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Abogados en Mar del Plata – Jurisprudencia – Luego de 22 años de matrimonio, se reconoce a favor de una ex cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, una compensación económica a cargo del ex esposo por la suma de $191.376

Abogados en Mar del Plata – Jurisprudencia – Luego de 22 años de matrimonio, se reconoce a favor de una ex cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, una compensación económica a cargo del ex esposo por la suma de $191.376

Expte. Nº I. 03 13301/2 – “Incidente de Compensación Económica en autos caratulados: “L., J. A. c/ L., A. M. s/ divorcio” – JUZGADO DE FAMILIA DE PASO DE LOS LIBRES (Corrientes) – 06/07/2017 (Sentencia no firme)
Paso de los Libres, 6 de julio de 2017.
VISTOS: Estos autos caratulados “INCIDENTE DE COMPENSACION ECONOMICA EN AUTOS CARATULADOS “L., J. A. C/ L., A. M. S/ DIVORCIO” Expte. I03 13301/02.-
CONSIDERANDO: Que a fs. 10/12, se presenta la Sra. L., A. M. por su propio derecho, con patrocinio letrado, promoviendo Incidente de Compensación Económica, con fundamento en los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial (CCC) en razón del desequilibrio económico que le produjo el divorcio decretado en los autos caratulados “L., J. A. C/ L., A. M. S/ DIVORCIO” Expte. LXP 13.301/16, de fecha 25/07/2016,en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que expone; y que tengo presente en honor a la brevedad.-
Que a fs. 23/29, se presenta el Sr. L., J. M., a través de sus letradas apoderadas, contestando el traslado del Incidente, negando los hechos, rechazando la compensación económica y reconviniendo por compensación económica a la incidentista, a consecuencia de estar abonando un 35% de alimentos, por pagar la obra social OSDE, por alquiler de inmueble, compra de enseres y muebles del hogar, en base a las consideraciones de hecho y derecho, que tengo por reproducidos en mérito de la brevedad.-
De la reconvención interpuesta se corre traslado, el cual fue contestado en tiempo y forma por la reconvenida, quien niega los hechos e impugna la liquidación realizada. En atención al estado procesal de autos, se procede a la recepción y producción de las pruebas ofrecidas por las partes.-
Clausurado el período probatorio a fs. 152, se certifican las pruebas producidas por las partes, llamándose autos para resolver a fs. 153.-
Preliminarmente es importante subrayar, que las cuestiones relacionadas a la división de bienes conyugales no han sido promovidas, pero ello no impide un análisis a los fines de resolver la cuestión traída a estudio.-
Teniendo presente lo anterior, se hará referencia solamente a las pruebas aportadas por las partes que resulten conducentes para la causa conforme lo autoriza el último párrafo del art. 386 C.P.C.C. “…Los jueces no están obligados a considerar todas y cada una de las pruebas aportadas al proceso sino sólo las que estimen conducentes para su correcta solución…”[1].-
Los ex cónyugues, se habían unido en matrimonio el 08 de Julio del año 1994, fruto del mismo, nacieron sus dos hijas: A. G. L. (22), nacida el 25/10/1995, y M. A. L. (18), nacida el 26/07/1999. La ruptura matrimonial se lleva a cabo luego de 22 años, con divorcio decretado en fecha 25/07/2016, conforme las actuaciones principales “L., J. A. C/ L. A. M. S/ DIVORCIO” Expte. LXP 13.301/16.-
En los hechos, el proyecto de vida en común a lo largo de 22 años, se ha desarrollado en su mayor proporción, posicionándose los miembros de la pareja en diferentes roles, ocupando el esposo el rol de proveedor y encargándose, la esposa, de la organización del hogar y crianza de las hijas en común, a la luz de una realidad social en la que aún sigue siendo alto el porcentaje de mujeres que dejan sus trabajos o relegan su formación profesional y/o académica por dedicarse al cuidado de los hijos concebidos en el matrimonio, como es el caso en cuestión, expresado con acierto y con la  perspectiva de género, que no puede soslayarse en este análisis,  que “ la compensación económica es una herramienta hábil para proteger  al cónyuge o conviviente más débil, que aún siguen siendo las mujeres” [2]
El incidentado se desempeña como empleado en relación de dependencia de AFIP-DGA, con una antigüedad de treinta (30) años, actividad laboral con la que ingresa, se mantiene y continúa una vez disuelto el vínculo matrimonial y por la cual percibe una remuneración mensual, que conforme la documentación glosada en autos, oscila entre $30.000,00 a $40.000,00 pesos mensuales netos, suma que resulta una vez efectuados los descuentos correspondientes, entre los cuales se encuentra la cuota alimentaria (Litis expensas) fijada para las dos hijas de la pareja (35%).-
La incidentista, de acuerdo a lo acreditado en autos, registra actividad laboral en relación de dependencia hasta abril del año 1997 (fs. 2/5), momento en el que fue despedida, es decir por casi tres (3) años luego de haber contraído matrimonio e inclusive antes, durante y después de haber concebido a la primera hija de la pareja el 25.10.1995, con posterioridad evidentemente no consiguió trabajo dependiente, a pesar de los intentos fallidos que surgen de las declaraciones de los testigos ofrecidos por el Sr. L., con relación a la venta de discos cd y ropas. Actualmente ingresó al mercado laboral, percibiendo una remuneración neta de $3.171,01 (fs. 1), resaltando que denuncia como empleador a su hermano. Se encuentra habitando, junto a sus dos hijas, la vivienda sede del que fuera sede del hogar conyugal, situada en calle Bonpland y (…) de nuestra ciudad, de conformidad con las constancias de los autos caratulados: “L., A. M. C/ J. A. L. S/ ALIMENTOS”. EXPTE. N° LXP 7076/12,donde  ambas partes y de común acuerdo convienen que la Sra. L. continuará habitando el inmueble junto a sus hijas (véase clausula C). Vale resaltar, que dicho inmueble se registra como bien propio del Sr. L., titularidad adquirida por adjudicación en proceso sucesorio “L. F. A. Y Z. E. N. S/SUCESORIO”, cuyo Folio Real, en copia debidamente certificada, expedida por Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, consta a fs. 130. Al día de la fecha, el incidentado abona un inquilinato de $ 4.481 mensuales, donde reside junto a su actual pareja.-
De lo detallado, se concluye que el ex cónyuge, no sólo se encuentra activo en el mercado laboral, sino que además posee un sólido ingreso económico, respaldado por la experiencia y desarrollo curricular de 30 años de trabajo y antigüedad a los efectos previsionales; contrariamente la Sra. L. contrajo matrimonio con 23 años de edad y a lo largo de la vida en común, con la salvedad del empleo que mantuvo al principio de la unión,  brindó dedicación a la familia y a la crianza de sus hijas, decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura matrimonial, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida, situación que de manera expresa o tácita fue consentida por el Sr.
L., poseyendo actualmente una edad que si bien no resulta avanzada, dificulta su reinserción en el mercado laboral con expectativas de independencia y autonomía económica. El desequilibrio patrimonial de la esposa se ha ido consolidando a lo largo del matrimonio, el cual durante la vida en común se mantuvo compensado, pero que al quiebre y finalización del matrimonio, se pone en evidencia, ya que el esfuerzo aportado en la crianza de sus hijas y la organización del hogar fueron en detrimento de su independencia individual, que encuentra su situación fáctica en el desempeño actual de una trabajo con un sueldo mensual, muy por debajo del mínimo vital y que resultaría solamente un 10 % de la remuneración mensual percibida por quien reconviene.-
“Lo que se procura con este instituto es que el nivel de vida de los esposos no se vea alterado en relación con el que mantenían durante la convivencia, en virtud de que uno de los cónyuges no puede descender en su condición económica mientras que el otro mantiene idéntica situación que antes del divorcio.”[3].-
“La mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de uno de ellos a recibir una pensión, pues a pesar de que cada cónyuge obtenga ingresos, puede haber desequilibrio cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente dispares…. Lo que la norma impone es la disparidad entre los ingresos de carácter desequilibrante…”[4].-
Este instituto tiene como base la protección del cónyuge más vulnerable, para que pueda lograr su independencia económica hacia el futuro y no se vea obligado a recurrir al pedido de alimentos, por haberse acabado el proyecto de vida en común y con base en la solidaridad pos conyugal. “Se trata de un valioso mecanismo con perspectiva de género para superar el “estigma” de “ser alimentado”, habitualmente asociado a un sistema de distribución de roles rígido, y muchas veces discriminatorio, que impacta mayormente en las mujeres.”[5].-
Por ello, el desequilibrio existente entre los medios de vida de cada uno de los ex cónyuges surge palmario, aprox. $ 30.000 pesos mensuales contra aprox. $3.000.-
De las pruebas testimoniales ofrecidas, los testigos son contestes en decir que la ex esposa realizaba ventas de cds y ropas en horarios de la tarde, que devenían en  aportes a la economía familiar, además de las ocupaciones de organización del hogar, que no se reducen a las tareas domésticas, ya que contaban con servicio doméstico, de otro modo, se exigiría que la dedicación del cónyuge al trabajo del hogar sea excluyente, lo que impediría reconocer el derecho a la compensación en aquellos supuestos en el que cónyuge que lo reclama, hubiera compatibilizado el cuidado de la casa y la familia, con la realización de un trabajo (ventas dentro del hogar), a tiempo parcial.-
Dilucidada la procedencia de la compensación en favor de la incidentista, debemos abocarnos a su cuantificación, teniendo presente las pautas establecidas por el Art. 442 C.C.C. pero sobretodo con la debida prudencia judicial.-
“Conforme el art. 442 CCC, a los fines de la fijación de la misma y a falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará la procedencia y monto de la compensación económica tomando como base de diversas circunstancias, entre otras:… a. el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b. la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia, y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c. la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica; e. la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; f. la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo (art. 442 CCyC)”[6].-
La suma que resulta del monto requerido por la incidentista, ello es: que en base al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del divorcio 14/10/2016, consistente en la suma de Pesos $ 6.810, se multiplique por 12 meses y su resultado se multiplique por los años que permanecieron unidos en matrimonio (22); ($6.810 x 12 meses= $81.720 por año x 22 años de casados = $1.797.840), monto que de sólo ser calculado, luce a la apreciación de esta judicatura como abultado, ya que no estamos en presencia de una indemnización por perdida de chances, daños o perjuicios, ni de una cuota alimentaria, sino de una compensación económica que daría la oportunidad a la solicitante de palear el desequilibrio que el divorcio le produjo.-
Por ello, a los fines de cuantificar la compensación de manera razonable y sin desviar la finalidad tenida en cuenta en la solicitud y aplicación de este instituto jurídico de raigambre internacional, pero recientemente incorporado a nuestra legislación, tomaré como base, la suma que resulte de un Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual conforme Resolución N° 3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil dependiente del Ministerio de Trabajado, Empleo y Seguridad Social, Art. 1°) inc. a) que modifica, a partir del 1° de Julio de 2017, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, se incrementa a la fecha en la suma de Pesos Ocho Mil Ochocientos Sesenta $ 8.860, lo cual multiplicaré por los años que le restan de vida laboral a la Sra. L.,  para así sopesar en un porcentaje del 10% del total arribado, el desequilibrio patrimonial que tuvo como causa el matrimonio,  ($ 8.860 x 12 meses = $ 106.320 x 18 años (65 años-47 años) = 1.913.760 = 10% = $ 191.376.-
Asimismo, la reconvención planteada por el incidentado, respecto gastos derivados del divorcio: alquiler del inmueble, la compra de enseres y muebles, no ha de prosperar porque constituyen una consecuencia lógica y derivada del divorcio, que no evidencia un desequilibrio en su contra.-
Con relación, a las costas, debe ser soportada por el vencido conforme el principio general establecido por el art. 68 del CPCC.-
Por todo ello, constancia de autos, arts. 435, 437, 438, y 475 del Código Civil y Comercial;-
RESUELVO:
1°) HACER LUGAR a la compensación económica solicitada por la Sra. L.. A. M., por la suma de Pesos ciento noventa y un mil, trescientos setenta y seis $ 191.376.-
2°) RECHAZAR la reconvención intentada por el Sr. L., J. M..
3°) COSTAS al vencido, Sr. L., J. M.-
Notifíquese, insértese, regístrese, repóngase tasas oportunamente si correspondiere.
Fdo. : Dra. Marta Legarreta.
[1] STJ INTERLOCUTORIO 484 05/08/1994. Carátula: BIANCHI IRMA CATALINA C/ LEONCIO MIÑO Y/O QUIEN RESULTE OCUPANTE S/ DESALOJO. Magistrados Votantes: – PEREZ CHAVEZ, JOSE OSVALDO-ACOSTA, JOSE VIRGILIO – FAGALDE DE DUHALDE, ALICIA INES. infoJURIS – Sistema de Jurisprudencia de la Provincia de Corrientes.-
[2] MOLINA DE JUAN, Mariel F. “Compensaciones económicas en el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de género”. Revista de Derecho de Familia N° 57. Abeledo Perrot. Bs.As. 2012. Pág. 187 ss.
[3] Claudio A. Belluscio. Matrimonio y Divorcio según el nuevo Código Civil y Comercial. García Alonso. Buenos Aires, 2015. Pág. N° 150.-
[4] STS, 104/2014 de 20/2/2014, Rec. 2489/2012, sentencia 104/2014, La Ley 21265/2014.  Citado por Pellegrini María Victoria en Dos preguntas inquietantes sobre la compensación. Cita Online: AR/DOC/3562017.-
[5]Marisa Herrera – Gustavo Caramelo – Sebastián Picasso. Directores. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II. Libro Segundo. Arts. 401 a 723. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación. Infojus. Sistema Argentino de Información Jurídica. Pág. N° 77.-
[6]Marisa Herrera – Gustavo Caramelo – Sebastián Picasso. Directores. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II. Libro Segundo. Arts. 401 a 723. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación. Infojus. Sistema Argentino de Información Jurídica. Pág. N° 43.-
Citar: elDial.com – AAA01D
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Derecho Civil, Derecho de Familia

La ex cónyuge que padece una afección mental preexistente al divorcio tiene derecho a percibir una cuota alimentaria más el mantenimiento de la cobertura médica

Partes: M. V. A. c/ L. L. F. s/ incidente familia
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Sala/Juzgado: 92
Fecha: 5-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104829-AR | MJJ104829 | MJJ104829Sumario:
1.-Corresponde disponer que el accionado abone una cuota de alimentos en efectivo a favor de su ex esposa más el pago de la cobertura médica, pues está acreditado que aquella se encuentra imposibilitada de trabajar y proveerse los medios para auto sustentarse a causa de una enfermedad vinculada a su salud mental, la cual es grave, preexistente al divorcio (art. 434, inc. A ), CCivCom.) y se manifestó durante la unión, agravándose con el transcurso del tiempo hasta impedir su desempeño laboral y generar dificultades para el desarrollo personal y familiar.
2.-El art. 434 del CCivCom. prevé las situaciones excepcionales que habilitan la subsistencia del deber alimentario luego de decretado el divorcio, diseñadas sobre la base de pautas absolutamente objetivas, y esas excepciones constituyen un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad, configurando un piso mínimo de prestaciones de naturaleza meramente asistencial que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con la situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges.
Fallo:
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2017.-W/MVF
AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en este proceso de alimentos, Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 31/33 la Sra. M, por su propio derecho, solicita se condene a su ex cónyuge, el Sr. L. F. L, a la prestación de una cuota en concepto de alimentos en su favor de $10.000, más la continuidad de la cobertura de la medicina prepaga. Expresa que en la actualidad se encuentra imposibilitada de trabajar y proveerse los medios para autosustentarse a causa de una enfermedad grave preexistente al divorcio. Denuncia que el Sr. L. se desempeña como gerente y tiene un ingreso aproximado de $70.000 mensuales. Ofrece prueba, que es proveída a fs.34.
En la audiencia prevista por el art. 639 y 640 del Código Procesal, las partes no han arribado a acuerdo alguno (ver fs. 39).
A fs.41 el Sr. L. F. L. ofrece pruebas, que fueron proveídas a fs. 42.
Finalmente, a fs. 477 la accionante solicita el dictado de sentencia en los términos del art. 644 del Código Procesal.
II. Las partes contrajeron matrimonio el 12 de marzo de 2010, situación que se encuentra acreditada con la partida obrante a fs.1 del expediente conexo n° 50.712/2016. A fs. 53 de dichos autos, con fecha 22 de septiembre de 2016, se decretó su divorcio en los términos establecidos por los arts. 437 y ss. del CCyCN. – A fs.14 de los presentes actuados se fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del Sr. L por la suma de $5.000 mensuales, más la cobertura de Swiss Medical -Plan B 61 o similar- por el lapso de cuatro meses. Dicha cuota fue prorrogada a fs. 44 hasta que recayera decisión definitiva.-
III. El art.432 del CCyCN consagra la obligación alimentaria derivada del matrimonio, estableciendo como regla o principio general que este deber rige durante la convivencia y la separación de hecho.
Decretado el divorcio, la norma establece que “sólo” subsiste en los supuestos previstos en el art. 434 del Código, o por convención de las partes.
De ello se infiere que una vez decidido favorablemente el divorcio, como acontece en el caso de autos, cesa de pleno derecho el deber alimentario entre cónyuges. Esta regla encuentra inspiración en dos principios esenciales: por un lado, la supresión en el ordenamiento civil de la indagación de causales de culpabilidad y la recepción del divorcio causado; por el otro, el principio de autosuficiencia y la recepción del postulado de igualdad en términos de “igualdad real de oportunidades”. Desde esta perspectiva se propicia que cada uno de los cónyuges desarrolle las estrategias necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin depender económicamente del otro (conf. Molina de Juan, Mariel, Comentario al art. 434, en Kemelmajer de Carlucci- Aída- Herrera, Marisa- Lloveras, Nora (dirs.), Tratado de derecho de familia, t. I, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2014, ps. 283 y 284).
En estos términos se señala que el nuevo perfil del matrimonio, basado en la igualdad de los cónyuges y la asistencia durante la unión, sumado al divorcio sin expresión de causa y sin sanciones, pone fin al deber de asistencia -como principio general- desde el momento de la sentencia de disolución del matrimonio (conf. Ugarte, Luis A., Comentario al art. 432, en Ameal, Oscar (dir.)- Hernández, Lidia- Ugarte, Luis (codirs. de tomo), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado y análisis jurisprudencial, Estudio, Buenos Aires, 2016, t. 2, p.113). Como consecuencia de ello, se afirma que “los alimentos entre cónyuges después del divorcio constituyen una situación verdaderamente excepcional, ya que sólo podrán tener lugar en los casos taxativamente mencionados en la ley o bien cuando así lo han convenido los cónyuges (art. 431, CCCN)” (Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, p. 61).
Sobre la base de lo expuesto, se resolvió que “en el marco del actualmente vigente Código Civil y Comercial los alimentos posteriores al divorcio entre ex cónyuges son absolutamente excepcionales y sólo proceden si median los supuestos expresamente establecidos por la ley, para el caso, en el artículo 434 previstos en favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse o a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, previéndose incluso expresamente que no procederán a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441 del CCC.Es que, los alimentos postdivorcio constituyen una obligación a favor de alguien con el que ya no se tiene vínculo jurídico alguno, la propia ley excluye el carácter vitalicio excepcional del derecho alimentario con posterioridad al divorcio reflejándose en la imposibilidad de reclamar alimentos si se ha recibido una compensación económica, figura ésta que -tal como ha sido prevista en el CCyC- no se confunde con la prestación alimentaria en tanto tiene una finalidad diferente, distintos caracteres, requisitos de procedencia y formas de cumplimiento teniendo la exclusión consagrada en el artículo 434 del CCC el propósito de puntualizar la visión restrictiva de la prestación alimentaria posterior al divorcio revalorizando el principio de autosuficiencia, esto es, de existir una situación de desigualdad que puede compensarse debe atenderse prioritariamente a ello y en el caso de que no se den los presupuestos de procedencia de las compensaciones económicas, no hayan sido reclamadas o haya caducado la posibilidad de solicitarlas quedaría habilitada la vía para el reclamo de la prestación alimentaria” (C. Apels. sala Civ. y Com. nº 1, Concordia, 13/09/2016, “R. D., M. M. vs. N., P. s. Incidente de reducción de cuota alimentaria” RC J 5067/16).
Con idéntico alcance, se subrayó que “de conformidad con el régimen incausado de divorcio que se adopta, los alimentos están alejados de la noción de culpa y se fundan, por el contrario, en situaciones de objetiva y manifiesta vulnerabilidad como ser grave enfermedad o carecer de bienes propios para poder sustentarse. Se trata de situaciones muy puntuales que un Código preocupado por la protección de los más débiles no puede dejar de regular.”. (C. Apels. Civ., Com., Lab., Min. y Familia Circuns. II a V, sala I, Neuquén, 15/06/2016, “R., M. D. V. vs. E., J. M. s.Divorcio”, RC J 3838/16).
Siguiendo este mismo razonamiento, se puso de resalto que “en la nueva legislación se ha pasado a un sistema de divorcio totalmente objetivo y sin expresión de causa, por lo que ya no incidirá -a los fines de evaluar la procedencia de una obligación alimentaria- la eventual existencia de culpabilidad en alguna de las partes como origen de la ruptura matrimonial.
Quiere decir, entonces, que el requerimiento de alimentos en esta materia ya no podrá fundarse en la inocencia. Lo que ha de jugar es el inocultable deber de solidaridad que surge de la unión, por lo que el derecho intervendrá en el caso de que alguno de los ex esposos exhiba indiferencia en relación a las necesidades del otro” (C. Nac. Civ, sala B 08/09/2015, “J.F.D / J. S.M s/ alimentos”, ElDial.com AA91DD).
El art. 434 del CCyCN prevé las situaciones excepcionales que habilitan la subsistencia del deber alimentario luego de decretado el divorcio, diseñadas sobre la base de pautas absolutamente objetivas. Estas excepciones, que constituyen un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad, configuran un piso mínimo de prestaciones de naturaleza meramente asistencial que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con la situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges.
Este derecho alimentario “de mínima”, se funda en el llamado principio de solidaridad familiar que, como bien se expresa, “es un presupuesto que sirve de apoyo de las diversas formas familiares, demarcando las bases para obtener a través del derecho reglamentario el resguardo o amparo de determinados aspectos que rodean a las familias, a la vez que se erige como un límite claro al ejercicio irrestricto de la autonomía de la voluntad.La solidaridad implica un compromiso y un deber hacia los restantes integrantes de la forma familiar que como personas protagonizan, enlazándose el proyecto de vida autorreferencial con la interacción que el mismo tiene respecto a los otros proyectos de vida autorreferenciales, de los integrantes de esa forma familiar”. En estos términos, la solidaridad familiar se alza como uno de los fundamentos constitucionales de la protección y el resguardo de los institutos trascendentales del derecho de familia (conf. Lloveras, Nora- Salomón, Marcelo, El derecho de familia desde la Constitución Nacional, Universidad, Buenos Aires, 2009, ps. 115/ 116).
A su vez, el derecho alimentario, por su especial naturaleza, forma parte del plexo de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina. En tal sentido, el contenido de este derecho se nutre de sendos derechos fundamentales tales como el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, el derecho al desarrollo y al bienestar, y en definitiva, el derecho a la dignidad humana. Así se desprende del art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando reconoce que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”. En idéntico sentido se expide el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esta misma línea, el art. X de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre enuncia el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, estipulando que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica.”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla en el art. 26 del derecho al desarrollo progresivo.
A la luz de estos principios, como anticipé, tomando como antecedente lo normado por los art.208 y 209 del Código Civil derogado, el art. 434 del CCyCN regula dos situaciones de excepción que autorizan la continuidad del derecho- deber alimentario entre los cónyuges tras el divorcio: a) la enfermedad grave preexistente que le impide al ex cónyuge autosustentarse, y b) los alimentos en favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad de procurárselos. Para precisar este último concepto, la norma se remite a tres de las pautas establecidas en el art. 433 -relativo a los alimentos vigentes durante la vida en común y la separación de hecho-, a saber: edad y estado de salud de ambos cónyuges; capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo de quien pide los alimentos; y la atribución del hogar familiar. Los alimentos que prevé el inc. b) del art 434 del CCyCN no apuntan a mantener el nivel económico habido durante la convivencia sino a subsanar el estado de objetiva y manifiesta vulnerabilidad de alguno de los esposos, y que el señalado carácter restrictivo de la obligación alimentaria con posterioridad al divorcio lleva a que la suma se limite a cubrir las necesidades para la subsistencia (conf. C. Nac. Civ., sala I, 28/04/2016, “M. C. M. E. c/ G. S., B. s/ alimentos”; ídem, 18/02/2016, “C, H c. M, H J s. alimentos”).
IV. En el presente caso, el reclamo alimentario de la ex cónyuge se funda en el primer inciso mencionado, esto es, la enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse.
Como se infiere del texto legal, este supuesto exige verificar tres circunstancias necesarias para la procedencia del reclamo: a) la existencia de una enfermedad grave; b) que esta enfermedad sea preexistente al divorcio; y c) que le impida al cónyuge autosustentarse. De no presentarse alguno de estos requisitos, la petición no puede prosperar.En cuanto al carácter grave de la enfermedad, corresponde señalar que este padecimiento debe tener una entidad tal que afecte la autonomía económica del cónyuge, es decir, le impida proveerse de recursos suficientes para valerse por sí mismo y conservar un nivel de vida digno, excluyéndose las enfermedades que no reúnen estas condiciones. Es dable notar que las posibilidades de aplicación de la norma son mucho más amplias que las previstas en el art. 208 del Código derogado, que se circunscribía a los casos de alternaciones graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a las drogas (conf. Ugarte, Luis, Comentario al art. 434, en Ameal, Oscar (dir.)- Hernández, Lidia- Ugarte, Luis (codirs. de tomo), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado y análisis jurisprudencial, Estudio, Buenos Aires, 2016, t. 2, p. 115; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, en Bueres, Alberto J. (dir.)- Azpiri, Jorge O. (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, t. 2, Buenos Aires, 2016, p. 128; Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia, Hammurabi, 2015, p. 62; etc.).
A tenor de la amplitud del concepto legal, como bien se ha dicho, “será el juzgador quien interprete en cada caso, dadas las particularidades que pueden presentarse en las distintas situaciones en que se reclama el derecho” (Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 75).
Con respecto a la preexistencia de la enfermedad, se requiere que se haya manifestado con anterioridad a la sentencia de divorcio, es decir, que el cónyuge hubiera padecido la enfermedad durante la vida en común o la separación de hecho. Si el padecimiento es grave pero su origen es posterior al divorcio, el reclamo alimentario no se enmarca en la previsión del inc. a) del art. 434, sin perjuicio de que pudiera proceder en los términos previstos por el inc. b) de dicha norma (conf.Solari, Néstor E., Derecho de las familias, cit., p. 75; Ugarte, Luis, Comentario al art. 434, cit., p. 114; Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 114; Molina de Juan, Mariel, Comentario al art. 434, cit., p. 288; etc.).
Azpiri sostiene que el diagnóstico de la afección debe haber sido hecho durante la vigencia del matrimonio, y el magistrado deberá evaluar si antes del divorcio ya existía la enfermedad pero entonces todavía no revestía la gravedad que requiere la ley y el agravamiento ocurre luego de la sentencia (Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62). Por su parte, Campos afirma que aunque el agravamiento pueda ser ulterior, lo importante es la consecuencia que genera de impedir proveerse de ingresos para cubrir las necesidades, por lo cual -para este autor-, proceden los alimentos tanto en la enfermedad que se hizo ostensible antes como después del divorcio, si su origen es previo a la crisis conyugal (conf. Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 114).
Entiendo que ambas posiciones resultan compatibles, pues, de todos modos, la cuestión queda librada a la prueba que se produzca en el expediente y, en definitiva, a la apreciación judicial según las circunstancias del caso.
En fin, la imposibilidad de autosustentarse exige también un análisis de las circunstancias del caso, teniéndose en consideración no sólo pautas de carácter objetivo, sino además la realidad económica, social y cultural tanto del alimentado, como del alimentante.
Conforme los lineamientos reseñados precedentemente, la jurisprudencia resolvió que “en materia de alimentos posteriores al divorcio, el Código Civil y Comercial, en su art. 434, apartado a), establece que aquellos podrán ser fijados a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. En el presente caso, no se encuentra discursivo que. durante la unión le fue diagnosticada al Sr. J la enfermedad “acromegalia” por la cual fue atendido por el Dr.B a través de la medicina prepaga “M”, servicio que el accionante poseía como integrante del grupo familiar de la emplazada. Como se puede apreciar, la experticia es terminante en lo referido a la gravedad de la afección que aqueja hace ya varios años al reclamante, pues contundentemente afirma que la enfermedad es progresiva y, en caso de no contar con la asistencia adecuada, puede resultar incluso mortal.
A la luz de estas conclusiones, entendemos que el requisito establecido en el art. 434 inc. a) del Código Civil y Comercial, para la procedencia de una prestación alimentaria a favor del Sr. J se encuentra verificado en la especie” (C. Nac. Civ, sala B 08/09/2015, “J.F.D / J. S.M s/ alimentos”, ElDial.com AA91DD).
En fin, en cuanto al alcance de la cuota alimentaria en el supuesto mencionado, la doctrina coincide en que ésta no sólo comprende los gastos ordinarios de mantenimiento sino también los que requiera la atención de la enfermedad, de modo que aunque el alimentado tenga ingresos, si éstos no resultan suficientes para cubrir los rubros indicados, cabe la procedencia de la acción (conf. Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 115; etc.).
V. A tenor de lo expuesto, se adelanta que con las pruebas producidas en autos como así también con las constancias que obran en las actuaciones conexas en trámite por ante este Juzgado, se encuentran acreditadas las circunstancias y requisitos exigidos por el inc. a) del art. 434 del CCyCN.
En efecto, conforme surge de la historia clínica de la Sra.M., realizada por la prestadora de medicina laboral CEMIBA, obrante a fs.80/85, los problemas de salud de la accionante aparecieron antes del matrimonio, manifestándose también durante la unión, agravándose con el transcurso del tiempo hasta impedir su desempeño laboral, y generar dificultades para el desarrollo personal y familiar.
Ello resulta con claridad del análisis de los diagnósticos de los especialistas, en forma cronológica, citándose en forma alternada y a modo de ejemplo los siguientes: “estrés, angustia” (22 y 14 de septiembre de 2008), “ataque de pánico stress palpitaciones (17 de mayo de 2010), “trastorno de ansiedad” (14 de octubre de 2010), “trastorno psiquiátrico” (18 de octubre de 2010), “trastorno de personalidad bipolar actualmente descompensada, hiperemotiva, con discurso acelerado y llanto fácil” (14 de febrero de 2012).
Dichos informes son contestes con los expedidos por los Dres. Jorge M. González -médico psiquiatra del Hospital Ramos Mejía- y Lilia Bordone -médica psiquiatra psicoanalista- con fecha 24 de abril de 2012, y 13 de septiembre de 2016, refiriéndose al cuadro depresivo y somático de la Sra. M. (ver fs.6, 10, 61 y 63).
A su vez, la Dra. Rodríguez Grafman -psicóloga- informa que desde febrero del corriente año hasta el conteste de fs. 62, la accionante concurre en forma semanal a tratamiento psicológico.
Las epicrisis de las instituciones Dharma y Comunidad Terapéutica de Palermo, de fecha octubre de 2013 y 2015, respectivamente, que en copia simple obran a fs.9/9vta -documental que no fuera desconocida oportunamente por el accionado- dan cuenta de la sintomatología, los antecedentes y la medicación indicada a la Sra. M, corroborándose la afección de su salud mental en los términos indicados y la imposibilidad de proveer su autosustento, al menos en el estado actual.
Tal circunstancia ha sido consentida por el Sr. L, si se advierte que mediante acuerdo privado -agregado en original a fs.44/45 del expediente conexo- el nombrado se obliga a pagar a su ex cónyuge una cuota alimentaria de $4.500 mensuales entre febrero y noviembre de 2015 y a mantener la cobertura médica existente por el año 2015.
Por otra parte, al iniciarse estas actuaciones, esto es, con fecha 14 de octubre de 2016, la suscripta proveyó favorablemente el pedido de alimentos provisorios a favor de la Sra. M por el plazo de cuatro meses, los que fijó en la suma de $5.000 mensuales más la continuidad del pago de la cobertura de salud en Swiss Medical plan B 61 o similar, providencia que fue consentida por ambas partes (ver fs. 14/vta.). Esta cuota provisoria fue prorrogada hasta el dictado de sentencia definitiva con fecha 16 de diciembre de 2016 (ver fs. 44). Si bien esta última resolución fue apelada por el demandado (ver fs. 49), éste no volvió a presentarse en autos ni fundó el recurso concedido.
En cuanto a la situación patrimonial del Sr. L, a fs.170 surge la existencia de diversas cuentas en el Banco Francés y la titularidad de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard con un límite de compra de $85.000.
A fs. 96 dicha entidad informa como débitos en la cuenta sueldo en octubre de 2016 la suma de $66.753,62.
A fs. 178 el Banco Hipotecario comunica que el accionado es titular de una tarjeta Visa con límite de compra de $56.000, registrando como adicional a la contraparte. El consumo de los últimos tres meses fue de $55.978,34.
A fs. 189/192 la AFIP informa la condición de monotributista del demandado, mientras que la Cooperativa de Trabajo Estrella comunica a fs. 196 que el Sr. L es socio cooperativo de dicha empresa, percibiendo una asignación mensual de $30.000. En cuanto a la situación patrimonial de la Sra.M, del informe del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad, se desprende la titularidad registral de partes indivisas en dos inmuebles, uno de los cuales habita, sin que exista constancia alguna acerca del destino del otro bien.
VI. En definitiva, las pruebas aportadas por la actora y la conducta desplegada por el demandado incluso antes del inicio de las actuaciones, en cuanto a su predisposición para el pago de la cuota alimentaria y la pasividad en la producción de prueba tendiente a contrarrestar el reclamo de la alimentada, permiten concluir que se verifican en autos los presupuestos exigidos por el inc. a) del art. 434 del CCyCN para fijar la prestación alimentaria.
Ello en tanto surge del expediente que la Sra. M. padece una afección vinculada con su salud mental que es preexistente al divorcio y le impide por el momento trabajar para autosustentarse. No obsta a esta conclusión que la nombrada resulte titular de partes indivisas en dos inmuebles, pues -como señalé- en uno de ellos reside y con relación al otro no surge de autos su destino ni que produzca renta alguna.
La cuota alimentaria consistirá en el pago de una suma en efectivo, más la continuidad del pago de la cobertura de salud en Swiss Medical Plan B 61 o similar. La suma en efectivo será actualizada conforme los aumentos que registre la cobertura médica de la alimentada, en el porcentaje que corresponda y en cada oportunidad que ello ocurra.
VII. Por las consideraciones expuestas, RESUELVO: a) Hacer lugar al pedido de alimentos formulado por la Sra. V. A .L, por su propio derecho, condenando al Sr. L. F. L. a abonar en concepto de cuota alimentaria la suma de seis mil pesos ($6.000) en efectivo, más el pago directo de la cobertura de salud en Swiss Medical Plan B 61 o similar.La cuota en efectivo se actualizará conforme los aumentos que registre la cobertura médica de la alimentada, en el porcentaje que corresponda y en cada oportunidad que ello ocurra, y deberá abonarse del 1 al 10 de cada mes, acreditando el pago con copia de recibo pertinente. c) Imponer las costas al alimentante, pues lo contrario significaría gravar la pensión fijada al tener que soportar la alimentada los gastos causídicos (conf. art. 68, CPCC). En consecuencia, regular los honorarios de la Dra. ALICIA I. BARRETO como patrocinante de la Sra. M. en la suma de ($.), y los del Dr. FERNANDO L. GARCIA JURADO como letrado patrocinante del Sr. L en la suma de ($.) (conf. arts. 6, 7, 9, 25, 30, 39 y cc. de la ley 21.839). Fijo en diez días el plazo para su pago. d) Notifíquese por cédula a las partes, profesionales y mediador interviniente, Dr. Raúl S. A. Gallegos (ver fs. 30).-
MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE

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Abogado

Caso Nora Dalmasso: el fiscal pidió apartarse de la causa

El fiscal de Río Cuarto Daniel Miralles pidió apartarse de la causa en la que se investiga el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en esa ciudad cordobesa, justo cuando se aprestaba a elevar el expediente a juicio oral con el viudo Marcelo Macarrón como único imputado, informaron hoy fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público solicitó al fiscal general Jorge Medina no intervenir más en el caso por haberse sentido “agraviado” por los dichos del abogado defensor de Macarrón, Marcelo Brito, quien en una entrevista radial lo había tildado de “inoperante”.
El lunes próximo, Medina deberá resolver si hace lugar al pedido de Miralles y en ese caso, deberá designar a un nuevo fiscal para hacerse cargo de la causa, que ya lleva once años de trámite y hasta 2015 estuvo a cargo de Javier Di Santo.
El pedido del fiscal se conoció luego de que la defensa de Macarrón presentara ayer en los tribunales de Río Cuarto cinco escritos con diferentes pedidos de nulidad y denuncias de irregularidades en la causa. Además, ante el juez de Control, la defensa recusó a Miralles por supuesta “pérdida de objetividad y adelantamiento de opinión”.
Sin embargo, causó sorpresa el pedido del fiscal de no intervenir en la causa porque el lunes pasado había anunciado las últimas novedades de la investigación. Se esperaba, además, que la causa se elevara a juicio oral después de la feria judicial de invierno.
Miralles obtuvo en las últimas horas los resultados de unas pruebas de ADN que desvinculan a Miguel Rohrer, alias “Francés”, como posible autor material del hecho, ya que no se encontraron huellas genéticas de que él haya estado en la habitación donde hallaron asesinada a Dalmasso.
“Llegó el ADN nuclear de muestras que corresponden a hisopos, cinto de la bata y recortes de sábanas y no hay presencia de Rohrer en la escena del crimen; esto nos lleva a descartarlo, por lo menos materialmente, si hablamos en términos jurídicos”, expresó el fiscal el lunes.
De esta forma, quedaba como único acusado el viudo de Dalmasso, y al respecto Miralles dijo que “la presencia genética del imputado Macarrón es muy grande en la escena del crimen”. Y adelantó: “Hay otros indicios que los voy a valorar oportunamente y no los puedo adelantar en este momento”.
También había dicho que se iba a realizar una reconstrucción del hecho en 3D, cuyo resultado permitiría ver “no solo como pudo haberse movido (el asesino) sino también cómo se produjo la muerte de la víctima”.
Miralles había sido designado a cargo de la causa en 2015 y en marzo de 2016 imputó a Macarrón por “homicidio calificado por el vínculo” ya que su semen fue encontrado en el cuerpo de Nora.
Además, para el fiscal el viudo viajó desde Uruguay, donde jugó un torneo de golf, hacia Córdoba para cometer el crimen.
Sin embargo, el viudo siempre sostuvo que es inocente y explicó que el ADN hallado en el cuerpo de la víctima se debía a que había mantenido relaciones sexuales con ella antes de viajar a Punta del Este.