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ALIMENTOS DE LOS MENORES Y DE LOS MAYORES DE EDAD ESTUDIANTES

Dentro del concepto “alimentos” se hallan incluidos no solo el dinero, sino también la provisión de ropa, alimentos, medicamentos, obra social, pago de cuotas a instituciones escolares o clubs, útiles escolares, pago de asignaciones familiares en concepto de hijos menores, pago de asignación escolar anual, etc., ya que el fin es asegurar el bienestar del menor.

No está pautada legalmente una suma fija por cantidad de hijos y/o según sus edades. El parámetro es la conservación del nivel de vida que tenían cuando la familia vivía bajo el mismo techo. Posteriormente, a medida que los menores van creciendo, los alimentos van aumentando ya que se considera que los gastos son mayores. Puede pactarse o bien, una suma fija mensual, semanal, una suma fija más prestaciones en especie como las enumeradas en el primer párrafo, o un porcentaje del sueldo, en caso de salarios variables.

Para determinar la cuota alimentaria será cuestión de individualizar los gastos que debe erogar quien debe pagar alimentos, para sostenerse, y paralelamente, sus ingresos, y así tratar de acordar primariamente una cuota acorde que respete el parámetro citado, según las necesidades invocadas demostrables y los medios que posee el alimentante.

En el caso de parejas de concubinos con hijos, o en matrimonios que aún no se deciden a formalizar el divorcio, sino solamente y por ahora, acuerdan una separación de hecho, es recomendable tratar el tema de los alimentos de los menores, tenencia y régimen de visitas, para así volcarlos en un convenio, como asimismo la distribución de bienes registrables o no.

Puede redactarse sólo por un abogado, quien patrocinará a ambos en la solicitud de homologación, lo cual es más económico, o bien cada parte puede designar a un abogado para arribar al mismo. El letrado, luego de que la pareja se ponga de acuerdo, bajo su asesoramiento y consejo, en cada uno de los puntos en forma privada, o bien luego de que los abogados se transmitieron entre sí las pretensiones de cada integrante de la pareja y llegan a un acuerdo, se presentará a homologar ante el tribunal de familia para que tenga fuerza de ley en caso de incumplimiento.

En el futuro se puede solicitar un aumento de cuota, porque a mayor edad, mayores son los gastos por manutención, o bien por devaluación monetaria como hecho público y notorio -si va de la mano con aumentos de sueldo del alimentante-, o bien puede solicitarse una disminución, a pedido del alimentante, por circunstancias de cambios en su situación económica, que puedan demostrarse.

La cuota alimentaria se abona hasta la mayoría de edad, pero si el hijo continúa estudiando una carrera o un curso oficial (avalado por el Ministerio de Educación), la cuota alimentaria debe seguir abonándose. Una vez cumplida la mayoría de edad o si la persona mayor de edad, no continúa estudiando, el progenitor alimentante puede solicitar la apertura de un incidente de cese de cuota alimentaria.

Al igual que en un juicio de alimentos, en el convenio también puede solicitarse que la cuota alimentaria se deposite en una cuenta judicial del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cual no genera costos.

De no llegar a un acuerdo, quien posee la tenencia de los menores, podrá entablar un juicio por alimentos, en el cual se designara una audiencia, como primera medida, a los fines de resolver el monto de la cuota alimentaria. Cabe aclarar que si bien se designan alimentos provisorios, hasta tanto se determinen los definitivos por sentencia, estos comienzan a hacerse reclamables desde la fecha de presentación de la demanda de alimentos, ya que para la justicia, alimentos no reclamados significan alimentos no necesitados.

Si existiera incumplimiento tanto del convenio, como de la sentencia, queda habilitada la ejecución de convenio o sentencia, y/o el reclamo a los padres del progenitor incumplidor, por ser los primeros obligados a la cuota alimentaria, luego de los padres.

Debe tenerse en cuenta que el Código civil y comercial admite que en una demanda de alimentos, se pueda demandar tanto al progenitor como a los abuelos.

Dra. María Fernanda Panizo

Abogada

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Acción de Filiación durante el embarazo – Estudio de Abogados Dra. Fernanda Panizo

Abogados en Mar del Plata
Derechos de la mujer embarazada. Reclamo de obligaciones alimentarias al padre biológico. Cómo accionar.



Abogado, abogado de familia, alimentos

ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HIJOS. Ejecución de acuerdo. Aprobación de la liquidación practicada por la ejecutante

HECHOS
La Cámara confirmó la sentencia que aprobó la liquidación presentada por el ejecutante de un convenio de alimentos.

SUMARIOS
1 – Si el convenio de alimentos establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria, pues el norte a tener en cuenta para la decisión está dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Código Civil y Comercial de la Nación).

2 – Sincronizar el aumento del monto de una cuota alimentaria al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo es una práctica habitual, ello para evitar que el valor disminuya por el efecto inflacionario.

3 – Los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del Código Civil y Comercial y reiterado en el art. 930, inc. a del mismo cuerpo legal.

TEXTO COMPLETO:
2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 29 de 2017.

Considerando:

[-] I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal, a raíz del recurso de apelación interpuesto a fs. 328, punto I, por la parte ejecutada. Objeta la resolución dictada a fs. 325/326 vta., que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada por la parte ejecutante. [-]

El memorial corre agregado a fs. 328/332 vta. y su traslado ha sido contestado a fs. 334/342 vta.

II. Habiéndose descripto las constancias relativas a los trámites del recurso interpuesto, nos abocaremos al tratamiento de la cuestión.

Sabido es que la expresión de agravios —o el memorial cuando el recurso fue concedido en relación (art. 246, párrafo 1°, Código Procesal)— es el acto procesal mediante el cual la parte recurrente fundamenta la apelación.

Allí debe refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia, respecto a la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas o a la aplicación de las normas jurídicas (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. V, p. 266, n° 599, Ed. Perrot, Bs. As., 1981).

Constituye un acto de impugnación, destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal de apelación. En la referida presentación el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar con precisión, los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama (De los Santos, en Arazi (Director), “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, p. 200, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005).

En tal sentido, el artículo 265 del Código Procesal impone al apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas.

A tal fin es necesario que los motivos por los cuales se pretende obtener la revisión de la providencia apelada, se expresen al fundar el recurso. Se deben exponer detalladamente los errores, omisiones y demás deficiencias que el recurrente pudiera reprochar al pronunciamiento que impugna.

Así, el apelante corre con la carga procesal de refutar sólidamente las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (CNCiv., Sala “E”, ED, 117-575; CNCiv., Sala “B”, R. 336.751 del 29/11/2001; R. 339.296 del 12/02/2002, entre muchos otros).

III. A la luz de lo expuesto, se advierte que la presentación de fs. 328/332 vta., lejos está de satisfacer tales requisitos legales.

El recurrente, en esencia, se limita a reiterar los argumentos y menciones en que sustentara su impugnación a la liquidación a fs. 279/286 vta. Corresponde señalar que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte apelante asume la carga de criticarla. No cumple con ese requisito cuando vuelve a mencionar, como acontece en la especie, alegaciones anteriores.

Se ha puesto de relieve que si el agravio constituye una reproducción de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el art. 265 del Código Procesal (Morello, “Códigos Procesales…”, T. III, p. 357, año 1988 y jurisprudencia allí citada).

En lo demás expresado en el memorial, su contenido consiste en menciones genéricas o meras discrepancias con los criterios expresados por el a quo.

Esas actitudes no configuran, por sí solas, las objeciones razonadas que reclama la norma procesal más arriba indicada.

IV. En virtud de lo expuesto, correspondería declarar desierto el recurso interpuesto. Sin perjuicio de lo cual, analizada la cuestión a la luz de un criterio amplio como modo de garantizar adecuadamente, —en la mayor medida posible—, la doble instancia consagrada como norma general por el ordenamiento procesal, las quejas habrán de tener respuesta.

De manera preliminar, diremos que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno.

Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución de la litis. Tal como reiteradamente se ha sostenido, los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (cf. arg. Art. 386 del Código Procesal; CNCivil, Sala D, RED 20-B-1040; id. Sala F, L Nro. 397.642, “Poblet Ana Matilde c. Nitti Leonardo Héctor s/ daños y perjuicios”, 21/09/2004).

En consecuencia sólo se analizarán las argumentaciones que sean conducentes (ver CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi – Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, p. 825; Fenocchieto – Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T. 1, p. 620).

V. Sentado ello diremos que corresponde tener en cuenta que la faz ejecutoria de alimentos reconoce un procedimiento específico previsto por el art. 648 del Código Procesal. Del mismo deriva que dejan de ser trámites indispensables la liquidación o la citación de venta. Ese diseño responde a la necesidad de ganar celeridad, pero en lo demás son aplicables las normas contempladas por el art. 502 y ss. de la ley del rito, ello sin perjuicio de que el ejecutante opte por la vía típica de ejecución de sentencia.

A partir de ese punto de partida, trataremos los agravios expresados por el recurrente pero con el límite indicado en el punto anterior.

En primer lugar aquel objeta la interpretación que el Sr. Magistrado ha efectuado de la cláusula tercera del convenio obrante a fs. 4/6.

Al respecto diremos que la interpretación literal que pretende ejercer el apelante, resulta contraria a la intención que las partes tuvieron en la mira al celebrar el convenio de referencia. Adviértase que sincronizar el aumento del monto de una cuota al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo, es una práctica habitual. Ello para evitar que el valor de esa cuota disminuya por el efecto inflacionario.[-]

Ahora bien, si el convenio de referencia establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos, resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria. No habrá que perder de vista que, en la especie, el norte a tener en cuenta para la decisión, estará dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Cód. Civ. y Com. de la Nación).[-]

VI. Luego el recurrente se agravia porque se ha rechazado el pedido de compensación. La Sala ha de compartir la decisión de primera instancia desde que reiteradamente se ha resuelto que los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos, deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del código citado y reiterado en el art. 930, inc. a) del mismo cuerpo legal.[-] Ese mismo criterio ha sido aplicado durante la vigencia del código de fondo ya derogado (cf. esta Sala, R. 419.333, “Centurión María Julia c. Berretta Gabrielo Oscar s/ ejecución de alimentos”, 19/05/2005, id. Sala F, CNCiv., “B. de M., M. M. c. M., R. F., 26/08/1980).

Por ello, la resolución también en ese aspecto será confirmada.

VII. Las costas de Alzada, se impondrán a la parte apelante, pues resulta sustancialmente vencida (arts. 68 y 69, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por los fundamentos expresados, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución recurrida[-]. Con costas al apelante vencido. Regístrese y publíquese (Ac. 23/14, CSJN). Previa notificación de la presente por Secretaría, devuélvase al Juzgado de origen. — Mauricio L. Mizrahi. — Claudio Ramos Feijóo. — Roberto Parrilli.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA B
V., D. B. c. B. A., M. s/ ejecución de acuerdo • 29/11/2017
Cita Online: AR/JUR/88668/2017

Abogado, alimentos, cuota alimentaria, hijos, manutención, progenitor

¿De cuánto debe ser la cuota alimentaria para los hijos?

La cuota alimentaria puede variar entre un 20 y un 30% del ingreso del alimentante, pero no es solo ese el parámetro que se toma para establecer la cuota alimentaria definitiva, ya que también hay que tener en cuenta no solo el ingreso de quien va a abonar la cuota alimentaria, sino también cuáles son los gastos reales que tienen los hijos menores.

Se puede realizar un convenio de alimentos ante un abogado o un juicio por alimentos, en caso que no sea posible arribar a un convenio por negativa del alimentante.

Además siempre debe tener en cuenta que ambos progenitores deben contribuir de manera equitativa con la manutención de los hijos.

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Abogados en Mar del Plata – Jurisprudencia – Habilitación para exigir reembolso de alimentos. Artículo 669 Código Civil y Comercial

Abogados en Mar del Plata – Jurisprudencia – Habilitación para exigir reembolso de alimentos. Artículo 669 Código Civil y Comercial

El Nuevo Código habilita al progenitor que asumió el cuidado del hijo, a exigir al otro el reembolso de lo gastado en concepto de alimentos hasta el inicio del reclamo de alimentos, en la parte que le corresponde al no conviviente.
Este fallo es de interés ya que es el primero que aborda este derecho de reembolso, que no estaba admitido antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.
La realidad es que muchas veces si un progenitor se desentiende de su obligación alimentaria respecto de un hijo, el otro progenitor que está a cargo de su cuidado termina soportando exclusivamente los gastos de manutención del niño. Y ocurre que hasta que inicia un reclamo de alimentos, pasa bastante tiempo. Entonces, este nuevo derecho, contemplado en el art. 669 del Código Civil y Comercial, habilita a aquel progenitor que se hizo cargo en forma exclusiva de esos gastos, pedirle al otro el reembolso de lo gastado como consecuencia de su falta de contribución, hasta el inicio del reclamo alimentario para el futuro.
Expte. 23549/2016 – “M., F. A. y Otro c/ A., C. E. s/Alimentos” – JUZGADO NACIONAL CIVIL Nº 92 – 30/05/2017 (Sentencia no firme)
JUZGADO CIVIL 92
23549/2016
Buenos Aires,  30 de mayo de 2017.-
AUTOS Y VISTOS: A fs. 22/23 la Sra. M. requiere al Sr. A. el reembolso del cincuenta por ciento de los gastos de manutención de la niña S. H. A. M., desde su nacimiento hasta el efectivo pago de la cuota alimentaria provisoria fijada en los autos conexos sobre alimentos (con fecha 17/12/2014, fs. 64 expte. 46095/14), suma de estima en $329.000 más intereses. A fs. 63/65 se presenta el Sr. A., quien contesta demanda, resistiendo la pretensión de la actora.
Tras la imposibilidad de arribar a una solución conciliatoria (ver fs. 77), a fs. 80 se procede a abrir la presente causa a prueba, la cual se encuentra cumplida conforme constancia de fs. 81. Y CONSIDERANDO: El art. 669 del CCyCN reconoce al progenitor que asumió el cuidado del hijo, el derecho al reembolso de lo gastado hasta el inicio de la demanda de alimentos, la mediación o interpelación previa, en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. La norma da solución a un tema debatido doctrinaria y jurisprudencialmente, acogiendo la tendencia minoritaria que proponía otorgar al progenitor una acción de estas características por derecho propio, al entender que si ha soportado exclusivamente los gastos de la manutención de su hijo, tendrá derecho a un crédito equivalente a lo que debió haber aportado el progenitor que no asumió la obligación alimentaria (ver Pitrau, Osvaldo, Comentario al art. 669, en Rivera, Julio C.- Medina, Graciela (dir.)- Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. II, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 566; Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 551; Garbini, Beatriz A., Comentario al art. 669, en Bueres, Alberto J. (dir.)- Azpiri, Jorge O. (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 2, Hammurabi, Buenos Aires, 2016, p. 783; Lloveras, Nora- Orlandi, Olga- Tavip, Gabriel, Comentario al art. 665, en Kemelmajer de Carlucci- Aída- Herrera, Marisa- Lloveras, Nora (dirs.), Tratado de derecho de familia, t. IV, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 203; Pellegrini, María V., Comentario al art. 669, en Herrera, Marisa- Caramelo, Gustavo Picasso, Sebastián (dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. II, Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 518; etc.). Entre la jurisprudencia anterior a la entrada en vigencia del CCyCN que adoptó la posición ahora regulada, corresponde citar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, de fecha 07/07/2010, que arribó a esta solución con relación a un niño de 12 años, subrayándose que “El problema de sostener, como único cimiento, la falta de necesidad del niño, choca visiblemente con la afirmación mediante la cual se sostiene que la fuente de dicha obligación no es, bajo ningún concepto, la mera carestía, sino el vínculo (a diferencia de los alimentos entre parientes donde la necesidad debe ser probada…). Subyace, también, la idea de la renuncia por el representante del menor que, en verdad, puede tener muchas razones como para que sea, livianamente, aceptada y presumida como falta de necesidad del niño o mera suplantación del deber del padre por la madre”. Y “no puede haber renuncia expresa ni tácita cuando se trata de derechos a alimentos de menores de edad” (Trib. Sup. Just. Sta. Cruz, 07/07/2010, “O., N. S. v. B., M. G.”, ABELEDOPERROT n° 70062689). En esta misma línea se expresó en disidencia por el magistrado Pettigiani en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del 19/06/1998, quien ante un planteo de inconstitucionalidad del art. 641 del Código procesal local, que retrotrae los efectos del proceso alimentario a la fecha de la interposición de la demanda, señaló que esta norma no es aplicable a la obligación alimentaria debida a los menores de edad. Para fundar su postura esbozó los siguientes argumentos: a) la obligación alimentaria surge de la procreación y las responsabilidades de los padres nacen desde la concepción; b) la falta de cumplimiento de la obligación opera de modo automático, sin requerirse interpelación; c) la falta de reclamo de la madre se debe en general a las dificultades de acceder a la justicia y no a la ausencia de necesidad; y d) el hombre no puede salir beneficiado por su inconducta, pues se generaría un enriquecimiento injusto del padre (Sup. Corte Bs. As., 19/06/1998, “J., L. M. del R. v. F., R. O. s/alimentos”, Diario de Jurisprudencia Judicial, p. 3297). Sobre la base de estos fundamentos, el art. 669 regula una acción que es independiente a la que corresponde al progenitor por el pago de los alimentos atrasados, pues –a diferencia de lo previsto por el primer párrafo de dicha norma, que alude a la retroactividad de la cuota alimentaria- en el caso no existe aún sentencia condenatoria en contra del alimentante. Esta primera observación no es menor y tiene especial relevancia en el caso de autos, por cuanto el reclamo de la Sra. M. se extiende desde el nacimiento de la hija de las partes, ocurrido el 10 de junio de 2010, hasta el mes de enero de 2015, cuando el Sr. A. comenzó a depositar la suma fijada en concepto de alimentos provisorios. Sin embargo, de las actuaciones conexas sobre alimentos, surge que el 11 de noviembre de 2015 se dictó sentencia definitiva fijando una cuota alimentaria correspondiente al 35% de los haberes del alimentante, con retroactividad a la fecha de la mediación, esto es, el 14 de mayo de 2014. Dicha sentencia fue modificada por el Superior, reduciéndose el porcentaje a pagar al 30% de los haberes, pero confirmándose en orden a la retroactividad aludida (ver 1; fs. 190/194; 296/298, expte. n° 46.095/2014). Ello significa, como primera observación, que para evitar superposiciones,
el reclamo que aquí se pretende no podría extenderse más allá del 14 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual corresponde a la actora requerir lo adeudado por alimentos atrasados, formulando la respectiva liquidación, cuestión que de hecho hizo a tenor de lo que surge de los autos conexos, habiéndose resuelto que debía practicar nueva liquidación, la que se encuentra pendiente de sustanciación (ver fs. 373; 401/vta.; 412/418, expte. n° 46.095/2014). Corresponde, pues, resolver si frente al particular contexto fáctico de autos, cabe hacer lugar al pedido de reembolso solicitado por la Sra. Martínez por la manutención exclusiva de su hija desde su nacimiento hasta el 14 de mayo de 2014. Me refiero al particular contexto de autos dado que la situación que aquí se debate escapa de la generalidad de los casos para los que fue pensada la solución prevista por el art. 669 del CCyCN, que – como anticipé- tiende a garantizar los derechos de quien asume exclusivamente el deber alimentario por incumplimiento del otro progenitor de las obligaciones inherentes a la responsabilidad parental. No es tal la situación del Sr. A. quien a fin de reconocer a su hija y asumir plenamente los derechos y deberes emergentes de su paternidad, debió iniciar en agosto de 2012 una acción de impugnación del reconocimiento formulado por quien no era el progenitor biológico de la niña; acción a la se resistieron tanto la progenitora como el reconociente, pese a admitir la primera haber mantenido “una relación circunstancial” con el aquí demandado. Si bien el reconocimiento de la filiación es declarativo y no constitutivo del estado de familia, de modo que tiene carácter retroactivo al momento de la concepción (pues la causa de la filiación es el hecho biológico y no la voluntad del reconociente manifestada en el reconocimiento), la retroactividad no afecta actos cumplidos que por su propia naturaleza no pueden ser revisados. Así, por ejemplo, la responsabilidad parental nace desde el momento del reconocimiento, al igual que el deber alimentario del progenitor (conf. Azpiri, Jorge O., Juicio de filiación y patria potestad, 2a ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2006). No desconozco que, pese a lo expuesto, la omisión del reconocimiento puede generar a favor de la madre un daño patrimonial que merece ser resarcido, y que incluye los gastos derivados de la asistencia del hijo, que tendrían que haber sido soportados por ambos progenitores en proporción a sus recursos. En este sentido, la jurisprudencia resolvió condenar al progenitor. Como resultado de esta demanda, con fecha 26 de mayo de 2014, se dictó sentencia mediante la cual se ordenó desplazar la paternidad del Sr. N. con respecto a la niña por entonces llamada S. H. N., y se dispuso la inscripción del reconocimiento formulado por el Sr. A. (ver fs. 25/28; 37 bis/ 37 ter; 41/43; 121/125, expte. n° 67.554/2012). Es decir, hasta el 26 de mayo de 2014, el Sr. A no había consolidado su título de estado de progenitor de la niña Sofía, no por falta de voluntad, abandono o desidia, sino por impedimento legal ya que la pequeña ostentaba un estado filial distinto. En definitiva, hasta el dictado de la sentencia de desplazamiento filial y la inscripción del reconocimiento de la hija formulado por el Sr. A. (lo que ocurrió con posterioridad a la fecha de la mediación en el proceso de alimentos), éste no se encontraba obligado al pago de los alimentos derivados del título de estado. emplazado al pago de la suma de $36.000, en concepto de reintegro de gastos a favor de la madre, correspondiente al 50% de todos los gastos realizados en la crianza del hijo durante dos años, pese a la demora de la madre en iniciar el proceso de alimentos. Para así decidir, se subrayó: “Es cierto que la actora demoró la tramitación del juicio… Pero ello resultaría pertinente para eximir al demandado de pagar los gastos ocasionados por la crianza del hijo, si la madre de C. pretendiera los gastos que efectuó durante diecinueve años, a pesar de las privaciones que surgen del informe social… Pero debe tenerse en cuenta que sólo pretende los gastos de dos años. Obsérvese que al recibir la carta que obra a fs. 3 de los autos sobre reclamación de la paternidad el menor tenía un año y medio de edad, al notificarse la demanda de filiación… tenía cuatro años…, al conocerse el resultado de la prueba genética… el hijo ya tenía 18 años. Desde ese momento el demandado ya sabía que se trataba de su hijo. Empero recién se hizo cargo de los alimentos después de dictada la sentencia y ante la demanda judicial en julio 2009…, a pesar del alto nivel económico” (C. Nac. Civ., sala K, 14/06/2013, “O. E., M. y otro c/ P., A. O. s/ daños y perjuicios”, SJA 2013/11/06, p. 58, con nota de Famá, María Victoria, “Daño moral a favor de la madre por la omisión del reconocimiento de su hijo: acertada decisión desde la perspectiva de género”; RDF 2014-I, p. 29, con nota de Garmizo, Michelle L., “Un fallo ejemplar: reparación integral del daño causado por la omisión de reconocimiento del hijo”). Así también se ha dicho que “el daño material es indemnizable siempre que sea cierto. Es decir, quien invoca un perjuicio debe probarlo no siendo suficiente su simple posibilidad. En autos si bien no se especificó concretamente el daño material sufrido por el menor, el mismo vivió durante dieciocho años sin el aporte económico de su progenitor y fue alimentado, vestido y educado, por lo que presumo la existencia del daño económico durante ese lapso” (C. Civ. y Com. Santiago del Estero, 2ª Nom., 16/06/2006, “D., D. M. v. M., M. A.”, LL NOA, noviembre de 2006, p. 1193). Sin embargo, esta jurisprudencia –que comparto- resulta inaplicable al caso por cuanto la viabilidad de la reparación frente a la omisión del reconocimiento, exige la comprobación de los elementos de la responsabilidad civil: la antijuridicidad, el factor de atribución, el daño y la relación de causalidad adecuada entre el obrar antijurídico y el daño. A mayor abundamiento, resulta pertinente destacar que en el ámbito de la responsabilidad civil es posible eximirse de responder por el perjuicio sufrido si se interrumpe el nexo causal o relación de causalidad entre el obrar y el daño; es decir, cuando la causa del resultado es un acontecimiento extraño al hecho del demandado. Ese acontecimiento puede ser la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño (art. 1729, CCyCN), la culpa concurrente, el hecho de un tercero (art. 1731, CCyCN), o el caso fortuito o fuerza mayor (art. 1730, CCyCN). La invocación y prueba de la existencia de una causa ajena interesa al demandado para excusar su responsabilidad por falta de relación de causalidad entre el hecho y el daño (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 9a ed. ampl. y actual., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 305). Estos principios resultan aplicables a todos los supuestos de responsabilidad civil, de modo que son extensibles a la responsabilidad derivada de la falta de reconocimiento. En el caso del Sr. A., el factor de atribución de la responsabilidad, que en estos supuestos es subjetivo (conf. art. 1721, CCyCN) no se infiere de la conducta adoptada en los autos conexos sobre impugnación de la paternidad. Más bien lo contrario, de dichas actuaciones surge su intención de asumir la paternidad de S. y hacerse cargo de los deberes y derechos que de ella derivan. Así lo ha considerado la jurisprudencia mayoritaria para desestimar la demanda de daño moral por la omisión del reconocimiento, frente a supuestos en que la paternidad del niño se hallaba determinada legalmente. En este sentido, la sala 2a de la Cámara Civil y Comercial de Azul, con fecha 31/05/2005, resaltó que “el daño moral reclamado por la hija no puede proceder, por las singularidades fáctico-jurídicas del caso que requieren ciertas precisiones: el daño moral tiene carácter eminentemente resarcitorio, derivado de la existencia de una ilicitud civil, que aquí es inexistente porque ante la
imposibilidad legal de R. de reconocer a su hija biológica concurre una causal de justificación… En este caso… la voluntariedad del acto resulta enervada porque la paternidad del hijo de la mujer casada se presume del marido no separado de hecho… y requiere de la previa impugnación de esa filiación… la que sólo puede ejecutar, por imperativo legal, el esposo de la madre… o el hijo…” (C. Civ. y Com. Azul, sala II, 31/05/2005, “P. y F., S. S. E v. R. de G., N. N.”, LLBA, agosto de 2005, p. 767, con nota de Me-dina, Graciela – Guevara, Cynthia – Senra, María Laura, “La falta de reconocimiento del hijo extramatrimonial no siempre origina la obligación de reparar el daño moral. Relación entre un leading case argentino y el derecho comparado”. Ver también C. Civ. y Com. Azul, sala II, 20/10/2015, “L., L. T. c/ C., J. A. s/ daños y perjuicios”, RC J 7980/15). En esta misma línea, la Cámara Civil y Comercial de Junín, con fecha 30/10/2007, resolvió que “el accionado se encontraba imposibilitado de reconocer su paternidad biológica ante el matrimonio de la madre, pues para ello debe iniciar previamente la acción de impugnación del art. 259, CCiv., para la cual no estaba legitimado” (C. Apel. Civ. y Com. Junín, 30/10/2007, “D., C. S. v. D., S., M. A. s/daños y perjuicios”, http://www.abeledoperrot.com. Ver también C. Apel. Civ. y Com., Mendoza, sala 2a, 31/5/2005, “P., S. S. E. v. P., R. R. (Suc.) s/impugnación de paternidad-beneficio de litigar sin Fecha de firma: 30/05/2017 Firmado por: MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE #28292187#179517106#20170530122832599 Poder Judicial de la Nación JUZGADO CIVIL 92 gastos” (inédito); Sup. Corte Bs. As., 19/03/2003, “D. L., M. B. v. Herederos y/o sucesores de R., A. N.”, ac. 83319, inédito; etc.). Con igual criterio, pero en un caso donde además los niños habían gozado de la posesión de estado de hijos del demandado, la sala 1a de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, con fecha 25/04/2013, dispuso que “no estamos ante el supuesto corriente del hombre que no reconoce como hijo a un niño de padre desconocido, sino que, por el contrario los niños… al poco tiempo de nacidos fueron inscriptos como hijos de… que, además, estaban unidos en matrimonio, lo que apareja, además la presunción de paternidad del marido… Siendo ello así el demandado no podía ir al Registro Civil y reconocer a los niños como sus hijos porque se lo impedía el art. 250 2do. párr. del C.C., y si el ente público lo hubiese hecho, el acto hubiese sido nulo de nulidad absoluta…” (C. Civ. y Com. Mercedes, sala 1a, 25/04/2013, “B. J. C/ M. C. A. s/ Filiación”, RDF 2013-V, p. 115, con nota de Basombrio, María del Rosario- Parada, GabrielaSleiman, Aldana M., “Daño moral y legitimación activa en acciones de filiación”, DFyP 2013 (julio), p. 69, con nota de Gitter, Andrés, “Daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento filial. Situación del padre biológico en una filiación matrimonial”. Ver también C. Civ. y Com. Mercedes, sala 1a, 12/09/2006, “S., R. A. v. D., A. y otro”, LLBA 2006-1370). Esta última circunstancia me lleva a considerar –para finalizarun principio general del derecho que debe ser especialmente valorado en el presente caso: la doctrina de los propios actos, que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su Fecha de firma: 30/05/2017 Firmado por: MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE Esta jurisprudencia que exime de responsabilidad al progenitor biológico cuando existe un impedimento legal para reconocer al hijo resulta aplicable al supuesto de autos, máxime –reitero- cuando fue el propio Sr. A. quien inició la acción de impugnación de la filiación de S., resistida por su progenitora. #28292187#179517106#20170530122832599 Fecha de firma: 30/05/2017 Firmado por: MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE anterior conducta (conf. Diez Picaso, Luis, La doctrina de los propios actos, Bocsh, Barcelona, 1963, p. 142) y resulta “una barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiéndose con ello el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas” (Compagnucci de Caso, Rubén, “La doctrina de los propios actos y la declaración tácita de la voluntad”, LL, 1985-A-1000). La acción que aquí intenta la Sra. M. resulta contraria a su propio obrar en el proceso de impugnación de la paternidad, donde solicitó el rechazo de la demanda interpuesta por el Sr. A., pese al deber que sobre ella recae de garantizar el derecho de su hija a ostentar una filiación jurídica coherente con la realidad biológica. Por todo lo expuesto, oído el Ministerio Público a fs. 84, RESUELVO: I) Desestimar la acción de reembolso interpuesta por la Sra. F. A. M. contra el Sr. C. E. A.. II) Con costas (arts. 68 y 69, CPCCN). En consecuencia, regúlense los honorarios de las letradas patrocinantes de la demandada, Dra. M. A. R. y N. M. del R. R. –en conjunto- en la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000); y los del letrado apoderado de la actora, Dr. J. O. S., en la suma de pesos treinta mil ($30.000) (conf. arts. 6, 7, 9, 33 y cc. de la ley 21.839 y 62 inc. 2º de la ley 1181 del G.C.B.A.). Fijo en diez días el plazo para su pago. III) Notifíquese a las partes, los profesionales y la mediadora interviniente, y al Sr. Defensor de Menores en su despacho.-
MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE
Citar: elDial.com – AA9FB5
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