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Derecho Civil – Daños y Perjuicios

Corresponde admitir la demanda interpuesta contra una empresa de seguridad (rechazándola contra un club de campo), en virtud del robo sufrido por los actores en su lote del country, en tanto la negligencia demostrada por la empresa de vigilancia a través de un servicio deficiente fue lo que permitió que el hecho se produjera, máxime cuando la empresa debía abocarse a garantizar la seguridad respecto de bienes y personas del club en donde desarrollaba su actividad.

Existe aquí una obligación de seguridad, en tanto se trata de un mecanismo para prevenir la comisión de hechos ilícitos; ya que no cabe duda que quien contrata los servicios de una empresa de seguridad lo hace frente a la expectativa de que los bienes y personas que le interesa proteger estarán resguardados por un sistema de vigilancia, que permita evitar ilícitos previsibles, como son los robos, que no pueden calificarse para estas situaciones como inmersos en el casus -por su nota de irresistibilidad e inevitabilidad.

Estas propiedades especiales, que fueron llamadas en sus comienzos “nuevas formas de dominio” agrupan a los countries o clubes de campo, barrios cerrados, y emprendimientos industriales, empresariales y náuticos, y tenían únicamente regulación local, ya sea provincial o municipal; para organizarlas, algunos lo hicieron como un derecho personal (vgr. sociedad anónima; asociación; etc.), otros los constituyeron como un derecho real en forma forzada (vgr. propiedad horizontal), mientras que algunos como un derecho mixto, real y personal (dominio, con condominio en partes comunes, y servidumbres, más contratos asociativos que vinculara a las partes).

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala D

Buenos Aires, 25 de Abril de 2018.-

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de Begher, Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri.

A la cuestión propuesta la doctora Liliana E. Abreut de Begher, dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelación concedidos libremente que fueran interpuestos por la accionante, el demandado Club de Campo San Diego S.A., y el citado como tercero Prosegur Seguridad S.A. contra la sentencia de fs.1779/201783 que hizo lugar a la demanda, condenándolos a abonar la suma de $ 200.000 por daño emergente y la de $40.000 en concepto de daño moral para cada uno de los coactores, con motivo del robo sufrido en el lote ubicado dentro del country. Las respectivas piezas procesales fueron contestadas a fs.1814 y 1818 por la actora; a fs. 1822 por Prosegur; y a fs.1825/197 se expide el Sr. Fiscal acerca de la relación jurídica que unía a las partes.

a- A fs.1794 expresa agravios Prosegur Seguridad S.A., y pide que se revoque el decisorio de grado, con costas. Expone que el vínculo jurídico que lo une al country es una locación de servicios; que a consecuencia de ello la obligación es de medios, y no de resultado como equivocadamente lo habría entendido la Magistrada de grado, según los términos del contrato celebrado entre las partes, en especial la cláusula 6ta. referida a la prestadora del servicio y su exoneración de responsabilidad. Dice que no resulta responsable por las consecuencias dañosas que fueran originadas en causas ajenas a sus propios actos, o de sus dependientes o por cosas bajo su control; y que tampoco responde por hechos ilícitos provenientes de hurto, robo, en los casos en que no hubo culpa o dolo por parte de la prestadora o de sus dependientes. Explica que el personal de seguridad se encuentra en puestos “fíjos”, controla el ingreso y egreso de socios y visitas, y pueda inspeccionar al azar los automóviles; mientras que los de puestos “móviles” se encuentran en circulación por los espacios comunes. Concretamente sostiene que la garita de puesto fijo estaba a 30/40 m de los actores; que ese día 25 de julio de 2011 hubo tormentas fuertes, con granizo y ráfagas de viento de 89 a 118 km/hora; que el lote no tenía límites cerrados, ya sea con alambres o paredones; y que las personas que cometieron el atraco eran habitantes del predio lindero, familia Paz-Priolo, y socios permanentes del country. Niega que haya existido entre los coactores y la empresa de seguridad una relación de consumo, por lo que postula que resulta inaplicable la ley de defensa del consumidor.

Alega que no existió riesgo o vicio de la cosa o prestación del servicio, u omisión de Prosegur en la ejecución del contrato, sino que fue el accionar delictivo de otras personas lo que provocó el daño. Manifiesta que deberá tenerse en cuenta las declaraciones testimoniales de Pérez; Bercholc; Ramírez; Soloa; y Mietta, quienes brindaron información sobre el modus operandi de ingreso y egreso del club de campo; que los vigiladores no podían entrar a los lotes, salvo en presencia del supervisor de seguridad de San Diego; que hay gran vegetación dentro del lugar; que las propiedades no tienen límites físicos; y que en caso de advertir alguna anormalidad ellos avisan al encargado y éste al Club. No había ninguna cláusula contractual que los obligara a revisar puertas y ventanas cerradas, y que de encontrarse abiertas se colocara una faja de seguridad. También se agravia por la admisión de la partida por daño emergente y su cuantificación, por cuanto indica que no se aportó información suficiente para tener por acreditado el daño. Hace alusión a los informes bancarios y de tarjetas de crédito, y expresa que no se encuentra demostrado que los bienes comprados hubieran estado en ese domicilio al momento del ilícito. Asimismo, cuestiona el daño moral y su justipreciación por excesiva.

b- A fs. 1802 presenta su pieza recursiva el Club de Campo San Diego S.A. y postula que se revoque la sentencia de grado, con costas. Destaca la modalidad delictiva de las personas que cometieron el robo, que eran socios, no terceros ajenos al club; y que ello difiere de otros precedentes jurisprudenciales, como el caso “Novak c/Tortugas”, donde el origen de los problemas fue el ingreso del club de campo. En este caso remarca que el robo fue perpetrado por los vecinos linderos, con los que no hay barrera física de separación; que fue una noche de tormenta, y que se introdujeron en la vivienda de los actores por la parte de atrás del inmueble, lo que revistió las características de imprevisibilidad e inevitabilidad. Destacan que no está permitido ingresar para controlar en los domicilios particulares de los socios ya que ello violaría su intimidad y su privacidad. Que debido a la diligencia del servicio de vigilancia y de los miembros de seguridad del Club pudieron descubrir a los autores y recuperar parte del botín. Indica que existe una obligación de medios, no de resultado, y que ella fue eficiente. Se agravian porque la Magistrado consideró que existió una relación de consumo entre los coactores y el club de campo. Dice que es una urbanización localizada en zona no urbana, que tiene antecedentes en la Ley del Suelo de la Pcia. de Buenos Aires, y que ahora se encuentra reconocida como derecho real en el Cód. Civ. y Comercial, como un derecho real autónomo. Dice que todo club de campo si bien podría asimilarse a una organización administrativa, cuyo objeto es la vivienda y esparcimiento, de ninguna manera es una entidad comercial y/o proveedora de servicios que cuida y/o provee seguridad, y menos aún garantice como obligación de resultado la seguridad e indemnidad de sus habitantes, ya que esa extensión de responsabilidad provocaría la inviabilidad de los emprendimientos. Explica que el country tiene por decisión de sus socios en reuniones asamblearias un sistema de vigilancia y control de acceso a su recinto perimetral (10.000 metros lineales de perímetro, 5 houses, dos canchas de golf, 20 canchas de tenis, seis canchas de football, sectores deportivos y aproximadamente 850 casas en aproximadamente 500 ha. Que la a quo omitió toda consideración legal en torno al vínculo complejo entre el Club de Campo administrador y sus socios, utilizando el instituto del consumidor que postula inaplicable. Por último cuestiona la cuantificación de los rubros daño emergente y daño moral por considerarlos excesivos. c- La parte actora cuestiona la extensión de las partidas indemnizatorias por entenderlas escasas.

II- A tenor de las piezas procesales presentadas en esta Alzada, encontrándose cuestionada la responsabilidad que les fue atribuida por la a quo al club de campo, y al citado como tercero, la empresa de seguridad Prosegur, en los términos de la ley de defensa del consumidor, procederé al estudio de esta tema.

a-Responsabilidad del Club de campo. Encuadre jurídico

1) Entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en el Cód. Civ. (hoy derogado), por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Cód. Civ. y Comercial de la Nación (conf. ROUBIER, PAUL, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le temps), 2ª ed. Pariz, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, pág. 198 y nro. 68, pág. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, El art. 7 del Cód. Civ. y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, La Ley Online AR/DOC/201330/2015). De este modo la responsabilidad civil queda sometida a la ley vigente al momento del hecho antijurídico, aunque la nueva disposición rige -claro está- a las consecuencias que no se encuentran agotadas al momento de entrada en vigencia del Cód. Civ. y Comercial (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Cód. Civ. y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 2015, pág. 101).

La Sra. Juez de grado dijo que la relación que unía a los actores con los demandados es una relación de consumo, regida por la Ley Nº 24.240, que es de naturaleza contractual, y que incluía la obligación objetiva de seguridad. Sostuvo que los demandados asumían la obligación de prestar un servicio, lo cual importa asignarle un deber de seguridad de origen legal e integrado a la relación contractual, que le imponía adoptar medidas conducentes para evitar que se perpetraran hechos delictivos como los acontecidos en autos. Reconoce que había dos sistemas de seguridad: uno interno del club, comprendido por las cámaras de seguridad con pantalla y personal las 24 hs con monitoreo y otro a cargo de Prosegur, con vigiladores fijos y móviles. Hizo hincapié en el testimonio de Bercholc que expresó que las casas que no son de vivienda permanente son controladas que tengan puertas y ventanas cerradas, y de encontrarse abiertas, se coloca una faja de seguridad. Entendió que existió un servicio de seguridad fallido, o sea, que existió un incumplimiento de las características esenciales de la contratación con relación a Prosegur; y respecto del country su responsabilidad emerge porque no controló que el servicio de seguridad pagado a través de las expensas comunes fuera prestado en condiciones adecuadas, por lo que en función de su responsabilidad objetiva y solidaria conforme el art. 40 Ley Nº 24.240 condena a ambas personas jurídicas.

2) Estamos en presencia de una urbanización conocida como club de campo o country, cuya figura legal en este caso es una sociedad anónima. Esta tipo legal conlleva un complejo entramado de relaciones entre los adquirentes de lotes, la empresa que los comercializó y la que ahora los administra (vgr. Club de Campo San Diego S.A.). Es evidente que se desenvuelve dentro de la órbita de los derechos personales, en tanto que recién a partir de la sanción del Cód. Civ. y Comercial de la Nación adquirió estatus legal el derecho real de conjunto inmobiliario (conf. art.2075 CCC). Antes del nuevo Código no existía como un derecho real autónomo, ni tenía tipificación especial en el Código de Vélez; y tampoco había una ley nacional que regulara este instituto.

Estas propiedades especiales, que fueron llamadas en sus comienzos “nuevas formas de dominio” agrupan a los countries o clubes de campo, barrios cerrados, y emprendimientos industriales, empresariales y náuticos, y tenían únicamente regulación local, ya sea provincial o municipal. Para organizarlas, algunos lo hicieron como un derecho personal (vgr. sociedad anónima; asociación; etc.), otros los constituyeron como un derecho real en forma forzada (vgr. propiedad horizontal), mientras que algunos como un derecho mixto, real y personal (dominio, con condominio en partes comunes, y servidumbres, más contratos asociativos que vinculara a las partes). En muchos de ellos se utilizó el tipo legal de la propiedad horizontal —aunque inadecuada por ser la Ley Nº 13.512 para edificios construidos — para dar alguna respuesta a estas nuevas realidades. Los clubes de campo encuentran su antecedente en el decr.-Ley Nº 8912/1977 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires. No existía legislación nacional sobre las nuevas formas de propiedad, dado que únicamente se había sancionado la Ley Nº 26.356 que regulaba el tiempo compartido inmobiliario con destino turístico, mientras que el resto tenían solo una regulación local. Vemos que en estas nuevas formas de propiedad sobre inmuebles se abarcan situaciones donde existen una comunidad de intereses entre los copartícipes titulares de un derecho de propiedad sobre un objeto, y que ello acarrea consecuencias jurídicas.

3) El marco normativo en este caso está dado por el Estatuto del “Club de Campo San Diego S.A. (conf. art. 1137 y 1198 CC). El primer estatuto social fue protocolizado por escritura de mayo de 1986, e inscripto en la Inspección General de Justicia el 28 de mayo de 1987, sufrió sucesivas modificaciones y un reordenamiento con fecha mayo de 2013, conforme Acta n° 901, que luce a fs.108/20116. De la lectura del Estatuto y sus modificaciones pueden extraerse varias conclusiones. Que el sistema de viviendas fue organizado bajo una sociedad anónima constituida conforme lo dispuesto por el art. 19.550; que el objeto social de la persona jurídica es la administración de un complejo urbano con las características de un club de campo; que puede ser utilizado como residencia permanente o temporaria de sus socios; que los accionistas revisten la calidad de propietarios de lotes y que son socios activos; que las calidades de accionista, propietario y socio activo son inescindibles; que la administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, elegido por Asamblea, y que el Director debe ser accionista y propietario de un inmueble ubicado dentro del predio del campo; que cada accionista tiene derecho a un voto, y que lo ejercerá en las Asamblea ordinarias y extraordinarias; entre muchas otras directivas. Lo reseñado sirve para demostrar que no estamos en presencia de una persona jurídica ajena totalmente a los intereses de los propietarios de los lotes. Los accionistas tienen una acción que les da derechos societarios –derecho personal-, y entre ellos la asignación del uso exclusivo de una porción –vgr. parcela- dentro del gran lote donde se encuentra ubicado el country. No tienen estos accionistas un derecho real sobre la cosa, que entre otras cuestiones no está jurídicamente parcelada en lotes propios, sino que todas integran el gran lote del que es titular el club de campo San Diego s.A. Esta situación desarrollada durante décadas, que da cierta precariedad a los titulares de estas parcelas sobre la cuales no tienen una relación de derecho apoyada en un derecho real, fue lo que justificó la reforma contenida en el Cód. Civ. y Comercial. Actualmente se regulan los clubes de campo como un derecho real de propiedad horizontal especial, aún cuando se lo tipificó en forma autónoma en función de sus características propias (conf. art.1887, 2075 CCC; Abreut de Begher, Liliana, Derechos Reales, Hammurabi, 2017, 2da.ed, pág.253).

Ahora bien, no comparto la solución de la juez de grado que aplicó al caso en forma directa el bloque normativo de defensa del consumidor, atribuyendo responsabilidad al club de campo por entender que estaba obligado a prestar un servicio –el de seguridad y vigilancia- y que éste fue efectuado en forma inadecuada, comprometiendo su responsabilidad en los términos de la Ley Nº 24.240. Si bien es cierto que el nuevo Cód. Civ. y Comercial no es de aplicación al sub-judice, no lo es menos que sirve de pauta doctrinaria interpretativa. Así, vemos que los conjuntos inmobiliarios fueron desarrollados en el Título VI del Libro IV del CCC, y dentro del mismo en tres capítulos diferentes los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido y los cementerios privados. Solo en los dos últimos casos observamos que se hace alusión expresa a la relación de consumo, y un reenvío a las normas previstas en el mismo código y las leyes especiales (conf. art.2100 y 2111 CCC); y que con respecto a los conjuntos inmobiliarios el reenvío es a la propiedad horizontal, tipificando al nuevo derecho como una propiedad horizontal especial. Basta imaginarnos un caso hipotético: si en un edificio de propiedad horizontal se produce un robo –entran por la ventana o por la puerta, o con violencia en las personas- ¿Es directamente responsable el consorcio por la prestación de un servicio inadecuado? ¿Hace a la esencia del ente consorcial proteger a las personas que viven en el edificio y sus cosas de todo daño provocado por terceros, en especial cuando se trata de un robo? Esta situación debe traspolarse al club de campo, por ser una propiedad horizontal especial, o en el mejor de los casos, como resulta ser en este conflicto, un consorcio de hecho –no es consorcio de derecho porque no está regulado bajo las pautas de la Ley Nº 13.512 y tampoco bajo el nuevo código-.

Aquí el Club de Campo San Diego S.A. está integrado por cada uno de los “propietarios” de los lotes que son accionistas de la sociedad anónima, y que deciden sobre su administración. Sin demasiados eufemismos jurídicos son ellos mismos, o sea, son los socios y accionistas, es decir los propietarios de los lotes, quienes se prestan el servicio. Cabe aclarar que esta situación es totalmente diferente a los casos de tiempo compartido, donde la figura del nudo propietario no desaparece, y existen usuarios que pueden verse desprotegidos –el derecho real de tiempo compartido es un derecho real temporario, no perpetuo-. Se encuentra acreditado que existió intrusión a la casa por parte de terceras personas que también eran dueñas de otro lote vecino, que no existía cerco perimetral en esa parcela por cuanto no era ni necesario ni obligatorio, y que además se había delegado la seguridad y custodia dentro del predio a otra empresa, que en este proceso se la citó como tercero. No advierto un obrar negligente por parte del club de campo. Los argumentos antedichos son suficientes para revocar la sentencia de grado sobre este aspecto, rechazando la atribución de responsabilidad endilgada al country (conf. art. 512, 902, 1137, 1198 C.Civil).

b- Responsabilidad de la empresa de seguridad. Encuadre jurídico.

1) La relación que existía entre el country y la empresa de seguridad, que beneficiaba a los “propietarios” de los lotes fue correctamente encasillada como una relación de consumo, sobre la cual no tengo duda alguna. La prestataria del servicio fue contratada por el Club San Diego S.A. para brindar seguridad y controlar a las personas que ingresaban y salían del predio, como también cuando transitaban por las partes comunes, y además para que no se produjeran daños a las partes comunes y las de uso exclusivo de los accionistas por parte de terceros. La empresa de vigilancia debía estar atenta a las situaciones anormales que podían presentarse y tomar los recaudos necesarios, más cuando la vivienda estaba temporalmente deshabitada por sus dueños quienes se encontraban de vacaciones fuera del lugar.

2) Prosegur S.A. alegó que su personal de seguridad no debe cumplir tareas de control de puertas y ventanas de las viviendas, en tanto lo compete a cada “propietario” resguardar su patrimonio. Que tampoco le corresponde responder por la tentativa o comisión de hechos delictivos o dañosos, ya sea proveniente de hurto o robo, en los que se demuestre que no hubo culpa o dolo de Prosegur Seguridad S.A. o de sus dependientes. En la pieza recursiva insiste en la existencia de puestos fijos de control y la de rondines periódicos durante todo el día; y que la obligación de seguridad comprometida fue de medios, no de resultado; no habiéndose demostrado un accionar negligente que diera motivos a la atribución de responsabilidad. Es innegable que Prosegur contrató en forma directa con el club de campo, y que los “propietarios” de los lotes tienen una relación de consumo con la prestataria del servicio de vigilancia (conf. art. 1, 2, 37, 40 bis y cc Ley Nº 24.240). Bajo esta óptica continuaré con el análisis del caso.

3) Se trata el sistema de protección del consumidor de un régimen objetivo de responsabilidad, donde del hecho dañoso solo debe probar el daño, la intervención de la cosa –o el servicio- y la relación causal entre ello y el daño. Para liberarse de responsabilidad se debe acreditar la ruptura del nexo causal, es decir la culpa de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor, o la culpa de un tercero por quien no debe responder.

No observo culpa de la víctima -vgr. los actores-, pero sí de los dependientes de la empresa de vigilancia. Entiendo que ellos no hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar hechos delictivos como el que aconteció en julio de 2011 en la casa de los actores. El daño fue causado por un servicio prestado defectuosamente (ver Pizarro-Vallespinos, Tratado de la responsabilidad civil, Rubinzal, 2018, T II.Parte Especial, pág.501). Tenían una garita fija a escasos 40 metros de la casa de los actores, y la noche anterior vieron salir de la casa contigua varias veces a una furgoneta a horas extrañas –ver detalle de ingresos y egresos de la finca del lote 8-, y en ningún momento la revisaron para constatar elementos pertenecientes a una casa que estaba siendo desmantelada. No avisaron sobre esa situación anómala, sobre la que habían sido puestos en aviso, más cuando habían robado ya en otras casas en esa misma época. Inclusive, a los actores le habían robado en fecha cercana un sillón de la galería, y sabían de ese inconveniente. Muchos son los testigos que declararon en sede penal y en sede civil, y todos son contestes en que existía seguridad justamente para evitar daños a las personas y las cosas del country (ver declaraciones de Soloa, empleado del club de campo, fs.1451; Sánchez, jefe del departamento técnico y área de seguridad, que explica el sistema que se utilizaba en el club, fs.1458; el subcomisario Mietta que participó de la pesquisa y detención de los vecinos Paz, fs.1460; Mestre, empleado de Prosegur, que hacía el rondin esa noche, y conocía que el compañero de la mañana le manifestó que los actores se habían ido de vacaciones, o sea que estaba sin moradores, fs.1508; Bercholc, vecino del club que sabía del accionar de la empresa de seguridad, fs.1329).

También tomo en cuenta que fue un tercero, accionista del country y vecino de los actores que aprovechando la cercanía de su lote con el de ellos, entró a robar a su casa. Fue un hecho excepcional, externo a la empresa y ajena al control directo de ellos, en tanto no estaban ligados a su organización; no obstante, la empresa de vigilancia no prestó un servicio adecuado, extremando los recaudos en razón de antecedentes delictivos en el country, y un tercero socio del club de campo fue el malhechor que pudo robar en la casa de los coactores en las mismas narices de los vigiladores. Era un hecho que pudo haberse evitado, que entiendo que no encuadra en el casus (conf. art.514 CC), por cuanto justamente el objetivo principal de la empresa de seguridad era vigilar y evitar hechos de esta naturaleza; para ello había sido contratada. Nótese que Sandra Viviana Priolo y Diego Enrique Paz – dueños del lote 8 de la manzana 138- fueron condenados en sede penal por los tres hechos delictivos que se cometieron en esa manzana –robo agravado por su comisión mediante efracción reiterado-tres hechos- y hurto simple respecto de la víctima Desimone, uno en la casa de los actores –lote 5- y los otros en los lotes 3 y 6, todos dentro de un periodo que abarca en el primer caso de la noche del 25 de julio al 27 de julio, y los otros del 24 al 27 en el caso de Calabrese, y del 3 al 27 de julio de 2011 en el lote de Paganini, lo que demuestra que existió actividad delictiva durante un cierto tiempo, y conductas extrañas por parte de los vecinos que no sirvieron de alarma para la empresa de seguridad para extremar los recaudos. El libro de guardia da también una pauta sobre ello, como por ejemplo un asiento del 8 de julio de 2011 que da cuenta que el propietario del lote 3 de la manzana 140 que desconocidos le entraron a su vivienda y le sustrajeron documentos varios (fs.56); otro caso el 10 de julio es de una ventana abierta donde se avisa a un supervisor, y se verifican aberturas (fs.57); el 22 de julio en Manzana 52 b lote 9 se detecta rotura de vidrio en puerta trasera terraza y se llama al superior Herrera (fs.74). El contrato celebrado entre el country y Prosegur S.A. muestran que el objeto principal del sinalagma jurídico era asumir el servicio de vigilancia y seguridad del club de campo conforme a las bases y condiciones de la licitación privada. En las condiciones particulares que integran el contrato se estableció en el art.1 “Misión del servicio” que “El servicio de seguridad y vigilancia adoptará las medidas que corresponda, para resguardar a las personas y/o bienes de propiedad de la sociedad o de los particulares, de todo hecho intencional o accidental, como así también minimizar los efectos del incumplimiento de las normas de conducta y convivencia establecidas en los reglamentos durante las 24 hs, del día, durante todos los dias del año, sin interrupción de ninguna naturaleza y por ninguna causa, sean éstos feriados nacionales, conflictos gremiales, fiestas navideñas o de fin de año o días festivos, ni reducción o inexistencia de medios de transporte público, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas…en este pliego”. Y en su art. 2.1. expresamente se pone dentro de sus funciones: “Proporcionar y mantener los medios necesarios de seguridad físicas para el logro de los objetivos buscados”, para luego agregar en el 2.2. “Brindar una presencia disuasiva para prevenir, evitar, anular y, de ser necesario, utilizar la legitima defensa en caso de agresión por cualquier tipo de robo, hurto u otro accionar delictivo y/o contravencional, mediato o inmediato que se cometa o intente cometer en perjuicio de las personas o de los bienes o inmuebles y demás instalaciones ya sean de propiedad común o de particulares” (ver fs.1543/194).

Existe aquí una obligación de seguridad, en tanto se trata de un mecanismo para prevenir la comisión de hechos ilícitos (conf. CNCom, sala A, in re “Lawear S.A. c/Prosegur S.A.; s/ordinario” del 20/194/2015). La empresa debía abocarse a garantizar la seguridad respecto de bienes y personas del club en donde desarrollaba su actividad. La prestataria de seguridad no arbitró los medios para disuadir hechos delictivos como este ilícito aquí ventilado (ver CNCom, sala D, in re “Licenciatario S.A. c/Presegur S.A.; s/ordinario” del 21/198/2012); en definitiva, porque su servicio fue fallido, al no cumplir con las premisas que contenían el contrato de vigilancia. No cabe duda que quien contrata los servicios de una empresa de seguridad lo hace frente a la expectativa de que los bienes y personas que le interesa proteger estarán resguardados por un sistema de vigilancia, que permita evitar ilícitos previsibles, como son los robos, que no pueden calificarse para estas situaciones como inmersos en el casus -por su nota de irresistibilidad e inevitabilidad- (conf. art.512, 902 CC, hoy regulados en los arts. 1724 y 1725 CCC; ver Weingarten, C., Responsabilidad de las empresas de seguridad, Rubinzal, Santa fé, 2006, pág,67 y sgtes.). Siguiendo ese razonamiento, cuando el objeto de las empresas es brindar seguridad no pueden alegar riesgos imprevisibles como sería el robo, más cuando no existió un asalto a mano armada en cuyo caso sí podría calificarse de irresistible (conf. Cám. Nac. Com., sala D, del 1/199/2010 “Allaria Ledesma & Cía Soc. de Bolsa c/Administración Gómez Vidal S.A. y otro ; s/ordinario”; ídem sala D, del 16/195/2017 in re “Tedasa S.A.c / Prevención S.A.;s/ ordinario”). Bajo tales circunstancias, la negligencia demostrada por la empresa de vigilancia a través de un servicio deficiente fue lo que permitió que el hecho se produjera; lo que sella la suerte del recurso en este aspecto.

III- Rubros indemnizatorios.

1) Daño emergente

Las partes se agravian por la cuantificación de este rubro indemnizatorio que fue fijada por la a quo en pesos 200.000, unos por excesivos, y los otros por escaso. La Magistrada en ejercicio de la facultad conferida por el art.165 CPCC entendió razonable cuantificar el rubro en la cifra mencionada, sin realizar mayores precisiones que una escueta referencia a “las constancias documentales aportadas “ad inito”. El estudio de la causa penal permite observar la denuncia del actor De Lellis en sede policial cuando describe los objetos muebles que le habían sido sustraídos de su casa, la que luego fue ampliada por su esposa Vázquez. Sobre tal inventario actuó la policía y cuando el juez penal ordenó los allanamientos en la casa del vecino PazPriolo, y del otro delincuente Hernán Darío Rosato que intervino en el ilícito, se encontraron parte de ellos, aunque no todos. Fueron sustraídos de la vivienda televisores, equipo de audio, tostadora, cafetera, secador de cabello, ropa de hombre y mujer, una bicicleta de dama y otra playera, un scooter, cubrecamas, sábanas, una computadora, una consola de juegos para niños; vajilla de plata, vajilla de porcelana, juego de copas, botines, botas, un par de rollers, raquetas de tenis, un microondas, aspiradora, bicicleta de paseo de hombre, una cantidad importante de pares de zapatillas de hombre y mujer, bebida alcohólica, comestibles, etc. Las fotos aportadas a la causa de fecha anterior al robo y las tomadas justo después del hecho por el personal policial, las declaraciones de los vecinos del club, junto a la denuncia policial de los esposos, y la abundante prueba informativa acompañada de resúmenes de tarjetas de crédito Visa y American, como los resúmenes y datos de cuentas bancarias, acreditan un excelente pasar económico, y permiten tomar esas pruebas como indiciarias de la existencia de esos objetos dentro de la casa antes del atraco cometido por los vecinos (conf. art.377 y 386 CPCC). Lo expuesto me persuade que la suma fijada por la Magistrada es acorde al daño producido, por lo que propongo confirmar el decisorio sobre ello.

2) Daño moral.

Asimismo todas las partes se agravian por el monto fijado en concepto de daño moral para cada uno de los coactores de $40.000, unos por alto, y otros por bajo. Debo indicar que participo de la postura doctrinaria y jurisprudencial que considera la indemnización por daño moral, de carácter resarcitorio, y no sancionatorio, pudiendo no guardar relación alguna con la fijación de la incapacidad sobreviniente, dado que puede existir con independencia del mismo (v. Orgaz, El daño resarcible, 1967). El daño moral es una afección a los sentimientos de una persona, que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria (Conf. Bustamante Alsina, Teoría de la responsabilidad civil, pág. 205; Zavala de González en Highton (dir.), Bueres (coord.), Cód. Civ. y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo 3A, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.172). Respecto de la prueba del daño moral, se ha dicho que: “cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el onus probandi. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. 1, ps. 387/1988). El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie. Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros (“Rojas Lozano, María Margarita c/Herederos de Carbajal Eduardo Daniel y otros s/daños y perjuicios”, Expte. 43.837/2008; “Costaguta Rojas, Emir c/Carbajal, Cecilia y otros s/daños y perjuicios”, Expte. 58.373/2007; “Laura Sirpa, Francisco Reynaldo c/Carbajal, Cecilia y otros s/daños y perjuicios”, Expte. 58.388/2007 del 06/2002/2012; “Lisi, José y otros c/Salud Oeste SRL (Sanat. 15 de Diciembre H.A. Moyano) y otros s/daños y perjuicios-resp. prof. médicos y auxiliares”, Expte. 85.446/2004, del 07/2008/2012).

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. Teniendo en consideración las características personales de los coactores que eligieron vivir en un club de campo para encontrar tranquilidad, y en especial las particularidades que presentó el hecho, como la repercusión que en los sentimientos de los damnificados debió generar encontrarse con su casa desvalijada, sin siquiera ello ser percatado por nadie de la empresa de seguridad, contratada específicamente a ese fín, hace que la cuantificación de la Magistrada sea apropiada, por lo que propicio su confirmación.

IV- Colofón

Por los antecedentes precedentes, propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas: I-Modificar el decisorio de grado, y rechazar la demanda contra el Club de Campo San Diego S.A., con costas de primera instancia por su orden dado que los actores podrían haberse creído con derecho a demandar, y ser una cuestión no pacífica en la doctrina y jurisprudencia (conf.art.68 CPCC). II- Confirmar el resto que decide y que fuera materia de agravios. IIIImponer las costas de Alzada por su orden, dada la forma de resolución de la presente (conf. art.68 CPCC).

Los señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Liliana E. Abreut de Begher, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. LILIANA E. ABREUT DE BEGHER- OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ – PATRICIA BARBIERI.

Buenos Aires, de abril de 2018. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I-Modificar el decisorio de grado, y rechazar la demanda contra el Club de Campo San Diego S.A., con costas de primera instancia por su orden dado que los actores podrían haberse creído con derecho a demandar, y ser una cuestión no pacífica en la doctrina y jurisprudencia ; II- confirmar el resto que decide y que fuera materia de agravios; III- imponer las costas de Alzada por su orden, dada la forma de resolución de la presente.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2 párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Liliana E. Abreut de Begher – Osvaldo O. Álvarez – Patricia Barbieri

Autos: Vázquez, Mónica V. y Otro c/Club de Campo San Diego SA s/Daños y Perjuicios
País:
Argentina
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala D
Fecha: 25-04-2018
Cita: IJ-DXXXV-412

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La letra hipotecaria registral puede integrarse, a los fines de su ejecución, con instrumentos adicionales que la complementan

Partes: Banco Hipotecario S.A. c/ Horr Silvina Susana y otro/a s/ ejecución hipotecaria
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul
Sala/Juzgado: II
Fecha: 26-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104349-AR | MJJ104349 | MJJ104349
Sumario:
1.-Es improcedente la excepción de inhabilidad de título opuesta al progreso de la ejecución de una letra hipotecaria registral si en el caso la documentación relativa a la titularidad de la letra hipotecaria y a su registro, y particularmente la consignada en la escritura de otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria y de creación de la letra hipotecaria por el ejecutante, como fiduciario del Fideicomiso, a favor de los ejecutados, cumple adecuadamente con el deber de información y de tutela del consumidor previsto en el art. 36 de la Ley 24.240 y en el CCivCom. (arts. 1384 , 1092 , 1096 , 1097 , 1098 , 1100 , 1119 y 1120 y cc.).
2.-La letra hipotecaria registral es un título causal integrado e idóneo y hábil para promover el cobro ejecutivo en los términos de la legislación especial que rige la cuestión (arts. 35 , 36 , 37 , 39 , 44 , 45 y cc., Ley 24.441; dec. 780/95 modificado por el dec. 1389/98 arts. 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 y 9bis ; 595 , 596 , 542 , 543 y cc. CPC) y es un título de por sí complejo porque resulta de la reunión y complementariedad de varios instrumentos que aisladamente carecen de idoneidad ejecutiva (certificado de titularidad de la letra, certificación de deuda y la constancia de la calidad de acreedor).
3.-A los fines de la comunicabilidad de la letra hipotecaria registral con el derecho del consumo, el certificado de titularidad de la letra, la certificación de deuda y la constancia de la calidad de acreedor, sirven para, conjuntamente con la escritura originaria del préstamo y la restante documentación adicional agregada (constancia de entrega de los montos que componen el total del crédito y constancia de constitución en mora), conformar un título causal consumerista que cumplimente los requisitos establecidos por los arts. 36 y 37 de la Ley 24.240.
4.-En la ejecución de una letra hipotecaria escritural el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el art. 36 de la Ley 24.240 podrá resultar de las constancias y documentación requeridas por la legislación especial (Ley 24.441 y dec. 780/95, t.o. dec. 1389/98) y, a los fines de comprobar el cumplimiento del test del art. 36 Ley 24.240 ese título causal integrado (conforme los presupuestos legales) es susceptible de completarse con el negocio jurídico subyacente (contrato de préstamo hipotecario y documentación adicional).
Fallo:
En la ciudad de Azul, a los 26 días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/ Horr, Silvina Susana y Otro/a s/ Ejecución Hipotecaria” (Causa Nº 61.782), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi – Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-CUESTION ES-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 235/237?. 2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-VOTACION-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I.- El Banco Hipotecario S.A. (como continuador jurídico del Banco Hipotecario Nacional) y en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero Procrear -en adelante “el Fideicomiso”- promovió ejecución hipotecaria contra Silvina Susana Horr y Facundo Leandro Corbellini persiguiendo el cobro de la suma de $ 330.014,10, con más sus intereses y costas. Alega que por escritura pública nº 310, de fecha 25 de Octubre de 2013, pasada por ante el Registro Notarial nº 12 de Tandil, el actor -en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Procrear (constituido por contrato de fideicomiso financiero del 18 de Julio de 2012, conforme lo dispuesto por el decreto 902/2012) concedió a los demandados un préstamo de $ 400.000 para la construcción de su vivienda única. Para ello constituyeron en garantía del crédito y a favor del Fiduciario Procrear una hipoteca en primer grado sobre el inmueble inscripto en la citada Matrícula 41.354 del Partido de Tandil.El acreedor desembolsó la suma de $ 100.000 mediante depósito anterior a la firma de la escritura, y el saldo en tres cuotas por el mismo monto con fechas 7 de Octubre de 2013, 13 de Diciembre de 2013 y 3 de Octubre de 2014. El préstamo debía pagarse en 240 cuotas. Ante el incumplimiento en el pago de la deuda, estando los ejecutados en mora, resultando la deuda líquida y exigible, el acreedor promovió la ejecución para recuperar el crédito del fiduciario, cuya titularidad tiene el Banco Hipotecario, y que está instrumentada en la letra hipotecaria escritural que ejecuta. Explica que el título es el Certificado de Titularidad para Ejecutar nº 00095918 con vigencia desde el 31/8/2015 hasta el 4/9/2015 expedido por el ente a cargo de la registración (Caja de Valores S. A.) extendido a favor del ejecutante conforme lo prescripto por el art 39 ley 24.441 y decreto reglamentario 780/95 modificado por el decreto 1389/98, y que reúne todos los requisitos legales y para la ejecución de la deuda. La emisión de la letra operó con la citada inscripción, lo que produjo la extinción por novación de la obligación garantizada con la hipoteca y, la garantía real de la hipoteca primitiva se trasladó a la nueva obligación incorporada en la letra. Además que el documento acompañado reúne todos los requisitos de los títulos valores. Acota que en el carácter invocado promueve la ejecución para recuperar el crédito impago conforme el título original, es decir la hipoteca, y el instrumento posterior, la letra hipotecaria emitida.
La demandada Silvana Susana Horr opuso excepción de inhabilidad de título afirmando que el título no fue emitido por el deudor, no se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble ni fue firmado por el deudor, el escribano y un funcionario autorizante, como lo exige la ley.Tras ello sostiene que resulta de aplicación en autos el régimen de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que la actora no cumplimentó con los requisitos establecidos por el art. 36 de esa ley, formula otras objeciones y pide la nulidad del contrato.
La sentencia de Primera Instancia rechazó la excepción y mandó llevar adelante la ejecución por la suma reclamada ($ 330.014,09), con más los intereses (10% como compensatorios y como punitorios 50% en más de los anteriores, sin superar el límite máximo fijado por el Banco Central) contra Silvina Susana Horr y Facundo Leandro Corbellini. Sostuvo, luego de hacer referencia al dictamen fiscal, que los títulos pueden ser integrados y posteriormente enumera los requisitos previstos por el art 36 LDC que considera cumplidos con la agregación del contrato-fuente el que especifica el monto recibido, la tasa aplicable, el número de cuotas, que el crédito estaba sujeto al denominado sistema francés, todo conforme “las condiciones dispuestas en el punto III escritura 310”; además “la letra hipotecaria y su certificado de titularidad parte de un mismo negocio causal que mediante el consentimiento de las partes ha impuesto un sistema cuya ingeniería contempla lo prescrito por la ley del consumidor” (sic). Por consiguiente mandó llevar adelante la ejecución.
A fs. 255 se tuvo por constituido el domicilio del codemandado Facundo Leandro Corbellini en los estrados del juzgado.
A fs. 240 la coejecutada Silvina Susana Horr constituyó domicilio electrónico, acreditó su personería y dedujo recurso de apelación, el que fue concedido a fs. 243.
A fs. 244/249 expresó agravios la demandada recurrente, los que fueron respondidos por la ejecutante a fs. 251/256.
A fs.261/263 dictaminó el Fiscal General solicitando se haga lugar a la apelación afirmando que el decreto reglamentario de la ley 24.441 es inconstitucional porque excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo al admitir la sustitución de un título (la hipoteca) por otro (la letra). Luego dice que se eludió el cumplimiento de la ley 24.240, que la ANSES también debe informar a los consumidores y que si no lo hizo deberá asumir sus consecuencias.
El agravio de la ejecutada apelante cuestiona la sentencia esencialmente porque consideró cumplidos los requisitos del art. 36 LDC. En ese sentido sostiene que se desinterpretó la opinión del Fiscal de Primera Instancia quien correctamente alega que no se acompañó la letra. Agrega que el instrumento acompañado en la demanda no dio cumplimiento con el art. 39 de la ley 24.441 ya que no fue emitido por el deudor, ni intervenido por el Registro de la Propiedad Inmueble, ni contiene la firma del deudor, el escribano y ni un funcionario autorizante como prevé la ley y el decreto reglamentario. Tampoco se agregó el certificado de dominio y el trámite está mal planteado en el marco del juicio ejecutivo. Más adelante se refiere al art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor cuestionando el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos, particularmente los relativos al monto financiado, periodicidad, gastos y comisiones a pagar, el costo financiero total, entre otros. Añade que se omite precisar la tasa de interés efectiva anual y que el art. 36 LDC prevé que la omisión de la determinación de la tasa conlleva la aplicación de la tasa pasiva anual promedio del Banco Central. En el último agravio la demandada solicita se decrete la nulidad del contrato por haberse incumplido los requisitos legales que son de orden público.
II.- El recurso es infundado.
1.- Con antelación al tratamiento de las cuestiones sustanciales cabe formular dos precisiones.El agravio de la coejecutada apelante -Silvina Susana Horr- es formalmente admisible porque, contrariamente a lo sostenido por la apelada, exhibe un mínimo de fundamentación que permite inferir qué aspectos del fallo están cuestionados, por lo que el agravio resulta procesalmente admisible, aunque infundado ( arts 260 y 261 CPC). Es de aplicación la inveterada doctrina del Tribunal que sostiene que “la expresión de agravios resulta idónea en tanto aborde y desarrolle un piso mínimo de crítica con respecto a aquellas pretensiones por las cuales la demanda prosperó” (cf. esta Sala, causas nº 54.255, del 26/08/10, “Carrizo.”; nº 55.509, del 28/09/11, “Chasco D’Anna.”; nº 58.439, del 18/03/14, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A.”; nº 57.474, del 23/04/14, “Bonachi.” y nº 57.885, del 23/04/14, “Blanco.”). Por lo dicho se concluye que el escrito recursivo cumplimenta los recaudos que prevén los arts. 260 y 261 CPC (que requieren que la disconformidad del apelante contenga una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia atacada) ya que siempre que el memorial exteriorice la crítica, aunque sea mínimamente, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa y porque los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas” (cf. esta Sala, causas N° 45959, 22/03/03 “Bravo”; N° 49423, 02/03/06 “AADI CAPIF” y Nº 61.297, 29/12/16, “Plan Rombo S.A. .”, entre otras).
Por lo expuesto soy de la opinión que corresponde declarar la admisibilidad del recurso (arts. 260, 261, 384 y conc. CPC; arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN).
La restante consideración preliminar consiste en puntualizar que la manifestación del Sr. Fiscal General vertida en su dictamen de fs.262 acerca de la eventual inconstitucionalidad de la ley 24.441 sosteniendo que la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional resulta excesiva en el ejercicio de sus facultades constitucionales, constituye -por su generalidad- una alegación que no supone la introducción precisa del cuestionamiento o impugnación de constitucionalidad, cuya articulación requiere de mayor argumentación por tratarse de la “última ratio” del ordenamiento jurídico (arts. 31 Const. Nac. y 15 Const. Pcia. Bs. As).
2.- Adelanté que el recurso es infundado porque la apelante no logra revertir la conclusión medular del fallo: el cumplimiento del art. 36 LDC en la presente ejecución hipotecaria (aunque en realidad y más allá de su carátula) se trata de la ejecución de una letra hipotecaria registral. Esto conduce a que, atendiendo a la alegación de la ejecutada, el Tribunal deba pronunciarse por primera vez acerca de la aplicación del régimen de consumo de la ley 24.240 a la ejecución de una letra hipotecaria que reconoce su origen en una operatoria estatal de fomento de la vivienda (el Plan Pro.Cre.Ar). La postura de la apelante de que el art. 36 que prevé los requisitos que debe cumplir la instrumentación de las operaciones financieras para consumo y de crédito es de aplicación a las letras hipotecarias escriturales ha sido admitida por la doctrina (conf. Moreno, Liliana Cristina, “Régimen especial de ejecución de hipotecas – Ley 24.441. La subasta extrajudicial de inmuebles su inconstitucionalidad”, en Revista de Derecho Procesal Civil y Comercial – Número 6 – Marzo 2014, del 31-03-2014, Cita: IJ-LXXI-125).
Se advierte que en este caso concurren fuentes normativas plurales, pudiéndose identificar tres subsistemas: 1º) por un lado el régimen especial de la ejecución hipotecaria y de la letra hipotecaria, previsto en la ley 24.441 (texto ordenado por las leyes 26.994 de sanción del CCCN y 27.077) y su reglamentación (dec.780/95 T.O.dec.1389/98). Se trata de una ley ómnibus sancionada en el año 1994, que regula diversas instituciones: el contrato de fideicomiso y de leasing; creó las letras hipotecarias; prevé el régimen de los créditos hipotecarios para vivienda; establece un régimen especial de ejecución de hipotecas; modificó el Código Civil, el Código Penal y algunas leyes especiales, entre otros aspectos (arts. 1, 4, 27, 35 a 49, 50, 51, 52 a 67 ley 24.441; y arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 9 bis decreto reglamentario 780/95 T.O. dec. 1389/98). Este plexo normativo debe integrarse en el caso con las normas procesales de la ejecución hipotecaria (arts.595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C.). Es pertinente adelantar que se calificó a la ley 24.441 como “ley macroeconómica” que, para lo que aquí interesa, “a fin de facilitar la operatoria hipotecaria y el crédito que se afecta a la construcción de viviendas legisla la figura de las letras hipotecarias, que son títulos valores con garantía hipotecaria (art. 35). La Ley Nº 24.441 es en esta parte el desarrollo actualizado de lo prescripto en el art. 3202 del Cód. Civil, disposición que autoriza a emitir letras o pagarés hipotecarios; esta modalidad permite movilizar el crédito, toda vez que el acreedor podrá darlo en pago, descontarlo o cederlo en garantía y ello es consustancial con la agilidad del sistema que propicia la construcción y financiación de viviendas. En lugar de la escritura (pública) de cesión del crédito, la vía de endoso más simple y económica -que importa a su vez la transmisión del derecho real de garantía sin necesidad de la inscripción de ella en el Registro de la Propiedad -si bien su emisión tuvo que ser anotada por el registrador de hipotecas-, es manifiesto que el régimen instaurado supera las dificultades que en la práctica generaba la aplicación del art.3202 citado”; 2º) también concurre el régimen de protección del consumidor de la ley 24.240 LDC; 3º) finalmente rige el régimen de protección de la vivienda instituido por el decreto 902/12 (arts. 1, 2, 8 bis, 36, 37 y concs.), recientemente modificado por el decreto 146/1017, que implementa el Pro.Cre.Ar. (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar), en cuyo marco fue otorgado el crédito hipotecario que dio lugar a la emisión de la letra en ejecución. Ello se desprende de: la escritura pública nº 310 del 25/10/2013, celebrada por el escribano Alejandro Zubiarre del Registro Notarial nº 12 de Tandil; de “otorgamiento de contrato de crédito con garantía hipotecaria y de creación de letra hipotecaria” de fs. 16/28; la liquidación de la deuda reclamada de $ 330.014,1 expedida por la Contadora General de la entidad actora y obrante a fs 29; la constancia de la calidad de acreedor nº 00031220 en el Sistema de Letras Hipotecarias Escriturales, emitida por la Caja de Valores, el 22 de Junio de 2015 que indica que el Banco Hipotecario S. A. Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero Pro.Cre.Ar. es el acreedor de la letra hipotecaria escritural nº 00113999 de fs. 82/8, detallando y describiendo otras circunstancias atinentes a la letra y a su origen; el certificado de titularidad nº 00095918 para ejecutar la letra nº 00113999, también expedido por la Caja de Valores S.A., glosado a fs.13/14, que enumera todos los presupuestos formales requeridos por la legislación vigente.
Entiendo que la documentación mencionada precedentemente y agregada con la demanda al expediente, tanto la relativa a la titularidad de la letra hipotecaria como a su registro, y particularmente la consignada en la escritura de otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria y de creación de la letra hipotecaria por parte del Banco Hipotecario, como fiduciario del Fideicomiso, a favor de los ejecutados, cumple adecuadamente con el deber de información y de tutela del consumidor previsto en el art. 36 LDC (con emplazamiento en los arts. 42 Const. Nac. y 38 Const. Pcia. Bs As. y arts. 8 bis y 37 LDC) y en el Código Civil y Comercial (arts. 1384, 1092, 1096, 1097, 1098, 1100, 1119 y 1120 y concs. CCCN). También resulta compatible con el marco normativo del decreto 902/2012 citado que implementó el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) con intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (la ANSES), el Banco Hipotecario, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación Federal. Este programa tiene por finalidad -entre otras- la de “atender en forma integral el desarrollo de proyectos urbanísticos destinados a familiar, así como para otorgar créditos para la adquisición o construcción de viviendas”. En el contexto señalado los ejecutados Silvina Susana Horr y Facundo Leandro Corbellini revisten la condición de consumidores del sistema financiero y bancario como beneficiarios de un crédito de fomento con destino a la vivienda familiar (arts. 42 CN y 38 Const. Pcia. Bs. As; arts 1,.2, 8 bis, 36, 37 y concs. LDC), la que en función de la tutela adicional que le confiere el Código Civil y Comercial a la vivienda familiar califica y enfatiza su rol de sujetos vulnerables (arts. 244, 249, 250, 440, 449, 526 y concs.CCCN).
La convergencia de reglas y principios de los cuerpos normativos mencionados se resuelve mediante el diálogo de fuentes que propone el nuevo Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN) como consecuencia de lo cual es posible la integración sistémica de las distintas racionalidades: la ejecución acelerada mediante un instrumento financiero más novedoso, la letra hipotecaria escritural y la protección del consumidor que contrajo una deuda en el marco del régimen de fomento de la vivienda única. La solución razonable y armónica es la que, conforme la doctrina del reciente fallo plenario de esta Cámara, permite la integración del título en ejecución (en el caso: el certificado de titularidad de la letra hipotecaria para ejecutar, cuya emisión y registro importó la novación de la obligación del primer contrato de préstamo con garantía hipotecaria y expedición del título; art. 39 ley 24.441; art. 9 bis Dec. 780/95 modif. por Dec. 1389/98; conf. fallo en Pleno, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Azul, plenario N° 5, en: “HSBC Bank Argentina vs. Pardo, Cristian Daniel s. Cobro ejecutivo”, 09/03/2017, Rubinzal Online Cita: RC J 1517/17, y La Ley 27/03/2017, 5, con nota de Edgardo Saux, “El pagaré de consumo:una figura jurídica no legislada y controversial”).
3.- Por razones de método abordaré primero el aspecto vinculado con la letra hipotecaria ejecutada, cuya habilidad formal cuestiona la ejecutada, y luego los relativos al régimen de consumo.
Las letras hipotecarias escriturales “son documentos que llevan incorporados un derecho de crédito que es literal y autónomo . Son valores causales, es decir que contienen la expresión de su causa en su contenido cartular, si bien en su proceso circulatorio rige el principio de ‘abstracción’ ya que el valor se independiza de la relación fundamental . Son valores de creación individual, como los cheques o las letras de cambio o pagarés . La garantía hipotecaria que contiene este nuevo instrumento respalda el ‘crédito’ que lleva incorporado este valor” (cf. Villegas, Carlos Gilberto, “Títulos Valores y Valores Negociables – Letra de cambio, Pagarés, Cheques, Facturas de Crédito, Letras Hipotecarias, Acciones, Obligaciones, Valores Fiduciarios, Valores Públicos, Contratos de Inversión”, pág. 779).
En anterior precedente este Tribunal desestimó la ejecución de una letra hipotecaria por la omisión de acompañar el certificado de emisión que debe expedir el Registro de las Letras Escriturales y la constancia del saldo deudor que extiende la entidad administradora del crédito (esta Sala, causa nº 48.937, 13/10/05, “Banco Río de La Plata c/ Coronel, José Leandro y Otra s/ Ejecución Hipotecaria”, en LLBA 2006-1, pág. 60). Se sostuvo allí que las letras hipotecarias escriturales son letras desmaterializadas, que no conforman títulos de crédito, y constituyen un único instrumento continente tanto de la deuda como de la garantía real. Se agregó que la letra hipotecaria creada por los arts. 35, 36, 39 y concs. de la ley 24.441 constituyó un “novedoso instrumento con el objetivo de convertirse en elemento promotor del desarrollo del mercado hipotecario secundario y constituir un método de expansión o reactivación del sector inmobiliario y de la construcción” (Highton, Elena I. “Juicio hipotecario” T. 3, pág.370). El régimen implementado por esa ley 24.441 se funda en la securitización (o titularización o titulación) la que, explica Andorno, “consiste en un proceso por el cual un conjunto de activos que presentan ciertas condiciones de homogeneidad, se reú nen en una cartera para ser afectados al pago de títulos emitidos con respaldo en la misma” (Andorno, Luis O., “La securitización de activos y las letras hipotecarias en la ley 24.441”, J.A.1997-III-959). “Más claramente, la titularización o securitización consiste en un proceso que tiende a transformar un conjunto de activos que generan recursos en efectivo, en títulos que se destinan a la adquisición por inversores, generalmente mediante negociación bursátil, transformándose esos activos en instrumentos de mercado con mayor liquidez y menor riesgo” (Cám. Apel. Civ. y Com. Sala I Santa Fe, 25/6/2002, expte. 91-2002, “Banco Suquía S.A. c/ Reyt, Héctor C. y ot. s/ Ejecución Hipotecaria”).
La letra hipotecaria combina aspectos del derecho cambiario y del derecho hipotecario, que deben armonizarse (Highton, Elena – Mosset Iturraspe, Jorge – Rivera, Julio C.-Paolantonio, Martín, “Reformas al Derecho Privado. Ley 24441”, pág. 210; Highton, Elena en Bueres – Highton, “Código Civil y normas complementarias” T. 5, p. 1461, Nº 10; opinión también recogida por Abrevaya, Alejandra Débora, “Ejecución Hipotecaria”, Abeledo-Perrot Bs. As., 1999, p.81, Nº 2.2).
El mensaje del Poder Ejecutivo, al elevar al Congreso de la Nación los antecedentes del anteproyecto de ley, afirmaba que “estas letras hipotecarias son títulos valores que tienen incorporado un crédito que disfruta de la garantía hipotecaria. El efecto de su creación es la extinción del crédito que originalmente dio lugar a la constitución de la garantía real, por lo que ésta accede exclusivamente al título valor abstracto” (en Antecedentes Parlamentarios”, La Ley 1995, pág. 822 y pág.763 Nº 36; 848, 862, 866, 907 y passim.).
El instituto en examen se trata de un título valor completo, con garantía hipotecaria, que no tiene vinculación, pese a su denominación, con la letra de cambio, y se asemeja más bien a la estructura bilateral del pagaré (Highton, Elena, “Juicio hipotecario” cit., T. 3, p. 370; y Bueres, Alberto J. – Highton, Elena I., “Código Civil” cit., pág. 1461, Nº 10; Abrevaya, Alejandra Débora “Ejecución hipotecaria”, cit. p. 182; Castro Hernández, Manuel Horacio, “Consideraciones sobre el régimen hipotecario previsto en la ley 24441”, pág. 1192, Nº 5). Uno de los efectos esenciales de las letras hipotecarias es que “extingue por novación la obligación que era garantizada por la hipoteca (art.37)” (Morello, Augusto Mario, “Aspectos Procesales de la Ley 24.441, de financiamiento y construcción de viviendas”, J.A.1195-I,I pág. 765 y ss.; id. Guerrero Leconte, Víctor A., “Ejecución de letras hipotecarias”, J.A. 1998-IV, pág. 633).
Esa novación implica, con palabras ajenas, que las letras “son el único título hábil para la ejecución en virtud de la novación de origen legal que importan, sin perjuicio de que pueda llegar a ser necesaria su complementación con la escritura para acreditar las cláusulas pactadas que no consten en las letras. Así, en este caso, la escritura de constitución de hipoteca no será título hábil para la ejecución, quedando completamente suplido por los títulos valores” (Peralta Mariscal, Leopoldo L., “Juicio Hipotecario”, pág. 525).
La última parte del art. 39 de la ley 24.441 creó (con defectos de redacción, como lo señaló la doctrina) las letras hipotecarias escriturales, siendo su reglamentación (como también lo había anticipado la doctrina, ver Highton – Mosset Iturraspe – Rivera – Paolantonio, “Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441” cit., pág. 247), la que finalmente precisó sus disposiciones, particularmente de carácter registral (dec. cit. 780/95, T.O.dec.1389/98). Las letras hipotecarias escriturales “son letras desmaterializadas, que no conforman títulos de crédito, y constituyen un único instrumento continente tanto de la deuda como de la garantía real” (Colombo, Carlos – Kiper, Claudio M., “Ejecución hipotecaria”, p. 230, Nº 12); “la letra escritural no tiene existencia física autónoma” (Cossari, Nelson G., “Las letras hipotecarias escriturales: Registro y ejecución”, Zeus, T. 94-J-611). El decreto 1389/98 estableció -recién en 1998- el punto que es la clave del régimen legal: “la letra hipotecaria escritural se considerará emitida cuando la persona a cargo del registro de letras hipotecarias tome razón de la misma”.
4.- Analizaré el título en ejecución, según los agravios de la apelante y conforme el antecedente que vengo siguiendo (esta Sala, causa nº 48.937, 13/10/05, “Banco Río de La Plata c/a Coronel s/ Ejecución Hipotecaria”, en LLBA 2006-1, pág. 60, cit.).
El sistema integral (que también describe Abrevaya en la segunda edición de su obra “Ejecución Hipotecaria” Bs. As., 2004, p.182, Nº b.1) de las letras hipotecarias escriturales o letras hipotecarias, en esencia – y sólo para lo que aquí interesa- se funda en los siguientes presupuestos:
– se crea “el Registro de Letras Hipotecarias Escriturales”, -donde deberá quedar depositada la escritura hipotecaria-, que estará a cargo de la Caja de Valores (supuesto de autos), los bancos o de sociedades constituidas exclusivamente por éstos con el único objetivo de llevar el registro de créditos escriturales;
– el Banco Central podrá autorizar a los bancos “para el registro de las letras de su propia titularidad”;
– la entidad que tenga a su cargo el Registro citado (en autos la Caja de Valores S.A:) deberá inscribir las transferencias y constitución de derechos reales sobre las letras, y las medidas judiciales que se decreten sobre ellas;
– la administración de las letras escriturales será llevada a cabo por entidades financieras regidas por la ley 21526, quienes actuarán por cuenta y orden de los acreedores de las letras, y que comprende “la gestión de cobro de todo importe instrumentado” en ellas y que sea debido por el deudor;
– “la letra hipotecaria escritural se considerará emitida cuando la persona a cargo del registro tome razón de la misma”, lo que se desprende claramente de la anotación en el Registro de la Propiedad según el certificado de dominio obrante a fs. 213/17;
– para “ejercer los derechos que se confieren a los portadores de los títulos” el encargado del registro de letras hipotecarias escriturales deberá expedir un comprobante de titularidad, para -entre otras finalidades- “demandar la ejecución de la deuda impaga”. A fs 82/ 83 se agregó la constancia emitida por la Caja de Valores, el 22 de Junio de 2015, de la calidad de acreedor nº 00031220 del Banco Hipotecario S. A. Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero Pro.Cre.Ar. correspondiente a la letra hipotecaria escritural nº 00113999;
– la entidad administradora del crédito instrumentado en las letras hipotecarias escriturales deberá extender comprobantes en el que conste el “saldo pendiente de la deuda a la fecha de expedición”. A fs. 29 se glosó la liquidación de la deuda reclamada de $ 330.014,1 expedida por la Contadora General de la entidad actora con fecha 17 de Julio de 2015;
– el certificado (o comprobante) de titularidad expedido por la persona (de la entidad) que lleve el registro y el comprobante de saldo deudor extendido por la entidad administradora del crédito legitiman al título inscripto por ante el registro “para el ejercicio de la totalidad de los derechos acordados por el deudor al acreedor en el instrumento de emisión de las letras .”. A fs.13/ 14 se glosó el certificado de titularidad nº 00095918 para ejecutar la letra nº 00113999, también librado por la Caja de Valores S.A. En ese certificado se expresa textualmente que “se emite el presente certificado de titularidad para demandar la ejecución de la deuda impaga, a requerimiento del acreedor de la letra hipotecaria escritural mencionada. De conformidad con lo dispuesto en artículo 6º del decreto 780/95, modificado por el decreto 1389/98, el presente constituye título suficiente para que el acreedor pueda demandar la ejecución especial prevista en el título V de ley 24.441 (este certificado tiene vigencia hasta la fecha expresada como vencimiento). La letra hipotecaria escritural descripta se integra con las estipulaciones contenidas en la escritura correspondiente” (sic., fs. 14).
La jurisprudencia, incluso recogida anteriormente por este Tribunal en la causa citada “Banco Río .” del 13/10/05, se pronunció por la habilidad del título hipotecario escritural o letra hipotecaria, en cuanto titulo ejecutivo complejo o integrado, compuesto por el certificado de titularidad (fs. 13/14) expedido por la entidad administradora del crédito, la constancia de la calidad de acreedor (fs. 82/83) también emitida por “Caja de Valores S.A.” y la certificación de deuda (fs. 29 argumento “a contrario sensu” Cám. Apel. Concordia, Sala Civ. y Com. III, 07/09/2004, “Banco Hipotecario c/ Quinteros, Héctor D.”, L.L. Litoral 2005, 379; Cám. Civ. y Com. Santa Fe, Sala I, 26/05/2003, “Banco Suquía c/ Rivera, Roberto B. y otra”, L.L. Litoral 2004-75 y Zeus T. 94-J-11, con nota aprobatoria de Cossari, Nelson G. A., “Letras Hipotecarias Escriturales: Registro y Ejecución”).
5.- En conclusión: contrariamente a lo alegado por la ejecutada en autos, el título causal integrado es idóneo y hábil, conforme se ha descripto en el párrafo anterior, para promover el cobro ejecutivo de la letra escritural, en los términos de la legislación especial que rige la cuestión (arts. 35, 36, 37, 39, 44, 45 y concs.ley 24441; dec./regl 780/95 modificado por el decreto 1389/98 arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 9bis; 595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C). Este título es de por sí complejo porque resulta de la reunión y complementariedad de varios instrumentos que aisladamente carecen de idoneidad ejecutiva (repito: el certificado de titularidad de la letra para ejecutarla de fs. 13/14; la certificación de deuda de fs. 29 y la constancia de la calidad de acreedor de fs. 82/83), similar a otros cuerpos normativos que prevén supuestos particulares que atienden a la modalidad del crédito ( por ejemplo: el cierre de la cuenta corriente bancaria y el cer tificado de saldo deudor para su ejecución, que regulan los arts. 1393, 1403, 1404, 1405, 1406 y concs. CCCN o el régimen de la tarjeta de crédito previsto por la ley nº 25.065 -cf. arts. 4, 6, 26, 27, 39, 40 y concs.-).
Ahora bien, y a los fines de la comunicabilidad de la denominada letra hipotecaria con el derecho del consumo, esos mismos documentos y títulos correlacionados entre sí sirven para que, conjuntamente con la escritura originaria del préstamo y la restante documentación adicional agregada a fs. 36/40 (constancia de entrega por parte de la actora de los montos que componen el total del crédito otorgado por $ 400.000, constancia de constitución en mora), conformen un título causal consumerista que cumplimente los requisitos establecidos por los arts. 36 y 37 LDC.
En efecto, y en el fallo plenario mencionado -como acotó Saux (aut. y ob. cit., La Ley 27/3/2017)- se efectuó un juicio de ponderación que armonizó las normas generales con las particulares, compatibilizando la privilegiada protección del consumidor con la tutela del derecho de propiedad, también de raigambre constitucional (arts. 16, 17, 18 y concs. Const.Nac). Se dijo allí que “la protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré de consumo sin antes -y con carácter previo- permitir que se integre el título con documentación idónea y conducente relativa a la relación crediticia subyacente. Requerir siempre la cristalización de la relación crediticia de consumo en el texto de la cartular conduce prácticamente a su abolición como título de crédito y a su inhabilidad, protegiendo al consumidor pero a partir de la eliminación del régimen cambiario y la vía ejecutiva, en definitiva, dejando al pagaré sin función como cartular”. Se agregó que “conferir primacía al principio protectorio sin prescindir del análisis causal de la relación crediticia subyacente concilia las normativas en juego, armonizándolas, y no desnaturaliza el juicio ejecutivo, como en forma pionera lo decidió el Superior Tribunal Provincial en el caso “Cuevas” (C. 109.305, del 1/9/2010). Si la indagación causal fue admitida para determinar el juez competente, con más razón ello es de significación para controlar el cumplimiento de los requisitos de fondo previstos en el art. 36 LDC. Entonces, agotada esa etapa integradora del pagaré de consumo como título complejo (el pagaré complementado con la documentación adicional relativa al negocio jurídico de fondo), allí sí debe arribarse, si correspondiere, a la declaración de inhabilidad del título”.
“La interpretación propuesta -se concluyó- surge de integrar las fuentes plurales en pugna, complementando dos racionalidades regulatorias diferentes, armonizándolas, de manera que la vinculación relacional de los microsistemas que interactúan, en vez del fraccionamiento de la unidad sistémica del derecho privado, logre la protección del consumidor sin sacrificar otros derechos e intereses en conflicto, como el derecho de propiedad, la tutela al crédito, el tráfico comercial” (sobre el derecho constitucional de propiedad ver CS, 27/12/ 2006 “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional – dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986″, voto Dr.Lorenzetti).
En definitiva y aplicando la doctrina del fallo plenario aludido sobre el pagaré de consumo concluyo que la letra hipotecaria escritural (el certificado de titularidad para ejecutar la letra de fs. 13/14; el certificado o constancia de calidad de acreedor de fs. 82/83; la certificación del saldo adeudado de fs. 29, todos requisitos exigidos por el microsistema de la ley 24.441) puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal subyacente (el contrato de crédito con garantía hipotecaría y creación de la letra hipotecaria, glosado a fs. 16/28) dentro del mismo juicio ejecutivo (arts. 595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C.) conformando un título complejo que contenga información clara y veraz, y además cumpla con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito para el consumo”. Este juicio de ponderación, pone de relieve que en autos se respetan los derechos del consumidor, las normas del fomento de planes de vivienda y la circulación del crédito que también está alcanzado por la tutela constitucional de la propiedad (arts. 16, 17, 18 y 19 Const. Nac.; arts. 1384, 1092, 1096, 1097, 1098, 1100, 1119 y 1120 y concs. CCCN; arts. 1, 4, 27, 35 a 49, 50,51, 52 a 67 ley 24.441; y arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 9 bis decreto reglamentario 780/95 T.O. dec.1389/98; arts. 595, 596, 542, 543 y concs. C.P.C.).
6.- Ingresando al análisis de la relación crediticia subyacente al título ejecutivo de autos debe establecerse si el certificado de titularidad para ejecutar la letra de fs. 13/14, el certificado de acreedor de fs. 82/83, y la constancia de saldo deudor de fs. 29 integrada con el contrato de préstamo hipotecario y de emisión de la letra escritural de fs. 16/28 cumplen -conjuntamente examinados- con los requisitos exigidos por el art. 36 de la ley 24240 -reformado por ley 26.361 (B.O.7/4/08). La información que surge del certificado de titularidad de fs. 13/14 y de la letra hipotecaria integrada con la escritura de hipoteca (fs. 82/83; 87/98) cumple los requisitos exigidos por el ordenamiento protectorio: 1) el monto del préstamo $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos), el monto de $ 100.000 (cien mil pesos) fue desembolsado mediante depósito en la cuenta de titularidad del deudor nro. 4035000015501279, mientras que el saldo de $ 300.000 se entregó en tres cuotas de igual monto, conforme el avance de obra ejecutada (cfr. letra hipotecaria de fs. 87, y cláusula I.1 “Objeto. Monto. Destino del crédito.” de la escritura de hipoteca, fs. 87 vta.; ver constancias de depósitos de fs. 33/40); 2) la tasa de interés compensatorio vencido sobre saldos, se fijó a una tasa mixta mínima 10% y máxima 15%, con un período de ajuste de 3 meses; “la tasa será del 10 % anual nominal fija hasta el mes 48 (equivalente al 0,83% efectivo mensual), luego a partir del mes cuarenta y nueve, a contar desde el inicio del período de reembolso, la tasa de interés aplicable al Crédito será variable, siendo determinada por el acreedor en base a la variación que haya experimentado, desde el 10 de octubre de 2017, el “Coeficiente de Variación Salarial” (C.V.S) que publica el I.N.D.E.C. Los ajustes de tasa serán aplicados por trimestre calendario, los días 10 de los meses de enero, abril, julio y octubre de casa año. “La tasa tope”: la tasa de interés resultante del sistema de ajuste del presente crédito no podrá exceder el 15% nominal anual)” (letra hipotecaria escritural de fs. 82 -anexo interés- e hipoteca, cláusula III.3); 3) el interés punitorio equivale al 50% del interés compensatorio no pudiendo superar la tasa de interés punitorio máxima que fije el BCRA; 3) la tasa de interés efectiva anual 10% variable a partir del mes 49 (cfr.Condiciones del préstamo que surgen de la letra hipotecaria escritural de fs. 82/83); 4) la forma de amortización cantidad de pagos a realizar y su periodicidad: la cancelación del crédito se realizará mediante el “sistema francés”, por mes vencido, en 240 cuotas (20 años), a contarse desde el inicio del plazo de reembolso, esto es el 7/7/14 (cfr. cláusula III. 1 escritura hipotecaria, fs. 91), siendo el importe de la cuota inicial de $ 4.008,52 (cuatro mil ocho pesos con cincuenta y dos ctvos.) (cfr. fs. 91 vta.); 5) los gastos extras y adicionales si los hubiere: los intereses pactados no incluyen el IVA sobre intereses que son a cargo del deudor; el seguro de vida ha sido contratado aparte con BHN Vida SA en beneficio del acreedor y su costo se abonará junto con las cuotas del préstamo, el tomador del crédito contrata en la misma compañía un seguro de incendio y otros daños materiales cuyo costo es a cargo del tomador y su pago se realiza juntamente con la cuota del reembolso del préstamo; comisión: el crédito devengará una comisión de administración equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cuota que se compone de capital, interés, IVA s/ interés, valor de la prima de seguro de vida y de incendio (cfr. cláusula III.6 de la hipoteca, fs. 93vta.); 6) costo financiero total: resulta equivalente al 13,07% (trece con cero siete por ciento) efectivo anual incluyendo los intereses de la cláusula III.3 y los conceptos referidos en las cláusulas III. 6 y III.10 (cfr. cláusula III.7 de la escritura hipotecaria).
En conclusión: en la ejecución de una letra hipotecaria escritural el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el art. 36 de la ley de protección del consumidor 24.240 podrá resultar de las constancias y documentación requeridas por la legislación especial (ley 24.441 y dec./regl. 780/95 T.O. dec.1389/98). Empero y a los fines de comprobar el cumplimiento del “test del art. 36 L.D.C.” ese título causal integrado (conforme los presupuestos legales) es susceptible de completarse con el negocio jurídico subyacente (contrato de préstamo hipotecario y documentación adicional).
Como quedó sentado en los párrafos precedentes, el título complejo así conformado cumple con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC, por lo que propiciaré al acuerdo la confirmación de la sentencia recurrida, con costas a la ejecutada, apelada vencida (art. 556 CPC) difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por iguales argumentos votaron en sentido análogo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: confirmar la sentencia recurrida. Imponer las costas a la ejecutada, apelada vencida (art. 556 CPC). Diferir la regulación d e honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por idénticos fundamentos votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-SENTENCIA –
Azul, de Abril de 2017.-
AUTOS Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., SE RESUELVE: confirmar la sentencia recurrida. Imponer las costas a la ejecutada, apelada vencida (art. 556 CPC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
VICTOR MARIO PERALTA REYES
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INÉS LONGOBARDI
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL