio de tenencia que en este acto tengo a la vista). 
En efecto, no ha desconocido la reclamante el intercambio en cuestión del que también resultaría partícipe. Por el contrario ha restado todo valor a los dichos volcados en los correos electrónicos, sosteniendo que se trata de conversaciones entre amigos, ajenas a su realidad cotidiana y que protagoniza un personaje de ficción que a veces compone (v. escrito “Contesta traslado. Solicita rechazo medida cautelar requerida por la actora” agregado a fs. 39/1943 en el proceso sobre tenencia de hijo). 
Visto que convalidara que esos calificativos fueron volcados en redes sociales de las que participa, y analizando ligeramente sus consecuencias no obstante generarse en un espacio que no puede ser considerado estrictamente “privado y sin trascendencia alguna”, como dijera, mal puedo arribar a la convicción de que los dichos del demandado -volcados en el marco de un proceso de familia y con el encono que las presentaciones de ambas partes trasuntan- hayan provocado los daños denunciados. 
Por lo demás hace referencia la actora a que la niña habrá de tener acceso a tales dichos, mas advierto -por constar su nombre y apellido- que la menor también sería partícipe en dicho intercambio, a pesar de su escasa edad para realizar una adecuada evaluación del tenor y sus contenidos. 
Finalmente se recuerda a la pretensa damnificada que los procesos de familia carecen de acceso a quienes no sean las partes o sus abogados y si -eventualmente- se diera a publicidad el fallo recaído por razones de interés académico, deberán omitirse los nombres de los partícipes del juicio (conf. art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional y art. 164 del CPCCN,). Ello mengua en gran medida la afirmación “del desprestigio causado” según argumentara, visto que las expresiones no han de trascender el ámbito del pleito.
En suma, si la accionante relativiza que se atribuya o le atribuyan la condición de alcohólica y drogadicta en un sitio de Internet, mal puede causarle daño que el progenitor -ex esposo- haga lo mismo en un escrito que integra un proceso judicial de familia, salvo en lo que al resultado de éste se refiere, para lo cual hubiera sido necesario que el denunciante acreditara lo allí volcado, lo que no se ha dado. 
Por lo expuesto, considero que la conducta del demandado no pudo en el caso generar los daños que se dicen experimentados, imponiéndose a mi juicio el rechazo de la demanda con costas a la actora en ambas instancias, lo que así propicio. 
Por razones análogas, las Dras. GUISADO y CASTRO adhieren al voto que antecede.
Se hace constar que a la Dra. UBIEDO se le ha concedido licencia los días 29, 30 y 31 de mayo y del 5 al 16 de junio del corriente año en concepto de compensación de feria por enfermedad 
(arts. 14 y 23 del Régimen de Licencias y Res. Nº 2569/2016 y 8/2017). 
Asimismo también los días 23 de mayo, 1 y 20 de junio de este año, por motivos particulares (art. 34 del Régimen de Licencias y Res. Nº 673/2017). 
Con lo que terminó el acto. 
Se hace constar asimismo que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2 párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos
por las Acordadas 15/2013 y 24/2013 de la C.S.J.N.
MARÍA LAURA RAGONI SECRETARIA
Buenos Aires, 15 de agosto de 2017. Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: revocar la sentencia apelada y en consecuencia rechazar la demanda interpuesta. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida. En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada -en la instancia de grado- a fs.108/20114. 
En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto reclamado, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 33, 37, 38 y concordantes de la Ley Nº 21.839 modificada por la Ley Nº 24.432, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Nicolás Rubén Kitainik por la cuestión principal que se decidió, la suma de tres mil ochocientos pesos ($3.800) y por el incidente resuelto a fs.57, regúlase al mismo la suma de trescientos pesos ($300). 
Asimismo, regúlanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte demandada Dra. Mónica del Carmen Taglioretti en la suma de cinco mil quinientos pesos ($5.500) -por lo principal-, y la suma de doscientos pesos ($200) por el incidente decidido a fs.57. 
Considerando los trabajos efectuados por la experta, el art.478 del Código Procesal y la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, regúlanse los honorarios del perito médico psiquiatra Silvia Liliana Trotta en la suma de un mil quinientos pesos ($1.500). 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Nº 2536/2015 y lo dispuesto en el punto d), del art.2) del anexo III) del Decreto Nº 1467/2011, fíjanse los honorarios a la mediadora Dra. Cristina Liliana Garmendia en la suma de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($3.840). 
Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en la presente y las pautas del art. 14 de la Ley Nº 21839, regúlanse los honorarios del Dr. Nicolás Rubén Kitainik en la suma de un mil pesos ($1.000) y los de la Dra. Mónica del Carmen Taglioretti en la suma de un mil trescientos setenta y cinco pesos ($1.375). 
Regístrese y notifíquese. 
Paola M. Guisado – Patricia E. Castro – Carmen N. Ubiedo
Cámara Apel. Cont. Adm. Trib. CABA – Sala I / Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Otros c/GCBA y Otros s/Amparo – Otros (24/08/2017)
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Abogados en Mar del Plata – Jurisprudencia – Luego de 22 años de matrimonio, se reconoce a favor de una ex cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, una compensación económica a cargo del ex esposo por la suma de $191.376

Abogados en Mar del Plata – Jurisprudencia – Luego de 22 años de matrimonio, se reconoce a favor de una ex cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, una compensación económica a cargo del ex esposo por la suma de $191.376

Expte. Nº I. 03 13301/2 – “Incidente de Compensación Económica en autos caratulados: “L., J. A. c/ L., A. M. s/ divorcio” – JUZGADO DE FAMILIA DE PASO DE LOS LIBRES (Corrientes) – 06/07/2017 (Sentencia no firme)
Paso de los Libres, 6 de julio de 2017.
VISTOS: Estos autos caratulados “INCIDENTE DE COMPENSACION ECONOMICA EN AUTOS CARATULADOS “L., J. A. C/ L., A. M. S/ DIVORCIO” Expte. I03 13301/02.-
CONSIDERANDO: Que a fs. 10/12, se presenta la Sra. L., A. M. por su propio derecho, con patrocinio letrado, promoviendo Incidente de Compensación Económica, con fundamento en los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial (CCC) en razón del desequilibrio económico que le produjo el divorcio decretado en los autos caratulados “L., J. A. C/ L., A. M. S/ DIVORCIO” Expte. LXP 13.301/16, de fecha 25/07/2016,en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que expone; y que tengo presente en honor a la brevedad.-
Que a fs. 23/29, se presenta el Sr. L., J. M., a través de sus letradas apoderadas, contestando el traslado del Incidente, negando los hechos, rechazando la compensación económica y reconviniendo por compensación económica a la incidentista, a consecuencia de estar abonando un 35% de alimentos, por pagar la obra social OSDE, por alquiler de inmueble, compra de enseres y muebles del hogar, en base a las consideraciones de hecho y derecho, que tengo por reproducidos en mérito de la brevedad.-
De la reconvención interpuesta se corre traslado, el cual fue contestado en tiempo y forma por la reconvenida, quien niega los hechos e impugna la liquidación realizada. En atención al estado procesal de autos, se procede a la recepción y producción de las pruebas ofrecidas por las partes.-
Clausurado el período probatorio a fs. 152, se certifican las pruebas producidas por las partes, llamándose autos para resolver a fs. 153.-
Preliminarmente es importante subrayar, que las cuestiones relacionadas a la división de bienes conyugales no han sido promovidas, pero ello no impide un análisis a los fines de resolver la cuestión traída a estudio.-
Teniendo presente lo anterior, se hará referencia solamente a las pruebas aportadas por las partes que resulten conducentes para la causa conforme lo autoriza el último párrafo del art. 386 C.P.C.C. “…Los jueces no están obligados a considerar todas y cada una de las pruebas aportadas al proceso sino sólo las que estimen conducentes para su correcta solución…”[1].-
Los ex cónyugues, se habían unido en matrimonio el 08 de Julio del año 1994, fruto del mismo, nacieron sus dos hijas: A. G. L. (22), nacida el 25/10/1995, y M. A. L. (18), nacida el 26/07/1999. La ruptura matrimonial se lleva a cabo luego de 22 años, con divorcio decretado en fecha 25/07/2016, conforme las actuaciones principales “L., J. A. C/ L. A. M. S/ DIVORCIO” Expte. LXP 13.301/16.-
En los hechos, el proyecto de vida en común a lo largo de 22 años, se ha desarrollado en su mayor proporción, posicionándose los miembros de la pareja en diferentes roles, ocupando el esposo el rol de proveedor y encargándose, la esposa, de la organización del hogar y crianza de las hijas en común, a la luz de una realidad social en la que aún sigue siendo alto el porcentaje de mujeres que dejan sus trabajos o relegan su formación profesional y/o académica por dedicarse al cuidado de los hijos concebidos en el matrimonio, como es el caso en cuestión, expresado con acierto y con la  perspectiva de género, que no puede soslayarse en este análisis,  que “ la compensación económica es una herramienta hábil para proteger  al cónyuge o conviviente más débil, que aún siguen siendo las mujeres” [2]
El incidentado se desempeña como empleado en relación de dependencia de AFIP-DGA, con una antigüedad de treinta (30) años, actividad laboral con la que ingresa, se mantiene y continúa una vez disuelto el vínculo matrimonial y por la cual percibe una remuneración mensual, que conforme la documentación glosada en autos, oscila entre $30.000,00 a $40.000,00 pesos mensuales netos, suma que resulta una vez efectuados los descuentos correspondientes, entre los cuales se encuentra la cuota alimentaria (Litis expensas) fijada para las dos hijas de la pareja (35%).-
La incidentista, de acuerdo a lo acreditado en autos, registra actividad laboral en relación de dependencia hasta abril del año 1997 (fs. 2/5), momento en el que fue despedida, es decir por casi tres (3) años luego de haber contraído matrimonio e inclusive antes, durante y después de haber concebido a la primera hija de la pareja el 25.10.1995, con posterioridad evidentemente no consiguió trabajo dependiente, a pesar de los intentos fallidos que surgen de las declaraciones de los testigos ofrecidos por el Sr. L., con relación a la venta de discos cd y ropas. Actualmente ingresó al mercado laboral, percibiendo una remuneración neta de $3.171,01 (fs. 1), resaltando que denuncia como empleador a su hermano. Se encuentra habitando, junto a sus dos hijas, la vivienda sede del que fuera sede del hogar conyugal, situada en calle Bonpland y (…) de nuestra ciudad, de conformidad con las constancias de los autos caratulados: “L., A. M. C/ J. A. L. S/ ALIMENTOS”. EXPTE. N° LXP 7076/12,donde  ambas partes y de común acuerdo convienen que la Sra. L. continuará habitando el inmueble junto a sus hijas (véase clausula C). Vale resaltar, que dicho inmueble se registra como bien propio del Sr. L., titularidad adquirida por adjudicación en proceso sucesorio “L. F. A. Y Z. E. N. S/SUCESORIO”, cuyo Folio Real, en copia debidamente certificada, expedida por Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, consta a fs. 130. Al día de la fecha, el incidentado abona un inquilinato de $ 4.481 mensuales, donde reside junto a su actual pareja.-
De lo detallado, se concluye que el ex cónyuge, no sólo se encuentra activo en el mercado laboral, sino que además posee un sólido ingreso económico, respaldado por la experiencia y desarrollo curricular de 30 años de trabajo y antigüedad a los efectos previsionales; contrariamente la Sra. L. contrajo matrimonio con 23 años de edad y a lo largo de la vida en común, con la salvedad del empleo que mantuvo al principio de la unión,  brindó dedicación a la familia y a la crianza de sus hijas, decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura matrimonial, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida, situación que de manera expresa o tácita fue consentida por el Sr.
L., poseyendo actualmente una edad que si bien no resulta avanzada, dificulta su reinserción en el mercado laboral con expectativas de independencia y autonomía económica. El desequilibrio patrimonial de la esposa se ha ido consolidando a lo largo del matrimonio, el cual durante la vida en común se mantuvo compensado, pero que al quiebre y finalización del matrimonio, se pone en evidencia, ya que el esfuerzo aportado en la crianza de sus hijas y la organización del hogar fueron en detrimento de su independencia individual, que encuentra su situación fáctica en el desempeño actual de una trabajo con un sueldo mensual, muy por debajo del mínimo vital y que resultaría solamente un 10 % de la remuneración mensual percibida por quien reconviene.-
“Lo que se procura con este instituto es que el nivel de vida de los esposos no se vea alterado en relación con el que mantenían durante la convivencia, en virtud de que uno de los cónyuges no puede descender en su condición económica mientras que el otro mantiene idéntica situación que antes del divorcio.”[3].-
“La mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de uno de ellos a recibir una pensión, pues a pesar de que cada cónyuge obtenga ingresos, puede haber desequilibrio cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente dispares…. Lo que la norma impone es la disparidad entre los ingresos de carácter desequilibrante…”[4].-
Este instituto tiene como base la protección del cónyuge más vulnerable, para que pueda lograr su independencia económica hacia el futuro y no se vea obligado a recurrir al pedido de alimentos, por haberse acabado el proyecto de vida en común y con base en la solidaridad pos conyugal. “Se trata de un valioso mecanismo con perspectiva de género para superar el “estigma” de “ser alimentado”, habitualmente asociado a un sistema de distribución de roles rígido, y muchas veces discriminatorio, que impacta mayormente en las mujeres.”[5].-
Por ello, el desequilibrio existente entre los medios de vida de cada uno de los ex cónyuges surge palmario, aprox. $ 30.000 pesos mensuales contra aprox. $3.000.-
De las pruebas testimoniales ofrecidas, los testigos son contestes en decir que la ex esposa realizaba ventas de cds y ropas en horarios de la tarde, que devenían en  aportes a la economía familiar, además de las ocupaciones de organización del hogar, que no se reducen a las tareas domésticas, ya que contaban con servicio doméstico, de otro modo, se exigiría que la dedicación del cónyuge al trabajo del hogar sea excluyente, lo que impediría reconocer el derecho a la compensación en aquellos supuestos en el que cónyuge que lo reclama, hubiera compatibilizado el cuidado de la casa y la familia, con la realización de un trabajo (ventas dentro del hogar), a tiempo parcial.-
Dilucidada la procedencia de la compensación en favor de la incidentista, debemos abocarnos a su cuantificación, teniendo presente las pautas establecidas por el Art. 442 C.C.C. pero sobretodo con la debida prudencia judicial.-
“Conforme el art. 442 CCC, a los fines de la fijación de la misma y a falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará la procedencia y monto de la compensación económica tomando como base de diversas circunstancias, entre otras:… a. el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b. la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia, y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c. la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica; e. la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; f. la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo (art. 442 CCyC)”[6].-
La suma que resulta del monto requerido por la incidentista, ello es: que en base al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del divorcio 14/10/2016, consistente en la suma de Pesos $ 6.810, se multiplique por 12 meses y su resultado se multiplique por los años que permanecieron unidos en matrimonio (22); ($6.810 x 12 meses= $81.720 por año x 22 años de casados = $1.797.840), monto que de sólo ser calculado, luce a la apreciación de esta judicatura como abultado, ya que no estamos en presencia de una indemnización por perdida de chances, daños o perjuicios, ni de una cuota alimentaria, sino de una compensación económica que daría la oportunidad a la solicitante de palear el desequilibrio que el divorcio le produjo.-
Por ello, a los fines de cuantificar la compensación de manera razonable y sin desviar la finalidad tenida en cuenta en la solicitud y aplicación de este instituto jurídico de raigambre internacional, pero recientemente incorporado a nuestra legislación, tomaré como base, la suma que resulte de un Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual conforme Resolución N° 3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil dependiente del Ministerio de Trabajado, Empleo y Seguridad Social, Art. 1°) inc. a) que modifica, a partir del 1° de Julio de 2017, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, se incrementa a la fecha en la suma de Pesos Ocho Mil Ochocientos Sesenta $ 8.860, lo cual multiplicaré por los años que le restan de vida laboral a la Sra. L.,  para así sopesar en un porcentaje del 10% del total arribado, el desequilibrio patrimonial que tuvo como causa el matrimonio,  ($ 8.860 x 12 meses = $ 106.320 x 18 años (65 años-47 años) = 1.913.760 = 10% = $ 191.376.-
Asimismo, la reconvención planteada por el incidentado, respecto gastos derivados del divorcio: alquiler del inmueble, la compra de enseres y muebles, no ha de prosperar porque constituyen una consecuencia lógica y derivada del divorcio, que no evidencia un desequilibrio en su contra.-
Con relación, a las costas, debe ser soportada por el vencido conforme el principio general establecido por el art. 68 del CPCC.-
Por todo ello, constancia de autos, arts. 435, 437, 438, y 475 del Código Civil y Comercial;-
RESUELVO:
1°) HACER LUGAR a la compensación económica solicitada por la Sra. L.. A. M., por la suma de Pesos ciento noventa y un mil, trescientos setenta y seis $ 191.376.-
2°) RECHAZAR la reconvención intentada por el Sr. L., J. M..
3°) COSTAS al vencido, Sr. L., J. M.-
Notifíquese, insértese, regístrese, repóngase tasas oportunamente si correspondiere.
Fdo. : Dra. Marta Legarreta.
[1] STJ INTERLOCUTORIO 484 05/08/1994. Carátula: BIANCHI IRMA CATALINA C/ LEONCIO MIÑO Y/O QUIEN RESULTE OCUPANTE S/ DESALOJO. Magistrados Votantes: – PEREZ CHAVEZ, JOSE OSVALDO-ACOSTA, JOSE VIRGILIO – FAGALDE DE DUHALDE, ALICIA INES. infoJURIS – Sistema de Jurisprudencia de la Provincia de Corrientes.-
[2] MOLINA DE JUAN, Mariel F. “Compensaciones económicas en el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de género”. Revista de Derecho de Familia N° 57. Abeledo Perrot. Bs.As. 2012. Pág. 187 ss.
[3] Claudio A. Belluscio. Matrimonio y Divorcio según el nuevo Código Civil y Comercial. García Alonso. Buenos Aires, 2015. Pág. N° 150.-
[4] STS, 104/2014 de 20/2/2014, Rec. 2489/2012, sentencia 104/2014, La Ley 21265/2014.  Citado por Pellegrini María Victoria en Dos preguntas inquietantes sobre la compensación. Cita Online: AR/DOC/3562017.-
[5]Marisa Herrera – Gustavo Caramelo – Sebastián Picasso. Directores. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II. Libro Segundo. Arts. 401 a 723. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación. Infojus. Sistema Argentino de Información Jurídica. Pág. N° 77.-
[6]Marisa Herrera – Gustavo Caramelo – Sebastián Picasso. Directores. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II. Libro Segundo. Arts. 401 a 723. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación. Infojus. Sistema Argentino de Información Jurídica. Pág. N° 43.-
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