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Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Otorgamiento de la guarda judicial de la niña a su progenitora afín

Partes: S. B. E. por la menor A. C. M. A. s/ guarda judicial
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza
Fecha: 10-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104049-AR | MJJ104049 | MJJ104049Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia que de acuerdo a lo previsto en los arts. 674 y 643 del CCivCom. relativos a la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, otorgó la guarda judicial de una niña a su progenitora afín, disponiéndose que ella detentará el cuidado personal de la adolescente y estará facultada para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, ya que desde que la menor tenía cuatro años asumió el rol de madre y se ha desempeñado como tal hasta la actualidad.
2.-Cuando el o los progenitor/es no puede/n hacerse cargo de la guarda de sus hijos para su protección, educación y manutención, o no se encuentran en las condiciones adecuadas para ello y esto además controvierte el deseo de la joven involucrada, quien siendo ya casi mayor de edad ha expresado su deseo categórico de seguir viviendo con su progenitora afín y con sus hermanos, resulta procedente la delegación de la guarda para que ésta asuma las funciones protectoras que en realidad ya viene ejerciendo de hecho en forma compartida con el progenitor.
3.-El progenitor afín puede o no ser un pariente por afinidad, pues se está frente a una figura más amplia que también se extiende al conviviente del progenitor, supuesto en el que no puede hablarse de un parentesco por afinidad respecto al hijo del conviviente.
Fallo:
En la Ciudad de Mendoza, a los 10 días de abril de 2017, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones de Familia, los Sres. Jueces Estela Inés Politino, Carla Zanichelli y Germán Ferrer, y traen a deliberación para resolver en definitiva los autos N° 337/13/11F-701/15, caratulados “S. B. E. PR LA MENOR A. C. M. A. POR GUARDA JUDICIAL , originarios del Juzgado Número Once de Familia de Maipú, Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 149 por el Sr. Eduardo Daniel A. contra el decisorio recaído a fs. 146/147 por el que se otorga la guarda judicial de su hija M. A. A. C. a su progenitora afín Sra. B. E. S., quien detentará el cuidado personal de la adolescente y estará facultada para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana; se imponen las costas al vencido y se regulan honorarios profesionales.
Habiendo quedado en estado los autos a fs. 201, se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dres. Politino, Zanichelli y Ferrer.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA: Costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ESTELA INES POLITINO DIJO:
I.- El demandado apela la sentencia que otorga la guarda judicial de de su hija M. A. A. C. a su progenitora afín Sra. B. E. S., disponiéndose que ella detentará el cuidado personal de la adolescente y estará facultada para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana.
Para así resolver la juez a quo tuvo en cuenta que la mamá de M. ha fallecido, la Sra. S.tuvo una relación de pareja con el demandado, solicitó la guarda judicial de la joven y el progenitor se opuso a ello.
Basa su decisorio en los artículos 674 y 643 del CCyC relativos a la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental y a la conservación, en tal caso, de su titularidad de la misma, supuesto que exige la comprobación de al imposibilidad del progenitor para ejercer la función parental o que no resulta conveniente que asuma su ejercicio, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño.
Estima que de la prueba pericial se desprende que el Sr. A. es una persona violenta, que no ha acreditado cuál es su medio de vida ni que pueda darle a M. la seguridad, cuidados y asistencia que necesita acorde a su discapacidad visual. Tampoco ha demostrado su intención de tener una adecuada comunicación o contacto con ella, ni ha solicitado la fijación de un régimen a tal fin.
Resalta que la adolescente se encuentra habituada y adaptada a la convivencia con la progenitora afín y con sus hermanos, por lo que no es conveniente que se modifique su centro de vida, atendiendo a sus circunstancias actuales.
II.- A fs. 167/170 expresa agravios el apelante.
Se agravia en cuanto no se analiza la conducta agresiva de la Sra. S. hacia su persona, de la cual existen varias denuncias tanto de impedimento de contacto como de daños a la propiedad por parte de ella. Se queja del encuadramiento del caso en el art.674 del CCyC considerando su imposibilidad o inconveniencia de ejercer la responsabilidad parental cuando esto no es así, pues se omite ponderar que es una persona responsable que trabaja en la Municipalidad de Maipú, que se le otorgó a él la tenencia de su hija cuando aún vivía la progenitora de la menor, que es capaz de llevarla a control médico y a la escuela, según surge de la prueba informativa de los expedientes unidos por cuerda.
Luego se queja de la falta de fijación del tiempo máximo de un año para que se ejerza la guarda, lo que afecta su derecho de cuidar y proteger a su hija, así como de compartir su vida y en tanto no se menciona claramente que como padre conserva la titularidad de la responsabilidad parental, por lo que le asiste el derecho de supervisar su crianza y educación en función de sus posibilidades.
Sostiene que no se ha priorizado el deseo de su hija de querer vivir con su padre, por cuanto si bien es una niña tímida, es capaz de decidir lo que quiere.
Aduce que se otorga la guarda judicial a la Sra. S. porque ella invoca que se hace cargo del cuidado personal satisfaciendo todas las necesidades morales y materiales de la niña, merituando sólo parcialmente la situación, ya que los problemas que ella denuncia tienen su origen en que no le permite tener una adecuada comunicación con sus hijos -tienen dos niños en común-. Además surge a fs. 25 que no manda a M.a la escuela, ni a los controles médicos aduciendo que no tiene sustento económico, lo cual no es razonable ya que no la llevaba por motivos egoístas y no permitía que él lo hiciera ya que ella tiene los papeles de la niña, con lo cual se demoró el trámite para que tuviera la cobertura social que el Estado presta a las personas discapacitadas.
Solicita se contemple la situación especial de su hija adolescente, que es ciega, que se le permita salir, visitar a sus amigos y no tenerla confinada como pretende la Sra. S.
Refiere que debe analizar el hecho que la vivienda que ocupa fue otorgada por el Instituto Provincial de la Vivienda, no con una intención oculta de vivir en ella sino para que la misma sea conservada para ser habitada por los beneficiarios, principalmente M.; se paguen los impuestos, tasas, etc., siendo -dice- ésta la razón por la que la Sra. S. quiere ejercer la guarda de su hija: para tener garantizado un lugar para vivir y no tener que alquilar.
Observa que no se debe aplicar el art. 647 del CCyC, por cuanto no ha realizado ninguna delegación de guarda, está en condiciones de ejercer la responsabilidad parental y hacerse cargo de su hija, habiéndose vulnerado el derecho de la adolescente de vivir en familia y los principios de autonomía progresiva, de no discriminación, de igualdad y de realidad.
Por último destaca que si M. estuviera a su cargo, no implicaría cambio en su centro de vida ya que viviría cerca, puede llevarla a la misma escuela, continuar en el mismo barrio, visitar frecuentemente a sus medios hermanos y tener contacto con sus vecinos y parientes; y que debe ser tenida en cuenta la opinión de M., si ella manifiesta que desea vivir con su padre.
III.- A fs. 76/78 contesta la apelada el traslado conferido y solicita por los motivos que expresa, a los que me remito ad brevitatis causa, el rechazo del recurso articulado.
IV.- A fs.183/184 dictamina la Asesora de Menores sobre las pruebas ofrecidas y a fs. 187/189 se emite decisorio admitiéndose la documentación contenida a fs. 170 apartado I, subapartados 3 y 4 y rechazando las del apartado I de fs. 170. Se fija audiencia a los fines de escuchar a M., con la concurrencia de una psicóloga del CAI Salud Mental.
A fs. 193 se agrega el acta que trasunta la escucha por este tribunal de la joven M., en presencia de la Asesora de Menores e Incapaces.
A fs. 195 emite informe la Lic María Judith Jakubowicz.
V.- A fs. 199 dictamina la Sra. Asesora de Menores solicitando por los motivos que expresa, a los que también remito en honor a la brevedad, el rechazo del recurso de apelación impetrado.
VI.- Estimo que la solución adoptada por la juez a quo en cuanto otorga la guarda judicial de la joven M. a la progenitora afin Sra. B. S. resulta acertada, aún cuando yerra en la fundamentación y encuadramiento jurídico del caso, por cuanto no resulta aplicable al sub lite la figura de la delegación convencional del ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, prevista en el artículo 643 del CCyC, en el interés del hijo, por razones suficientemente justificadas y con homologación judicial.
Ni la de la delegación, también convencional, que el progenitor a cargo del menor efectúa a favor del progenitor afín, contemplada en el artículo 674 del CCyC, con exigencia de homologación judicial y salvo que el progenitor no conviviente exprese su acuerdo de modo fehaciente.
Tampoco resulta ser el de autos el supuesto contemplado en el artículo 657 del mismo cuerpo legal, cuando media acuerdo entre el progenitor afín y el progenitor no conviviente para el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, frente a la muerte, ausencia o incapacidad del progenitor que estaba en ejercicio de la misma, el que igualmente debe contar con homologación judicial.
En el caso, la cónyuge del Sr. Eduardo A. y progenitora afín de M.solicita en agosto de 2013 el otorgamiento de la guarda judicial a fin de poder realizar los actos cotidianos de la vida de la joven, quien se encontraba a esa fecha a su exclusivo cargo y asiste a la Escuela Helen Keller, denunciando que estaba tramitando el pago de la discapacidad ya que lo había perdido. Afirma que está con ella desde los cuatro años, que es un ser especial, que desea velar por su bienestar, que su madre falleció en el año 2.002 y que siendo la Sra. S. víctima de violencia intrafamiliar, el demandado fue excluido del hogar hace cuatro meses, desentendiéndose de su hija, autorizándosela a fs. 122 a percibir los beneficios de la pensión por discapacidad de la que es beneficiaria la joven hasta que recaiga sentencia.
Tal como adelanté, resulta procedente el otorgamiento a la Sra. S. de la guarda judicial de M.
Es que dentro de las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental el art. 640 CCyC contiene en el inciso a), la de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental; en el inciso b), el cuidado personal del hijo por los progenitores y en el inciso c), la guarda otorgada por el juez a un tercero, pariente o no.
Se consagra en este último inciso una situación que se presenta con frecuencia: “el guardador que se ha asignado al niño o niña tiene el cuidado personal y está facultado para tomas las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o de los progenitores, quien es conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y ejercicio (Nora Lloveras, Olga Orlandi y Gabriel Tavip en “Tratado de Derecho de Famili. Según el Código Civil y Comercial de 2014ª , directora Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo IV, p. 42).
Ahora bien, la Sra. S., es la progenitora afín de M.El nuevo código destaca superlativamente la figura del progenitor afín, definiéndolo como el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente y destacando su presencia e intervención en la vida de los hijos menores de edad del cónyuge o conviviente (art. 672 CCyC).
En la obra de Alberto Bueres se señala que a diferencia del Código Civil que tenía muy escasas referencias al parentesco por afinidad, la normativa citada ut supra define claramente la figura del progenitor afín que ha tomado una trascendencia importante a raíz del aumento del número de familias ensambladas y, por ello, resulta adecuada su regulación. Además se incluye el conviviente afín a pesar de no existir entre ellos parentesco por afinidad. (“Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado , Ed. Hammurabi, Bs.As., 2014, Tomo 1, p. 444).
Así pues el progenitor afín puede o no ser un pariente por afinidad, pues estamos frente a una figura más amplia que también se extiende al conviviente del progenitor, supuesto en el que no puede hablarse de un parentesco por afinidad respecto al hijo del conviviente: “Si bien, el parentesco por afinidad se genera tras el matrimonio y las uniones convivenciales no hacen nacer este tipo de lazos jurídicos, se mantiene la noción de “afín con un sentido más amplio o laxo, más allá de que técnicamente se configure o no un vínculo de parentesco ; agregando que “El Código no se circunscribe a la noción de parentesco por afinidad que establece el artículo 538, sino que lo extiende también a relaciones de pareja y convivencia con el hijo de quien no está unido por un vínculo matrimonial (Marisa Herrera, en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado , obra dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo IV, p.463).
Continua la autora citada en su comentario al artículo 672 del CCyC, destacando que desde épocas inmemorables esta figura ya se vislumbraba en la práctica, pero de una manera peyorativa, pues se aludía a “madrastra , “padrastro e “hijastro , y a la existencia de un vínculo dificultoso o negativo entre ellos: “El código destierra esta mirada negativa no sólo al regular de manera particular este tipo de vínculos afectivos, sino al hacerlo de manera positiva, en respeto y reconocimiento de estas figuras en beneficio de niños y adolescentes sino al reconocer y fortalecer el vínculo que se genera entre quien se encuentra casado o conviviendo con una persona y los hijos de una unión anterior de éste (ob. cit., p. 463).
Dentro del marco legal reseñado entiendo que se trata de aplicar en este caso concreto la figura prevista por el artículo 657 en consonancia con el art. 640 inc. c), ambos del CCyC, y por consiguiente, en supuestos de especial gravedad, se puede otorgar judicialmente la guarda a un pariente -o no- por el plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual, vencido el cual se debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras figuras reguladas en el Código. El guardador detenta el cuidado personal del niño o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio que la responsabilidad parental queda en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades de esta titularidad y ejercicio.Es que cuando el o los progenitor/es no puede/n hacerse cargo de la guarda de sus hijos para su protección, educación y manutención, o no se encuentran en las condiciones adecuadas para ello y esto además, controvierte, como ocurre en autos, el deseo de la joven involucrada, quien siendo ya casi mayor de edad, ha expresado su deseo categórico de seguir viviendo con su progenitora afín y con sus hermanos, resulta procedente la delegación de la guarda, para que ésta asuma las funciones protectoras que en realidad ya viene ejerciendo de hecho en forma compartida con el progenitor, desde que M. tenía cuatro años y en forma exclusiva desde el año 2.013, cuando aquél fue excluído del hogar por mediar violencia familiar y de género en la pareja conyugal.
Ya antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial se admitía excepcionalmente la aplicación de la figura de la guarda judicial sin fines de adopción cuando los padres biológicos presentaban impedimentos o dificultades en el ejercicio de la responsabilidad parental, no admitiéndose la delegación por razones económicas o justificadas en el desinterés de los padres. En sentido coincidente se reconocía que: “Sólo excepcionalmente se ha admitido la delegación de la guarda en casos en que la protección y asistencia material del niño no puedan ser cubiertas por los padres y el ejercicio de las funciones emergentes de la responsabilidad parental no alcanzan para aS.r y garantizar al niño el pleno goce de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Así v.gr.si ambos padres han reconocido su impotencia e imposibilidad para afrontar el tratamiento y rehabilitación de su hijo, dadas sus particulares y excepcionales condiciones de salud, lo que pone al descubierto que el instituto proteccional máximo de la minoridad no cumple acabadamente con los fines tenidos en mira por el legislador, aún cuando este hecho sea ajeno a la voluntad de los progenitores y conculca derechos básicos y fundamentales del menor. (Actualidad Jurídica de Córdoba-Familia y Minoridad, Vol 2, pág. 105, junio de 2002) y así lo admitió esta Cámara al decir que: “…aún tratándose de un supuesto no previsto en la ley, no debería por ese solo motivo rechazarse, si, al sentenciar, se advirtiera que no hacer lugar a la pretensión esgrimida deviniera en un apartamiento notorio del interés superior del niño, en tanto ese interés, consagrado en los arts. 3.1 y 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño debe ser el norte, principio rector o directriz, que guíe toda decisión judicial o administrativa en la que se encuentren involucrados los intereses de un menor y debe ser preferido por encima de cualquier otro interés al momento de dirimir cualquier conflicto que los contenga (Expdte. N° 378/14/9F-165/15,“S. SILVIA INES P/ LA MENOR CARMONA CORREAS ZOE JAZMIN P/ GUARDA , 1/04/2016); siguiendo el mismo lineamiento sentado en otros fallos, en los que se resolvió que “cuando se trata de determinar la persona que corresponde designar para la guarda de un menor, la decisión judicial debe necesariamente valorar el interés de éste, interés que se encuentra por encima de cualquier otra circunstancia que pudiera concurrir en cada caso.“ (hyperlink).
Postura jurisprudencial que fue receptada por el CCyC en su artículo 657 al consagrar la facultad judicial de otorgar la guarda a un pariente por el plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual.
Imponiéndose, sobre la base de esta normativa, la confirmación de lo resuelto en la primera instancia, en cuanto al otorgamiento de la guarda judicial de M. a favor de su progenitora afín y el consiguiente rechazo del recurso articulado por el progenitor.
Conclusión a la que arribo con la ponderación de las pruebas arrimadas a la causa y expedientes conexos a ella.
De la encuesta ambiental agregada a fs. 23 y vta. surge que en la vivienda sito en Barrio Batalla de San Lorenzo, viven la menor causante y sus hermanos Sebastián y Alan A. S. de 8 y 7 años (año 2013); que la vivienda cuenta con servicios de electricidad, gas y agua potable que se encuentra en Coquimbito, Maipú y está construido por el I.P.V. El grupo familiar subsiste con la ayuda de la madre de la progenitora, con su jubilación de ama de casa, que el progenitor cobra la pensión por discapacidad de M. y la asignación familiar de los dos niños que tienen en común y que hace seis meses que no reciben ayuda económica de su parte. Si bien en ese momento M. no estaba concurriendo a la escuela Hellen Keller, se pretendía insertarla en el cursado del ciclo lectivo 2014 y se había reclamado judicialmente la ayuda económica del progenitor, habiéndose ordenado que se le retuviera como cuota alimentaria el 20% de su salario.
La profesional actuante recalca que a M. se la observa feliz y despreocupada; se muestra afectuosa con la Sra. S.y dispuesta a brindar la información que se le solicita; explicita su intención de retomar sus estudios en cuanto económicamente le sea posible y de continuar viviendo junto a sus hermanos, bajo el cuidado de su “madrastra . Concluye el informe en sentido favorable al acogimiento de la guarda solicitada por cuanto se trata de una situación de hecho existente, siendo B. S. quien, dentro de sus posibilidades, contiene y acompaña actualmente a la menor, brindándole amor y cuidado (fs. 23 y vta.).
De la presentación de la actora de fs. 73 y del hecho allí denunciado y de lo manifestado en la entrevista realizada por el CAI a fs. 105 se evidencia que M. comenzó el ciclo lectivo.
En la pericia psíquica de la B. S. (31 años), se detecta que siempre ha considerado a M. como su hija, ya que cuando se casó con su padre tenía cuatro (4) años y siempre la ha cuidado. Cuando A. fue excluido del hogar por haberse acreditado una situación de violencia intrafamiliar, la niña se quedó con ella, estaría acostumbrada a vivir allí con sus hermanos menores y el progenitor no se ocupa de ella, ni incluso económicamente. La perito percibe que la examinada está altamente vinculada a sus hijos y a M., evidenciando un apego estable, afectivo y contenedor de orientación positiva, expresando preocupación por lo s cuidados y el bienestar de todos ellos, a pesar de sus limitaciones a nivel económico y social. Se esmera en proporcionar a la niña y a sus hijos, los cuidados que se encuentran a su alcance, expresando deseos de obtener la guarda de M. y continuar con sus cuidados (fs. 106 y vta.).
Asimismo se agrega una pericia anterior, realizada en oportunidad de la denuncia por violencia familiar formulada por la Sra. S. contra el Sr. A., en el marco de los autos N°504/13/3F, caratulados “S. B. E. c/A.Eduardo Daniel por Violencia Familiar ley 6672 , en la que se concluye que la examinada presenta sintomatología compatible con victimización por maltrato emocional en la pareja, a lo que se suma un episodio de agresión física reciente por parte del Sr. A.- (fs. 107 y vta.); corroborado por el examen físico realizado por el CAI sector medicina interna en la que se concluye que las lesiones constatadas esquimosis violácea tipo ojera interna en el párpado inferior de ojo I; otra redondeada de aprox. 1,5 cm. de diámetro en zona externa I del mentón y otra azulada con zona verdosa periférica, oval transversal, de aprox. 5 x 3 cm., en parte externa del tercio medio del brazo I-, son compatibles con el relato de la causante en cuanto a tiempo y mecanismo de producción, quien refiere ser víctima habitual de violencia física por parte de su pareja, habiéndose producido el último episodio el 08/05/2013 en horas de la noche, mediante golpes de puño en la cara y forcejeos en el brazo (fs. 108 y vta.).
El testimonio de Graciela Safie -actual pareja del demandado- no resulta significativo, pues la segunda y tercera respuestas giran en torno a los recursos económicos con que contaría la Sra. S. que según la testigo sería lo que le descuentan a A. para depositárselo en la cuenta alimentaria de sus hijos y con la pensión por discapacidad- y en atención a que la testigo afirma desconocer la situación de M. en la respuesta a la primera repregunta (cfr. fs. 123/124).
Amén de ello, las instrumentales acompañadas por el apelante a fs. 164 y fs. 165 tampoco resultan concluyentes a favor del oferente de la prueba, por cuanto en la primera no se indica el tenor de la denuncia formulada por A. y la segunda constata una denuncia de una tercera persona (Graciela Safie Romero) respecto a la rotura de un vidrio del vehículo que allí se consigna.En cuanto a la denuncia de la que da cuenta la constancia de fs. 163 sobre un presunto impedimento de contacto (ley 24.270), se desconoce el curso de las actuaciones posteriores y su procedencia o rechazo.
Igualmente no aportan conclusiones a favor del apelante, los recibos de sueldo emitidos por la Municipalidad de Maipú, agregados a fs. 161/162, de los que sólo se puede colegir que presta servicios en relación de dependencia y que percibe las asignaciones correspondientes a cónyuge, hijos, hijo discapacitado, escolaridad primaria, escolaridad primaria especial y familia numerosa, montos éstos que deberían ser canalizados a sus legítimos destinatarios y sin perjuicio del embargo que se patentiza en el mismo en concepto de cuota alimentaria, cuestión que resulta ajena al presente proceso, por cuanto que él sea una persona que tiene un trabajo estable, no es óbice para que la Sra. S. sea quien como progenitora afín se encargue del cuidado personal del M., por resultar esto más conveniente a los intereses de esta última.
Por el contrario sí se han probado los episodios de violencia hacia la Sr. S., con quien convive M., y la exclusión del hogar del Sr. A., lo que resulta ser un componente muy negativo al valorar su conducta, violencia que si bien no ha estado enderezada hacia la joven, es un elemento de extrema gravedad en el examen de las condiciones personales del progenitor.
Desde otra óptica, cobran especial relevancia la opinión y los deseos de M. exteriorizados ante los integrantes de este Tribunal Colegiado, en presencia de la Asesora de Menores y de la Licenciada en Psicología María Judith Jakubowicz. La joven se expresa categóricamente en sentido asertivo respecto a que quiere vivir con su mamá; que disfruta ir a la escuela y describe las actividades que realiza cotidianamente. Relata que se lleva bien con sus dos hermanos y se infiere de su escucha que se realizan los controles médicos adecuados. M. se evidencia como una joven alegre, espontánea, le gusta oír música, pintar, jugar a la pelota y tiene una mascota.Su discapacidad visual y las dificultades que señala la experta que emite el informe a fs. 195, en cuanto a que presenta un retraso mental con alta dependencia afectiva, no implican un obstáculo para expresarse libremente sobre su vida cotidiana y con relación a la persona con la que quiere convivir, que claramente es su progenitora afín a la que identifica como su mamá.
A partir de lo observado y evaluado en la entrevista realizada, la Lic. Jakubowicz informa que M. presenta dificultades para desenvolverse en las actividades cotidianas relativas tanto a su estado psicofísico así como en lo académico y social y necesita una significativa ayuda para ello, aspectos que sin embargo se encontrarían bien atendidos por la Sra. S. quien está actualmente a su cargo (cfr. fs. 195).
Por lo hasta aquí plasmado y pruebas analizadas, surge sin hesitación que la guarda judicial de la joven puede ser otorgada a su progenitora afín, quien desde que M. tenía cuatro años asumió el rol de madre y se ha desempeñado como tal hasta la actualidad. En ella visibiliza M. una figura protectora, entre ambas se ha generado y consolidado un vínculo afectivo y de apego que data de muchos años.
A lo que se suma que la convivencia con la progenitora afín, le permite vivir también con sus hermanos menores, con el lógico beneficio que emana del cotidiano estrechamiento de los vínculos fraternos.
De allí que no resulta estéril la referencia que formula la juez a quo al centro de vida de la joven, por cuanto no se trata sólo del barrio o la escuela a los que aludiría el padre cuando esgrime que, en caso de vivir con él, seguiría estando cerca de todo aquello que hoy circunda a la vivienda donde habita y acudiría a la misma escuela. Para M. cobra vital importancia el pequeño entorno físico que la rodea: su habitación, el baño, la ubicación de todos y cada uno de los elementos del hogar, su mascota.E, insisto, la invalorable presencia de sus hermanos Alan y Sebastián, con los que convive desde el nacimiento de los niños, quienes a la fecha del informe de fs. 23 (año 2013) contaban con 7 y 8 años respectivamente.
La Sra. B. S., como madre afín y guardadora judicial de M., detentará su cuidado personal, con facultades para tomar las decisiones relativas a las actividades de su vida cotidiana, con los alcances establecidos por el art. 657 del CCyC, debiendo ejercer tal función priorizando el bienestar de la joven, y sin perjuicio que la responsabilidad parental permanezca en cabeza del progenitor, quien conserva los derechos y responsabilidades emergentes de su titularidad y ejercicio.
En otro orden, el agravio relativo a que debería analizarse el tema de la vivienda, porque según el apelante el interés en la misma justificaría la actitud egoísta de la Sra. S. y su interés en que M. viva con ella, debe ser desatendido por cuanto en el sub lite no se trata de resolver acerca de cuestiones económicas o patrimoniales, sino del cuidado y atención cotidianas de M., por lo que todas las cuestiones vinculadas con la vivienda, que según el informe de fs. 60 y fs. 85 figura en el Instituto Provincial de la Vivienda adjudicada a ambos cónyuges, Eduardo Daniel A. y B. E. S., como titulares, deberán canalizarse por la vía que resulte pertinente, la que es totalmente ajena a lo que resulta ser el objeto de este proceso.
Por último, igual suerte debe correr el agravio que gira en torno a la falta de fijación en la sentencia del plazo de la guarda judicial, por cuanto en el supuesto en que el mismo no se hubiera establecido expresamente, rige el plazo máximo del artículo 657 del CCyC, sin perjuicio de su prórroga por razones fundadas por otro lapso igual. Sin soslayar que el 4 de junio del corriente año M.adquiere la mayoría de edad, cesando en consecuencia la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental y la guarda judicial, figuras ambas relativas a las personas menores de edad, con independencia de las medidas de salvaguarda y apoyo que en el futuro resultare necesario adoptar en resguardo de la joven atento a su discapacidad visual.
Así voto.
A la primera cuestión los Dres. Zanichelli y Ferrer adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. ESTELA INES POLITINO DIJO:
Atento a la forma en que se resuelve el recurso incoado, corresponde que las costas de Alzada se impongan al apelante que resulta vencido, de conformidad con el principio objetivo de la derrota de raíz chiovendana (arts. 35 y 36 ap. I del C.P.C.).
Se regularán honorarios a la Codefensora Oficial que ha intervenido en la Alzada patrocinando a la apelada, en tanto que corresponde regular honorarios a los codefensores oficiales cuando los mismos son a cargo de la contraparte, emolumentos que en tal caso tienen el destino señalado por el último inciso del art. 47 del C.P.C., conforme lo dispone el inciso IV del art. 97 del mismo cuerpo legal, de aplicación supletoria de la ley 6354, conforme artículo 76 y cc. de la misma.
En cuanto a los letrados que patrocinaron al apelante, se tendrá en cuenta que a fs. 149 compareció con el patrocinio conjunto de los Dres. Gutierrez y Crippa y a partir de fs. 167 fue asistido por la Dra. Griselda Cristina Funes como abogada ad hoc, correspondiendo tener en cuenta a los fines de la regulación lo previsto por los arts. 3, 13 y 15 de la ley de aranceles y la Acordada 27.094 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Así voto.
A la segunda cuestión los Dres. Zanichelli y Ferrer adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dic tar la sentencia que a continuación se inserta:
SENTENCIA: Mendoza, 10 de abril de 2017.
Y VISTOS:
El acuerdo que antecede, el Tribunal
RESUELVE:
I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado apelante a fs. 149 en contra de la sentencia recaída a fs. 146/147, la que en consecuencia se confirma.
II.- Imponer las costas al apelante vencido (arts. 35 y 36 ap. I del CPC).
III.- Regular honorarios profesionales a la Dra. Gabriela Pitrella en la suma de ($.), a los Dres. Salvador Jesus Gutierrez y Cecilia A. Crippa en la suma de ($.) en conjunto y a la Dra. Griselda Cristina Funes en la suma de ($.) (arts. 3, 13 y 15 de la ley 3641 y Acordada N° 27.094 SCJM).
CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE Y BAJEN.
Dra. Estela Inés Politino
Juez de Cámara
Dra. Carla Zanichelli
Dr. Germán Ferrer
Juez de Cámara

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Procede el pedido de cambio de nombre que recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario

Partes: S. M. S. s/ sumaria información
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario
Sala/Juzgado: 3ra nom.
Fecha: 22-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104840-AR | MJJ104840 | MJJ104840Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre del peticionante, toda vez que, el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad.
2.-Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relaciones con la sociedad toda.
3.-Toda vez que de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal surge que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre que pretende se le asigne, y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc, cabe considerar a su dignidad se ve también severamente afectada debiendo acogerse su petición.
4.-La Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico, asimismo, el art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
Fallo:
ROSARIO, 22 de mayo de 2017
Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial de la 3a. Nominación Rosario
Y VISTOS: Estos autos caratulados “S., M. S. s/ SUMARIA INFORMACION”
Que la actora, con patrocinio letrado, inicia los presentes con el objeto de cambiar su prenombre por el de “S.S.S.”, en base a las cuestiones de hecho y de derecho expuestas en el escrito inicial (.) que la infancia del peticionante estuvo marcada por un fuerte rechazo hacia su prenombre y todo lo que implicara su utilización o rúbrica; aislamiento de las instituciones juveniles y sociales, manifestando que no sólo carece de cobertura social o bienes a su nombre, sino que también rehúsa de atención médica hasta niveles alarmantes únicamente por el hecho de no dejar registros de su identidad en los centros respectivos; no poder concretar un trabajo registrado e, incluso, el simple hecho de que un tercero se dirija hacia la persona del peticionante con el prenombre “M.” lo sumerge en un estado de depresión y recrea tortuosamente en su fuero intimo los graves hechos ya indicados.
Que en fecha 12/09/2014 fue habilitada la instancia a tales fines, aplicándose a los presentes el trámite del proceso sumarísimo, ordenándose una serie de diligencias a los fines probatorios.
Que obran en autos constancias correspondientes a la publicación de edictos (fs. 26 y 29), testimoniales (fs. 28 y 34/5), registro general de la propiedad (fs. 30), asesoría letrada del registro civil (fs. 33), dictamen del Sr. Agente Fiscal (fs. 38).
Que mediante decreto de fecha 29/05/2015 se ordenan, en virtud de lo dispuesto por el Art. 20 CPCCSF, medidas para mejor proveer; habiendo sido cumplimentadas en relación a la Jefatura de Policía UR II (fs. 42 a 52), Policía Federal (fs. 54/5) y el certificado de antecedentes penales (fs. 56).
Que en fecha 25/11/2015 y, nuevamente, en concepto de medidas para mejor proveer, se requiere una batería de medidas probatorias, las que se encuentran diligenciadas y agregadas en autos de fs.62 a 175 (entre las cuales se encuentran oficios a los jueces en lo penal de Instrucción, en lo penal correccional y en lo penal de sentencia; al Registro General de la Propiedad de la 1era Circunscripción; al Registro Nacional de la Propiedad Automotor; al BCRA; al Registro de Procesos Concursales; Registro Nacional de las Personas; a la M.E.U.; al médico forense y a la presidencia de la cámara de apelaciones a los fines de sortear un perito psicólogo, cuestión no requerida para éste Juzgador).
Que en fecha 10/05/2017 se llevó a cabo una audiencia de Visu, en la que se consiente expresamente la intervención de la suscripta (conf. fs. 183Vta.). En este estado, y no habiendo escritos sueltos pendientes de agregación (vide fs. 185), vienen a despacho para el dictado de resolución.
Y CONSIDERANDO: Como primera cuestión, corresponde expresar que el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad. Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relacionaciones con la sociedad toda. En efecto “El nombre es un atributo de la personalidad, y desde esta concepción, integrativo del derecho a la identidad personal, al instalarse en la persona de manera permantente acompañado el proceso de construcción de identidad en el ámbito social” (Conf. Arg. Ciuro Caldani, ´El derecho humano a participar en la Construcción del Nombre´JA-2011-III-620 Gil Dominguez, Famá, Herrera Derecho Constitucional de Familia, T. II, p.840 y ss). Máxime en el contexto actual de la constitucionalización del derecho privado argentino, desde la sanción del Código Civil y Comercial vigente (en adelante, CCCN).
Por ello, como segunda cuestión, no puede soslayarse que si bien los presentes fueron iniciados de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 18.248 estableciendo que la petición para el cambio de nombre debía interponerse por ante el organo jurisdiccional correspondiente bajo un trámite y requisitos procesales específicos; los presentes deben ser reconducidos a raíz de lo dispuesto por el Art. 7 del Código Civil y Comercial, en cuanto a la eficacia temporal a todas aquellas relaciones y situaciones jurídicas existentes, aplicándoseles a los presentes su nuevo plexo legal. Por tanto, no cabe otra consecuencia que dejar de lado el paradigma ut supra referido, debiendo hacerse foco únicamente en lo que el Art. 69 CCCN establece como “justos motivos” que, al no estar regulado como norma numerus clausus, permite al sentenciante incorporar una gran amplitud de situaciones, y fallar acorde las particulares circunstancias de cada caso y de cada persona.
Entre la nutrida jurisprudencia sobre los justos motivos, se ha dicho que “. el Juez se encuentra facultado para examinar con amplitud de criterio las distintas situaciones propuestas y apreciar si con el cambio o adición no se afetan los principios que gravitan en torno al nombre como atributo de la personalidad.” (CNCiv., Sala G, 14/07/2003, R., K., DJ 22/10/2003, 545 – DJ 2003-03,545 – JA 2003-IVA, 553) y que “.excluyen por lo pronto toda razón frívola, toda causa intrascendente, toda justificación que no se funde en hechos que agravien seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del sujeto que aspira a obtener una modificación de su nombre.” (Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Minas Nro.4 de Mendoza, 10/03/1999, Carabaca, Alejandro LLGran Cuyo, 1999-645). Es por ello que se puede entender a los justos motivos como aquellas causas graves y que razonablemente sean capaces de violar el principio de estabilidad del nombre.
Asimismo, contrafácticamente, se entiende que no configuran justos motivos para obtener el cambio -entre otros-, el hecho de que quien lo peticione en su vida diaria y/o laboral sea tratado o conocido por otro nombre, porque el largo uso de un nombre distinto al que figura registrado no se erige en razón suficiente para que el Juez lo homologue consagrándolo como nombre “legítimo”.
En el sub lite se percibe claramente que el hecho generador por el cual el accionante solicita el cambio de su prenombre se funda en las terribles situaciones traumáticas que según expone tuvo que atravesar en su infancia (.), situación de hecho que corresponde a lo dispuesto en el inciso c) del Art. 69, eximiendo a éste Juzgador de realizar un examen pormenorizado sobre la existencia de cualquier otra “justa causa”.
Es evidente que el legislador ha concebido la profunda reforma del derecho argentino con la premisa de transformarlo en una herramienta que sirva para mejorar la calidad de vida de personas; en este caso aquella que no se siente identificada con el nombre que lleva, materializándose así los principios de no discriminación, la igualdad de oportunidades y en realidad el acceso a la salud tanto física como psíquica. En tal sentido debe dejarse aclarado que ello no significa una puerta abierta para que livianamente se peticione el cambio de nombre por una cuestión meramente antojadiza.En el sub lite, el cambio solicitado recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario; tal modificación no implica menoscabo hacia la persona del actor, no conculca el orden público ni la moral ni las buenas costumbres.
Muy por el contrario, de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal llevada a cabo en fecha 10 de mayo pasado, puedo advertir que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre S. S. S. y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc. He aquí, entonces, que su dignidad se ve también severamente afectada.
Cabe destacar especialmente que el art. 3 de la nueva norma de fondo refiere a los principios y valores jurídicos como pauta para interpretar la ley, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Dentro de tales valores, el respeto por la dignidad de la persona emerge como guía fundamental. El destacado bioeticista Dr. Roberto Andorno (citado por Ciruzzi, Ma. Susana en “El concepto de persona y dignidad a la luz del prisma bioético”, Rev. de Der. de Familia y de las Personas, Año 3-Nº 5, Junio de 2.011, Ed. L.L., Bs. As., pag. 203 y ss), que “aun siendo una noción aparentemente vaga y difícil de definir con precisión, la idea de dignidad constituye uno de los pocos valores comunes de las sociedades pluralistas en que vivimos…En efecto, el principio de dignidad es comúnmente aceptado como base de la democracia y su razonabilidad permanece indiscutida a nivel jurídico y político.La inmensa mayoría de las personas consideran como un dato empírico, que no requiere ser demostrado, que todo individuo es titular de los derechos fundamentales por su sola pertenencia a la humanidad, sin que ningún requisito adicional sea exigible. Esta intuición común constituye lo que un autor denomina la actitud standard, compartida por personas de las más diversas orientaciones filosóficas, culturales y religiosas.”.
En este sentido de cosas, cabe hacer referencia que la Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico. Asimismo, el Art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre. Por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
No hacer lugar su solicitud, implicaría violentar, en forma clara y absoluta, los principios establecidos en sendos tratados internacionales con raigambre constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 7 y 5 ) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12 inc 1), entre otros, que reconocen el derecho que tienen los individuos a que se les respete su integridad física, psíquica, moral y mental, con el consiguiente disfrute al más alto nivel posible.
En consecuencia, considerando suficientemente relevante, causa grave y justo motivo, el hecho de que el nombre cuyo cambio se solicita, incida en menoscabo de quien lo lleva, importando un desmedro de su personalidad, su calidad de vida y su dignidad personal, entiendo que su petición no se encuentra fundada en un simple deseo caprichoso del mismo.
Por tanto, habiéndose llevado a cabo una serie de medidas tendientes a cumplimentar los requisitos legales a tales fines, y habida cuenta de las razones de hecho y derecho expuestas,
FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre de M. S. S. (DNI XX.XXX.XXX) por el de S. S. S.; 2) Ofíciese al Registro Civil, al Registro Nacional de las Personas y a las demás reparticiones que fueren necesarias a los fines de cumplimentar con este decisorio; 3) Costas al actor; 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Insértese y hágase saber.
DRA. GABRIELA COSSOVICH
Secretaria
Dra. MARISA M. MALVESTITI
Jueza Subrogante

Derecho Civil, Derecho de Familia

La ex cónyuge que padece una afección mental preexistente al divorcio tiene derecho a percibir una cuota alimentaria más el mantenimiento de la cobertura médica

Partes: M. V. A. c/ L. L. F. s/ incidente familia
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Sala/Juzgado: 92
Fecha: 5-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104829-AR | MJJ104829 | MJJ104829Sumario:
1.-Corresponde disponer que el accionado abone una cuota de alimentos en efectivo a favor de su ex esposa más el pago de la cobertura médica, pues está acreditado que aquella se encuentra imposibilitada de trabajar y proveerse los medios para auto sustentarse a causa de una enfermedad vinculada a su salud mental, la cual es grave, preexistente al divorcio (art. 434, inc. A ), CCivCom.) y se manifestó durante la unión, agravándose con el transcurso del tiempo hasta impedir su desempeño laboral y generar dificultades para el desarrollo personal y familiar.
2.-El art. 434 del CCivCom. prevé las situaciones excepcionales que habilitan la subsistencia del deber alimentario luego de decretado el divorcio, diseñadas sobre la base de pautas absolutamente objetivas, y esas excepciones constituyen un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad, configurando un piso mínimo de prestaciones de naturaleza meramente asistencial que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con la situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges.
Fallo:
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2017.-W/MVF
AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en este proceso de alimentos, Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 31/33 la Sra. M, por su propio derecho, solicita se condene a su ex cónyuge, el Sr. L. F. L, a la prestación de una cuota en concepto de alimentos en su favor de $10.000, más la continuidad de la cobertura de la medicina prepaga. Expresa que en la actualidad se encuentra imposibilitada de trabajar y proveerse los medios para autosustentarse a causa de una enfermedad grave preexistente al divorcio. Denuncia que el Sr. L. se desempeña como gerente y tiene un ingreso aproximado de $70.000 mensuales. Ofrece prueba, que es proveída a fs.34.
En la audiencia prevista por el art. 639 y 640 del Código Procesal, las partes no han arribado a acuerdo alguno (ver fs. 39).
A fs.41 el Sr. L. F. L. ofrece pruebas, que fueron proveídas a fs. 42.
Finalmente, a fs. 477 la accionante solicita el dictado de sentencia en los términos del art. 644 del Código Procesal.
II. Las partes contrajeron matrimonio el 12 de marzo de 2010, situación que se encuentra acreditada con la partida obrante a fs.1 del expediente conexo n° 50.712/2016. A fs. 53 de dichos autos, con fecha 22 de septiembre de 2016, se decretó su divorcio en los términos establecidos por los arts. 437 y ss. del CCyCN. – A fs.14 de los presentes actuados se fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del Sr. L por la suma de $5.000 mensuales, más la cobertura de Swiss Medical -Plan B 61 o similar- por el lapso de cuatro meses. Dicha cuota fue prorrogada a fs. 44 hasta que recayera decisión definitiva.-
III. El art.432 del CCyCN consagra la obligación alimentaria derivada del matrimonio, estableciendo como regla o principio general que este deber rige durante la convivencia y la separación de hecho.
Decretado el divorcio, la norma establece que “sólo” subsiste en los supuestos previstos en el art. 434 del Código, o por convención de las partes.
De ello se infiere que una vez decidido favorablemente el divorcio, como acontece en el caso de autos, cesa de pleno derecho el deber alimentario entre cónyuges. Esta regla encuentra inspiración en dos principios esenciales: por un lado, la supresión en el ordenamiento civil de la indagación de causales de culpabilidad y la recepción del divorcio causado; por el otro, el principio de autosuficiencia y la recepción del postulado de igualdad en términos de “igualdad real de oportunidades”. Desde esta perspectiva se propicia que cada uno de los cónyuges desarrolle las estrategias necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin depender económicamente del otro (conf. Molina de Juan, Mariel, Comentario al art. 434, en Kemelmajer de Carlucci- Aída- Herrera, Marisa- Lloveras, Nora (dirs.), Tratado de derecho de familia, t. I, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2014, ps. 283 y 284).
En estos términos se señala que el nuevo perfil del matrimonio, basado en la igualdad de los cónyuges y la asistencia durante la unión, sumado al divorcio sin expresión de causa y sin sanciones, pone fin al deber de asistencia -como principio general- desde el momento de la sentencia de disolución del matrimonio (conf. Ugarte, Luis A., Comentario al art. 432, en Ameal, Oscar (dir.)- Hernández, Lidia- Ugarte, Luis (codirs. de tomo), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado y análisis jurisprudencial, Estudio, Buenos Aires, 2016, t. 2, p.113). Como consecuencia de ello, se afirma que “los alimentos entre cónyuges después del divorcio constituyen una situación verdaderamente excepcional, ya que sólo podrán tener lugar en los casos taxativamente mencionados en la ley o bien cuando así lo han convenido los cónyuges (art. 431, CCCN)” (Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, p. 61).
Sobre la base de lo expuesto, se resolvió que “en el marco del actualmente vigente Código Civil y Comercial los alimentos posteriores al divorcio entre ex cónyuges son absolutamente excepcionales y sólo proceden si median los supuestos expresamente establecidos por la ley, para el caso, en el artículo 434 previstos en favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse o a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, previéndose incluso expresamente que no procederán a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441 del CCC.Es que, los alimentos postdivorcio constituyen una obligación a favor de alguien con el que ya no se tiene vínculo jurídico alguno, la propia ley excluye el carácter vitalicio excepcional del derecho alimentario con posterioridad al divorcio reflejándose en la imposibilidad de reclamar alimentos si se ha recibido una compensación económica, figura ésta que -tal como ha sido prevista en el CCyC- no se confunde con la prestación alimentaria en tanto tiene una finalidad diferente, distintos caracteres, requisitos de procedencia y formas de cumplimiento teniendo la exclusión consagrada en el artículo 434 del CCC el propósito de puntualizar la visión restrictiva de la prestación alimentaria posterior al divorcio revalorizando el principio de autosuficiencia, esto es, de existir una situación de desigualdad que puede compensarse debe atenderse prioritariamente a ello y en el caso de que no se den los presupuestos de procedencia de las compensaciones económicas, no hayan sido reclamadas o haya caducado la posibilidad de solicitarlas quedaría habilitada la vía para el reclamo de la prestación alimentaria” (C. Apels. sala Civ. y Com. nº 1, Concordia, 13/09/2016, “R. D., M. M. vs. N., P. s. Incidente de reducción de cuota alimentaria” RC J 5067/16).
Con idéntico alcance, se subrayó que “de conformidad con el régimen incausado de divorcio que se adopta, los alimentos están alejados de la noción de culpa y se fundan, por el contrario, en situaciones de objetiva y manifiesta vulnerabilidad como ser grave enfermedad o carecer de bienes propios para poder sustentarse. Se trata de situaciones muy puntuales que un Código preocupado por la protección de los más débiles no puede dejar de regular.”. (C. Apels. Civ., Com., Lab., Min. y Familia Circuns. II a V, sala I, Neuquén, 15/06/2016, “R., M. D. V. vs. E., J. M. s.Divorcio”, RC J 3838/16).
Siguiendo este mismo razonamiento, se puso de resalto que “en la nueva legislación se ha pasado a un sistema de divorcio totalmente objetivo y sin expresión de causa, por lo que ya no incidirá -a los fines de evaluar la procedencia de una obligación alimentaria- la eventual existencia de culpabilidad en alguna de las partes como origen de la ruptura matrimonial.
Quiere decir, entonces, que el requerimiento de alimentos en esta materia ya no podrá fundarse en la inocencia. Lo que ha de jugar es el inocultable deber de solidaridad que surge de la unión, por lo que el derecho intervendrá en el caso de que alguno de los ex esposos exhiba indiferencia en relación a las necesidades del otro” (C. Nac. Civ, sala B 08/09/2015, “J.F.D / J. S.M s/ alimentos”, ElDial.com AA91DD).
El art. 434 del CCyCN prevé las situaciones excepcionales que habilitan la subsistencia del deber alimentario luego de decretado el divorcio, diseñadas sobre la base de pautas absolutamente objetivas. Estas excepciones, que constituyen un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad, configuran un piso mínimo de prestaciones de naturaleza meramente asistencial que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con la situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges.
Este derecho alimentario “de mínima”, se funda en el llamado principio de solidaridad familiar que, como bien se expresa, “es un presupuesto que sirve de apoyo de las diversas formas familiares, demarcando las bases para obtener a través del derecho reglamentario el resguardo o amparo de determinados aspectos que rodean a las familias, a la vez que se erige como un límite claro al ejercicio irrestricto de la autonomía de la voluntad.La solidaridad implica un compromiso y un deber hacia los restantes integrantes de la forma familiar que como personas protagonizan, enlazándose el proyecto de vida autorreferencial con la interacción que el mismo tiene respecto a los otros proyectos de vida autorreferenciales, de los integrantes de esa forma familiar”. En estos términos, la solidaridad familiar se alza como uno de los fundamentos constitucionales de la protección y el resguardo de los institutos trascendentales del derecho de familia (conf. Lloveras, Nora- Salomón, Marcelo, El derecho de familia desde la Constitución Nacional, Universidad, Buenos Aires, 2009, ps. 115/ 116).
A su vez, el derecho alimentario, por su especial naturaleza, forma parte del plexo de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina. En tal sentido, el contenido de este derecho se nutre de sendos derechos fundamentales tales como el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, el derecho al desarrollo y al bienestar, y en definitiva, el derecho a la dignidad humana. Así se desprende del art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando reconoce que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”. En idéntico sentido se expide el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esta misma línea, el art. X de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre enuncia el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, estipulando que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica.”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla en el art. 26 del derecho al desarrollo progresivo.
A la luz de estos principios, como anticipé, tomando como antecedente lo normado por los art.208 y 209 del Código Civil derogado, el art. 434 del CCyCN regula dos situaciones de excepción que autorizan la continuidad del derecho- deber alimentario entre los cónyuges tras el divorcio: a) la enfermedad grave preexistente que le impide al ex cónyuge autosustentarse, y b) los alimentos en favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad de procurárselos. Para precisar este último concepto, la norma se remite a tres de las pautas establecidas en el art. 433 -relativo a los alimentos vigentes durante la vida en común y la separación de hecho-, a saber: edad y estado de salud de ambos cónyuges; capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo de quien pide los alimentos; y la atribución del hogar familiar. Los alimentos que prevé el inc. b) del art 434 del CCyCN no apuntan a mantener el nivel económico habido durante la convivencia sino a subsanar el estado de objetiva y manifiesta vulnerabilidad de alguno de los esposos, y que el señalado carácter restrictivo de la obligación alimentaria con posterioridad al divorcio lleva a que la suma se limite a cubrir las necesidades para la subsistencia (conf. C. Nac. Civ., sala I, 28/04/2016, “M. C. M. E. c/ G. S., B. s/ alimentos”; ídem, 18/02/2016, “C, H c. M, H J s. alimentos”).
IV. En el presente caso, el reclamo alimentario de la ex cónyuge se funda en el primer inciso mencionado, esto es, la enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse.
Como se infiere del texto legal, este supuesto exige verificar tres circunstancias necesarias para la procedencia del reclamo: a) la existencia de una enfermedad grave; b) que esta enfermedad sea preexistente al divorcio; y c) que le impida al cónyuge autosustentarse. De no presentarse alguno de estos requisitos, la petición no puede prosperar.En cuanto al carácter grave de la enfermedad, corresponde señalar que este padecimiento debe tener una entidad tal que afecte la autonomía económica del cónyuge, es decir, le impida proveerse de recursos suficientes para valerse por sí mismo y conservar un nivel de vida digno, excluyéndose las enfermedades que no reúnen estas condiciones. Es dable notar que las posibilidades de aplicación de la norma son mucho más amplias que las previstas en el art. 208 del Código derogado, que se circunscribía a los casos de alternaciones graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a las drogas (conf. Ugarte, Luis, Comentario al art. 434, en Ameal, Oscar (dir.)- Hernández, Lidia- Ugarte, Luis (codirs. de tomo), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado y análisis jurisprudencial, Estudio, Buenos Aires, 2016, t. 2, p. 115; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, en Bueres, Alberto J. (dir.)- Azpiri, Jorge O. (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, t. 2, Buenos Aires, 2016, p. 128; Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia, Hammurabi, 2015, p. 62; etc.).
A tenor de la amplitud del concepto legal, como bien se ha dicho, “será el juzgador quien interprete en cada caso, dadas las particularidades que pueden presentarse en las distintas situaciones en que se reclama el derecho” (Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 75).
Con respecto a la preexistencia de la enfermedad, se requiere que se haya manifestado con anterioridad a la sentencia de divorcio, es decir, que el cónyuge hubiera padecido la enfermedad durante la vida en común o la separación de hecho. Si el padecimiento es grave pero su origen es posterior al divorcio, el reclamo alimentario no se enmarca en la previsión del inc. a) del art. 434, sin perjuicio de que pudiera proceder en los términos previstos por el inc. b) de dicha norma (conf.Solari, Néstor E., Derecho de las familias, cit., p. 75; Ugarte, Luis, Comentario al art. 434, cit., p. 114; Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 114; Molina de Juan, Mariel, Comentario al art. 434, cit., p. 288; etc.).
Azpiri sostiene que el diagnóstico de la afección debe haber sido hecho durante la vigencia del matrimonio, y el magistrado deberá evaluar si antes del divorcio ya existía la enfermedad pero entonces todavía no revestía la gravedad que requiere la ley y el agravamiento ocurre luego de la sentencia (Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62). Por su parte, Campos afirma que aunque el agravamiento pueda ser ulterior, lo importante es la consecuencia que genera de impedir proveerse de ingresos para cubrir las necesidades, por lo cual -para este autor-, proceden los alimentos tanto en la enfermedad que se hizo ostensible antes como después del divorcio, si su origen es previo a la crisis conyugal (conf. Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 114).
Entiendo que ambas posiciones resultan compatibles, pues, de todos modos, la cuestión queda librada a la prueba que se produzca en el expediente y, en definitiva, a la apreciación judicial según las circunstancias del caso.
En fin, la imposibilidad de autosustentarse exige también un análisis de las circunstancias del caso, teniéndose en consideración no sólo pautas de carácter objetivo, sino además la realidad económica, social y cultural tanto del alimentado, como del alimentante.
Conforme los lineamientos reseñados precedentemente, la jurisprudencia resolvió que “en materia de alimentos posteriores al divorcio, el Código Civil y Comercial, en su art. 434, apartado a), establece que aquellos podrán ser fijados a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. En el presente caso, no se encuentra discursivo que. durante la unión le fue diagnosticada al Sr. J la enfermedad “acromegalia” por la cual fue atendido por el Dr.B a través de la medicina prepaga “M”, servicio que el accionante poseía como integrante del grupo familiar de la emplazada. Como se puede apreciar, la experticia es terminante en lo referido a la gravedad de la afección que aqueja hace ya varios años al reclamante, pues contundentemente afirma que la enfermedad es progresiva y, en caso de no contar con la asistencia adecuada, puede resultar incluso mortal.
A la luz de estas conclusiones, entendemos que el requisito establecido en el art. 434 inc. a) del Código Civil y Comercial, para la procedencia de una prestación alimentaria a favor del Sr. J se encuentra verificado en la especie” (C. Nac. Civ, sala B 08/09/2015, “J.F.D / J. S.M s/ alimentos”, ElDial.com AA91DD).
En fin, en cuanto al alcance de la cuota alimentaria en el supuesto mencionado, la doctrina coincide en que ésta no sólo comprende los gastos ordinarios de mantenimiento sino también los que requiera la atención de la enfermedad, de modo que aunque el alimentado tenga ingresos, si éstos no resultan suficientes para cubrir los rubros indicados, cabe la procedencia de la acción (conf. Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 115; etc.).
V. A tenor de lo expuesto, se adelanta que con las pruebas producidas en autos como así también con las constancias que obran en las actuaciones conexas en trámite por ante este Juzgado, se encuentran acreditadas las circunstancias y requisitos exigidos por el inc. a) del art. 434 del CCyCN.
En efecto, conforme surge de la historia clínica de la Sra.M., realizada por la prestadora de medicina laboral CEMIBA, obrante a fs.80/85, los problemas de salud de la accionante aparecieron antes del matrimonio, manifestándose también durante la unión, agravándose con el transcurso del tiempo hasta impedir su desempeño laboral, y generar dificultades para el desarrollo personal y familiar.
Ello resulta con claridad del análisis de los diagnósticos de los especialistas, en forma cronológica, citándose en forma alternada y a modo de ejemplo los siguientes: “estrés, angustia” (22 y 14 de septiembre de 2008), “ataque de pánico stress palpitaciones (17 de mayo de 2010), “trastorno de ansiedad” (14 de octubre de 2010), “trastorno psiquiátrico” (18 de octubre de 2010), “trastorno de personalidad bipolar actualmente descompensada, hiperemotiva, con discurso acelerado y llanto fácil” (14 de febrero de 2012).
Dichos informes son contestes con los expedidos por los Dres. Jorge M. González -médico psiquiatra del Hospital Ramos Mejía- y Lilia Bordone -médica psiquiatra psicoanalista- con fecha 24 de abril de 2012, y 13 de septiembre de 2016, refiriéndose al cuadro depresivo y somático de la Sra. M. (ver fs.6, 10, 61 y 63).
A su vez, la Dra. Rodríguez Grafman -psicóloga- informa que desde febrero del corriente año hasta el conteste de fs. 62, la accionante concurre en forma semanal a tratamiento psicológico.
Las epicrisis de las instituciones Dharma y Comunidad Terapéutica de Palermo, de fecha octubre de 2013 y 2015, respectivamente, que en copia simple obran a fs.9/9vta -documental que no fuera desconocida oportunamente por el accionado- dan cuenta de la sintomatología, los antecedentes y la medicación indicada a la Sra. M, corroborándose la afección de su salud mental en los términos indicados y la imposibilidad de proveer su autosustento, al menos en el estado actual.
Tal circunstancia ha sido consentida por el Sr. L, si se advierte que mediante acuerdo privado -agregado en original a fs.44/45 del expediente conexo- el nombrado se obliga a pagar a su ex cónyuge una cuota alimentaria de $4.500 mensuales entre febrero y noviembre de 2015 y a mantener la cobertura médica existente por el año 2015.
Por otra parte, al iniciarse estas actuaciones, esto es, con fecha 14 de octubre de 2016, la suscripta proveyó favorablemente el pedido de alimentos provisorios a favor de la Sra. M por el plazo de cuatro meses, los que fijó en la suma de $5.000 mensuales más la continuidad del pago de la cobertura de salud en Swiss Medical plan B 61 o similar, providencia que fue consentida por ambas partes (ver fs. 14/vta.). Esta cuota provisoria fue prorrogada hasta el dictado de sentencia definitiva con fecha 16 de diciembre de 2016 (ver fs. 44). Si bien esta última resolución fue apelada por el demandado (ver fs. 49), éste no volvió a presentarse en autos ni fundó el recurso concedido.
En cuanto a la situación patrimonial del Sr. L, a fs.170 surge la existencia de diversas cuentas en el Banco Francés y la titularidad de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard con un límite de compra de $85.000.
A fs. 96 dicha entidad informa como débitos en la cuenta sueldo en octubre de 2016 la suma de $66.753,62.
A fs. 178 el Banco Hipotecario comunica que el accionado es titular de una tarjeta Visa con límite de compra de $56.000, registrando como adicional a la contraparte. El consumo de los últimos tres meses fue de $55.978,34.
A fs. 189/192 la AFIP informa la condición de monotributista del demandado, mientras que la Cooperativa de Trabajo Estrella comunica a fs. 196 que el Sr. L es socio cooperativo de dicha empresa, percibiendo una asignación mensual de $30.000. En cuanto a la situación patrimonial de la Sra.M, del informe del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad, se desprende la titularidad registral de partes indivisas en dos inmuebles, uno de los cuales habita, sin que exista constancia alguna acerca del destino del otro bien.
VI. En definitiva, las pruebas aportadas por la actora y la conducta desplegada por el demandado incluso antes del inicio de las actuaciones, en cuanto a su predisposición para el pago de la cuota alimentaria y la pasividad en la producción de prueba tendiente a contrarrestar el reclamo de la alimentada, permiten concluir que se verifican en autos los presupuestos exigidos por el inc. a) del art. 434 del CCyCN para fijar la prestación alimentaria.
Ello en tanto surge del expediente que la Sra. M. padece una afección vinculada con su salud mental que es preexistente al divorcio y le impide por el momento trabajar para autosustentarse. No obsta a esta conclusión que la nombrada resulte titular de partes indivisas en dos inmuebles, pues -como señalé- en uno de ellos reside y con relación al otro no surge de autos su destino ni que produzca renta alguna.
La cuota alimentaria consistirá en el pago de una suma en efectivo, más la continuidad del pago de la cobertura de salud en Swiss Medical Plan B 61 o similar. La suma en efectivo será actualizada conforme los aumentos que registre la cobertura médica de la alimentada, en el porcentaje que corresponda y en cada oportunidad que ello ocurra.
VII. Por las consideraciones expuestas, RESUELVO: a) Hacer lugar al pedido de alimentos formulado por la Sra. V. A .L, por su propio derecho, condenando al Sr. L. F. L. a abonar en concepto de cuota alimentaria la suma de seis mil pesos ($6.000) en efectivo, más el pago directo de la cobertura de salud en Swiss Medical Plan B 61 o similar.La cuota en efectivo se actualizará conforme los aumentos que registre la cobertura médica de la alimentada, en el porcentaje que corresponda y en cada oportunidad que ello ocurra, y deberá abonarse del 1 al 10 de cada mes, acreditando el pago con copia de recibo pertinente. c) Imponer las costas al alimentante, pues lo contrario significaría gravar la pensión fijada al tener que soportar la alimentada los gastos causídicos (conf. art. 68, CPCC). En consecuencia, regular los honorarios de la Dra. ALICIA I. BARRETO como patrocinante de la Sra. M. en la suma de ($.), y los del Dr. FERNANDO L. GARCIA JURADO como letrado patrocinante del Sr. L en la suma de ($.) (conf. arts. 6, 7, 9, 25, 30, 39 y cc. de la ley 21.839). Fijo en diez días el plazo para su pago. d) Notifíquese por cédula a las partes, profesionales y mediador interviniente, Dr. Raúl S. A. Gallegos (ver fs. 30).-
MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE

Abogado, Derecho de Familia

¿Cómo se calcula la cuota alimentaria?

La cuota alimentaria es un importe que debe pagar el padre que no convive con sus hijos (en un caso de divorcio o separación de hecho) para colaborar con los gastos destinados a su bienestar. Esta cuota es mensual y obligatoria hasta que los chicos alcancen la mayoría de edad. Incluye los gastos derivados de la vivienda, alimentación, salud, educación y esparcimiento. Antes del 2012 se trataba de un porcentaje fijo, pero ahora se estableció un monto variable que no toma como base su fortuna o enriquecimiento, sino que se establece en función de las necesidades materiales y espirituales de los hijos menores.

¿Cómo sé qué debo pagar?
El monto debe ser pactado entre ambos padres y, para que tenga validez, debe estar homologado judicialmente. Si no se ponen de acuerdo, será el juez quien determine la suma a ser pagada teniendo en cuenta el nivel de vida de los menores y los ingresos de ambos progenitores para comprobar cuánto pueden aportar. Una vez que se determina el dinero que necesitan los chicos para satisfacer sus necesidades, se divide esta suma en dos mitades iguales.

La ley no indica qué porcentaje estipular sino que este monto queda al criterio del juez (oscila entre un 20% y un 30% de los ingresos para los empleados registrados en relación de dependencia).De todas maneras, este criterio cambia cuando los padres tienen gran poder económico, entonces prima el nivel de vida del grupo familiar cuando convivía.

¿Por qué el padre que no convive paga más?
Porque se supone que el otro progenitor, el que vive con los hijos, invierte parte de su tiempo, atención y otros cuidados.

¿Qué pasa si no se cumple con la cuota?
Hay que realizar un reclamo en el juzgado cuya jurisdicción abarque el domicilio en el que habitan los menores. El juez evaluará los argumentos de ambos padres y `podrá determinar, si fuera necesario, el embargo de los bienes del progenitor que no paga. El reclamo solo tendrá validez si el monto de la cuota está homologado judicialmente. Hay que tener en cuenta que el no pago de la cuota alimentaria prescribe a los cinco años.

¿Y si no sé cuánto gana mi ex?
En este caso será el juez el que determine el monto aproximado en función de las pruebas aportadas por ambas partes.

¿Qué cubre y qué no?
La cuota alimentaria puede establecerse en su totalidad tanto en dinero como en especies, es decir, pagando una parte con ropa para los chicos, o la cuota del colegio, del club, etc. y presentando todos los recibos. En este caso, pagará solo la diferencia.

¿Incluye el aguinaldo?
Sí, puede incluir todo el aguinaldo o un porcentaje equivalente al monto de la suma fija mensual.

¿Y si me quedo sin trabajo?
El padre puede pedir una reducción de la cuota en el juzgado que interviene en la causa. Deberá probar que está sin trabajo y esta reducción será provisoria hasta que la situación del progenitor mejore. Pero, aun estando desocupado, no podrá dejar de pagar la cuota.

¿Cómo se regulan los aumentos por la inflación?
Se ha incrementado notablemente el número de demandas en las que se pide fijar una actualización (hoy en día de alrededor del 25% anual), para evitar la pérdida de tiempo y fuertes angustias a los hijos. La determinación del quantum de la cuota de alimentos debe contemplar la edad de los alimentados, necesidades de su desarrollo físico y socio-cultural, vivienda, vestimenta, enseres personales, esparcimiento y salud; sin perjuicio de tener en cuenta la capacidad económica de quien debe proveer el sustento.

A tener en cuenta…
Para fijar el monto de la cuota alimentaria, se tienen en cuenta diversos factores como:

1) Ingresos económicos de cada uno de los padres. Se trata de buscar un equilibrio ya que el padre que convive con el menor tiene que dedicar menos tiempo a su trabajo.

2) La edad del menor. Los gastos de su crianza dependen muchas veces de la edad.

3) Gastos de alimentación

4) Educación. Depende del nivel de escolaridad que esté transitando, si es primaria, secundaria o universidad y de si se trata de una institución pública o privada. Incluye también el transporte y el material de estudio.

5) Si posee algún grado de discapacidad física o psíquica

6) Vivienda. Influye si tiene vivienda propia o tiene que pagar alquiler.

7) Recreación. Comprende los gastos de los viajes de estudio y vacaciones, festejo de cumpleaños, juguetes, actividades deportivas y artísticas.

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

El deber alimentario familiar

La cuota de alimentos es una obligación a la que deben responder determinadas personas, respecto de los hijos. Sobre esto, la ley dice que hay que financiar la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el vestuario de las personas y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio.

El juicio de alimentos, tiene por objeto cubrir las necesidades más inmediatas, tiene un proceso rápido y no puede ser obstaculizado por ningún otro juicio. Una vez presentada la demanda, en solo 10 días se llama a una audiencia y en ese mismo momento el juez fija el monto de la cuota alimentaria o bien la establecen entre las partes, y en ese momento comienza a regir. Esta cantidad varía en cada caso, y está en función del nivel socioeconómico y de ingresos del padre.

Los alimentos deben satisfacerse hasta la mayoría de edad, esto es a los 21 años. Para estar excento de la responsabilidad, se tendrá que acreditar que el hijo mayor de edad puede ganarse la vida y si el hijo quiere estudiar, habrá que pasar alimentos hasta los 25 años.

Si esto no ocurre así, la ley prevé sanciones civiles y penales. La sanción civil está dada por la posibilidad de que el alimentado o un tutor legal solicite al juez la suspensión del régimen de visitas. Esta medida será tomada únicamente por el juez y no por la madre, ya que ella puede incurrir en el delito de impedimento de contacto (es decir de obstaculizar el derecho del padre a mantener contacto con sus hijos). En lo penal por incumplimiento de la cuota alimentaria la ley establece pena de prisión o multa.

La cuota alimentaria se puede satisfacer de dos formas:

Mediante el pago de una cuota mensual
Manteniendo en casa del obligado a prestarlos a quien los solicite, en los casos en los que esto sea posible
El Nuevo Código Civil de la República Argentina establece:

ARTICULO 658.- Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

ARTICULO 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.

ARTICULO 660.- Tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.

ARTICULO 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.

ARTICULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.

ARTICULO 666.- Cuidado personal compartido. En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658. Deberes de los hijos

ARTICULO 671.- Enumeración. Son deberes de los hijos: a) respetar a sus progenitores; b) cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior; c) prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria.

ARTICULO 537.- Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en grado; b) los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.

ARTICULO 520.- Contribución a los gastos del hogar. Los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.

ARTICULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.

El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.

ARTICULO 550.- Medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.

ARTICULO 551.- Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor.

ARTICULO 552.- Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.

ARTICULO 553.- Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

ARTICULO 554.- Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria: a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad; b) por la muerte del obligado o del alimentado; c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos ARTICULO 648.- Cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo.

ARTICULO 649.- Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos.

ARTICULO 650.- Modalidades del cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.

ARTICULO 651.- Reglas generales. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo.

ARTICULO 652.- Derecho y deber de comunicación. En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo.

ARTICULO 653.- Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración. En el supuesto excepcional en el que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar: a) la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro; b) la edad del hijo; c) la opinión del hijo; d) el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo. El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente.

ARTICULO 654.- Deber de informar. Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo.

ARTICULO 655.- Plan de parentalidad. Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad relativo al cuidado del hijo, que contenga: a) lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor; b) responsabilidades que cada uno asume; c) régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia; d) régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor. El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función de las necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas. Los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad y en su modificación.

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Gestación por sustitución, voluntad procreacional, filiación

Corresponde atender a la voluntad procreacional que es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de si el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos. De este modo, el dato genético no es el definitivo para la creación de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, sino quién o quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento a ellas. La voluntad procreacional debe ser puesta de manifiesto mediante consentimiento previo, informado, libre y formal. Todas las personas que pretendan ser padres o madres a través de esta modalidad deben esgrimir una declaración de voluntad en ese sentido, de manera clara y precisa; una vez otorgada, es irrevocable (arts. 561 y 562 Código Civil y Comercial).