Abogado, Derecho Penal

Procesamiento de la encartada por el delito de lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes

Partes: D. U. s/ infracción art. 303
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
Sala/Juzgado: II
Fecha: 4-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104770-AR | MJJ104770 | MJJ104770Sumario:
1.-Cabe confirmar el procesamiento de la encartada por considerarla autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, pues el comercio de drogas conlleva la realización de numerosas conductas que van desde el financiamiento, cultivo, producción, transporte, venta y posterior ingreso al mercado formal, de las ganancias ilegales; y no es posible de otro modo cerrar el circuito de la actividad sin la visibilización o blanqueo del capital obtenido en la economía informal o negra.
2.-Es indiscutible el vínculo que conlleva el tráfico de estupefacientes con la conversión en lícito del provecho económico que la citada actividad genera, si se acreditó que a partir de la compraventa de un bien se intentó eliminar el rastro que conduce a establecer el ilegítimo modo en que aquel fue obtenido para otorgársele apariencia de legalidad, en tanto a través de su inscripción registral se lo integró como si fuese producto de una operación lícita.
Fallo:
San Martín, cuatro de mayo de 2017. VISTOS Y CONSIDERANDO: Vienen estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de U. Domínguez Benítez, contra los puntos I y II de la resolución obrante a fs. 155/165, que decretó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de la nombrada hasta cubrir la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), por considerarla autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo (arts. 45 y 303, inc. 4° del Código Penal y arts. 306, 310 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).
En la instancia, el Fiscal General no adhirió al recurso de apelación interpuesto (fs. 181), mientras que la defensa de la imputada lo sostuvo (fs.182). Las constancias de la causa enseñan que esta tuvo su origen a partir de las circunstancias que surgen del expediente nro. 9475/2013 que tramitara por ante el propio Juzgado instructor en el cual en fecha 28 de noviembre de 2013 se denunció que desde la Provincia de Corrientes y hacia Buenos Aires se transportaría un cargamento de marihuana. En función de las investigaciones producidas, se determinó que dos sujetos – Miguel Ángel Ramírez y Juan Amado Benítez encabezaban una organización relacionada con el transporte de drogas, y que a su vez una persona de nombre Catalino Cáceres hablaba telefónicamente con otras personas en orden a la compra y venta de estupefacientes. Así, en fecha 9 de julio de 2014 se incautaron en la vivienda de este último; un kilo con quinientos veintiún gramos (1,521 kg) de cocaína y setenta y tres kilos con setecientos sesenta gramos de marihuana (73,760 kg), además de balanzas de precisión y de otros elementos destinados a la preparación y distribución de estupefacientes. En este marco, también se determinó que U.Domínguez Benítez en fecha 7 de marzo de 2014 adquirió una camioneta Toyota Hilux, cabina doble SRV 3.0 TDI, modelo 2009, vehículo éste que inscribió a su nombre y respecto del cual hizo extender una cédula de autorización para conducir nro. 12157400 en favor de su concubino, el nombrado Catalino Cáceres. Sentado cuanto precede y en los límites de la jurisdicción conferida, este Tribunal considera que las constancias de las actuaciones, analizadas conforme a las reglas de la sana crítica probatoria, permiten confirmar respecto de U. Domínguez Benítez, el auto de procesamiento que se le dictara (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación). En efecto, ha quedado acreditado, con el grado de convicción exigido en la presente etapa procesal, que la nombrada el pasado 7 de marzo de 2014, habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes-, una camioneta Toyota Hilux, cabina doble SRV 3.0 TDI, modelo 2009, la cual inscribió a su nombre por ante el Registro de la Propiedad Automotor, amén de solicitar la extensión de una autorización para conducir respecto de su concubino Catalino Cáceres.
Dicho esto, cabe recordar previamente en la especie lo ya señalado por este Tribunal en cuanto a que el comercio de drogas conlleva la realización de numerosas conductas que van desde el financiamiento, cultivo, producción, transporte, venta y posterior ingreso al mercado formal, de las ganancias ilegales. No es posible de otro modo cerrar el circuito de la actividad sin la visibilización o “blanqueo” del capital obtenido en la economía informal o negra.Recuérdese que, en orden al lavado de activos, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas -Convención de Viena de 1988-, el primer documento internacional que trató el tema dice que “.las Partes en la presente Convención conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas trasnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles, decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad.” convinieron en proponer una serie de recomendaciones. Así expresamente en el artículo 3, al referirse a los delitos y sanciones estipularon entre otras cuestiones que “.cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se comentan intencionalmente: (.b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.” (art. 1ro., de la ley 24.072; Arts.31, 75, 22), 1er. Párrafo de la Constitución Nacional). De acuerdo a lo explicitado, es indiscutible en este caso el vínculo que conlleva el tráfico de estupefacientes con la conversión en lícito del provecho económico que la citada actividad genera. Obsérvese como en este caso a partir de la compraventa del bien en cuestión, se intentó eliminar el rastro que conduce a establecer el ilegítimo modo en que aquel fue obtenido para otorgársele apariencia de legalidad, pues a través de su inscripción registral a nombre de la causante, se lo integró como si fuese producto de una operación lícita. Desde tal perspectiva, deviene ineludible valorar aquí el contenido del mencionado expediente nro. 9475/2013 caratulado “Cáceres, Catalino y otros S/Inf. a la ley 23.737”, en el cual dentro de la data en que se canalizó el bien dentro del circuito económico legal -14/3/2017- se encontraban en curso de desarrollo distintas maniobras relacionadas con el tráfico de drogas que desembocaron posteriormente -entre otras- en la tenencia por parte del mencionado Catalino Cáceres de un kilo con quinientos veintiún gramos (1,521 kg) de cocaína y setenta y tres kilos con setecientos sesenta gramos de marihuana (73,760 kg), además de balanzas de precisión y de otros elementos destinados a la preparación y distribución de estupefacientes. Esta cuestión de singular relevancia, ha de conjugar ineludiblemente con los reveladores datos que se desprenden del archivo informático de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y del Legajo “B” correspondiente, en cuanto se observa que U.Domínguez Benítez, era titular de la camioneta Toyota Hilux, dominio ICH-548, cabina doble SRV 3.0 TDI, modelo 2009, la cual había adquirido el 7 de marzo de 2014.
A lo que cabe añadir como relevante que la causa original ya se había iniciado a esa fecha y también la existencia de una cédula de autorización para conducir extendida a nombre de su pareja Catalino Cáceres. Ello ineludiblemente se suma al informe que a fs. 119 produjo la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en cuanto indica que la causante se encontraba tributando únicamente como contribuyente respecto de ese vehículo, el cual conforme la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, poseía un valor aproximado de doscientos setenta mil pesos ($ 270.000) (fs. 125). Muy reveladora resulta entonces a partir de tales conclusiones y permite de algún modo dar forma y sustento al ilícito que se enrostra, la información aportada por la División Investigación de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP, en cuanto concluyó que U. Domínguez Benítez no podría afrontar la adquisición del automóvil en cuestión, pues; no registraba inscripción en ningún impuesto, tales como Ganancias, IVA, Bienes Personales, Autónomos, Monotributo, etc.; no poseía presentaciones de declaraciones juradas, no registraba actividad económica alguna, no surgía la titularidad por su parte de acreditaciones y cuentas bancarias, ni tampoco de plazos fijos, no tenía relaciones con otros contribuyentes en operaciones fiscales de ningún tipo y no constaba en ninguna nómina salarial como empleada en relación de dependencia (fs.135/137). Dicho nivel de adquisición del bien no compatible con la situación económica antes descripta revela -con el provisorio alcance que debe asignarse a esta etapa del proceso y sana crítica mediante-, que su actividad habría estado claramente dirigida a blanquear un bien de capital provecho del negocio del narcotráfico que sugestivamente ejercía su concubino Catalino Cáceres al tiempo de ingresar aquel a su patrimonio. Lo hasta aquí reseñado, autoriza a sostener a esta altura que U. Domínguez Benítez, habría desarrollado una acción destinada al lavado de activos, provenientes del narcotráfico, sin que en la especie exista descargo que atender por su parte. Desde otro lado, en lo tocante al agravio referido al embargo por parte de la defensa de Domínguez Benítez, cabe considerar que no será atendido pues el guarismo establecido se adecua a las constancias del legajo y a las previsiones del art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo demás, se señala al Juzgado instructor que deberá darse debida comunicación de la actual situación procesal de la causante a la Dirección Nacional de Migraciones.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
I.CONFIRMAR los puntos dispositivos I y II de la resolución de fs. 155/165, que decretó el pro cesamiento y embargo de U. Domínguez Benítez, en lo que decide y fuera materia de recurso y agravios, con el señalamiento efectuado en el último párrafo de los considerandos.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE (LEY 26.856 Y AC. CSJN 24/13) Y DEVUÉLVASE.

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Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho Penal

Se revoca la decisión de separar al menor de sus guardadores por el solo hecho de que estos se encuentran procesados por los delitos de suposición de identidad y falsedad ideológica en concurso ideal, si se encuentra probado el bienestar familiar del niño

Partes: N. J. L. c/ B. Z. B. s/ tenencia de hijos
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora
Sala/Juzgado: I
Fecha: 12-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104267-AR | MJJ104267 | MJJ104267Sumario:
1.-Debe revocarse la sentencia que ordenó la separación del menor de sus guardadores, debiendo mantenerse el statu quo familiar en orden al interés superior de aquél, pues si bien los últimos se encuentran procesados por los delitos de suposición de identidad y falsedad ideológica en concurso ideal, dicha decisión no limitó la libertad ambulatoria de los nombrados, por lo que no serían óbice para que puedan mantener el cumplimiento de sus roles afectivos respecto del niño, el que se encuentra acabadamente probado a través de los informes presentados.
2.-Aún cuando el auto de procesamiento resulta un avance respecto al grado de convicción de la justicia penal con relación a la culpabilidad de los encartados, cuando la CN dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario, mediante una sentencia firme.
3.-El concepto de identidad filiatoria no es necesariamente correlato del elemento puramente biológico determinado por aquélla, ya que la verdad biológica no es un dato absoluto cuando se relaciona con el interés superior del niño, pues dicha identidad filiatoria que se gesta a través de los vínculos consolidados en los primeros años de vida es un dato con contenido axiológico cuando se trata de resolver el alcance del interés superior del menor; ello, claro está, respetando el derecho de aquel a conocer y preservar su identidad.
Fallo:
Lomas de Zamora, a los 12 días de abril de 2017, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, de este Departamento Judicial, Dres. Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi; con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la Causa Nº, caratulada: “N. J. L. C/ B. Z. B. S/TENENCIA DE HIJOS”. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada? 2º.- ¿Qué corresponde decidir? Practicado el sorteo de ley (art. 263, últ. parte, Cód. Proc.), arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.-
-V O T A C I O N-
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice: I.- La señora Juez interinamente a cargo del Juzgado de Familia N° 2, con sede en Lomas de Zamora, resolvió a fs. 82/88 hacer lugar a la petición cautelar del señor Asesor de Menores, ordenando en consecuencia la separación del niño T. B. N. de su guardador J. L. N.; el cese de la guarda del niño y su apartamiento del señor N., dentro de las 48 horas de que adquiera firmeza la resolución dictada; y la comunicación del pronunciamiento al Servicio Zonal de Protección de los Derechos de Niño, a efectos de que tome conocimiento de lo resuelto y arbitre las medidas pertinentes. El pronunciamiento fue apelado a fs. 97 por el Sr. J. L. N., siéndole concedida a fs. 102 la vía recursiva intentada. A fs. 103/105 presentó su memorial de agravios, el que debidamente sustanciado mereciera la réplica del Sr. Asesor de Menores interviniente (fs. 107/111). II.- DE LOS AGRAVIOS:En sustancia, se agravia el apelante argumentando que nunca se le dió traslado del pedido del Sr. Asesor de Menores, infringiéndose de ese modo el principio de bilateralidad y debido proceso. Aduce, por otro lado, que la resolución adoptada se basa en un estudio de ADN que resulta a todas luces nulo de nulidad absoluta en tanto no se respetaron las garantías constitucionales que detalla. Agrega que el Certificado de Nacimiento expedido por el Registro de las Personas no se encuentra impugnado por sentencia firme a la fecha de su presentación, razón por la cual considera que el mismo goza de fé pública. Sostiene que la resolución en crisis deviene prematura y arbitraria, debiendo tenerse especialmente en cuenta el interés superior del niño en cuanto al principio de estabilidad que asegura a los niños la continuidad espacial y social necesaria para la formación equilibrada de su personalidad. Sostiene que no es cierto, ni se halla probado, que el vínculo con su hijo T. naciera a partir de un presunto ilícito, entendiendo el recurrente que jamás cometió delito alguno y T. J. N. B. es su hijo biológico. Expone, en último término, que tampoco se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la magistrada actuante para decidir como lo hizo. III- CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS: (i). Que arriba a esta Alzada la delicada cuestión que es objeto del recurso, en el que esencialmente corresponde al Tribunal decidir sobre la vida de T. y sus afectos, intentando develar qué es lo mejor para su interés superior: mantener la situación actual junto a la familia que lo acoge o innovar en ella disponiendo su traslado a un hogar asistencial (o familia sustituta), al menos hasta tanto se resuelva el conflicto que originara estas actuaciones y que lo tiene a él como actor central desde el momento mismo de su nacimiento.Que una vez más, lamentablemente, las acciones, omisiones y erróneas decisiones de los adultos han colocado a un niño completamente inocente -como lo es T.- en una situación que nunca debiera haber existido, obligando al Tribunal a adoptar una solución que, en el mejor de los casos, sólo tenderá a evitar el mal mayor. Es que, producto de tales decisiones, llegan claramente en pugna intereses jurídicos que por su raigambre constitucional y convencional resultan pilares fundamentales del orden público interno, tales como “el interés superior del niño”, “el derecho a la identidad” y “el principio de inocencia”. (ii). Que, al respecto, corresponde comenzar señalando que la Convención de los Derechos del Niño – cuyas disposiciones se encuentran en la cúspide de la pirámide normativa nacional, al ser complementarias de la ley fundamental (art. 75 inc. 22 C.N)- establece en su artículo tercero que “En todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Que de tal forma, estos intereses tienden al reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo. El niño es un sujeto de protección y no un objeto de amparo. (Cfr. Grossman, “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia”, La Ley, 1993-B, 1089)
Ahora bien, dicho interés superior, es un concepto jurídico indeterminado que debe ser discernido por los jueces en cada caso, de acuerdo a las circunstancias fácticas concretas del mismo.En este sentido, recientemente la Suprema Corte provincial ha definido al “interés superior del niño” como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso. (conf. C. 102.719, sent. del 30-III-2010; C. 121.011, sent. del 5-X-2016), máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (Ac. 66.519, sent. del 26-X-1999; Ac. 71.303, sent. del 12-IV-2000; Ac. 78.726, sent. del 19-II-2002). En efecto, para dirimir este tipo de controversias el eje rector siempre lo constituye el ‘interés superior del niño’, entendiendo como tal a la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos a aquéllos en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y las leyes. Dentro de este marco, es el mismo ordenamiento interno el que establece expresamente que “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros” (art. 3, último párrafo, Ley 26.061). Este principio, proporciona un parámetro que permite resolver las cuestiones de los menores con los adultos que lo tienen bajo su cuidado, y la decisión final ha de ser la que resulte de mayor beneficio para aquéllos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el de los niños, reconociendo las propias necesidades y la aceptación de los derechos de quienes no pueden ejercerlos por sí mismos. (conf. C. 100.587, sent.del 4-II-2009; C. 119.647, sent. del 16- III-2016). En el mismo sentido, ha sostenido nuestro máximo Tribunal de Justicia que “no puede desconocerse que los niños tienen derecho a una protección especial, cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda resolución judicial, de modo que ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto” (cfr. C.S.J.N., Fallos 328:2870) Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo también, al respecto, que “el interés superior es el criterio rector que debe aplicar para dilucidar la cuestión bajo litis, interés que debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración” criticando el excesivo formalismo jurídico en que se peca cuando se soslaya ese interés” (Caso: “Isabeffe Neulinger y Noam Shuruk v. Suiza” solicitud nro. 41614/2007, fecha de resolución 8/1/2009). Con relación al derecho a la identidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “.el concepto de identidad filiatoria no es necesariamente correlato del elemento puramente biológico determinado por aquélla; la verdad biológica no es un dato absoluto cuando se relaciona con el interés superior del niño, pues la identidad filiatoria que se gesta a través de los vínculos consolidados en los primeros años de vida es un dato con contenido axiológico cuando se trata de resolver el alcance del interés superior del menor. Ello, claro está, respetando el derecho de aquel a conocer y preservar su identidad (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda en A.F. s/PROTECCION DE PERSONA A. 418. XLI. REX 13/03/2007 Fallos:330:642). Y si bien la identidad del individuo posee diversas dimensiones (estática, dinámica y cultural), cierto es que el origen es un punto de partida, principio, raíz y causa de una persona, de modo que el derecho de toda persona a identificarse en su unidad y personalidad es una prerrogativa que nace de la propia naturaleza del hombre, comienza por la concreta posibilidad de conocer su origen, a partir del cual edificará su individualidad, y halla amparo en las garantías implícitas o innominadas previstas en el art. 33 de la Carta Magna, así como en numerosos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Constitución nacional; 7 y 8, C.D.N.; XVII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3 y 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 y 24, Pacto Internacional por los Derec hos Civiles y Políticos; 10.3, Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales); también en nuestra Constitución provincial (art. 12.2), y en las leyes de fondo que reglamentan su ejercicio (arts. 564, 579, 580, 583, 596 y concs., Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 5, 11 y concs., ley 26.061). En tal sentido, la persona posee el derecho de conocer la verdad sobre su origen y quiénes en realidad son sus progenitores (SCBA LP C 119093 S 05/10/2016 Juez PETTIGIANI (OP) Carátula: B. ,L. c/ S. ,R. y o. s/ Filiación Magistrados Votantes: Pettigiani- KoganHitters- de Lázzari). (iii). Teniendo en consideración la colisión axiológica insalvable que se presenta en estas actuaciones, debo tomar una decisión -de carácter cautelar y esencialmente mutable- que concilie de la mejor forma posible el interés superior del niño y el interés del Estado, canalizado en el Ministerio Público, en perseguir presuntos hechos delictivos como los denunciados en la especie.Que a este fin, y en el convencimiento que resultaba de extrema necesidad contar con la mayor cantidad de elementos objetivos y actuales respecto a la situación del niño T., el Tribunal dispuso la realización de un amplio y prolijo informe socio-ambiental, con interacción familiar y relevamiento vecinal, en el lugar en donde habita el niño junto con el matrimonio compuesto por el Sr. J. L. N. y la Sra. S. V. G., a fin de evaluar las posibilidades respecto de ellos tales como modo de vida, costumbres, relaciones con terceros y todo dato relativo a las condiciones personales; y la realización de una pericia psicológica que debía contemplar los siguientes tópicos: para el hipotético caso que los expertos consideren que el apartamiento del niño de dicha familia no sería traumática para el desarrollo psíquico del mismo, debería especificarse puntualmente qué efectos provocaría dicha situación en el desarrollo de su psiquis, como así también, si sería aconsejable, la conveniencia de mantener cierto contacto entre el menor y dicho matrimonio, por medio de la implementación de un régimen de comunicación acorde. (fs. 122) Por otro lado, se dispuso la remisión de oficios al Juzgado de Instrucción Correccional y de Menores n° 2 de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Jorge Osvaldo de Pacce, a fin de solicitar la remisión -con carácter urgente- de copias certificadas de la causa “B., Z. B. s/ Exposición PXL 13010/14”, las cuales tengo a la vista. (fs. 115, 155 y 191) (iv). Que, ingresando ahora al análisis de las pruebas producidas en la causa, corresponde señalar que del informe socio ambiental realizado por el Licenciado Walter Anastasio, se desprende que T. comenzó su concurrencia al jardín de infantes integrado a la sala de 2 años, que está muy entusiasmado y que su proceso de adaptación está resultando favorable. A su vez, sostuvo el experto que durante el encuentro se pudo observar a T.de muy buen humor, dinámico, y en un trato de confianza para con el actuante y de mutuo afecto con todos los integrantes del grupo familiar, “inclusive con sus abuelos (los padres del Sr. J. L. N., quienes residen en otra vivienda emplazada en el mismo terreno)” (fs. 126/127; art. 474 del CPCC.) Que en función de lo expresado, el perito designado concluyó que “el grupo familiar peritado, cuenta con buenas condiciones de habitabilidad. No presentarían dificultades de salud relevantes. Sus integrantes adultos, llevan una vida cotidiana organizada, realizando actividades pautadas y positivas. Los niños, ambos se encuentran concurriendo a instituciones educativas. Se puede inferir, que T. se encuentra en un ámbito familiar que le brinda contención afectiva y se ocupa de cubrir sus necesidades. Asimismo, de que continúe el vínculo con su progenitora. (fs. 126/127; art. 474 del CPCC.) Que el informe psicológico realizado por la Lic. Karina Andrea Benitez, perito psicóloga del Juzgado de Familia N° 7 Departamental, resulta claro en punto a que “.se puede inferir a modo de conclusión que la separación del niño de quienes lo han ahijado afectivamente y de quien ha operado de modo fraterno diariamente desde su segundo día de vida hasta el momento actual, podría ofrecer elementos desestabilizantes para su desarrollo o bien tratarse de una situación que tenga potencial valor traumático.”. (fs. 177/181; art. 474 del CPCC.) Para así concluir, y responder a lo requerido por el Tribunal, la experta explicó previamente que era necesario partir del planteo de algunos interrogantes, siendo el primero a analizar “.si es posible explicarle al niño que, en nombre de su protección integral, se lo arrebate de su casa, de quienes se vinculan con él operando desde los roles fraterno, materno y paterno desde su segundo día de vida, de su jardín de infantes, de la historia en común con el conjunto de sus afectos y referentes familiares, es decir, de todo su mundo cotidiano conocido y el que lo ha contenido hasta el momento actual.Cómo se le explica además que el sistema judicial cumpliendo con una medida cautelar interpuesta para su protección integral, llevada adelante por funcionarios que desconoce, extraños que ingresan en su cotidianeidad en cualquier momento, lo separe de quienes han operado como garantes de su subsistencia y estabilidad emocional. Si no hay allí, una vivencia que irrumpe desde afuera, que sorprende al niño en forma abrupta, arrasándolo subjetivamente”. (fs. 180 vta.; art. 474 del CPCC.) Debo mencionar también que la experta sostuvo que los efectos psíquicos que puedan manifestarse en el futuro de las personas, que no integraren formaciones sintomáticas analizables, exceden el horizonte pericial psicológico, por lo que no puede establecer si en el caso de permanecer el niño con el matrimonio conformado por el Sr. N. y la Sra. G. le correspondería el desarrollo preciso de determinados efectos psíquicos, o tampoco cómo impactaría a futuro dicha situación en el desarrollo y educación del niño. (art. 474 del CPCC) (v). Que, por otro lado, corresponde mensurar también el estado de avance de la causa penal seguida al Sr. N. y la Sra. B. por suposición de identidad y falsedad ideológica en concurso ideal, en las cuales en fecha 3 de marzo de 2017 se ha dictado auto de procesamiento de los nombrados, con prisión preventiva en suspenso. De dichas actuaciones puede extraerse que el Sr. N. presuntamente no sería el progenitor del niño T.; sustentado ello en el análisis de ADN realizado en el marco de ese proceso penal. Ahora bien, tampoco puedo soslayar que la validez de tal medio de prueba ha sido expresamente cuestionada por el recurrente; circunstancia que naturalmente impide su consideración como elemento de prueba categórico en sustento de una decisión cautelar como la que es objeto del presente, al menos por el momento.Es que, aún cuando el mencionado auto de procesamiento -que no se encontraría firme- resulta un avance respecto al grado de convicción de la justicia penal con relación a la culpabilidad de los encartados, no debe perderse de vista que cuando la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario, mediante una sentencia firme. (CSJN, Carrera, Fernando Ariel s/causa nº 8398 C. 1497. XLIX. RHE 25/10/2016, Fallos: 339:1493; art. 18 de la Constitución Nacional) Considero relevante, a su vez, que los procesamientos del Sr. N. y de la Sra. B. no hayan limitado la libertad ambulatoria de los nombrados, por lo que tales medidas procesales no serían óbice para que puedan mantener el cumplimiento de sus roles afectivos respecto de T. (vi). Finalmente, habiendo tomado contacto con el niño T. en la audiencia del día 21 de Febrero del corriente año, su interacción con el actor y la esposa de aquél en el mencionado encuentro me lleva a concluir que, por el momento, y a fin de evitar un probable perjuicio futuro de en la integridad psicofísica del niño, corresponderá no innovar en su situación actual, manteniendo su centro de vida junto al matrimonio N.-G.
IV.- Por ende, ponderando la delicada situación que se evidencia en las presentes actuaciones y teniendo como fin primordial la protección integral del niño Tiziano y su desarrollo psicofísico saludable, me inclino por revocar el pronunciamiento de fs. 82/88, manteniendo el statu quo familiar siempre que se mantengan las condiciones actuales. Asimismo, siguiendo la recomendación efectuada a fs. 181 y vta. por la perito psicóloga interviniente, propicio establecer la realización de un tratamiento psicológico individual por parte del Sr. N. y de la Sra.G., en los términos indicados por la experta; la fijación de un régimen de comunicación maternofilial y fraterno; y el adecuado seguimiento del avance de las actuaciones penales labradas en la provincia de Corrientes; encomendándose a la instancia de grado la adopción de las medidas conducentes para su cumplimiento. (art. 3 CDN; arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 705 y 706 del Código Civil y Comercial; arts. 1, 2, 3, y cdts., Ley 26.061; art. 232 del CPCC.) En base a estas consideraciones, VOTO POR LA NEGATIVA.-
la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, adhiere y TAMBIEN VOTA POR LA NEGATIVA.- A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice: Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde revocar el pronunciamiento de fs. 82/88, manteniendo el statu quo familiar siempre que se mantengan las condiciones actuales. Asimismo, siguiendo la recomendación efectuada a fs. 181 y vta. por la perito psicóloga interviniente, se establece la realización de un tratamiento psicológico individual por parte del Sr. N. y de la Sra. G., en los términos indicados por la experta; la fijación de un régimen de comu nicación maternofilial y fraterno; y el adecuado seguimiento del avance de las actuaciones penales labradas en la provincia de Corrientes; encomendándose a la instancia de grado la adopción de las medidas conducentes para su cumplimiento. (art. 3 CDN; arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 705 y 706 del Código Civil y Comercial; arts. 1, 2, 3, y cdts., Ley 26.061; art. 232 del CPCC.). Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión que se debate y la intervención del Ministerio Público Pupilar (art. 68 y 274 CPCC).- ASI LO VOTO.- A la misma segunda cuestión, el Dr.Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, adhiere y VOTA EN IGUAL SENTIDO.-
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
-S E N T E N C I A
En el Acuerdo quedó establecido que la resolución apelada no es justa, por lo cual debe ser revocada. POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revócase el pronunciamiento de fs. 82/88, manteniendo el statu quo familiar siempre que se mantengan las condiciones actuales. Asimismo, siguiendo la recomendación efectuada a fs. 181 y vta. por la perito psicóloga interviniente, se establece la realización de un tratamiento psicológico individual por parte del Sr. N. y de la Sra. G., en los términos indicados por la experta; la fijación de un régimen de comunicación maternofilial y fraterno; y el adecuado seguimiento del avance de las actuaciones penales labradas en la provincia de Corrientes; encomendándose a la instancia de grado la adopción de las medidas conducentes para su cumplimiento. Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión que se debate y la intervención del Ministerio Público Pupilar. (art. 3 CDN; arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 705 y 706 del Código Civil y Comercial; arts. 1, 2, 3, y cdts., Ley 26.061; arts. 68, 232 y 274 del CPCC.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Consentida o ejecutoriada, DEVUELVASE a la instancia de origen.
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO
CARLOS RICARDO IGOLDI
JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE

Derecho Penal

La violación del secreto de confesión por parte de un representante religioso de un hecho de abuso sexual sufrido por una menor, debe valorarse desde una perspectiva legal, encontrando justificación en la posibilidad de evitar la continuidad del hecho delictivo

Partes: R. C. s/ nulidad p/abuso sexual
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Sala/Juzgado: VII
Fecha: 10-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104639-AR | MJJ104639 | MJJ104639Sumario:
1.-Corresponde confirmar la resolución de primera instancia que rechaza la nulidad de lo actuado cuyo fundamento se basa en que la denunciante tomó conocimiento de los hechos de abuso sexual cometidos en perjuicio de su hija menor, a partir de la violación del secreto de confesión por parte del obispo.
2.-La circunstancia de que la denunciante tomara conocimiento del hecho delictivo mediante la violación del secreto de confesión efectuada por el Obispo, sin perjuicio de las consecuencias de orden religioso que pudiera acarrear, no tiene incidencia sobre la validez de lo actuado, toda vez que dicha revelación no solo importó dar a conocer a la madre de la victima el hecho delictivo pasado sino, principalmente, alertarla acerca del riesgo inminente de futuros ataques sexuales, dada la situación de convivencia de la damnificada menor de edad con el agresor, configurándose de este modo la justa causa que contemplada el art. 156 del CPen., por lo que mal podría sostenerse haber incurrido el funcionario religioso en una violación de secreto profesional.
Fallo:
Buenos Aires, 10 de abril de 2017.
Y VISTOS:
I. La defensa de R. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. 6/8 de esta incidencia, que rechazó el planteo de nulidad interpuesto por esa parte.
La asistencia técnica solicitó la anulación de lo actuado, ya que -según expuso- fue a partir de la violación del secreto de confesión por parte del obispo C. que P. tomó conocimiento de los hechos que se investigan y concurrió a formular la denuncia inicial.
II. Al respecto y luego de celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, entiende el Tribunal que la nulidad pretendida por la defensa no debe tener recepción favorable.
Cabe recordar que las actuaciones tuvieron inicio con motivo de la denuncia efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada por la nombrada P. (fs. 7/10), quien refirió que su hija – C.- había sido víctima de abusos sexuales, cometidos por el imputado, y aclaró que se enteró de ello por el obispo C., el que -a su vez- lo supo por la confesión de R.
Al ratificar sus dichos, P. instó la acción penal por los sucesos que perjudicaron a su hija y precisó que el obispo mencionado pertenece a la “Iglesia …” sita en la calle …., de esta ciudad, sitio al que concurría habitualmente junto al encausado (fs. 22/24).
Posteriormente, se le recibió declaración en los términos del artículo 250 bis del Código Procesal Penal a la menor C. (fs. 17 y 25/27).
Finalmente, también se convocó al obispo C., quien dijo que “se abstendrá de declarar todo cuanto ha conversado en un inicio con P. debido a que guarda estrecha relación e incluye lo que conoce por medio de la confesión del imputado” (fs. 49).
III.A partir de la reseña efectuada, puede decirse -ante todo- que los órganos estatales involucrados en la persecución penal no han incurrido, en el caso, en irregularidad alguna, toda vez que la denuncia inicial fue concretada por la madre de la menor damnificada, quien instó la acción, y durante la investigación posteriormente sustanciada se observaron las reglas procesales pertinentes.
La cuestión se circunscribe, entonces, a determinar si la circunstancia de que la denunciante P. se hubiera enterado de lo sucedido por intermedio del mencionado obispo C., quien -por su parte- al revelarlo habría infringido su obligación de mantener en reserva lo que conoció con motivo de una confesión de R., tiene incidencia sobre la validez de lo actuado.
Al respecto, cabe recordar que esta Sala -aunque con una integración parcialmente distinta-, en una causa en la que se efectuó un planteo similar al del sub examine, pero respecto de un pastor de la Iglesia …., consideró que la circunstancia de que éste hubiera revelado lo que supo en el marco de una confesión -la que en ese credo no conlleva la expectativa de intimidad, pues no es secreta- no había importado una afectación de garantías constitucionales (cfr. causa nro.
38.848, “A., F.”, del 21 de mayo de 2010).
El presente, claro está, ofrece una diferencia, pues, más allá de que no se ha establecido si se trata de un “culto admitido” (artículo 244 del Código Procesal Penal) ni qué expectativa de privacidad rodea en él la práctica de la confesión, cabe inferir, a partir de lo declarado por el obispo C., que en el credo en cuestión ésta se lleva a cabo en un ámbito de intimidad, que quien la recibe ha de respetar.
De todos modos, dado que el asunto debe resolverse desde una perspectiva legal, incluso admitiendo que C.hubiera violado las reglas de sigilo propias de su iglesia al transmitir lo que supo a P., la Sala considera que ello, sin perjuicio de las consecuencias de orden religioso que pudiera acarrearle a aquél, no conduce en este caso a declarar la nulidad reclamada por la defensa.
Adviértase en este punto que, de acuerdo a lo expuesto y tomando en consideración las características de los hechos que fueron puestos en conocimiento del clérigo, no es dable sostener que éste ha incurrido en una violación de secretos en los términos que contempla el artículo 156 del Código Penal.
En efecto, dicha disposición legal establece que “Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.
Las particulares circunstancias de este caso, en el que la revelación no sólo importó dar a conocer a la madre de la víctima los dos hechos delictivos pasados sino, principalmente, alertarla acerca de su presumible reiteración en un futuro inmediato, permiten estimar que -al menos en principio- se verificó la “justa causa” que contempla la ley, con mayor razón al ponderar que la afectada resultaba ser una menor de edad y que, por su situación de convivencia con el imputado, el riesgo de nuevos ataques a su integridad sexual podía considerarse inminente.
Cabe apuntar que, al comentar la citada disposición legal, la doctrina ha admitido las “…situaciones en las cuales la revelación sea hecha con justa causa, no ya ante la autoridad, sino ante un particular” (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, tomo IV, Tea, Bs. As., 1992, pág.141), tal como ha ocurrido en el sub examine.
Bajo tales premisas, la Sala estima que el peligro apuntado, en relación con la integridad sexual de la niña, impone diferenciar este caso del que se presentara en el precedente “Baldivieso.” de la Corte Suprema, en el que, si bien se declaró la nulidad de todo lo actuado, la mayoría destacó que en el caso no existía “… ningún otro interés en juego, pues no mediaba peligro alguno ni había ningún proceso lesivo grave en curso que fuese necesario detener para evitar daños a la vida o a la integridad física de terceros, de modo que cabe descartar toda otra hipótesis conflictiva” (CSJN, “Baldivieso, César Alejandro s/ causa n° 4733” , del 20 de abril de 2010).
Sobre la base de dichas consideraciones, puede decirse también que el rechazo de la nulidad, en definitiva, no se aparta de la doctrina fijada -en torno de la llamada “regla de exclusión”- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Montenegro” (Fallos: 303:1938) y los que le sucedieron.
Cabe recordar que en el precedente recién citado el máximo tribunal entendió que, como el imputado había sido sometido a apremios ilegales, su condena -sobre la base de la confesión así obtenida- comprometía “la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito”, mientras que en este caso puede decirse que, en principio, la revelación efectuada por el obispo C. a la aquí denunciante no habría importado un delito.
En conclusión, el Tribunal estima que el inminente peligro que, en el momento en que se produjo tal revelación, podía advertirse para la integridad sexual de la menor damnificada, conduce a convalidar lo actuado, en tanto impide considerar, al menos en el estricto marco del planteo aquí tratado, que el conocimiento de los hechos por parte de la denunciante hubiera sido obtenido mediante un delito.
Por ello, esta Sala RESUELVE:
CONFIRMAR el auto extendido a fs. 6/8 de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso.
Notifíquese, devuélvase y sirva lo proveído de respetuosa nota de envío.
El juez Jorge Luis Rimondi integra el Tribunal por disposición del Acuerdo General del pasado 16 de diciembre último, pero no intervino en la audiencia oral con motivo de su actuación simultánea en la Sala I de esta Cámara.
Mariano A. Scotto
Mauro A. Divito
Ante mí: Constanza Lucía Larcher