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Abogados en Mar del Plata – Estudio Panizo – Más de 16 años brindando profesionalismo legal

Me llegó una carta documento…
Recibí una cédula de notificación…
Me iniciaron juicio…
Me reclaman algo que ya pagué
Pasaron muchos años de esa deuda…tengo que pagarla?
Quiero reclamar mis derechos
El inquilino no está pagando
La prepaga se niega a cubrir mi tratamiento
Voy a iniciar juicio
Me quiero separar y tenemos bienes en común
Quiero saber qué derechos tengo como padre
Voy a asesorarme para resguardar los derechos de mis hijos
Mis padres fallecieron y no hay acuerdo entre mis hermanos y yo para vender la casa
Murió mi papá y aparecieron herederos…
Compré un auto y me lo secuestraron
Adquirí un vehículo y el motor estaba fundido, puedo reclamar?
Los pagarés vencieron y no fueron abonados
Antes de firmar voy a hacer revisar el contrato por un abogado
Quiero comprar una propiedad y está muy barata…debo dudar? Sí…será mejor asesorarme con un abogado antes de señar
Me detuvieron y necesito un abogado defensor que se dedique a mi causa a pleno, por eso voy a buscar un abogado particular.

ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE PUEDEN ESTAR DANDO VUELTAS POR SU CABEZA, O PROBLEMAS LEGALES QUE PUEDEN SURGIR A LO LARGO DE SU VIDA.
LOS ABOGADOS ESTAMOS PREPARADOS PARA RESOLVER TODAS ESTAS SITUACIONES. 

CONSULTE SIEMPRE A UN ABOGADO.

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Recibimos carpetas por casos de accidentes de tránsito

Nos encontramos a su disposición, en caso que haya sufrido un accidente de tránsito, y requiera de los servicios de un abogado especialista en accidentes de tránsito para hacer el reclamo de la indemnización por daños y perjuicios.

Realizaremos paso por paso y lo más rápidamente posible el reclamo de su indemnización. Instaremos la denuncia penal, y su seguimiento, en caso de lesiones o muerte en accidente, y el reclamo a la compañía aseguradora.

Si el ofrecimiento que realiza la compañía de seguros no es acorde -a criterio del cliente y del Estudio Panizo-, al daño fisico, psicológico, patrimonial, lucro cesante, u otro daño sufrido, daremos inicio al proceso de mediación, previo reclamo por carta documento al titular del rodado embistente y a su conductor.
Terminada la mediación obligatoria por cierre con acuerdo, se verá satisfecha su indemnización, y es ahí donde, recién al momento en que usted cobre, abonará los honorarios y gastos generados durante todo el proceso.
Si la mediación se cierra sin acuerdo, entonces, eso quiere decir que quedó habilitada la instancia judicial, por lo que dispondremos todo nuestro conocimiento para llevar adelante la acción civil a través de una Demanda en juicio civil de indemnización por daños y perjuicios.
Si sufrió un accidente de tránsito hace menos de tres (3) años (actual prescripción del daño extracontractual por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina), solicite un turno para realizar su consulta, y eventualmente dejar su carpeta para que comencemos a trabajar en su caso.

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Una vez que inicia una demanda deje que su Abogado la siga y le informe – Brindamos tranquilidad. Usted tenga confianza.

Cuando una persona decide entablar una demanda para el reconocimiento de sus derechos, cualquiera fuese la causa, lo que quiere es delegar en el abogado que contrate toda la responsabilidad de la misma.

   Y es así, ya que el actor no debe preocuparse por nada, sino solo estar informado y presentarse a las audiencias que se celebren, cuando su abogado le avise con la debida antelación, salvo que tampoco quiera asistir a la audiencia y para ello haya apoderado a su abogado para que concurra a las audiencias, con facultades de conciliar.

   No ayuda, ni colabora, ni suma en nada, estar permanentemente preguntando a su abogado, sobre el avance de la causa, y más cuando el abogado le dijo que le informaría sobre cada novedad que hubiera. Contrariamente, con esa actitud, se torna en un cliente desconfiado, nervioso e insistente, que hará que su abogado desista de continuar representándolo.

   Por otra parte, cuando el cliente se presenta en el Estudio sin pedir un turno, cuando en la primera consulta se le informó que la atención es arancelada y con cita previa, y se presenta sin aviso previo, queriendo que lo atiendan insistentemente negándose a pagar la consulta, y sin respetar que su abogado está con otro cliente, y con otro caso, no habla bien de su personalidad, ya que disponemos de contacto telefónico permanente, para que los clientes puedan pedir un turno. Recuerde que los turnos se dan en el día si el caso es urgente, o a lo sumo, para el día siguiente. Hay que saber esperar, y no desesperar, para recibir una buena atención jurídica.

   Desde el Estudio Panizo brindamos la mayor contención jurídica, y los medios de comunicación a su disposición para que pueda anticipar su consulta para que todos podamos tener un orden en la atención de cada cliente.

   Brindamos tranquilidad, seguridad y confianza, así que toda esta situación que leyó recién no va a ser necesario que se de, por lo que seguiremos juntos en el avance de su caso, manteniendolo al tanto de todo.

   Programe su cita en el ESTUDIO PANIZO con la Dra. Fernanda Panizo.

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Se ordenó a los dueños de un perro a indemnizar a una mujer que sufrió una caía y diversas lesiones cuando el animal la atropelló con la intención de acercarse a su mascota

En los autos “Salas, Mabel A. c/ Bocanegra Carlos s/ daños y perjuicios”, se ordenó la indemnización de una mujer que sufrió lesiones por la caía que le provocó un perro al intentar acercarse a su mascota.
El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en una plaza de Rosario cuando el perro del demandado se abalanzó sobre ella, le produjo una caída y diferentes lesiones que disminuyeron sus capacidades. 
El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario determinó que, como se trató de un hecho donde intervino un perro, resulta de aplicación el art. 1113 del CCiv., “recayendo sobre el dueño y/o guardián del animal la presunción de responsabilidad, correspondiendo a este la carga de acreditar la culpa de la víctima o el hecho del tercero o caso fortuito”.
En esa línea, la ley sostiene que “un animal, por su naturaleza, no deja de ser una cosa y, como tal, susceptible de generar riesgos, una interpretación armónica de la legislación y de la doctrina, hace radicar el fundamento de la responsabilidad del dueño o guardián en el riesgo creado”.
La normativa expresa que el hecho debe probarse debidamente como ocurrió en la causa gracias a las declaraciones testimoniales de testigos.
Por todo lo expuesto, los jueces resolvieron hacer lugar a la demanda y de la mujer y ordenaron una indemnización por $50.000.
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El consorcio es quien debe demandar al administrador – Abogados en Mar del Plata

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En los autos “Ramos Jorge Alberto y otro c/Arrendo Eduardo s/Rendición de Cuentas”, el propietario de un departamento exigió, mediante una demanda personal, al administrador del edificio para que le presente la rendición de cuentas.
Frente a ello, los miembros del Tribunal explicaron que “los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio y sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador”. Asimismo, no existe un vínculo directo del administrador con los propietarios respecto a las obligaciones derivadas del mandato, sino con el consorcio.
En esa línea, los jueces añadieron que es la asamblea el órgano encargado de recibir la rendición de cuentas y no un propietario en particular.
“En la relación celebrada entre el consorcio (mandante) y el administrador (mandatario), el administrador se relaciona con el consorcio como ente distinto de sus integrantes, no habiendo vínculo directo entre aquel y cada uno de los copropietarios respecto de las cuestiones relacionadas con el mandato sino a través del ente consorcial”, resaltaron los magistrados.
Los camaristas destacaron que el propietario de cada unidad funcional carece de legitimación individual para demandar al administrador en forma personal la rendición de cuentas o por actos ejecutados con motivo del ejercicio de la administración, ya que la acción corresponde al consorcio de propietarios integrantes del edificio. Por ese motivo, resolvieron rechazar la demanda interpuesta.
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Abogados en Mar del Plata – Nulidad de Laudo arbitral

Abogados en Mar del Plata – Nulidad de Laudo Arbitral


Una sentencia que anuló un laudo arbitral fue dejada sin efecto por la Corte Suprema, que se pronunció sobre los alcances de su control judicial. Lo hizo al dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de un laudo en autos “Ricardo Agustín López, Marcelo Gustavo Daelli,Juan Manuel Flo Díaz, Jorge Zorzópulos cl Gemabiotech S .A. s/ organismos externos”.
La causa se inició con la demanda arbitral en virtud de una cláusula compromisoria “pactada expresamente” en un contrato de compraventa de acciones. Los demandantes reclamaron el pago de un saldo de precio que habría quedado insoluto, correspondiente a las acciones vendidas. A su vez, la demandada reconvino la demanda y le reclamó daños y perjuicios a los actores, derivados del “supuesto incumplimiento de una serie de cláusulas del contrato” sobre confidencialidad y no competencia.
En el medio de la tramitación del procedimiento arbitral, y con anterioridad a que se emitiera el laudo, los accionantes pidieron suspender el dictado del laudo por considerar que resultaba de aplicación el artículo sobre prejudicialidad del juicio penal, ya que la demandada había presentado diversas denuncias en el fuero criminal.
El Tribunal Arbitral rechazó el planteo, como así también la demanda, e hizo lugar parcialmente a la reconvención, condenando a los actores a abonar a Gemabiotech U$S 6.509.600 por incumplimiento contractual. Los actores presentaron un recurso de nulidad contra el laudo, pero este fue denegado. Entonces presentaron un recurso de queja ante la Cámara Comercial, que finalmente anuló el laudo.
El argumento del tribunal fue que la renuncia que habían efectuado las partes a deducir recursos contra el laudo “no obstaba a la admisibilidad del recurso de nulidad” , además de que el laudo impugnado había sido dictado en infracción al principio de prejudicialidad.
Por unanimidad, la Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, consideró que la Cámara “excedió los límites conferidos por las normas que habilitaban su intervención”.
Los supremos indicaron que cuando la actora interpuso el recurso de nulidad contra el laudo – fundado en la causal de “falta esencial del procedimiento”-, cuestionó el rechazo del planteo sobre la prejudicialidad, pero de ningún modo indicó que ese agravio “constituyera alguna de las causales que la ley taxativamente habilita para la revisión judicial de un laudo arbitral por vía del recurso de nulidad”.
En ese marco, el Máximo Tribunal arribó a la conclusión de que no puede considerarse como una “falta esencual” lo que los supremos calificaron de una “mera discrepancia” por la resolución del laudo sobre la cuestión de la prejudicialidad. “Resulta evidente que la Cámara resolvió las cuestiones planteadas con claro exceso del marco normativo que habilitaba su jurisdicción”.
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Abogados en Mar del Plata – Estudio Panizo – Amparo de Salud

El objeto de la acción de amparo es la preservación de la vigencia de los derechos tutelados por la Ley Fundamental.
Se trata de un procedimiento utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías idóneas o aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales; razón por la que su apertura exige circunstancias particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la urgente y expeditiva vía del amparo.
Como claramente lo establece el art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, opera contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución local y las normas dictadas en su consecuencia.
Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias; pues para la tutela de los derechos constitucionales fundamentales, no hay nada más idóneo, en principio, que el amparo.
Dispone el art. 43 de nuestra Carta Magna que: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra toda acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo, y las asociaciones que propendan a esos fines registrados conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización …”.
A partir de la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución, la acción de amparo “… juega como alternativa principal y no subsidiaria, de manera directamente operativa, para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales… De este modo el amparo, especialmente a partir de la reforma de 1994, es garantía constitucional, y es por ello que toda hermeneútica ha de tener como norte el sentido protector de dicha garantía, a través de una interpretación previsora que deberá asignar al amparo el más alto alcance posible, con miras a la efectiva protección de los derechos fundamentales en crisis…”.
II. Competencia [arriba] – 
Conforme ha resuelto en reiteradas oportunidades la Excma. Cámara del Fuero Civil de la Capital Federal -en concordancia con el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la adjudicación de competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de los hechos que se sustentan en la demanda.
En tal sentido, se ha dicho que: “Si el conflicto versa sobre la cobertura de una prestación médica supuestamente no cubierta por la empresa de medicina prepaga, en orden a la protección del derecho a la salud y a la vida, de conformidad con las normas que regulan el Sistema Nacional de Salud, sin que, por otra parte, esté en juego la organización del sistema, se está frente a un asunto de naturaleza civil. Por ende, corresponde la competencia de la Justicia Civil, la cual reviste naturaleza residual (conf. art. 43 del decreto Ley Nº 1285/58).
Así: “Corresponde la competencia del fuero civil cuando el conflicto versa sobre la cobertura de una prestación médica supuestamente no cubierta por la empresa de medicina prepaga, y no se acciona contra obra social alguna” y que: Es competente la Justicia Civil y no la Federal, en una acción resolución y consignación por el incumplimiento de un contrato de medicina prepaga, en tanto la relación es de naturaleza privada, el prestador una sociedad anónima y no una obra social no estando la demandada comprendida dentro del supuesto previsto en el art. 38 de la Ley Nº 23.661 y la intervención federal se limita a aquellos casos que se plantean cuestiones que pudieran afectar la organización del sistema de salud.-
Así, en principio, las cuestiones relativas a la competencia, deben resolverse de acuerdo con lo expresado por el actor en el escrito liminar.-
¿Qué sucede cuando se promueve una acción de amparo contra una obra social a los fines de la cobertura integral de las prestaciones necesarias para la tutela del derecho a la salud, es decir, cuando se requiere a la prestadora el cumplimiento de las normas nacionales que implementan el Sistema Nacional de Salud y la Prestación Médica Obligatoria?. Ante tal circunstancia, la competencia federal se impone cuando está en juego la prestación de los servicios médicos asistenciales.
En efecto, la competencia federal responde a necesidades de orden público por ello, no sólo las partes están impedidas de prorrogarla sino que el propio órgano jurisdiccional debe inhibirse de oficio de entender en la demanda, si de sus propios términos y exposición resulta que la causa no es de su competencia. Así la primera actividad que todo juez debe realizar al interponerse una demanda es determinar si es competente para juzgar en el caso que se le plantea o lo que es igual, si tiene o no atribución para conocer en el asunto.
Es que cuando la competencia federal surge en razón de la materia, es improrrogable, privativa y excluyente de los tribunales locales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios. Sobre tal criterio jurisprudencial se asienta la norma contenida en el art. 352, segundo párrafo, del Código Procesal.
En tal sentido se ha sostenido que cuando la demanda se dirige contra una obra social corresponde, de acuerdo a la nueva normativa vigente en materia de obras sociales, la competencia federal para entender en este tipo de procesos (conf. arts. 24 y 29 de la Ley Nº 23660 y 15 y 38 de la Ley Nº 23661). Los servicios prestados se consideran, así, como un servicio público de asistencia social. Por ello, y aún cuando la iniciación del proceso a
nte los tribunales ordinarios de la Capital podría importar un desplazamiento de la competencia federal, este criterio no resulta aplicable cuando esa competencia corresponde por la naturaleza de las normas implicadas.
En consecuencia, encontrándose en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, al establecer la prestación médica obligatoria que involucra a las obras sociales –carácter que podría revestir la obra social demandada- resulta aplicable al caso lo establecido por la Corte Suprema en el sentido que “debe declararse la competencia del fuero civil y comercial federal para entender en la demanda que trata sobre las prestaciones de salud previstas en la Ley Nº 23661, también federal que establece el Sistema Nacional de Seguro de Salud…”.
En ese orden de ideas el máximo tribunal ha resuelto que al haber sido demandada una obra social por incumplimiento de las prestaciones médico asistenciales, resulta de aplicación lo previsto por el art. 38 de la Ley Nº 23661, que prevé el sometimiento exclusivo de esos agentes a la jurisdicción federal, salvo que desempeñen un rol activo.
III. Concesión de la medida 
La concesión de una medida como la del amparo, torna imperioso que el Juez, en una apreciación sumaria advierta que la pretensión aparece como fundada y de éxito probable, sólo entonces cabe amparar el derecho que, con su sola invocación, resulta “prima facie” como declaración viable y juridicamente tutelada. Y, es así que los requisitos propios para su procedencia, como ser la verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora, deben apreciarse con suma cautela.
Lo dicho, conjugado con la conclusión del dictamen médico-legal en cuestión, autorizan a considerar si se encuentran cumplidos los recaudos para viabilizar su concesión.
IV. Derechos en juego 
El art. 42 de la Constitución Nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos” y, por vía de la incorporación dispuesta en el art. 75, inc. 22, se generó el aludido bloque de constitucionalidad federal, integrado por diversos tratados internacionales de Derechos Humanos, que tutelan específicamente el derecho a la vida y a la salud de las personas (art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, en vinculación con lo dispuesto en el art. 33 de la Carta de la O.E.A.; Principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño); así, se estableció el derecho a la vida y a la salud de las personas como un Derecho Humano fundamental de nuestro sistema normativo, especialmente tutelado en el caso de los menores.-
Asimismo, la Ley Nº 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Dispuso también que las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad a ellas afiliadas.-
Modernamente, el derecho pone el acento más en la prevención que en la reparación del perjuicio causado. La prevención del daño surge como un mandato dirigido a la magistratura, como una clara responsabilidad social, ya que desde el punto de vista de la víctima, es preferible a su reparación y lo es también desde el de los intereses del buen gobierno e la sociedad.
La preservación del derecho a la vida y a la salud de un habitante de la República constituye el sustrato básico para la consideración de cualquier otro derecho; por lo que se requiere que la respuesta jurisdiccional ante un planteo de la naturaleza del que nos ocupa se produzca en forma urgente, sin requerir el agotamiento de trámites o medidas que podrían evaluarse como requisito previo frente a planteos que no involucren valores jurídicos, éticos y sociales como los involucrados en este caso, pero no es supuestos de urgencia vital como el que nos ocupa.
El Poder Judicial, como órgano del Estado Nacional, debe, ante supuestos en los que se ponen en riesgo garantías o derechos que, como la vida y la salud, se encuentran especialmente tutelados por normas del bloque de constitucionalidad federal, adoptar las medidas que sean necesarias para su resguardo y debe hacerlo no sólo para tutelar a los particulares, sino por ser un imperativo establecido en el máximo orden normativo nacional y en el internacional del que participa la República.
V. Las medidas cautelares 
Si con la documental aportada se encuentra acreditada “prima facie” la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, corresponde acceder a la medida cautelar innovativa solicitada (art. 232 del C.P.C.C.), la que, conforme Peyrano, se trata de una precautoria excepcional, que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado y que se traduce en la injerencia del juez en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor. De naturaleza excepcional, como surge de su concepto, procura evitar que se frustre el resultado del proceso principal si no se produce el mencionado cambio fáctico o jurídico. Aunque no cuenta con un lugar específico en la ley, se encuentra incluida dentro de la definición genérica que otorga el art. 232 del C.P.C.C.
Ahora bien, la medida anticipatoria requiere: a) la existencia de una fuerte probabilidad de que el derecho en discusión será reconocido en la sentencia de mérito y b) la existencia de un riesgo tal que permita inferir que, de no adoptarse la medida, se provocará un grave perjuicio al peticionante.
Véase al respecto que uno de los presupuestos de las medidas cautelares es la verosimilitud del derecho invocado, entendiéndose por ella la posibilidad de que aquél exista: nuestro sistema jurídico exige que el derecho del peticionario de la cautelar sea verosímil, y no que se acredite la certeza en la existencia de ese derecho, que eventualmente se obtendrá al dictarse el pronunciamiento definitivo, extremo que se debería encontrar acreditado con la documental acompañada con la demanda.
De otro lado, el peligro en la demora fluye de lo expuesto en el apartado anterior: aparece como evidente que si no se concede la cobertura peticionada al menor, podrían generarse perjuicios inminentes para él de difícil o imposible reparación ulterior. Por otra parte se ha entendido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado tal recaudo, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado “prima facie” o presunto.
En este estadio resulta menester señalar que las medidas cautelares se disponen para evitar que el resultado de un proceso aparezca frustrado por las contingencias que se pueden presentar en su curso, siendo preferible el exceso en su concesión que la parquedad en negarlas.
Asimismo, cuando se trata de personas discapacitadas nuestro orden constitucional exige medidas especiales, de carácter positivo, directamente orientadas, del mejor modo posible, a posibilitar la morigeración o supresión de las asimetrías que padecen frente al resto de la organización social.
Finalmente, dada la índole de los derechos constitucionales en juego, no corresponde exigir otra contracautela que la derivada de la responsabilidad personal por el pedido formulado por los progenitores del menor.