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La letra hipotecaria registral puede integrarse, a los fines de su ejecución, con instrumentos adicionales que la complementan

Partes: Banco Hipotecario S.A. c/ Horr Silvina Susana y otro/a s/ ejecución hipotecaria
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul
Sala/Juzgado: II
Fecha: 26-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104349-AR | MJJ104349 | MJJ104349
Sumario:
1.-Es improcedente la excepción de inhabilidad de título opuesta al progreso de la ejecución de una letra hipotecaria registral si en el caso la documentación relativa a la titularidad de la letra hipotecaria y a su registro, y particularmente la consignada en la escritura de otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria y de creación de la letra hipotecaria por el ejecutante, como fiduciario del Fideicomiso, a favor de los ejecutados, cumple adecuadamente con el deber de información y de tutela del consumidor previsto en el art. 36 de la Ley 24.240 y en el CCivCom. (arts. 1384 , 1092 , 1096 , 1097 , 1098 , 1100 , 1119 y 1120 y cc.).
2.-La letra hipotecaria registral es un título causal integrado e idóneo y hábil para promover el cobro ejecutivo en los términos de la legislación especial que rige la cuestión (arts. 35 , 36 , 37 , 39 , 44 , 45 y cc., Ley 24.441; dec. 780/95 modificado por el dec. 1389/98 arts. 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 y 9bis ; 595 , 596 , 542 , 543 y cc. CPC) y es un título de por sí complejo porque resulta de la reunión y complementariedad de varios instrumentos que aisladamente carecen de idoneidad ejecutiva (certificado de titularidad de la letra, certificación de deuda y la constancia de la calidad de acreedor).
3.-A los fines de la comunicabilidad de la letra hipotecaria registral con el derecho del consumo, el certificado de titularidad de la letra, la certificación de deuda y la constancia de la calidad de acreedor, sirven para, conjuntamente con la escritura originaria del préstamo y la restante documentación adicional agregada (constancia de entrega de los montos que componen el total del crédito y constancia de constitución en mora), conformar un título causal consumerista que cumplimente los requisitos establecidos por los arts. 36 y 37 de la Ley 24.240.
4.-En la ejecución de una letra hipotecaria escritural el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el art. 36 de la Ley 24.240 podrá resultar de las constancias y documentación requeridas por la legislación especial (Ley 24.441 y dec. 780/95, t.o. dec. 1389/98) y, a los fines de comprobar el cumplimiento del test del art. 36 Ley 24.240 ese título causal integrado (conforme los presupuestos legales) es susceptible de completarse con el negocio jurídico subyacente (contrato de préstamo hipotecario y documentación adicional).
Fallo:
En la ciudad de Azul, a los 26 días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/ Horr, Silvina Susana y Otro/a s/ Ejecución Hipotecaria” (Causa Nº 61.782), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi – Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-CUESTION ES-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 235/237?. 2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-VOTACION-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I.- El Banco Hipotecario S.A. (como continuador jurídico del Banco Hipotecario Nacional) y en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero Procrear -en adelante “el Fideicomiso”- promovió ejecución hipotecaria contra Silvina Susana Horr y Facundo Leandro Corbellini persiguiendo el cobro de la suma de $ 330.014,10, con más sus intereses y costas. Alega que por escritura pública nº 310, de fecha 25 de Octubre de 2013, pasada por ante el Registro Notarial nº 12 de Tandil, el actor -en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Procrear (constituido por contrato de fideicomiso financiero del 18 de Julio de 2012, conforme lo dispuesto por el decreto 902/2012) concedió a los demandados un préstamo de $ 400.000 para la construcción de su vivienda única. Para ello constituyeron en garantía del crédito y a favor del Fiduciario Procrear una hipoteca en primer grado sobre el inmueble inscripto en la citada Matrícula 41.354 del Partido de Tandil.El acreedor desembolsó la suma de $ 100.000 mediante depósito anterior a la firma de la escritura, y el saldo en tres cuotas por el mismo monto con fechas 7 de Octubre de 2013, 13 de Diciembre de 2013 y 3 de Octubre de 2014. El préstamo debía pagarse en 240 cuotas. Ante el incumplimiento en el pago de la deuda, estando los ejecutados en mora, resultando la deuda líquida y exigible, el acreedor promovió la ejecución para recuperar el crédito del fiduciario, cuya titularidad tiene el Banco Hipotecario, y que está instrumentada en la letra hipotecaria escritural que ejecuta. Explica que el título es el Certificado de Titularidad para Ejecutar nº 00095918 con vigencia desde el 31/8/2015 hasta el 4/9/2015 expedido por el ente a cargo de la registración (Caja de Valores S. A.) extendido a favor del ejecutante conforme lo prescripto por el art 39 ley 24.441 y decreto reglamentario 780/95 modificado por el decreto 1389/98, y que reúne todos los requisitos legales y para la ejecución de la deuda. La emisión de la letra operó con la citada inscripción, lo que produjo la extinción por novación de la obligación garantizada con la hipoteca y, la garantía real de la hipoteca primitiva se trasladó a la nueva obligación incorporada en la letra. Además que el documento acompañado reúne todos los requisitos de los títulos valores. Acota que en el carácter invocado promueve la ejecución para recuperar el crédito impago conforme el título original, es decir la hipoteca, y el instrumento posterior, la letra hipotecaria emitida.
La demandada Silvana Susana Horr opuso excepción de inhabilidad de título afirmando que el título no fue emitido por el deudor, no se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble ni fue firmado por el deudor, el escribano y un funcionario autorizante, como lo exige la ley.Tras ello sostiene que resulta de aplicación en autos el régimen de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que la actora no cumplimentó con los requisitos establecidos por el art. 36 de esa ley, formula otras objeciones y pide la nulidad del contrato.
La sentencia de Primera Instancia rechazó la excepción y mandó llevar adelante la ejecución por la suma reclamada ($ 330.014,09), con más los intereses (10% como compensatorios y como punitorios 50% en más de los anteriores, sin superar el límite máximo fijado por el Banco Central) contra Silvina Susana Horr y Facundo Leandro Corbellini. Sostuvo, luego de hacer referencia al dictamen fiscal, que los títulos pueden ser integrados y posteriormente enumera los requisitos previstos por el art 36 LDC que considera cumplidos con la agregación del contrato-fuente el que especifica el monto recibido, la tasa aplicable, el número de cuotas, que el crédito estaba sujeto al denominado sistema francés, todo conforme “las condiciones dispuestas en el punto III escritura 310”; además “la letra hipotecaria y su certificado de titularidad parte de un mismo negocio causal que mediante el consentimiento de las partes ha impuesto un sistema cuya ingeniería contempla lo prescrito por la ley del consumidor” (sic). Por consiguiente mandó llevar adelante la ejecución.
A fs. 255 se tuvo por constituido el domicilio del codemandado Facundo Leandro Corbellini en los estrados del juzgado.
A fs. 240 la coejecutada Silvina Susana Horr constituyó domicilio electrónico, acreditó su personería y dedujo recurso de apelación, el que fue concedido a fs. 243.
A fs. 244/249 expresó agravios la demandada recurrente, los que fueron respondidos por la ejecutante a fs. 251/256.
A fs.261/263 dictaminó el Fiscal General solicitando se haga lugar a la apelación afirmando que el decreto reglamentario de la ley 24.441 es inconstitucional porque excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo al admitir la sustitución de un título (la hipoteca) por otro (la letra). Luego dice que se eludió el cumplimiento de la ley 24.240, que la ANSES también debe informar a los consumidores y que si no lo hizo deberá asumir sus consecuencias.
El agravio de la ejecutada apelante cuestiona la sentencia esencialmente porque consideró cumplidos los requisitos del art. 36 LDC. En ese sentido sostiene que se desinterpretó la opinión del Fiscal de Primera Instancia quien correctamente alega que no se acompañó la letra. Agrega que el instrumento acompañado en la demanda no dio cumplimiento con el art. 39 de la ley 24.441 ya que no fue emitido por el deudor, ni intervenido por el Registro de la Propiedad Inmueble, ni contiene la firma del deudor, el escribano y ni un funcionario autorizante como prevé la ley y el decreto reglamentario. Tampoco se agregó el certificado de dominio y el trámite está mal planteado en el marco del juicio ejecutivo. Más adelante se refiere al art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor cuestionando el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos, particularmente los relativos al monto financiado, periodicidad, gastos y comisiones a pagar, el costo financiero total, entre otros. Añade que se omite precisar la tasa de interés efectiva anual y que el art. 36 LDC prevé que la omisión de la determinación de la tasa conlleva la aplicación de la tasa pasiva anual promedio del Banco Central. En el último agravio la demandada solicita se decrete la nulidad del contrato por haberse incumplido los requisitos legales que son de orden público.
II.- El recurso es infundado.
1.- Con antelación al tratamiento de las cuestiones sustanciales cabe formular dos precisiones.El agravio de la coejecutada apelante -Silvina Susana Horr- es formalmente admisible porque, contrariamente a lo sostenido por la apelada, exhibe un mínimo de fundamentación que permite inferir qué aspectos del fallo están cuestionados, por lo que el agravio resulta procesalmente admisible, aunque infundado ( arts 260 y 261 CPC). Es de aplicación la inveterada doctrina del Tribunal que sostiene que “la expresión de agravios resulta idónea en tanto aborde y desarrolle un piso mínimo de crítica con respecto a aquellas pretensiones por las cuales la demanda prosperó” (cf. esta Sala, causas nº 54.255, del 26/08/10, “Carrizo.”; nº 55.509, del 28/09/11, “Chasco D’Anna.”; nº 58.439, del 18/03/14, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A.”; nº 57.474, del 23/04/14, “Bonachi.” y nº 57.885, del 23/04/14, “Blanco.”). Por lo dicho se concluye que el escrito recursivo cumplimenta los recaudos que prevén los arts. 260 y 261 CPC (que requieren que la disconformidad del apelante contenga una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia atacada) ya que siempre que el memorial exteriorice la crítica, aunque sea mínimamente, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa y porque los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas” (cf. esta Sala, causas N° 45959, 22/03/03 “Bravo”; N° 49423, 02/03/06 “AADI CAPIF” y Nº 61.297, 29/12/16, “Plan Rombo S.A. .”, entre otras).
Por lo expuesto soy de la opinión que corresponde declarar la admisibilidad del recurso (arts. 260, 261, 384 y conc. CPC; arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN).
La restante consideración preliminar consiste en puntualizar que la manifestación del Sr. Fiscal General vertida en su dictamen de fs.262 acerca de la eventual inconstitucionalidad de la ley 24.441 sosteniendo que la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional resulta excesiva en el ejercicio de sus facultades constitucionales, constituye -por su generalidad- una alegación que no supone la introducción precisa del cuestionamiento o impugnación de constitucionalidad, cuya articulación requiere de mayor argumentación por tratarse de la “última ratio” del ordenamiento jurídico (arts. 31 Const. Nac. y 15 Const. Pcia. Bs. As).
2.- Adelanté que el recurso es infundado porque la apelante no logra revertir la conclusión medular del fallo: el cumplimiento del art. 36 LDC en la presente ejecución hipotecaria (aunque en realidad y más allá de su carátula) se trata de la ejecución de una letra hipotecaria registral. Esto conduce a que, atendiendo a la alegación de la ejecutada, el Tribunal deba pronunciarse por primera vez acerca de la aplicación del régimen de consumo de la ley 24.240 a la ejecución de una letra hipotecaria que reconoce su origen en una operatoria estatal de fomento de la vivienda (el Plan Pro.Cre.Ar). La postura de la apelante de que el art. 36 que prevé los requisitos que debe cumplir la instrumentación de las operaciones financieras para consumo y de crédito es de aplicación a las letras hipotecarias escriturales ha sido admitida por la doctrina (conf. Moreno, Liliana Cristina, “Régimen especial de ejecución de hipotecas – Ley 24.441. La subasta extrajudicial de inmuebles su inconstitucionalidad”, en Revista de Derecho Procesal Civil y Comercial – Número 6 – Marzo 2014, del 31-03-2014, Cita: IJ-LXXI-125).
Se advierte que en este caso concurren fuentes normativas plurales, pudiéndose identificar tres subsistemas: 1º) por un lado el régimen especial de la ejecución hipotecaria y de la letra hipotecaria, previsto en la ley 24.441 (texto ordenado por las leyes 26.994 de sanción del CCCN y 27.077) y su reglamentación (dec.780/95 T.O.dec.1389/98). Se trata de una ley ómnibus sancionada en el año 1994, que regula diversas instituciones: el contrato de fideicomiso y de leasing; creó las letras hipotecarias; prevé el régimen de los créditos hipotecarios para vivienda; establece un régimen especial de ejecución de hipotecas; modificó el Código Civil, el Código Penal y algunas leyes especiales, entre otros aspectos (arts. 1, 4, 27, 35 a 49, 50, 51, 52 a 67 ley 24.441; y arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 9 bis decreto reglamentario 780/95 T.O. dec. 1389/98). Este plexo normativo debe integrarse en el caso con las normas procesales de la ejecución hipotecaria (arts.595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C.). Es pertinente adelantar que se calificó a la ley 24.441 como “ley macroeconómica” que, para lo que aquí interesa, “a fin de facilitar la operatoria hipotecaria y el crédito que se afecta a la construcción de viviendas legisla la figura de las letras hipotecarias, que son títulos valores con garantía hipotecaria (art. 35). La Ley Nº 24.441 es en esta parte el desarrollo actualizado de lo prescripto en el art. 3202 del Cód. Civil, disposición que autoriza a emitir letras o pagarés hipotecarios; esta modalidad permite movilizar el crédito, toda vez que el acreedor podrá darlo en pago, descontarlo o cederlo en garantía y ello es consustancial con la agilidad del sistema que propicia la construcción y financiación de viviendas. En lugar de la escritura (pública) de cesión del crédito, la vía de endoso más simple y económica -que importa a su vez la transmisión del derecho real de garantía sin necesidad de la inscripción de ella en el Registro de la Propiedad -si bien su emisión tuvo que ser anotada por el registrador de hipotecas-, es manifiesto que el régimen instaurado supera las dificultades que en la práctica generaba la aplicación del art.3202 citado”; 2º) también concurre el régimen de protección del consumidor de la ley 24.240 LDC; 3º) finalmente rige el régimen de protección de la vivienda instituido por el decreto 902/12 (arts. 1, 2, 8 bis, 36, 37 y concs.), recientemente modificado por el decreto 146/1017, que implementa el Pro.Cre.Ar. (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar), en cuyo marco fue otorgado el crédito hipotecario que dio lugar a la emisión de la letra en ejecución. Ello se desprende de: la escritura pública nº 310 del 25/10/2013, celebrada por el escribano Alejandro Zubiarre del Registro Notarial nº 12 de Tandil; de “otorgamiento de contrato de crédito con garantía hipotecaria y de creación de letra hipotecaria” de fs. 16/28; la liquidación de la deuda reclamada de $ 330.014,1 expedida por la Contadora General de la entidad actora y obrante a fs 29; la constancia de la calidad de acreedor nº 00031220 en el Sistema de Letras Hipotecarias Escriturales, emitida por la Caja de Valores, el 22 de Junio de 2015 que indica que el Banco Hipotecario S. A. Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero Pro.Cre.Ar. es el acreedor de la letra hipotecaria escritural nº 00113999 de fs. 82/8, detallando y describiendo otras circunstancias atinentes a la letra y a su origen; el certificado de titularidad nº 00095918 para ejecutar la letra nº 00113999, también expedido por la Caja de Valores S.A., glosado a fs.13/14, que enumera todos los presupuestos formales requeridos por la legislación vigente.
Entiendo que la documentación mencionada precedentemente y agregada con la demanda al expediente, tanto la relativa a la titularidad de la letra hipotecaria como a su registro, y particularmente la consignada en la escritura de otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria y de creación de la letra hipotecaria por parte del Banco Hipotecario, como fiduciario del Fideicomiso, a favor de los ejecutados, cumple adecuadamente con el deber de información y de tutela del consumidor previsto en el art. 36 LDC (con emplazamiento en los arts. 42 Const. Nac. y 38 Const. Pcia. Bs As. y arts. 8 bis y 37 LDC) y en el Código Civil y Comercial (arts. 1384, 1092, 1096, 1097, 1098, 1100, 1119 y 1120 y concs. CCCN). También resulta compatible con el marco normativo del decreto 902/2012 citado que implementó el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) con intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (la ANSES), el Banco Hipotecario, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación Federal. Este programa tiene por finalidad -entre otras- la de “atender en forma integral el desarrollo de proyectos urbanísticos destinados a familiar, así como para otorgar créditos para la adquisición o construcción de viviendas”. En el contexto señalado los ejecutados Silvina Susana Horr y Facundo Leandro Corbellini revisten la condición de consumidores del sistema financiero y bancario como beneficiarios de un crédito de fomento con destino a la vivienda familiar (arts. 42 CN y 38 Const. Pcia. Bs. As; arts 1,.2, 8 bis, 36, 37 y concs. LDC), la que en función de la tutela adicional que le confiere el Código Civil y Comercial a la vivienda familiar califica y enfatiza su rol de sujetos vulnerables (arts. 244, 249, 250, 440, 449, 526 y concs.CCCN).
La convergencia de reglas y principios de los cuerpos normativos mencionados se resuelve mediante el diálogo de fuentes que propone el nuevo Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN) como consecuencia de lo cual es posible la integración sistémica de las distintas racionalidades: la ejecución acelerada mediante un instrumento financiero más novedoso, la letra hipotecaria escritural y la protección del consumidor que contrajo una deuda en el marco del régimen de fomento de la vivienda única. La solución razonable y armónica es la que, conforme la doctrina del reciente fallo plenario de esta Cámara, permite la integración del título en ejecución (en el caso: el certificado de titularidad de la letra hipotecaria para ejecutar, cuya emisión y registro importó la novación de la obligación del primer contrato de préstamo con garantía hipotecaria y expedición del título; art. 39 ley 24.441; art. 9 bis Dec. 780/95 modif. por Dec. 1389/98; conf. fallo en Pleno, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Azul, plenario N° 5, en: “HSBC Bank Argentina vs. Pardo, Cristian Daniel s. Cobro ejecutivo”, 09/03/2017, Rubinzal Online Cita: RC J 1517/17, y La Ley 27/03/2017, 5, con nota de Edgardo Saux, “El pagaré de consumo:una figura jurídica no legislada y controversial”).
3.- Por razones de método abordaré primero el aspecto vinculado con la letra hipotecaria ejecutada, cuya habilidad formal cuestiona la ejecutada, y luego los relativos al régimen de consumo.
Las letras hipotecarias escriturales “son documentos que llevan incorporados un derecho de crédito que es literal y autónomo . Son valores causales, es decir que contienen la expresión de su causa en su contenido cartular, si bien en su proceso circulatorio rige el principio de ‘abstracción’ ya que el valor se independiza de la relación fundamental . Son valores de creación individual, como los cheques o las letras de cambio o pagarés . La garantía hipotecaria que contiene este nuevo instrumento respalda el ‘crédito’ que lleva incorporado este valor” (cf. Villegas, Carlos Gilberto, “Títulos Valores y Valores Negociables – Letra de cambio, Pagarés, Cheques, Facturas de Crédito, Letras Hipotecarias, Acciones, Obligaciones, Valores Fiduciarios, Valores Públicos, Contratos de Inversión”, pág. 779).
En anterior precedente este Tribunal desestimó la ejecución de una letra hipotecaria por la omisión de acompañar el certificado de emisión que debe expedir el Registro de las Letras Escriturales y la constancia del saldo deudor que extiende la entidad administradora del crédito (esta Sala, causa nº 48.937, 13/10/05, “Banco Río de La Plata c/ Coronel, José Leandro y Otra s/ Ejecución Hipotecaria”, en LLBA 2006-1, pág. 60). Se sostuvo allí que las letras hipotecarias escriturales son letras desmaterializadas, que no conforman títulos de crédito, y constituyen un único instrumento continente tanto de la deuda como de la garantía real. Se agregó que la letra hipotecaria creada por los arts. 35, 36, 39 y concs. de la ley 24.441 constituyó un “novedoso instrumento con el objetivo de convertirse en elemento promotor del desarrollo del mercado hipotecario secundario y constituir un método de expansión o reactivación del sector inmobiliario y de la construcción” (Highton, Elena I. “Juicio hipotecario” T. 3, pág.370). El régimen implementado por esa ley 24.441 se funda en la securitización (o titularización o titulación) la que, explica Andorno, “consiste en un proceso por el cual un conjunto de activos que presentan ciertas condiciones de homogeneidad, se reú nen en una cartera para ser afectados al pago de títulos emitidos con respaldo en la misma” (Andorno, Luis O., “La securitización de activos y las letras hipotecarias en la ley 24.441”, J.A.1997-III-959). “Más claramente, la titularización o securitización consiste en un proceso que tiende a transformar un conjunto de activos que generan recursos en efectivo, en títulos que se destinan a la adquisición por inversores, generalmente mediante negociación bursátil, transformándose esos activos en instrumentos de mercado con mayor liquidez y menor riesgo” (Cám. Apel. Civ. y Com. Sala I Santa Fe, 25/6/2002, expte. 91-2002, “Banco Suquía S.A. c/ Reyt, Héctor C. y ot. s/ Ejecución Hipotecaria”).
La letra hipotecaria combina aspectos del derecho cambiario y del derecho hipotecario, que deben armonizarse (Highton, Elena – Mosset Iturraspe, Jorge – Rivera, Julio C.-Paolantonio, Martín, “Reformas al Derecho Privado. Ley 24441”, pág. 210; Highton, Elena en Bueres – Highton, “Código Civil y normas complementarias” T. 5, p. 1461, Nº 10; opinión también recogida por Abrevaya, Alejandra Débora, “Ejecución Hipotecaria”, Abeledo-Perrot Bs. As., 1999, p.81, Nº 2.2).
El mensaje del Poder Ejecutivo, al elevar al Congreso de la Nación los antecedentes del anteproyecto de ley, afirmaba que “estas letras hipotecarias son títulos valores que tienen incorporado un crédito que disfruta de la garantía hipotecaria. El efecto de su creación es la extinción del crédito que originalmente dio lugar a la constitución de la garantía real, por lo que ésta accede exclusivamente al título valor abstracto” (en Antecedentes Parlamentarios”, La Ley 1995, pág. 822 y pág.763 Nº 36; 848, 862, 866, 907 y passim.).
El instituto en examen se trata de un título valor completo, con garantía hipotecaria, que no tiene vinculación, pese a su denominación, con la letra de cambio, y se asemeja más bien a la estructura bilateral del pagaré (Highton, Elena, “Juicio hipotecario” cit., T. 3, p. 370; y Bueres, Alberto J. – Highton, Elena I., “Código Civil” cit., pág. 1461, Nº 10; Abrevaya, Alejandra Débora “Ejecución hipotecaria”, cit. p. 182; Castro Hernández, Manuel Horacio, “Consideraciones sobre el régimen hipotecario previsto en la ley 24441”, pág. 1192, Nº 5). Uno de los efectos esenciales de las letras hipotecarias es que “extingue por novación la obligación que era garantizada por la hipoteca (art.37)” (Morello, Augusto Mario, “Aspectos Procesales de la Ley 24.441, de financiamiento y construcción de viviendas”, J.A.1195-I,I pág. 765 y ss.; id. Guerrero Leconte, Víctor A., “Ejecución de letras hipotecarias”, J.A. 1998-IV, pág. 633).
Esa novación implica, con palabras ajenas, que las letras “son el único título hábil para la ejecución en virtud de la novación de origen legal que importan, sin perjuicio de que pueda llegar a ser necesaria su complementación con la escritura para acreditar las cláusulas pactadas que no consten en las letras. Así, en este caso, la escritura de constitución de hipoteca no será título hábil para la ejecución, quedando completamente suplido por los títulos valores” (Peralta Mariscal, Leopoldo L., “Juicio Hipotecario”, pág. 525).
La última parte del art. 39 de la ley 24.441 creó (con defectos de redacción, como lo señaló la doctrina) las letras hipotecarias escriturales, siendo su reglamentación (como también lo había anticipado la doctrina, ver Highton – Mosset Iturraspe – Rivera – Paolantonio, “Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441” cit., pág. 247), la que finalmente precisó sus disposiciones, particularmente de carácter registral (dec. cit. 780/95, T.O.dec.1389/98). Las letras hipotecarias escriturales “son letras desmaterializadas, que no conforman títulos de crédito, y constituyen un único instrumento continente tanto de la deuda como de la garantía real” (Colombo, Carlos – Kiper, Claudio M., “Ejecución hipotecaria”, p. 230, Nº 12); “la letra escritural no tiene existencia física autónoma” (Cossari, Nelson G., “Las letras hipotecarias escriturales: Registro y ejecución”, Zeus, T. 94-J-611). El decreto 1389/98 estableció -recién en 1998- el punto que es la clave del régimen legal: “la letra hipotecaria escritural se considerará emitida cuando la persona a cargo del registro de letras hipotecarias tome razón de la misma”.
4.- Analizaré el título en ejecución, según los agravios de la apelante y conforme el antecedente que vengo siguiendo (esta Sala, causa nº 48.937, 13/10/05, “Banco Río de La Plata c/a Coronel s/ Ejecución Hipotecaria”, en LLBA 2006-1, pág. 60, cit.).
El sistema integral (que también describe Abrevaya en la segunda edición de su obra “Ejecución Hipotecaria” Bs. As., 2004, p.182, Nº b.1) de las letras hipotecarias escriturales o letras hipotecarias, en esencia – y sólo para lo que aquí interesa- se funda en los siguientes presupuestos:
– se crea “el Registro de Letras Hipotecarias Escriturales”, -donde deberá quedar depositada la escritura hipotecaria-, que estará a cargo de la Caja de Valores (supuesto de autos), los bancos o de sociedades constituidas exclusivamente por éstos con el único objetivo de llevar el registro de créditos escriturales;
– el Banco Central podrá autorizar a los bancos “para el registro de las letras de su propia titularidad”;
– la entidad que tenga a su cargo el Registro citado (en autos la Caja de Valores S.A:) deberá inscribir las transferencias y constitución de derechos reales sobre las letras, y las medidas judiciales que se decreten sobre ellas;
– la administración de las letras escriturales será llevada a cabo por entidades financieras regidas por la ley 21526, quienes actuarán por cuenta y orden de los acreedores de las letras, y que comprende “la gestión de cobro de todo importe instrumentado” en ellas y que sea debido por el deudor;
– “la letra hipotecaria escritural se considerará emitida cuando la persona a cargo del registro tome razón de la misma”, lo que se desprende claramente de la anotación en el Registro de la Propiedad según el certificado de dominio obrante a fs. 213/17;
– para “ejercer los derechos que se confieren a los portadores de los títulos” el encargado del registro de letras hipotecarias escriturales deberá expedir un comprobante de titularidad, para -entre otras finalidades- “demandar la ejecución de la deuda impaga”. A fs 82/ 83 se agregó la constancia emitida por la Caja de Valores, el 22 de Junio de 2015, de la calidad de acreedor nº 00031220 del Banco Hipotecario S. A. Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero Pro.Cre.Ar. correspondiente a la letra hipotecaria escritural nº 00113999;
– la entidad administradora del crédito instrumentado en las letras hipotecarias escriturales deberá extender comprobantes en el que conste el “saldo pendiente de la deuda a la fecha de expedición”. A fs. 29 se glosó la liquidación de la deuda reclamada de $ 330.014,1 expedida por la Contadora General de la entidad actora con fecha 17 de Julio de 2015;
– el certificado (o comprobante) de titularidad expedido por la persona (de la entidad) que lleve el registro y el comprobante de saldo deudor extendido por la entidad administradora del crédito legitiman al título inscripto por ante el registro “para el ejercicio de la totalidad de los derechos acordados por el deudor al acreedor en el instrumento de emisión de las letras .”. A fs.13/ 14 se glosó el certificado de titularidad nº 00095918 para ejecutar la letra nº 00113999, también librado por la Caja de Valores S.A. En ese certificado se expresa textualmente que “se emite el presente certificado de titularidad para demandar la ejecución de la deuda impaga, a requerimiento del acreedor de la letra hipotecaria escritural mencionada. De conformidad con lo dispuesto en artículo 6º del decreto 780/95, modificado por el decreto 1389/98, el presente constituye título suficiente para que el acreedor pueda demandar la ejecución especial prevista en el título V de ley 24.441 (este certificado tiene vigencia hasta la fecha expresada como vencimiento). La letra hipotecaria escritural descripta se integra con las estipulaciones contenidas en la escritura correspondiente” (sic., fs. 14).
La jurisprudencia, incluso recogida anteriormente por este Tribunal en la causa citada “Banco Río .” del 13/10/05, se pronunció por la habilidad del título hipotecario escritural o letra hipotecaria, en cuanto titulo ejecutivo complejo o integrado, compuesto por el certificado de titularidad (fs. 13/14) expedido por la entidad administradora del crédito, la constancia de la calidad de acreedor (fs. 82/83) también emitida por “Caja de Valores S.A.” y la certificación de deuda (fs. 29 argumento “a contrario sensu” Cám. Apel. Concordia, Sala Civ. y Com. III, 07/09/2004, “Banco Hipotecario c/ Quinteros, Héctor D.”, L.L. Litoral 2005, 379; Cám. Civ. y Com. Santa Fe, Sala I, 26/05/2003, “Banco Suquía c/ Rivera, Roberto B. y otra”, L.L. Litoral 2004-75 y Zeus T. 94-J-11, con nota aprobatoria de Cossari, Nelson G. A., “Letras Hipotecarias Escriturales: Registro y Ejecución”).
5.- En conclusión: contrariamente a lo alegado por la ejecutada en autos, el título causal integrado es idóneo y hábil, conforme se ha descripto en el párrafo anterior, para promover el cobro ejecutivo de la letra escritural, en los términos de la legislación especial que rige la cuestión (arts. 35, 36, 37, 39, 44, 45 y concs.ley 24441; dec./regl 780/95 modificado por el decreto 1389/98 arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 9bis; 595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C). Este título es de por sí complejo porque resulta de la reunión y complementariedad de varios instrumentos que aisladamente carecen de idoneidad ejecutiva (repito: el certificado de titularidad de la letra para ejecutarla de fs. 13/14; la certificación de deuda de fs. 29 y la constancia de la calidad de acreedor de fs. 82/83), similar a otros cuerpos normativos que prevén supuestos particulares que atienden a la modalidad del crédito ( por ejemplo: el cierre de la cuenta corriente bancaria y el cer tificado de saldo deudor para su ejecución, que regulan los arts. 1393, 1403, 1404, 1405, 1406 y concs. CCCN o el régimen de la tarjeta de crédito previsto por la ley nº 25.065 -cf. arts. 4, 6, 26, 27, 39, 40 y concs.-).
Ahora bien, y a los fines de la comunicabilidad de la denominada letra hipotecaria con el derecho del consumo, esos mismos documentos y títulos correlacionados entre sí sirven para que, conjuntamente con la escritura originaria del préstamo y la restante documentación adicional agregada a fs. 36/40 (constancia de entrega por parte de la actora de los montos que componen el total del crédito otorgado por $ 400.000, constancia de constitución en mora), conformen un título causal consumerista que cumplimente los requisitos establecidos por los arts. 36 y 37 LDC.
En efecto, y en el fallo plenario mencionado -como acotó Saux (aut. y ob. cit., La Ley 27/3/2017)- se efectuó un juicio de ponderación que armonizó las normas generales con las particulares, compatibilizando la privilegiada protección del consumidor con la tutela del derecho de propiedad, también de raigambre constitucional (arts. 16, 17, 18 y concs. Const.Nac). Se dijo allí que “la protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré de consumo sin antes -y con carácter previo- permitir que se integre el título con documentación idónea y conducente relativa a la relación crediticia subyacente. Requerir siempre la cristalización de la relación crediticia de consumo en el texto de la cartular conduce prácticamente a su abolición como título de crédito y a su inhabilidad, protegiendo al consumidor pero a partir de la eliminación del régimen cambiario y la vía ejecutiva, en definitiva, dejando al pagaré sin función como cartular”. Se agregó que “conferir primacía al principio protectorio sin prescindir del análisis causal de la relación crediticia subyacente concilia las normativas en juego, armonizándolas, y no desnaturaliza el juicio ejecutivo, como en forma pionera lo decidió el Superior Tribunal Provincial en el caso “Cuevas” (C. 109.305, del 1/9/2010). Si la indagación causal fue admitida para determinar el juez competente, con más razón ello es de significación para controlar el cumplimiento de los requisitos de fondo previstos en el art. 36 LDC. Entonces, agotada esa etapa integradora del pagaré de consumo como título complejo (el pagaré complementado con la documentación adicional relativa al negocio jurídico de fondo), allí sí debe arribarse, si correspondiere, a la declaración de inhabilidad del título”.
“La interpretación propuesta -se concluyó- surge de integrar las fuentes plurales en pugna, complementando dos racionalidades regulatorias diferentes, armonizándolas, de manera que la vinculación relacional de los microsistemas que interactúan, en vez del fraccionamiento de la unidad sistémica del derecho privado, logre la protección del consumidor sin sacrificar otros derechos e intereses en conflicto, como el derecho de propiedad, la tutela al crédito, el tráfico comercial” (sobre el derecho constitucional de propiedad ver CS, 27/12/ 2006 “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional – dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986″, voto Dr.Lorenzetti).
En definitiva y aplicando la doctrina del fallo plenario aludido sobre el pagaré de consumo concluyo que la letra hipotecaria escritural (el certificado de titularidad para ejecutar la letra de fs. 13/14; el certificado o constancia de calidad de acreedor de fs. 82/83; la certificación del saldo adeudado de fs. 29, todos requisitos exigidos por el microsistema de la ley 24.441) puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal subyacente (el contrato de crédito con garantía hipotecaría y creación de la letra hipotecaria, glosado a fs. 16/28) dentro del mismo juicio ejecutivo (arts. 595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C.) conformando un título complejo que contenga información clara y veraz, y además cumpla con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito para el consumo”. Este juicio de ponderación, pone de relieve que en autos se respetan los derechos del consumidor, las normas del fomento de planes de vivienda y la circulación del crédito que también está alcanzado por la tutela constitucional de la propiedad (arts. 16, 17, 18 y 19 Const. Nac.; arts. 1384, 1092, 1096, 1097, 1098, 1100, 1119 y 1120 y concs. CCCN; arts. 1, 4, 27, 35 a 49, 50,51, 52 a 67 ley 24.441; y arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 9 bis decreto reglamentario 780/95 T.O. dec.1389/98; arts. 595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C.).
6.- Ingresando al análisis de la relación crediticia subyacente al título ejecutivo de autos debe establecerse si el certificado de titularidad para ejecutar la letra de fs. 13/14, el certificado de acreedor de fs. 82/83, y la constancia de saldo deudor de fs. 29 integrada con el contrato de préstamo hipotecario y de emisión de la letra escritural de fs. 16/28 cumplen -conjuntamente examinados- con los requisitos exigidos por el art. 36 de la ley 24240 -reformado por ley 26.361 (B.O.7/4/08). La información que surge del certificado de titularidad de fs. 13/14 y de la letra hipotecaria integrada con la escritura de hipoteca (fs. 82/83; 87/98) cumple los requisitos exigidos por el ordenamiento protectorio: 1) el monto del préstamo $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos), el monto de $ 100.000 (cien mil pesos) fue desembolsado mediante depósito en la cuenta de titularidad del deudor nro. 4035000015501279, mientras que el saldo de $ 300.000 se entregó en tres cuotas de igual monto, conforme el avance de obra ejecutada (cfr. letra hipotecaria de fs. 87, y cláusula I.1 “Objeto. Monto. Destino del crédito.” de la escritura de hipoteca, fs. 87 vta.; ver constancias de depósitos de fs. 33/40); 2) la tasa de interés compensatorio vencido sobre saldos, se fijó a una tasa mixta mínima 10% y máxima 15%, con un período de ajuste de 3 meses; “la tasa será del 10 % anual nominal fija hasta el mes 48 (equivalente al 0,83% efectivo mensual), luego a partir del mes cuarenta y nueve, a contar desde el inicio del período de reembolso, la tasa de interés aplicable al Crédito será variable, siendo determinada por el acreedor en base a la variación que haya experimentado, desde el 10 de octubre de 2017, el “Coeficiente de Variación Salarial” (C.V.S) que publica el I.N.D.E.C. Los ajustes de tasa serán aplicados por trimestre calendario, los días 10 de los meses de enero, abril, julio y octubre de casa año. “La tasa tope”: la tasa de interés resultante del sistema de ajuste del presente crédito no podrá exceder el 15% nominal anual)” (letra hipotecaria escritural de fs. 82 -anexo interés- e hipoteca, cláusula III.3); 3) el interés punitorio equivale al 50% del interés compensatorio no pudiendo superar la tasa de interés punitorio máxima que fije el BCRA; 3) la tasa de interés efectiva anual 10% variable a partir del mes 49 (cfr.Condiciones del préstamo que surgen de la letra hipotecaria escritural de fs. 82/83); 4) la forma de amortización cantidad de pagos a realizar y su periodicidad: la cancelación del crédito se realizará mediante el “sistema francés”, por mes vencido, en 240 cuotas (20 años), a contarse desde el inicio del plazo de reembolso, esto es el 7/7/14 (cfr. cláusula III. 1 escritura hipotecaria, fs. 91), siendo el importe de la cuota inicial de $ 4.008,52 (cuatro mil ocho pesos con cincuenta y dos ctvos.) (cfr. fs. 91 vta.); 5) los gastos extras y adicionales si los hubiere: los intereses pactados no incluyen el IVA sobre intereses que son a cargo del deudor; el seguro de vida ha sido contratado aparte con BHN Vida SA en beneficio del acreedor y su costo se abonará junto con las cuotas del préstamo, el tomador del crédito contrata en la misma compañía un seguro de incendio y otros daños materiales cuyo costo es a cargo del tomador y su pago se realiza juntamente con la cuota del reembolso del préstamo; comisión: el crédito devengará una comisión de administración equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cuota que se compone de capital, interés, IVA s/ interés, valor de la prima de seguro de vida y de incendio (cfr. cláusula III.6 de la hipoteca, fs. 93vta.); 6) costo financiero total: resulta equivalente al 13,07% (trece con cero siete por ciento) efectivo anual incluyendo los intereses de la cláusula III.3 y los conceptos referidos en las cláusulas III. 6 y III.10 (cfr. cláusula III.7 de la escritura hipotecaria).
En conclusión: en la ejecución de una letra hipotecaria escritural el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el art. 36 de la ley de protección del consumidor 24.240 podrá resultar de las constancias y documentación requeridas por la legislación especial (ley 24.441 y dec./regl. 780/95 T.O. dec.1389/98). Empero y a los fines de comprobar el cumplimiento del “test del art. 36 L.D.C.” ese título causal integrado (conforme los presupuestos legales) es susceptible de completarse con el negocio jurídico subyacente (contrato de préstamo hipotecario y documentación adicional).
Como quedó sentado en los párrafos precedentes, el título complejo así conformado cumple con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC, por lo que propiciaré al acuerdo la confirmación de la sentencia recurrida, con costas a la ejecutada, apelada vencida (art. 556 CPC) difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por iguales argumentos votaron en sentido análogo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: confirmar la sentencia recurrida. Imponer las costas a la ejecutada, apelada vencida (art. 556 CPC). Diferir la regulación d e honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por idénticos fundamentos votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-SENTENCIA –
Azul, de Abril de 2017.-
AUTOS Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., SE RESUELVE: confirmar la sentencia recurrida. Imponer las costas a la ejecutada, apelada vencida (art. 556 CPC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
VICTOR MARIO PERALTA REYES
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INÉS LONGOBARDI
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL

Abogado, Derecho Civil

Los herederos del suscriptor de un plan de ahorro previo tienen derecho a reclamar el cumplimiento del contrato a la administradora del plan, es decir, la entrega del vehículo acordado

Partes: Podestá Osvaldo Héctor y otro c/ Volkswagen SA de Ahorro previo para fines determinados s/ ordinario
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Sala/Juzgado: D
Fecha: 21-mar-2017
Cita: MJ-JU-M-104321-AR | MJJ104321 | MJJ104321
Sumario:
1.-En los sistemas de ahorro previo, la administradora contrata un seguro de vida colectivo, cuya función es la de mantener la operatoria en caso de que fallezca uno de los adherentes. Así, por medio de la contratación del seguro de vida colectivo, se intenta evitar las posibles consecuencias de un proceso sucesorio y de la eventual insolvencia de los derechohabientes, siendo que esto afectaría al grupo. En orden a ello, los herederos serán quienes, en definitiva y a partir de la aplicación de la suma asegurada al pago de las cuotas pendientes, lograrán la adjudicación del bien de que se trata.
2.-La función del seguro de vida en los sistemas de ahorro previo consiste en dotar de las sumas de dinero suficientes para cancelar las cuotas impagas de inmediato en caso de muerte de un integrante del grupo; y permitir de esa manera el cumplimiento de las adjudicaciones en el tiempo establecido en el plan sin sufrir deterioro financiero.
3.-Los sistemas de seguro de vida colectivo constituyen una modalidad particular del contrato de seguro, pues el objeto de la cobertura es el crédito pendiente que tiene la administradora del plan contra el adherente; en otros términos, recae sobre las cuotas adeudadas posteriores a su fallecimiento.
4.-Desde el punto de vista subjetivo, es la sociedad administradora del plan de ahorro la titular del interés asegurable, quien además aparece como la tomadora y beneficiaria del seguro. El adherente, de su lado, si bien presta su consentimiento, es un tercero ajeno a la relación contractual asegurativa, pues no es tomador ni beneficiario del seguro. En efecto, la sociedad administradora exige y contrata con la aseguradora y es ella quien habrá de percibir la indemnización destinándola al pago de las cuotas en el supuesto de fallecimiento del adherente del plan de ahorro, de suerte tal, que la relación jurídica básica es la que vincula al adherente con la entidad administradora, en tanto el seguro es accesorio a esa contratación.
5.-No es el adherente al plan de ahorro a quien debe tenerse como parte del contrato de seguro sino a la propia administradora de ese plan y que, por ello, no hubo una contratación hecha por cuenta y orden aquél.
6.-La cuestión relativa a la eventual prescripción de la acción de cobro del seguro, la referente a la ausencia de cobertura por una tardía denuncia del siniestro, no puede serle opuesta a los accionantes, a partir -justamente- del hecho de que esas defensas derivan del contrato de seguro y no del contrato de plan de ahorro previo.
7.-Si la defensa en cuestión ni siquiera debió ser tratada en la sentencia, mucho menos pudo tener el alcance de motivar la desestimación de la demanda, ya que no parece que pueda rechazarse una pretensión deducida en el marco de una determinada relación jurídica (en el caso, un contrato de ahorro) en virtud de aspectos que hacen a otra relación jurídica que -además- involucra a un tercero que no ha sido demandado en el proceso, sino solo citado como tercero (el contrato de seguro).
8.-Los herederos del suscriptor-adherente al plan de ahorro previo para la adquisición de un automóvil tienen derecho a obtener la adjudicación del automóvil con fundamento en el contrato de ahorro, si acreditaron la defunción y reclamaron la adjudicación, habiendo cumplido el causante las obligaciones contractuales a su cargo y encontrándose al día en los pagos, con independencia de que la aseguradora cumpla su obligación de atender el siniestro del seguro de vida o no.
9.-El hecho de que los herederos actores no hubieran estimulado extrajudicialmente la adjudicación del rodado como consecuencia de la muerte del suscriptor del plan y, por esa vía posibilitado a la demandada lo necesario para que hiciera a la aseguradora la comunicación prevista por el contrato de seguro, no significa que la instancia judicial esté cerrada para aquellos por ese motivo, pues ninguna disposición legal o contractual establece tal consecuencia. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Fallo:
En Buenos Aires, a 21 de marzo de 2017, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “PODESTÁ OSVALDO HÉCTOR Y OTRO C/VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS S/ ORDINARIO”, registro n° 9909/2011, procedente del JUZGADO N° 26 del fuero (SECRETARIA N° 52), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Garibotto.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:
1°) Los actores, invocando el carácter de herederos de su hijo, quien en vida contrató con la demandada un plan de ahorro para la adquisición de un automotor, promovieron la presente demanda reclamando la adjudicación y entrega del vehículo o bien su equivalente en dinero. Explicaron que la operatoria de ahorro previo estaba alcanzada por un seguro de vida colectivo según el cual producido el fallecimiento del adherente el saldo por cuotas a vencer quedaba a cargo de la aseguradora contratada, pero aclararon que, en realidad, la única relación contractual en cabeza de su hijo había sido el plan de ahorro que tenía como contraparte a Volkswagen S.A. de Ahorro Previo para Fines Determinados (administradora del plan) con base en el cual demandaban. Sostuvieron, asimismo, que la promoción del presente juicio se hizo necesaria frente al silencio de la demandada a sus reclamos extrajudiciales (fs. 28/30).
Volkswagen S.A.de Ahorro Previo para Fines Determinados resistió la demanda sosteniendo que su función se limita a la administración de los fondos pertenecientes al grupo de ahorro; que no fue ella quien contrató el seguro de vida colectivo que se aplicó a dicho grupo, sino que fue el hijo de los actores, habiendo actuado por cuenta y orden de este último en la contratación; que no es responsable por el incumplimiento del contrato de seguro; que, a todo evento, los actores no cumplieron con el deber de comunicación de fallecimiento previsto en la cláusula 11a de las Condiciones Generales de la póliza asegurativa; y que el plan de ahorro que suscribiera el hijo de los actores se encuentra rescindido por falta de pago (fs. 51/56).
A pedido de la demandada, compareció como tercero en los términos del art. 94 del Código Procesal la firma Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. Resistió la acción oponiéndole como defensa de fondo una excepción de prescripción que fundó en el art. 58 de la ley 17.418 y sosteniendo, además, el decaimiento de la cobertura por no haber los demandantes denunciado la muerte de su hijo en el plazo fijado por el art. 46 de dicha ley (fs. 75/79).
2°) La sentencia de primera instancia admitió la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora citada como tercero y rechazó la demanda incoada contra Volkswagen S.A. de Ahorro Previo para Fines Determinados, con costas a los actores (fs. 247/259).
Contra esa decisión apelaron estos últimos (fs. 260), quienes en la oportunidad prevista por el art. 259 del Código Procesal expresaron los agravios que resultan del escrito de fs. 267/269, cuyo traslado resistió la demandada (fs.272/280).
La Fiscal ante la Cámara declinó dictaminar en atención a que la materia litigiosa no está en el marco de los intereses generales cuya tutela corresponde al Ministerio Público.
3°) En los sistemas de ahorro previo, la administradora contrata un seguro de vida colectivo, cuya función es la de mantener la operatoria en caso de que fallezca uno de los adherentes. Así, por medio de la contratación del seguro de vida colectivo, se intenta evitar las posibles consecuencias de un proceso sucesorio y de la eventual insolvencia de los derechohabientes, siendo que esto afectaría al grupo. En orden a ello, los herederos serán quienes, en definitiva y a partir de la aplicación de la suma asegurada al pago de las cuotas pendientes, lograrán la adjudicación del bien de que se trata (conf. esta Sala D, 23/2/2016, “Villanueva, Salvador y otro c/ Plan Ovalo S.A. y otro s/ ordinario” ; Ghersi, C. y Muzio, A., Compraventa de automotores por ahorro previo, Buenos Aires, 1996, ps. 166/167, n° 58; Schiavo, C., Contrato de Seguro – Reticencia y agravación del riesgo, Buenos Aires, 2006, ps. 141/143, n° VII). En otras palabras, la función del seguro de vida es -en casos como el de autos- dotar de las sumas de dinero suficientes para cancelar las cuotas impagas de inmediato en caso de muerte de un integrante del grupo; y permitir de esa manera el cumplimiento de las adjudicaciones en el tiempo establecido en el plan sin sufrir deterioro financiero. (conf. CNCom. Sala B, 16.6.93, “Spiña, Nilda c/ Consorcio para Automotores S.A. de Ahorro para Fines Determinados”; Sala E, 20/4/1991, “Cinalli, Lía Raquel c/ Circulo de Inversores S.A. s/ ordinario”).
Se trata de una modalidad particular del contrato de seguro, pues el objeto de la cobertura es el crédito pendiente que tiene la administradora del plan contra el adherente; en otros términos, recae sobre las cuotas adeudadas posteriores a su fallecimiento (conf.Anaya, J., Los seguros en el sistema de ahorro para fines determinados, ED 129-781; Meilij, G., El seguro de vida como garantía de una obligacion dineraria, ED 152-284).
En ese marco, desde el punto de vista subjetivo, es la sociedad administradora del plan de ahorro la titular del interés asegurable, quien además aparece como la tomadora y beneficiaria del seguro. El adherente, de su lado, si bien presta su consentimiento, es un tercero ajeno a la relación contractual asegurativa, pues no es tomador ni beneficiario del seguro (conf. CNCom. Sala C, 11/12/1997, “Verdini, Silvana c/ Cía. Argentina de Seguros Providencia S.A. s/ ordinario” ). En efecto, la sociedad administradora exige y contrata con la aseguradora y es ella quien habrá de percibir la indemnización destinándola al pago de las cuotas en el supuesto de fallecimiento del adherente del plan de ahorro. De suerte tal, que la relación jurídica básica es la que vincula al adherente con la entidad administradora, en tanto el seguro es accesorio a esa contratación (conf. CNCom. Sala B, 30/8/2000, “Edgardo Catterberg y Asociados S.R.L. c/ La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A. y otro s/ ordinario” ; íd. Sala B, 14/2/2001, “Aguirre, Mabel Patricia y otros c/ Circulo de Inversores S.A.de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ ordinario”).
Queda en claro, entonces, que a contrario de lo afirmado en la contestación de demanda, no es el adherente al plan de ahorro a quien debe tenerse como parte del contrato de seguro sino a la propia administradora de ese plan y que, por ello, no hubo una contratación hecha por cuenta y orden aquél.
La precedente constatación jurídica tiene fundamental relevancia por cuanto se dirá seguidamente.
4°) La demanda no describió su objeto como referente a una pretensión de cobro de la indemnización derivada del contrato de seguro de vida anudado entre la administradora del plan y la excepcionante citada como tercera.
Por el contrario, el objeto demandado (al cual corresponde estrictamente atender para dictar sentencia sin incurrir en arbitrariedad; arts. 330 y 163, inc. 6°, del Código Procesal) fue el cumplimiento del contrato de ahorro previo celebrado por el causahabiente de los actores, para lograr primariamente la adjudicación y entrega del automotor y a punto tal que solo se dirigió el reclamo contra la administradora del plan sin haberse involucrado en el escrito de inicio a Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. Esta última, ya se sabe, fue traída a juicio -en calidad de tercera- a exclusiva iniciativa de la demandada.
Pues bien, la sentencia recurrida admitió la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora citada como tercero con fundamento en que había transcurrido el plazo anual de prescripción previsto por el art.58 de la ley 17.418, sin que los actores hubieran efectuado reclamo alguno tendiente al pago del beneficio previsto en el seguro.
Constituyó ello, consiguientemente, un notable desenfoque de la litis pues por su causa se declaró prescripta una acción no incoada.
Sin desconocer la incidencia que la ejecución del contrato de seguro tiene en la economía general de la contratación plurilateral que un plan de ahorro implica, es obvio que las ulterioridades vinculadas al cumplimiento del seguro no pueden ser trasladadas al ámbito de una relación contractual vinculada, pero jurídicamente independiente, celebrada entre partes distintas, como lo es la emergente de un plan de ahorro. Corresponde insistir, en que lo que los actores han pretendido en autos es el cumplimiento del contrato de ahorro previo oportunamente concertado por su causahabiente, por lo que, sin perjuicio de la incidencia que la suerte del contrato de seguro pueda tener en la obligación de la administradora del plan frente al ahorrista (sus sucesores, en este caso), no puede la compañía aseguradora desde el plano de ser un mero citado como tercero al proceso, invocar defensas personales emergentes del contrato de seguro frente a quien no es su cocontratante en el seguro y que, además, tampoco la ha demandado en el marco de esa relación jurídica. Se sigue de ello, que la cuestión relativa a la eventual prescripción de la acción de cobro del seguro y, por las mismas razones, la referente a la ausencia de cobertura por una tardía denuncia del siniestro, no puede serle opuesta a los accionantes, a partir -justamente- del hecho de que esas defensas derivan del contrato de seguro y no del contrato de plan de ahorro previo (en este preciso sentido: CNCom. Sala A, 27/5/2010, “Lanusse, Inés María de Fatima y otros c/ Plan Ovalo S.A.de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario”, voto del juez Kolliker Fers).
Desde tal perspectiva, no procedió que la juez tratara el planteo de prescripción efectuado por la aseguradora desde que la actora no le entabló ninguna demanda. Admitir lo contrario implicaría, en los hechos, entender que la parte actora tiene un título para reclamar contra la aseguradora, lo que no es así; y, lo que es peor, trasladar la prescripción de una acción no ejercida a la que sí se ejerció, con evidente agravio al derecho constitucional de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional).
Así pues, la excepción de prescripción opuesta por la citada como tercero solo debió ser tenida presente como planteada por la compañía aseguradora en este proceso, mas no resuelta en él, ya que la cuestión relativa al acaecimiento de la prescripción o, en su defecto, lo relativo a la inexistencia de cobertura, no es materia que deba ser resuelta en este juicio, sino, en todo caso, en el marco de una acción regresiva que eventualmente pudiera promoverse entre la administradora del plan y la aquí excepcionante.
Se sigue de esto que si la defensa en cuestión ni siquiera debió ser tratada en la sentencia, mucho menos pudo tener el alcance de motivar la desestimación de la demanda, ya que no parece que pueda rechazarse una pretensión deducida en el marco de una determinada relación jurídica (en el caso, un contrato de ahorro) en virtud de aspectos que hacen a otra relación jurídica que -además- involucra a un tercero que no ha sido demandado en el proceso, sino solo citado como tercero (el contrato de seguro).
Como consecuencia de ello, no es factible adoptar otra solución que la de hacer lugar al recurso de los accionantes, en el sentido de que no solo no cupo analizar tal defensa en el marco de este proceso, sino tampoco -y mucho menos- fundar en el acogimiento de ella el rechazo de la demanda, razón por la cual habré de propiciar la íntegra revocaciónde la sentencia apelada en este aspecto (en igual sentido: causa “Lanusse”, cit.).
5°) En las condiciones que anteceden, corresponde ingresar en el examen de la admisibilidad de la demanda concretamente intentada, sin que sea menester provocar una nueva intervención de la juez de primera instancia (conf. Podetti, J., Tratado de los recursos, ps. 147/148, Buenos Aires, 1958;
Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil, t. IV, p. 419; CNCom. Sala D, 18/4/07, causa n° 101.830/1999 “La Equitativa del Plata S.A. c/ Empresa Distribuidora Sur (Edesur) y otros s/ ordinario” ).
A ese fin, conviene recordar que, como lo tiene resuelto esta alzada mercantil, los herederos del suscriptor-adherente tienen derecho a obtener la adjudicación del automóvil con fundamento en el contrato de ahorro, si acreditaron la defunción y reclamaron la adjudicación, habiendo cumplido el causante las obligaciones contractuales a su cargo y encontrándose al día en los pagos, con independencia de que la aseguradora cumpla su obligación de atender el siniestro del seguro de vida o no (esta CNCom, esta Sala A, 21/6/1996, “Dornedden, Otilia c/ Circulo de Inversores S.A.”: íd.,
25/2/1998, “Plan Rombo SA s/ denuncia de Alejandro Brocato”; íd. Sala A, 27/5/2010, “Lanusse, Inés María de Fatima y otros c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario”; íd., Sala B, 19/11/1996, “Plan Rombo SA c/ Mascotena, Fernando s/ denuncia ante la IGJ”; íd., Sala B, 30/12/1997, “Plan Rombo SA ante IGJ s/ denuncia por Rodríguez, Rogelio”; íd., Sala B, 19/11/1996, “Plan Rombo SA c/ Mascotena, Fernando s/ denuncia ante la IGJ”; íd., Sala B, 30/12/1997, “Plan Rombo SA ante IGJ s/ denuncia por Rodríguez, Rogelio”; íd., Sala C, 29/11/1996, “Autolatina Argentina S.A.s/ denuncia María Bandaria de Pacheco, IGJ”; íd., Sala C, 23/10/2000, “Circulo de Inversores SA s/ denuncia por Heinz, Fernando Pablo”).
Pues bien, en el sub lite pueden entenderse reunidos los presupuestos que hacen a la procedencia del reclamo según lo precedentemente expuesto.
Veamos.
La cláusula 11a de las Condiciones Generales de la póliza, que se transcribió en el anexo del contrato de ahorro previo referente al seguro de vida, estableció que “.Ocurrido el fallecimiento de un Deudor Asegurado durante la vigencia de esta póliza el Acreedor/Tomador hará a la brevedad la comunicación correspondiente a la Compañía, indicando el estado de la deuda a la fecha del fallecimiento y enviando copia de la partida de defunción de una declaración del médico que haya asistido al Deudor Asegurado o certificado su muerte.” (fs. 118).
La demandada ha interpretado que lo dispuesto por la transcripta estipulación involucra la actuación de los actores como herederos del adherente al plan de ahorro, pero hete aquí que, por el contrario, la cláusula determina una comunicación a la aseguradora que está a cargo del “Acreedor/Tomador” de la póliza, quien no es otro que la propia demandada según se ha visto antes.
Es evidente, ciertamente, que la cláusula referida supone que esa comunicación que incumbe a la administradora del plan de ahorro (acreedora/tomadora de la póliza) presume estar precedida de una actuación de los herederos que, como mínimo, se refiere a la denuncia de la muerte del adherente, al acompañamiento del certificado de defunción, etc. También es evidente, desde ya, que esto último habría de tener lugar comúnmente en el plano extrajudicial y, desde esa perspectiva, debe decirse que no hay prueba de que los actores hubieran allegado a la demandada lo necesario para que ella pudiera hacer la comunicación prevista en la apuntada cláusula 11a.
Concretamente, la “declaración médica” obrante a fs.5/8 no tiene constancia de recepción alguna, y el peritaje contable informó acerca de la inexistencia en los libros de la demandada de denuncia alguna con relación al plan de ahorro de que se trata (fs. 137).
Pero que los actores no hubieran estimulado extrajudicialmente la adjudicación del rodado como consecuencia de la muerte del suscriptor del plan y, por esa vía posibilitado a la demandada lo necesario para que hiciera a la aseguradora la comunicación prevista por la citada cláusula 11a, no significa que la instancia judicial esté cerrada para aquellos por ese motivo, pues ninguna disposición legal o contractual establece tal consecuencia.
Dicho de otro modo, aun habiendo en la etapa pre-procesal omitido los actores cumplir con aquello que hubiera permitido a la demandada hacer la comunicación que pondría a la aseguradora en posición de tener que pronunciarse sobre el rechazo o no de la cobertura, lo cierto es que ellos, estaban igualmente habilitados para directamente promover el reclamo judicial de autos que, como ya se dijo, tiene por objeto la adjudicación del rodado con fundamento en el contrato de ahorro previo independientemente de que la aseguradora pague o no.
Por ello, habiendo los demandantes acreditado el deceso (conf. partida de defunción de fs. 3) y ponderando que este último tuvo lugar en una fecha -13/1/2010- en que no existía deuda (véase recibo de pago de fs. 27, correspondiente a la cuota n° 16a con vencimiento el 14/12/2009, y peritaje contable a fs. 136 vta. en cuanto detalla como pagas la totalidad de las dieciséis primeras cuotas), forzoso es concluir, como se dijo, en la procedencia del reclamo. Obviamente la rescisión mencionada por la demandada, producto del impago de cuotas posterior al fallecimiento, es dato absolutamente estéril a los fines del cumplimiento contractual de que se trata, pues la adjudicación del automotor se hace exigible con solo cumplir los recaudos reseñados.
Corresponde, pues, admitir la demanda con el alcance de que Volkswagen S.A.deAhorro Previo para Fines Determinados quede condenada a hacer efectiva la entrega a los actores de un vehículo cero kilómetro de la marca y modelo que se identificó en la solicitud n° W00467850 (fs. 9). En caso de no ser ello posible por el hecho de no integrar ya el rodado la línea de fabricación de la marca o por cualquier razón, la obligación quedará transformada en la de entregar el modelo actual equivalente en precio y calidad al del comprometido, o en su defecto el valor de dicho rodado al tiempo del pago de modo de cumplir con el principio de integridad (art. 867 del Código Civil y Comercial de la Nación).
6°) Teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 68 y 279 del Código Procesal, las costas del pleito deberán correr del siguiente modo:
a) Las correspondientes a la citación como tercero de Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. deben distribuirse por su orden, pues no medió en definitiva un pronunciamiento de mérito sobre la exigibilidad del contrato de seguro.
b) Las devengadas en la relación actora-demandada deben imponerse a esta última en ambas instancias en atención a su condición de vencida.
7°) Propongo al acuerdo, en definitiva, revocar la sentencia apelada y admitir la demanda condenándose a la demandada con el alcance indicado en el considerando 5°. Las costas deben correr de la manera indicada en el considerando 6°. La condena debe ser cumplida en el plazo de quince (15) días contado desde que se produzca la notificación prevista por el art. 135, inc. 7°, del Código Procesal.
Así voto.
Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Garibotto adhieren al voto que antecede.
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, admitir la demanda condenándose a la demandada con el alcance indicado en el considerando 5°.
(b) Las costas deben correr de la manera indicada en el considerando 6°.
(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto exista base patrimonial cierta.
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Gerardo G. Vassallo
Juan R. Garibotto
Pablo D. Heredia
Julio Fe derico Passarón – Secretario de Cámara

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Procede el pedido de cambio de nombre que recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario

Partes: S. M. S. s/ sumaria información
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario
Sala/Juzgado: 3ra nom.
Fecha: 22-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104840-AR | MJJ104840 | MJJ104840Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre del peticionante, toda vez que, el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad.
2.-Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relaciones con la sociedad toda.
3.-Toda vez que de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal surge que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre que pretende se le asigne, y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc, cabe considerar a su dignidad se ve también severamente afectada debiendo acogerse su petición.
4.-La Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico, asimismo, el art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
Fallo:
ROSARIO, 22 de mayo de 2017
Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial de la 3a. Nominación Rosario
Y VISTOS: Estos autos caratulados “S., M. S. s/ SUMARIA INFORMACION”
Que la actora, con patrocinio letrado, inicia los presentes con el objeto de cambiar su prenombre por el de “S.S.S.”, en base a las cuestiones de hecho y de derecho expuestas en el escrito inicial (.) que la infancia del peticionante estuvo marcada por un fuerte rechazo hacia su prenombre y todo lo que implicara su utilización o rúbrica; aislamiento de las instituciones juveniles y sociales, manifestando que no sólo carece de cobertura social o bienes a su nombre, sino que también rehúsa de atención médica hasta niveles alarmantes únicamente por el hecho de no dejar registros de su identidad en los centros respectivos; no poder concretar un trabajo registrado e, incluso, el simple hecho de que un tercero se dirija hacia la persona del peticionante con el prenombre “M.” lo sumerge en un estado de depresión y recrea tortuosamente en su fuero intimo los graves hechos ya indicados.
Que en fecha 12/09/2014 fue habilitada la instancia a tales fines, aplicándose a los presentes el trámite del proceso sumarísimo, ordenándose una serie de diligencias a los fines probatorios.
Que obran en autos constancias correspondientes a la publicación de edictos (fs. 26 y 29), testimoniales (fs. 28 y 34/5), registro general de la propiedad (fs. 30), asesoría letrada del registro civil (fs. 33), dictamen del Sr. Agente Fiscal (fs. 38).
Que mediante decreto de fecha 29/05/2015 se ordenan, en virtud de lo dispuesto por el Art. 20 CPCCSF, medidas para mejor proveer; habiendo sido cumplimentadas en relación a la Jefatura de Policía UR II (fs. 42 a 52), Policía Federal (fs. 54/5) y el certificado de antecedentes penales (fs. 56).
Que en fecha 25/11/2015 y, nuevamente, en concepto de medidas para mejor proveer, se requiere una batería de medidas probatorias, las que se encuentran diligenciadas y agregadas en autos de fs.62 a 175 (entre las cuales se encuentran oficios a los jueces en lo penal de Instrucción, en lo penal correccional y en lo penal de sentencia; al Registro General de la Propiedad de la 1era Circunscripción; al Registro Nacional de la Propiedad Automotor; al BCRA; al Registro de Procesos Concursales; Registro Nacional de las Personas; a la M.E.U.; al médico forense y a la presidencia de la cámara de apelaciones a los fines de sortear un perito psicólogo, cuestión no requerida para éste Juzgador).
Que en fecha 10/05/2017 se llevó a cabo una audiencia de Visu, en la que se consiente expresamente la intervención de la suscripta (conf. fs. 183Vta.). En este estado, y no habiendo escritos sueltos pendientes de agregación (vide fs. 185), vienen a despacho para el dictado de resolución.
Y CONSIDERANDO: Como primera cuestión, corresponde expresar que el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad. Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relacionaciones con la sociedad toda. En efecto “El nombre es un atributo de la personalidad, y desde esta concepción, integrativo del derecho a la identidad personal, al instalarse en la persona de manera permantente acompañado el proceso de construcción de identidad en el ámbito social” (Conf. Arg. Ciuro Caldani, ´El derecho humano a participar en la Construcción del Nombre´JA-2011-III-620 Gil Dominguez, Famá, Herrera Derecho Constitucional de Familia, T. II, p.840 y ss). Máxime en el contexto actual de la constitucionalización del derecho privado argentino, desde la sanción del Código Civil y Comercial vigente (en adelante, CCCN).
Por ello, como segunda cuestión, no puede soslayarse que si bien los presentes fueron iniciados de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 18.248 estableciendo que la petición para el cambio de nombre debía interponerse por ante el organo jurisdiccional correspondiente bajo un trámite y requisitos procesales específicos; los presentes deben ser reconducidos a raíz de lo dispuesto por el Art. 7 del Código Civil y Comercial, en cuanto a la eficacia temporal a todas aquellas relaciones y situaciones jurídicas existentes, aplicándoseles a los presentes su nuevo plexo legal. Por tanto, no cabe otra consecuencia que dejar de lado el paradigma ut supra referido, debiendo hacerse foco únicamente en lo que el Art. 69 CCCN establece como “justos motivos” que, al no estar regulado como norma numerus clausus, permite al sentenciante incorporar una gran amplitud de situaciones, y fallar acorde las particulares circunstancias de cada caso y de cada persona.
Entre la nutrida jurisprudencia sobre los justos motivos, se ha dicho que “. el Juez se encuentra facultado para examinar con amplitud de criterio las distintas situaciones propuestas y apreciar si con el cambio o adición no se afetan los principios que gravitan en torno al nombre como atributo de la personalidad.” (CNCiv., Sala G, 14/07/2003, R., K., DJ 22/10/2003, 545 – DJ 2003-03,545 – JA 2003-IVA, 553) y que “.excluyen por lo pronto toda razón frívola, toda causa intrascendente, toda justificación que no se funde en hechos que agravien seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del sujeto que aspira a obtener una modificación de su nombre.” (Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Minas Nro.4 de Mendoza, 10/03/1999, Carabaca, Alejandro LLGran Cuyo, 1999-645). Es por ello que se puede entender a los justos motivos como aquellas causas graves y que razonablemente sean capaces de violar el principio de estabilidad del nombre.
Asimismo, contrafácticamente, se entiende que no configuran justos motivos para obtener el cambio -entre otros-, el hecho de que quien lo peticione en su vida diaria y/o laboral sea tratado o conocido por otro nombre, porque el largo uso de un nombre distinto al que figura registrado no se erige en razón suficiente para que el Juez lo homologue consagrándolo como nombre “legítimo”.
En el sub lite se percibe claramente que el hecho generador por el cual el accionante solicita el cambio de su prenombre se funda en las terribles situaciones traumáticas que según expone tuvo que atravesar en su infancia (.), situación de hecho que corresponde a lo dispuesto en el inciso c) del Art. 69, eximiendo a éste Juzgador de realizar un examen pormenorizado sobre la existencia de cualquier otra “justa causa”.
Es evidente que el legislador ha concebido la profunda reforma del derecho argentino con la premisa de transformarlo en una herramienta que sirva para mejorar la calidad de vida de personas; en este caso aquella que no se siente identificada con el nombre que lleva, materializándose así los principios de no discriminación, la igualdad de oportunidades y en realidad el acceso a la salud tanto física como psíquica. En tal sentido debe dejarse aclarado que ello no significa una puerta abierta para que livianamente se peticione el cambio de nombre por una cuestión meramente antojadiza.En el sub lite, el cambio solicitado recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario; tal modificación no implica menoscabo hacia la persona del actor, no conculca el orden público ni la moral ni las buenas costumbres.
Muy por el contrario, de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal llevada a cabo en fecha 10 de mayo pasado, puedo advertir que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre S. S. S. y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc. He aquí, entonces, que su dignidad se ve también severamente afectada.
Cabe destacar especialmente que el art. 3 de la nueva norma de fondo refiere a los principios y valores jurídicos como pauta para interpretar la ley, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Dentro de tales valores, el respeto por la dignidad de la persona emerge como guía fundamental. El destacado bioeticista Dr. Roberto Andorno (citado por Ciruzzi, Ma. Susana en “El concepto de persona y dignidad a la luz del prisma bioético”, Rev. de Der. de Familia y de las Personas, Año 3-Nº 5, Junio de 2.011, Ed. L.L., Bs. As., pag. 203 y ss), que “aun siendo una noción aparentemente vaga y difícil de definir con precisión, la idea de dignidad constituye uno de los pocos valores comunes de las sociedades pluralistas en que vivimos…En efecto, el principio de dignidad es comúnmente aceptado como base de la democracia y su razonabilidad permanece indiscutida a nivel jurídico y político.La inmensa mayoría de las personas consideran como un dato empírico, que no requiere ser demostrado, que todo individuo es titular de los derechos fundamentales por su sola pertenencia a la humanidad, sin que ningún requisito adicional sea exigible. Esta intuición común constituye lo que un autor denomina la actitud standard, compartida por personas de las más diversas orientaciones filosóficas, culturales y religiosas.”.
En este sentido de cosas, cabe hacer referencia que la Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico. Asimismo, el Art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre. Por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
No hacer lugar su solicitud, implicaría violentar, en forma clara y absoluta, los principios establecidos en sendos tratados internacionales con raigambre constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 7 y 5 ) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12 inc 1), entre otros, que reconocen el derecho que tienen los individuos a que se les respete su integridad física, psíquica, moral y mental, con el consiguiente disfrute al más alto nivel posible.
En consecuencia, considerando suficientemente relevante, causa grave y justo motivo, el hecho de que el nombre cuyo cambio se solicita, incida en menoscabo de quien lo lleva, importando un desmedro de su personalidad, su calidad de vida y su dignidad personal, entiendo que su petición no se encuentra fundada en un simple deseo caprichoso del mismo.
Por tanto, habiéndose llevado a cabo una serie de medidas tendientes a cumplimentar los requisitos legales a tales fines, y habida cuenta de las razones de hecho y derecho expuestas,
FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre de M. S. S. (DNI XX.XXX.XXX) por el de S. S. S.; 2) Ofíciese al Registro Civil, al Registro Nacional de las Personas y a las demás reparticiones que fueren necesarias a los fines de cumplimentar con este decisorio; 3) Costas al actor; 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Insértese y hágase saber.
DRA. GABRIELA COSSOVICH
Secretaria
Dra. MARISA M. MALVESTITI
Jueza Subrogante

Abogado, Derecho Civil, Derecho Penal

Responsabilidad del garajista por el robo de un automotor de propiedad de la actora, pues no se considera un hecho imprevisible

Partes: Martínez Roberto Nelson c/ Tintori Mónica Amalia y otro s/ ordinario
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Sala/Juzgado: C
Fecha: 21-dic-2016
Cita: MJ-JU-M-103775-AR | MJJ103775 | MJJ103775
Sumario:

1.-El contrato de garaje lleva implícita la obligación de guarda y custodia que asume el garajista, siendo ésta de las llamadas obligaciones de resultado en las que el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de la consecuencia o resultado tenido en miras al contratar, a diferencia de las obligaciones de medios, en las que el deudor sólo se compromete a realizar la actividad diligente que razonablemente le permita alcanzar el resultado esperado.
2.-La obligación de resultado que pesa sobre el garajista deriva en que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, es decir, que no debe analizarse el dolo o la culpa del deudor, sino que él es responsable por el no cumplimiento de aquella obligación, independientemente de los motivos que obstaron su cumplimiento, siendo los únicos interruptores del nexo causal el caso fortuito y la fuerza mayor (conceptos que han sido unificados por el Código Civil y Comercial de la Nación).
3.-En el art. 1730 del CCivCom. -que no difiere, en lo sustancial, de las reglas que regían el asunto bajo el código derogado- se consagra dicha eximente en los siguientes términos: Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto,no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario .
4.-El solo hecho de tener por cierto que las medidas de seguridad han sido adecuadas no implica que aquellas hayan sido suficientes para exonerar de responsabilidad a quien, por la actividad onerosa que realiza como empresario, la ley le impone la obligación de estructurar una organización para dar correcto cumplimiento a las mencionadas obligaciones que, por ser de resultado, sólo podrían ser dispensadas tras un muy estricto y riguroso examen de las causales de exoneración de responsabilidad.
5.-Ni el robo en un garaje puede ser considerado un hecho imprevisible, ni, menos aún, puede afirmarse que no sea susceptible de ser evitado (v.gr. mediante la adopción de medidas adicionales a las tomadas, como ser mayor vigilancia, cámaras de seguridad, portero eléctrico, entre otros). Es más: si se interpretara lo contrario, el contrato de garaje quedaría privado de causa fin (arts. 281 , 1013 y cc. del CCivCom.), dado que, precisamente, lo que mediante él busca quien deposita su automóvil en esas condiciones, es preservarse del aludido riesgo de robo. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Fallo:
En Buenos Aires a los 21 días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “MARTINEZ ROBERTO NELSON C/ TINTORI MONICA AMALIA Y OTRO S/ ORDINARIO”
(Expediente N° 36434/2004; Juzgado N° 13, Secretaría N° 25) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9).
Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 500?
El señor juez Eduardo R. Machin dice:
La sentencia apelada.
La sentencia dictada a fs. 500/510 hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Roberto Nelson Martínez promovió contra la señora Mónica Amalia Tintori -en su calidad de propietaria del Garaje San José- y contra L’Union de París Seguros S.A.-antes AXA Seguros S.A.- (en adelante “L’Union”), por los daños y perjuicios producidos por el robo de un automotor de propiedad de la actora dentro del mencionado garaje San José, el que luego fue hallado con faltantes.
Para así decidir, el a quo concluyó que en la causa no había elementos suficientes para tener por configurada la causal de caducidad de cobertura alegada por L’Union, consistente en que las llaves de los vehículos depositados en el garaje no podían estar dentro de los automóviles y debían estar fuera de la vista del público.
Consideró, a estos efectos, que dichas causales debían ser interpretadas en sentido literal y en forma restrictiva, por lo que las descartó tras ponderar que sólo existía prueba testimonial.
Asimismo, entendió que si bien las medidas de seguridad adoptadas por la señora Tintori habían sido adecuadas, no podía soslayarse que el garajista debía restituir la cosa a su propietario en las mismas condiciones en las cuales le había sido entregada, siendo esa una de las “obligaciones primordiales ” de éste, por la que debía responder.
Ponderó también que el contrato de garaje era una manifestación del depósito comercial, por lo que pesaban sobre el depositante los riesgos de la actividad profesional respectiva, realizada en forma onerosa.
Resaltó como otro elemento para hacer lugar parcialmente a la demanda, que la señora Tintori había solicitado la citación en garantía de L ‘Union, lo cual, según el sentenciante, no había hecho más que corroborar su “asunción de responsabilidad”, por cuanto dicha citación y contratación del seguro carecerían de sentido si no hubiese existido un riesgo asegurable.
El recurso.
La sentencia fue apelada por la codemandada Tintori a fs. 512, quien expresó agravios a fs.524/525, los que no fueron contestados.
La apelante se queja de que el señor juez haya hecho lugar a la demanda y manifiesta que en la sentencia han existido yerros, omisiones y arbitrariedades que afectaron su derecho de defensa y al debido proceso, como así también su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.
Expresa que el sentenciante de grado omitió analizar las causas que justificaban exonerar de responsabilidad a su parte.
En tal sentido, expresa que el mismo magistrado tuvo por cierto que las medidas de seguridad y medios de prevención que ella había adoptado eran correctos, “premisa lógica” que, según la recurrente, hubiera debido conducir al juez a una solución contraria a la que había sido adoptada.
Finalmente, critica la interpretación que mereció su pedido de citación de la aseguradora en garantía.
La solución.
En primer lugar, cabe señalar que la expresión de agravios de fs. 524/525 no satisface las exigencias previstas en el art. 265 del Código Procesal en cuanto a su técnica recursiva y que, por ello, ha de considerarse desierto el recurso interpuesto.
En efecto, para que cumpla con su finalidad, el escrito de expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho.
Deben precisarse así los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificándose con exactitud los fundamentos de las objeciones (conf. CNCiv. Sala C, in re “Leberat J. c/ Raunar S.R.L. s/ ejecución hipotecaria” del 10.5.89; CNCom, Sala: B in re “Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/ Skoko Ana s/sum.” del 02.06.1989; íd. Sala E in re “Tyco Electronics Argentina SA c/NSS SA s/ordinario” del 12.05.2006; íd. Sala C in re “Agua Va S.A.c/Danone Argentina S.A.” del 30.4.10; entre muchos otros).
Como dije, el escrito presentado por la recurrente no cumple con esos recaudos, toda vez que se limita a atacar las cuestiones periféricas del fallo y no rebate el principal argumento utilizado por el sentenciante.
Ha quedado firme, de tal modo, lo expresado en la sentencia con respecto al modo en que funciona la responsabilidad del garajista en este tipo de contratos y la consecuente obligación primordial que, en calidad de depositario, ese garajista asume, cual es la de devolver la cosa dada en depósito en las mismas condiciones que tenía cuando esa cosa le fue entregada por el depositante.
Sin perjuicio de lo expuesto, y al solo efecto de no acotar el análisis a cuestiones exclusivamente formales, señalo que, aun si se soslayaran las falencias del recurso planteado e ingresara en el estudio de la cuestión de fondo, la solución a la que arribó el sentenciante de grado habría de permanecer incólume.
Más allá de cuál sea la correcta interpretación que deba otorgarse al pedido de citación de L’Union, en la causa se vislumbran otros elementos medulares que han sido definitorios para las conclusiones arribadas por el sentenciante de grado y que no han sido impugnados.
En tal sentido, es del caso recordar que el contrato de garaje lleva implícita la obligación de guarda y custodia que asume el garajista, siendo ésta de las llamadas “obligaciones de resultado” en las que el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de la consecuencia o resultado tenido en miras al contratar, a diferencia de las obligaciones de medios, en las que el deudor sólo se compromete a realizar la actividad diligente que razonablemente le permita alcanzar el resultado esperado (conf. CNCom. Sala B, “Szwarc, Carmen c/ Majura S.A.” del 12.09.97; CNCom. Sala D, “Mapfre Aconcagua Cia. Arg de Seguros S.A. C/ Fordemi S.A. S/ Ordinario” -ED 12.02.09, f.55753- del 19.09.08; entre otros).
Esa obligación de resultado que pesa sobre el garajista deriva en que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, es decir, que no debe analizarse el dolo o la culpa del deudor, sino que él es responsable por el no cumplimiento de aquella obligación, independientemente de los motivos que obstaron su cumplimiento, siendo los únicos interruptores del nexo causal el caso fortuito y la fuerza mayor (conceptos que han sido unificados por el Código Civil y Comercial de la Nación).
En el art. 1.730 de dicho cuerpo normativo -que no difiere, en lo sustancial, de las reglas que regían el asunto bajo el código derogado- se consagra dicha eximente en los siguientes términos:
“Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario” (el subrayado me pertenece).
Dicho esto, es dable destacar que el solo hecho de tener por cierto que las medidas de seguridad han sido adecuadas no implica que aquellas hayan sido suficientes para exonerar de responsabilidad a quien, por la actividad onerosa que realiza como empresario, la ley le impone la obligación de estructurar una organización para dar correcto cumplimiento a las mencionadas obligaciones que, por ser de resultado, sólo podrían ser dispensadas tras un muy estricto y riguroso examen de las causales de exoneración de responsabilidad.
En el caso, esas causales no pueden tenerse por acreditadas.
Ni el robo en un garaje puede ser considerado un hecho imprevisible, ni, menos aún, puede afirmarse que no sea susceptible de ser evitado (v.gr. mediante la adopción de medidas adicionales a las tomadas, como ser mayor vigilancia, cámaras de seguridad, portero eléctrico, entre otros).
Es más: si se interpretara lo contrario, el contrato de garaje quedaría privado de causa fin (arts. 281, 1013 y cc.del CCyC), dado que, precisamente, lo que mediante él busca quien deposita su automóvil en esas condiciones, es preservarse del aludido riesgo de robo.
Es por todo lo expuesto que, aun cuando -en la mejor de las hipótesis para la quejosa- se interpretara que el escrito bajo estudio cumple con los requisitos exigidos en el art. 265 del Código Procesal, el recurso debería, de todos modos, ser rechazado por las razones expresadas.
La conclusión.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar desierto el recurso interpuesto (art. 265 CPCCN). Con costas en el orden causado por no haber mediado contradictorio.
Así voto.
Por análogas razones, la Señora Jueza de Cámara, doctora Julia Villanueva, adhiere al voto anterior.
Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Eduardo R. Machin, Julia Villanueva.
Ante mí: Rafael F.
Bruno. Es copia de su original que corre a fs. 696/8 del libro de acuerdos N° 57 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.
Rafael F. Bruno Secretario de Cámara
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016.
VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve declarar desierto el recurso interpuesto (art. 265 CPCCN). Con costas en el orden causado por no haber mediado contradictorio.
Notifí quese por Secretaría.
Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Eduardo R. Machin
Julia Villanueva
Rafael F. Bruno
Secretario de Cámara

Abogado, derecho bancario, Derecho Civil, Derecho Comercial, derecho tributario

Aplicación de multa a una entidad bancaria que impidió que un cliente concretase una transferencia de dinero hacia el exterior como consecuencia de no haberlo informado correctamente

Partes: Banco Itaú Argentina S.A. c/ GCBA s/
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sala/Juzgado: III
Fecha: 14-feb-2017
Cita: MJ-JU-M-104380-AR | MJJ104380 | MJJ104380Sumario:
1.-La entidad bancaria violó el deber de información y debe ser multada, dado que un cliente no pudo ver perfeccionada una transferencia de dinero hacia el exterior en tiempo y forma, de la cual si bien existían límites y restricciones que podían impedir su concreción, estas no le fueron oportunamente explicados al denunciante.
2.-La disposición que le aplica una multa a una entidad bancaria por la violación del deber de información y por prestar sus servicios tal cual fueron contratados es válida, aunque carezca de fecha, dado que la empresa demandada recibió la cédula de notificación de dicho acto, de modo que su derecho de defensa no se vio concretamente afectado de modo alguno.
3.-El monto de la multa aplicada a una entidad bancaria que violó el deber de información no fue determinado de modo arbitrario, puesto que el organismo de control expresó de modo suficientemente concreto los motivos por los cuales correspondía la aplicación de dicha sanción al tener en cuenta la cuantía de los beneficios que había obtenido indebidamente la empresa, su proyección económica, el peligro de que la infracción se cometiera de modo generalizado, la posición que la empresa recurrente ocupa en el mercado y el perjuicio resultante para el denunciante.
Fallo:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de febrero de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso interpuesto a fs. 58/64 por Banco Itaú Argentina S.A., contra la disposición 1289-DGDyPC-2010, dictada por el Sr. Director General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Hugo R. Zuleta, Dr. Esteban Centanaro y Dra. Gabriela Seijas.
Los magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión:
¿se ajusta a derecho la disposición apelada?
A la cuestión planteada, el Dr. Hugo R. Zuleta dijo:
I. De las constancias de la causa surge que, el 22/2/2002, el Sr. Mariano Hernán Moroni denunció ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, la DGDyPC) a Banco Itaú Buen Ayre S.A. (en adelante, “Banco Itaú” o la “empresa”, indistintamente). Relató que era cliente del Banco Itaú y que el 2 de noviembre de 2001 había decidido utilizar el servicio de transferencias al exterior, por lo que había solicitado que se le brindara toda la información necesaria (incluyendo la información relativa a los impuestos aplicables) para transferir el dinero de su caja de ahorro en dólares (la suma de USD 17.070) a la cuenta de su novia, en Brasil. Manifestó que, si bien desde la empresa le habían explicado que la transferencia se acreditaría en Brasil el día 5 de noviembre de 2001, al 8 de noviembre aún no se había acreditado el dinero en la cuenta de Brasil y, además, se le había cobrado un impuesto respecto del cual no se le había informado nada.Señaló que, al 21 de noviembre de 2001, todavía no se había acreditado la transferencia y le habían explicado desde el banco que, puesto que la transferencia era por un monto superior a USD 5.000, debía presentar una justificación documentada del motivo de la transferencia, por lo que se le ofreció la opción de realizar la transferencia del dinero en cuatro etapas, mediante la realización de cuatro transferencias por montos menores a USD 5.000. Explicó que había realizado las dos primeras transferencias los días 27 y 29 de noviembre de 2001 (cada una por USD 4.500) y que el resto del dinero nunca pudo ser transferido (a pesar de que, desde la empresa, le habían asegurado que sería transferido), por lo que terminó siendo alcanzado por el “corralito” financiero, desde el 3 de diciembre de 2001. Manifestó que, a raíz del retraso del banco y de la insuficiente información que le proveyó, perdió la posibilidad de disponer de su dinero, sufrió daños en su salud, perdió tiempo, y no pudo adquirir una vivienda en Brasil (que era el motivo por el cual había decidido realizar la transferencia). En este marco, solicitó una indemnización por el monto de USD 8.000, “que se compone entre lo que se encuentra depositado en mi caja de ahorro en dólares y lo que perdí entre gastos y cambios de moneda” (v. fs. 4 vta.).
II. A fs.19 consta que, el 31 de marzo de 2006, la DGDyPC imputó a la empresa, por un lado, la presunta infracción de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 24.240, ya que entendió que no habría “suministrado al denunciante información detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del servicio contratado a los efectos de realizar con efectividad la transferencia de los U$S 17.070 – depositados en su caja de ahorro en dólares, a Belo Horizonte Minas Gerais Brasil, puesto que no se le habría informado el tiempo en que se realizaría tal transferencia ni los impuestos a cobrarse por la misma, ni los eventuales límites a tal operación”. Por otro lado, se le imputó la presunta infracción de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.240, por cuanto la denunciada “no habría respetado los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales habría ofrecido el servicio para la efectivización de la transferencia del dinero al exterior, siempre que la misma no se realizó en tiempo convenido ni de la forma en que se esperaba se realizara (se procedió a la transferencia en cuotas)”.
III. A fs. 21/29, la empresa presentó su descargo. En primer lugar, sostuvo que la acción se encontraba prescripta, puesto que entre el último acto impulsorio (una audiencia de conciliación, que había tenido lugar el 18 de abril de 2002) y la imputación formulada el 31 de marzo de 2006, había transcurrido en exceso el plazo de tres años establecido en el artículo 50 de la ley 24.240. En segundo lugar, negó haber violado los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Con respecto al artículo 4, sostuvo que había informado adecuadamente al denunciante respecto de las características de la transferencia, sus límites y sus implicancias impositivas.Con respecto al artículo 19, señaló que había cumplido los términos y las condiciones que regían el vínculo con el denunciante, y que la transferencia no había podido concretarse en su totalidad primero, porque el denunciante no había cumplido con las normas vigentes (pues, cuando se le requirió a la beneficiaria en Brasil que justificara la recepción de los fondos, no lo hizo) y, posteriormente, a raíz de un hecho del príncipe. Para acreditar sus dichos, acompañó la documentación obrante a fs. 31/37.
IV. A fs. 54/55 vta., la DGDyPC dictó la disposición 1289-DGDYPC-2010, mediante la cual impuso una multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a Banco Itaú Buen Ayre S.A. por la infracción de los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Además, condenó a la empresa a publicar la disposición condenatoria en el diario Ámbito Financiero, conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 757 y en el artículo 18 del Anexo I del decreto 17-GCBA-2003. Para fundamentar su decisión, se basó en las siguientes consideraciones. En primer lugar, sostuvo que la empresa no había aclarado por qué había transcurrido una semana desde que el dinero salió de la cuenta del consumidor hasta que la transferencia fue efectuada. En segundo lugar, señaló que, si bien la empresa había alegado que la transferencia no había podido concretarse porque había existido un incumplimiento de la normativa vigente por parte del denunciante, la prueba que había aportado para acreditar tales extremos estaba escrita en idioma extranjero y no se había agregado su correspondiente traducción efectuada por traductor público matriculado.En tercer lugar, a los efectos de graduar la sanción, tuvo en cuenta el hecho de que la sumariada era reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos y su proyección económica, el peligro de la generalización de las infracciones para los usuarios de servicios bancarios y su repercusión, atento la posición que ocupa en el mercado la denunciada, y el perjuicio causado al denunciante (de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley 24.240).
V. A fs. 58/64, la empresa interpone recurso directo ante esta Cámara, contra la disposición 1289-DGDYPC-2010, con el objeto de que sea revocada. Para fundamentar su recurso, formula los siguientes argumentos. En primer lugar, sostiene que la disposición recurrida es nula, pues no contiene la indicación de la fecha en la que fue dictada. En segundo lugar, plantea la excepción de cosa juzgada. En este sentido, explica que la controversia sobre la cual recaía la disposición recurrida ya había sido resuelta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°3, en los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario” (Expte. N° 98.324/02), en los cuales se había dictado sentencia rechazando la demanda interpuesta contra la empresa, y ésta había quedado firme. En tercer lugar, sostiene que no había infringido los artículos 4 y 19 de la ley 24.240, pues había brindado adecuadamente la información al denunciante y había cumplido con las condiciones de la contratación. En cuarto lugar, solicita, subsidiariamente, la reducción de la multa, pues considera que fue fijada de modo irrazonable.
VI. A fs. 100/107 vta. contesta los agravios el GCBA, solicitando que se desestimen, con costas. En honor a la brevedad, me remito a los argumentos formulados por el GCBA en las fojas mencionadas.
VII. A fs. 148/151 vta. presenta su alegato la empresa.
VIII. A fs.153/155, presenta su dictamen la Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
IX. Analizaré, a continuación, si debe revocarse la disposición recurrida. IX. 1. En primer lugar, considero que debe rechazarse el planteo de la excepción de cosa juzgada formulado por la recurrente, ya que la cuestión resuelta en los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario” (Expte. N° 98.324/02), que tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°3, es distinta de la cuestión que se encuentra bajo análisis en estas actuaciones en ciertos aspectos fundamentales. Por un lado, las partes involucradas en ambos casos son distintas: en los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario”, las partes son el Sr. Moroni y el Banco Itaú Buen Ayre S.A. y, en el caso bajo análisis, las partes son el GCBA y el Banco Itaú Argentina S.A. Por otro lado, ambos casos recaen sobre controversias distintas. En los autos “Moroni, Mariano Hernán c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Ordinario”, se encontraba controvertido si correspondía que Banco Itaú Buen Ayre S.A. indemnizara a Mariano Hernán Moroni por los daños y perjuicios que éste alegó que había sufrido a causa de un supuesto obrar negligente por parte de la empresa. En cambio, en el caso bajo análisis, se encuentra controvertido si corresponde la aplicación de una multa a la empresa por la infracción de los artículos 4 y 19 de la ley 24.240, que es una cuestión respecto de la cual la Justicia N acional en lo Comercial carece de competencia. En este marco, entiendo que la sentencia del juez Jorge Silvio Sicoli obrante a fs. 418/425 del expediente n° 98.324/02 no hace cosa juzgada respecto de la controversia que debe resolverse en estas actuaciones. IX. 2.En segundo lugar, corresponde determinar si la disposición recurrida es nula por no contener la indicación de la fecha en la que fue dictada. Sobre esta cuestión, cabe señalar que la doctrina ha sostenido que “[l]a omisión, el error o incluso la absurdidad de la fecha (v. gr., que apareciera como de varios años después del momento en que se lo conoce), puede quedar subsanada con la forma de publicidad y en tales casos se tendrá por fecha del acto aquélla en que ha sido publicado o notificado. En todo caso, la regla es que normalmente no hay jamás vicio de forma por omisión o irregularidad de la fecha” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Capítulo X, p. 10, 10ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2011). En el caso bajo análisis, observo que, si bien la disposición recurrida carece de fecha, lo cierto es que, tal como consta a fs. 57/vta., la empresa recibió la cédula de notificación de dicho acto el 20/8/2010, de modo que su derecho de defensa no se vio concretamente afectado de modo alguno. En este marco, considero que el agravio referido a la nulidad de la disposición recurrida por no contener la indicación de su fecha debe ser rechazado. IX. 3. En tercer lugar, corresponde determinar si la empresa infringió los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Por un lado, entiendo que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que la empresa violó el artículo 4 de la ley 24.240. Sobre esta cuestión, cabe señalar que a fs. 30 de estas actuaciones y a fs. 78 del expediente n° 98.324/02 consta que, el 2/11/2001, el Sr. Moroni presentó una “Solicitud de Transferencia al Exterior” de USD 17.070 y que en dicha solicitud no aclaró cuál era el “concepto de la transferencia”. Asimismo, a fs.25, la empresa alegó que no había violado el deber de información “por la sencilla razón que no recaía sobre la citada transferencia ningún impuesto ni la misma tenía límites que impidieran su concreción, y esa es la razón por la cual el personal de la sucursal no mencionó al Sr. Moroni nada al respecto” (sic.). No obstante, a fs. 26, la propia empresa señaló que “en la República del Brasil rigen, desde hace ya bastante tiempo, severas normas cambiarias que restringen el flujo de capitales. De tal manera, todo ingreso superior a U$S 5.000 requiere de la acreditación del origen de los fondos y el motivo por el cual fueron recibidos, de parte del o de los beneficiarios de una transferencia. Se trata de un verdadero régimen de control de cambios que tiene por fundamento cuestiones de política económica general”. En este marco, resulta claro que, al momento de la presentación de la solicitud de transferencia de USD 17.070, sí existían límites y restricciones que podían impedir su concreción (y que, de hecho, la impidieron) que no le fueron oportunamente explicados al denunciante. En consecuencia, entiendo que existió una violación del deber de información por parte de la empresa. Por otro lado, considero que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que la empresa violó también el artículo 19 de la ley 24.240. Sobre esta cuestión, cabe señalar que no se encuentra controvertido que el 2 de noviembre de 2001 se le informó al denunciante, sin más, que la transferencia de USD 17.070 “debía acreditarse en Brasil el día lunes 5 de noviembre de 2001” (v. fs. 25). No obstante, dicha transferencia no fue acreditada en Brasil en la fecha prometida. De hecho, la propia empresa reconoce que, si la beneficiaria “hubiera cumplido con las normas vigentes en su país los fondos hubieran sido acreditados en su cuenta y no habría ningún conflicto” (v. fs.26). La cuestión es que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 24.240, recaía sobre la empresa la responsabilidad de informarle al usuario las condiciones bajo las cuales la transferencia podría concretarse exitosamente. En este marco, puesto que, al recibir la solicitud de transferencia, la empresa se comprometió sin más a que ésta se acreditaría el 5 de noviembre de 2001 y puesto que ello no ocurrió, corresponde declarar que la empresa infringió el artículo 19 de la ley 24.240. IX. 4. En cuarto lugar, corresponde analizar si el monto de la multa fue determinado arbitrariamente por la DGDyPC y si resulta irrazonablemente elevado. Por un lado, considero que el monto de la multa no fue determinado de modo arbitrario, puesto que la DGDyPC expresó de modo suficientemente concreto los motivos por los cuales correspondía la aplicación de dicha sanción, basándose en las disposiciones del artículo 49 de la ley 24.240. En particular, la DGDyPC tuvo en cuenta la cuantía de los beneficios que había obtenido indebidamente la empresa, su proyección económica, el peligro de que la infracción se cometiera de modo generalizado (en perjuicio de los usuarios de servicios bancarios), la posición que la empresa recurrente ocupa en el mercado y el perjuicio resultante para el denunciante (v. fs. 54 vta.). Por otro lado, entiendo que el monto de la multa ($ 150.000) no resulta irrazonablemente elevado, ya que se corresponde con los motivos expresados en el párrafo anterior.Asimismo, cabe señalar que el monto de la multa impugnada ($ 150.000) se encuentra considerablemente más próximo al mínimo previsto en el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor (de $ 100) que al máximo que prevé dicha norma ($ 5.000.000). En este marco, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que le compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, considero que corresponde confirmar el monto de la multa impuesta en la disposición recurrida.
X. Por los motivos expuestos en los considerandos IX, IX. 1., IX. 2, IX. 3 y IX.4, debe rechazarse el recurso interpuesto por la empresa y, en consecuencia, debe confirmarse la disposición recurrida, en todo cuanto dispone.
XI. Con respecto a la imposición de las costas, considero que corresponde asignarlas a Banco Itaú Argentina S.A., puesto que no existen motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. art. 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario).
XII. A los efectos de regular los honorarios de los profesionales intervinientes en estas actuaciones, resulta aplicable lo dispuesto en la ley 5134, que establece, en su artículo 62, que “[l]as disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación.” Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 15, 23, 24, 29, inc. a, y 60 de la ley 5134, la calidad y la extensión de la labor profesional y la única etapa cumplida, propicio que se regulen conjuntamente los honorarios correspondientes a las actuaciones de la representación letrada del GCBA en la suma de once mil doscientos cincuenta pesos ($ 11.250).
XIII. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo: Rechazar el recurso interpuesto por Banco Itaú Argentina S.A. y, por lo tanto, confirmar la disposición 1289-DGDYPC-2010 en todo cuanto dispone. Imponer las costas a Banco Itaú Argentina S.A. (conf. art.62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario). Regular conjuntamente los honorarios de la representación letrada del GCBA de acuerdo con lo establecido en el considerando XII de mi voto.
A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:
Adhiero al voto del Dr. Hugo Zuleta.
Con respecto a la excepción de la cosa juzgada, ya me he referido a la identidad de partes, objeto y de causa que es necesaria para que ésta pueda prosperar en autos “Banco Río de la Plata S.A c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC 1327/0, Sala II, sentencia del 16 de noviembre de 2006. Así dejo expresado mi voto. En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por Banco Itaú Argentina S.A. y, por lo tanto, confirmar la disposición 1289-DGDYPC-2010 en todo cuanto dispone. Imponer las costas a Banco Itaú Argentina S.A. (conf. art. 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario). Regular conjuntamente los honorarios de la representación letrada del GCBA de acuerdo a lo establecido en el considerando XII del voto del Dr. Hugo Zuleta. Se deja constancia de que la Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y a la Sra. Fiscal en su público despacho. Oportunamente, archívese.
Magistrados:
Dr. Hugo R. Zuleta
Dr. Esteban Centanaro.