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ESTUDIO JURÍDICO PANIZO

Abogado, Derecho Penal

El Ministerio Público puede oponerse a la probation si el encartado desobedece la prohibición de acercamiento hacia la víctima de violencia de género

Partes: A. C. A. s/ recurso ext. de inapl. de ley

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 12-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104265-AR | MJJ104265 | MJJ104265

Sumario:1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, pues además, para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la Convención de Belém do Pará , debió el juzgador analizar y ponderar el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes que dieron motivo al dictado de la medida restrictiva en sede civil en contra del encartado.

2.-La administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial-, que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres.

3.-La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir; así, favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 12 de abril de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.468, “A., C. A. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.617 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 9 de junio de 2016, hizo lugar al recurso homónimo articulado por el Defensor Oficial del imputado -doctor Eduardo Zalba- contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca que confirmó el auto que disponía no hacer lugar a la concesión de la suspensión de juicio a prueba impetrado por la defensa de J. C. B. . En consecuencia, revocó la decisión impugnada y ordenó devolver los autos al inferior a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento (fs. 66/70). El señor Fiscal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -fs. 75/85 vta.-, el que fue concedido por el Tribunal recurrido (fs. 86/89 vta.). Oída la Procuración General a fs. 99/103, dictada la providencia de autos (fs. 104), y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Fiscal de Casación?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 1.Para decidir del modo señalado en los antecedentes, la Sala V del Tribunal de Casación Penal sostuvo que la oposición del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba “tuvo como fundamento la subsunción del hecho dentro de un caso de violencia de género, y en los compromisos asumidos por nuestro país de prevenir, investigar y sancionar los mismos” (conf. art. 1°, Conv. de Belém do Pará; fs. 68 vta.), con lo cual no estuvo de acuerdo. Con base en que las leyes penales deben ser interpretadas de manera restrictiva, “por aplicación del principio pro homine y los arts. 16, 18 y 28 de la C.N. y 3 del ceremonial” (fs. 69), destacó que “. la imputación efectuada a B. resulta ser la del delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es el normal y legal desenvolvimiento de la Administración Pública, no observándose en su descripción fáctica, más allá del origen de la orden de restricción de acercamiento supuestamente violentada, que la conducta desarrollada pueda subsumirse dentro de un supuesto de violencia de género, conforme la normativa señalada (art. 1° Convención de Belém do Pará)” (fs. cit.), siendo el “interés jurídico tutelado por el art. 239 la administración pública”. En definitiva puntualizó que en tanto “la imputación construida en el caso no importa un supuesto de violencia de género, y resultando tal aseveración el eje central sobre el cual se asentó la oposición fiscal para denegar el beneficio peticionado”, correspondía apartarse “del control de legalidad y razonabilidad efectuado por la alzada departamental”, por cuanto los motivos alegados en el dictamen fiscal resultaban arbitrarios, y hacer lugar al reclamo de la defensa por haberse aplicado erróneamente los arts. 76 bis del Código Penal y 1° de la Convención de Belém do Pará, devolviendo los actuados al inferior para el dictado de un pronunciamiento ajustado al presente (fs.69 vta., del voto del Juez Celesia con la simple adhesión del Juez Ordoqui). 2. Contra ello se alzó el Fiscal de Casación en el remedio de inaplicabilidad de ley mediante el que articuló dos planteos. Inicialmente, aludió -como cuestión federal- a la violación del art. 7 inc. f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “Convención de Belém do Pará” (fs. 77 vta., ap. V a). De seguido denunció, “[a]rbitrariedad por fundamentación aparente y por apartamiento de la doctrina legal aplicable: Inobservancia de lo resuelto por la CSJN en el caso ‘Góngora’” (fs. cit./78). Explicó que la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación “resulta contraria a normas constitucionales y convencionales, y desconoce arbitraria e injustificadamente la doctrina legal aplicable a los casos en que [se] ventile la posibilidad de otorgar la suspensión de juicio a prueba a un imputado de un delito que constituye violencia contra las mujeres” (fs. 78). Como argumentos en aval de su reclamo refirió a la doctrina del citado fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se estableció -en síntesis- que no resulta aplicable la suspensión de juicio a prueba respecto de imputados por delitos que involucran violencia contra las mujeres, declarando que en estos casos el art. 76 bis del Código Penal resulta contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino a través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará). En ese orden, transcribió el recurrente lo preceptuado en el art. 7 de dicha Convención interpretando que -según esa norma- el Estado Argentino se ha obligado a tomar medidas de protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, y a hacerlas cumplir por todos los medios a su alcance. Por todo ello, adujo que no resulta irrelevante que el delito de desobediencia imputado a B.en el que se ha ordenado se conceda la suspensión de juicio a prueba, remite al incumplimiento de una medida de protección dictada en el marco de la ley de violencia familiar 12.569, la cual trasciende e ingresa en lo que se conoce como violencia de género y, por ende, se enmarca en el compromiso asumido por el Estado mediante la Convención invocada. Se sigue de todo lo expuesto que no es válida la interpretación efectuada por los sentenciantes a la luz de los estándares que surgen del mentado precepto legal. Ello así, habida cuenta que tal interpretación se desentiende de las obligaciones que surgen del art. 7 de la Convención que ordena adoptar todas las medidas de protección para evitar que las mujeres víctimas de violencia sean hostigadas, intimidadas, amenazadas, dañadas y puesto en peligro su vida; debiendo el Estado -además- procurar por todos los medios su cumplimiento, como modo de proteger a las mujeres (fs. 78 vta.). Advirtió de seguido que ello no ocurre cuando la desobediencia de una orden de restricción de acercamiento dictada por el juez competente, es tolerada por el Estado, adjudicando al imputado de incumplirla, una modalidad procesal alternativa al juicio oral, como ocurre con la suspensión de juicio a prueba (fs. 79). Destacó que la consecuencia que se deriva de la resolución impugnada es que si quien desobedece una orden de restricción dictada por violencia contra las mujeres -como es el caso de autos- no es sometido a un juicio oral y eventualmente condenado, sino que es beneficiado con una suspensión de juicio a prueba que eventualmente extinguirá la acción penal sin que queden antecedentes en su contra, es evidente que se crea el marco de impunidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado (fs.cit.). Planteó el recurrente que la decisión del tribunal intermedio desconoció por completo el dictamen oportunamente presentado por su parte -ante la vista corrida por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca- y los sólidos argumentos esgrimidos por el Agente Fiscal interviniente para oponerse a la viabilidad del otorgamiento del instituto en cuestión cuya transcripción luce a fs. 79 vta./80 vta. Destacó que basta la simple lectura del dictamen referido para concluir que lo afirmado por la casación en cuanto resolvió que la oposición fiscal era infundada y que la conducta del imputado no podría subsumirse dentro de un supuesto de violencia de género, se aparta notoriamente de las constancias de la causa tornando al pronunciamiento en arbitrario. Admitió que si bien no desconoce el bien jurídico que protege el delito de desobediencia, también es cierto que la situación es distinta cuando está en juego una orden de restricción de contacto dispuesta por el órgano judicial en el marco de la Ley de Violencia Familiar, mereciendo en consecuencia otra respuesta, lo que solicitó sea declarado por esta Corte, ya que es preciso analizar dicha desobediencia denunciada bajo una perspectiva de género. Adujo por fin que el hecho narrado en la requisitoria que transcribió constituye violencia de género, y que interpretar lo contrario sólo bajo el argumento del título en el cual se halla inserta la figura legal, constituye un razonamiento arbitrario por descontextualizar el sentido de la norma prevista para prevenir, juzgar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Invocó asimismo, en apoyo de su pretensión, la causa “Berio” -de características similares al hecho de autos- resuelta por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal el 9 de junio de 2015 (v. fs. 81). Por último, y entendiendo que la interpretación correcta del art. 76 bis del Código Penal en armonía con el art.7 de la Convención de Belém do Pará, prohíbe la aplicación de mecanismos alternativos al juicio oral en todo delito que involucre violencia contra las mujeres, incluidos los que hacen al cumplimiento de las medidas de protección, solicitó se haga lugar a su reclamo y se proceda a casar la resolución impugnada (fs. 81 cit.). 3. Como lo aconseja la Procuración General (fs. 99/103), el recurso procede. 4. a. Le asiste razón al recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctrin a de Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine.

b. Advirtió el juzgador -como cuestión preliminar- “que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal para el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba resulta necesario”; tal como lo decidiera ese Tribunal en el Acuerdo Plenario dictado en la causa 52.274 y su acumulada 52.462, de fecha 9 de septiembre de 2013, oportunidad en que se dispuso “la necesidad, en principio, de la anuencia del agente fiscal en todos los casos para la procedencia del instituto” (fs. 68). En ese orden, destacó que “tal opinión por parte del Ministerio Público, como todo acto de gobierno se halla limitada en cuanto debe resultar fundada y controlable según criterios de legalidad y razonabilidad”. En consecuencia, el dictamen fiscal “debe estar sujeto siempre a un examen de legalidad y logicidad, ya que el mismo debe ser fundado” (fs. cit.). Sostuvo que, en el caso, “la oposición al otorgamiento del instituto solicitado tuvo como fundamento la subsunción del hecho dentro de un caso de violencia de género, y en los compromisos asumidos por nuestro país de prevenir, investigar y sancionar los mismos” (fs.68 vta.). No obstante lo cual concluyó, tal como se transcribiera en el ap. 1 del presente, que el hecho imputado a B. no comprendía un supuesto de esa clase habida cuenta que la imputación efectuada remite al delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es la Administración Pública (fs. 69).

c. En dicho contexto el sentenciante ha desconsiderado el real alcance de lo desobedecido al no percibir en toda su complejidad los actos descriptos por el Ministerio Público Fiscal. En el requerimiento formulado se atribuye a J. C. B. “. que el día 22 de abril de 2015, siendo aproximadamente las 11:00 horas en la calle [.],J. C. B. a bordo de su automóvil marca Peugeot 407 color negro se acercó a A. M.K. , quien circulaba a pie por el lugar, y circulando despacio a la par de esta desde el interior del automóvil a través de la ventana del acompañante, la cual se encontraba baja, le refirió: ‘. pará hija de puta, seguro que tenés otro, no voy a parar hasta que vuelvas conmigo.’ provocando gran temor en la víctima, perturbándola, desobedeciendo de ésta forma J. C. B. la orden de cesar los actos de perturbación e intimidación contra la antes mencionada, dispuesta por el titular del Ju[zgado] de Paz Letrado de Coronel Suárez, Dr. Fernando Goñi, en la causa N° 14446 caratulada ‘K. , A. M. s/denuncia violencia familiar’ con fecha 22 de marzo de 2015.” (fs. 8 y vta.).

Cabe destacar asimismo que “. A. M. K. declaró que ella mantuvo por el lapso de 5 años una relación amorosa con el Sr. J. C.B. , la que había llegado a su fin 4 meses antes debido a las constantes agresiones sufridas por parte de la víctima durante esos años, las que iban aumentando con el correr del tiempo, al punto de llegar a temer por su vida.A partir de allí, la deponente no dejó de radicar denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Coronel Suarez por lo que el Juez de Paz Letrado -el señor Fernando Goñi Pisano- ordenó dos custodios policiales en el domicilio de la víctima en diferentes oportunidades.”, habiendo ella solicitado el llamado “Botón anti-pánico” por el temor a ser agredida o vulnerada en su bienestar por su expareja (fs. 10). Se advierte así que el órgano intermedio recortó la conducta de desobediencia atribuida, desconectándola arbitrariamente del objeto de la causa en la que se había dictado la restricción aludida. Y, en consecuencia, la finalidad que perseguía dicha restricción.

d. Es claro entonces que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la “Convención de Belém do Pará”, debió el juzgador analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, que dio motivo al dictado de la medida restrictiva. Ello así pues teniendo en consideración las obligaciones que surgen de aquélla normativa internacional, en particular la de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7.b de la Convención), la administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial- que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres, como es el caso de autos.Cabe señalar lo afirmado en ese sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto advirtió que “la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

Y ello, añadió la Corte, “favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia” (Caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México, sentencia de 16-XI- 2009). La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el caso “Berio” -del 9 de junio de 2015- citado por el recurrente, en el cual el delito ventilado era, al igual que aquí, el de desobediencia a una orden judicial, la jueza Garrigós de Rébori consideró que dadas las particularidades del expediente civil en el que se había librado la orden restrictiva, era dable pensar que el imputado, más que eludir la disposición judicial, había pretendido mantener el contacto vedado, para lo cual la ignoró. Por lo tanto, la persona que (por la imposibilidad de protegerse por sus propios medios) había solicitado esa medida protectoria, no puede obtenerla ante la imposibilidad del aparato judicial de imponer su designio. Por todo ello, convalidó la decisión de la instancia anterior que había considerado que era preciso analizar la desobediencia denunciada en función del entramado sobre violencia de género en el cual fue dispuesta.En un sentido similar, el juez Magariños consideró que el comportamiento ventilado no era uno con carácter exclusivamente contrario al bien jurídico “administración pública”, sino que aparecía directamente relacionado con el significado de violencia contra la mujer que caracteriza al conflicto que se encuentra en la base del trámite judicial en cuyo marco se habría producido el quebrantamiento de la figura penal imputada. e. En suma, el Tribunal de Casación dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, ignorando además los argumentos que dieron pábulo para negar su consentimiento, todo lo cual evidencia un severo apartamiento de las constancias comprobadas de la causa.

Pues, el antecedente de la desobediencia se encuentra ineludiblemente ligado a la conflictiva de base que remite al referido contexto de violencia de género. Y, como se sabe, es doctrina de la Corte federal (in re “Góngora” cit.) que todo comportamiento portador de un significado de violencia ejercida contra la mujer se encuentra excluido de la posibilidad de aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba. Si entre las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, se prescriben procedimientos legales “justos y eficaces” para la víctima que haya sido sometida a violencia, que incluya -entre otros- “medidas de protección”, como la restricción de acercamiento aquí dispuesta (todo cese de actos de perturbación e intimidación, dispuesta por el Juez de Paz Letrado de Coronel Suárez, en la causa 14.446), carecería de sentido, de cara al conflicto violento, si no se constriñera a su cumplimiento, o, como contracara, por caso, se sancionara la desobediencia debidamente acreditada. Dicho de otro modo:si esa medida protectoria contra todo acto de violencia contra la mujer pudiera desobedecerse sistemáticamente, como aquí se ha denunciado, sin consecuencias, cuando la víctima y el representante fiscal han brindado fundadas razones por las que no han prestado su anuencia para una solución alternativa del conflicto, perdería todo efecto disuasorio. En atención a lo expuesto corresponde acoger el recurso del Fiscal, dejar sin efecto el fallo recurrido y devolver -con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional (art. 496 del C.P.P.). Voto por la afirmativa. Los señores jueces doctores de Lázzari, Pettigiani y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se resuelve hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal de Casación, dejar sin efecto el fallo recurrido y remitir -con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional (doct. art. 496 y ccdtes., C.P.P.).

Regístrese y notifíquese.

HECTOR NEGRI

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA R.

DANIEL MARTINEZ ASTORINO Secretario

Derecho Penal

La violación del secreto de confesión por parte de un representante religioso de un hecho de abuso sexual sufrido por una menor, debe valorarse desde una perspectiva legal, encontrando justificación en la posibilidad de evitar la continuidad del hecho delictivo

Partes: R. C. s/ nulidad p/abuso sexual
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Sala/Juzgado: VII
Fecha: 10-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104639-AR | MJJ104639 | MJJ104639Sumario:
1.-Corresponde confirmar la resolución de primera instancia que rechaza la nulidad de lo actuado cuyo fundamento se basa en que la denunciante tomó conocimiento de los hechos de abuso sexual cometidos en perjuicio de su hija menor, a partir de la violación del secreto de confesión por parte del obispo.
2.-La circunstancia de que la denunciante tomara conocimiento del hecho delictivo mediante la violación del secreto de confesión efectuada por el Obispo, sin perjuicio de las consecuencias de orden religioso que pudiera acarrear, no tiene incidencia sobre la validez de lo actuado, toda vez que dicha revelación no solo importó dar a conocer a la madre de la victima el hecho delictivo pasado sino, principalmente, alertarla acerca del riesgo inminente de futuros ataques sexuales, dada la situación de convivencia de la damnificada menor de edad con el agresor, configurándose de este modo la justa causa que contemplada el art. 156 del CPen., por lo que mal podría sostenerse haber incurrido el funcionario religioso en una violación de secreto profesional.
Fallo:
Buenos Aires, 10 de abril de 2017.
Y VISTOS:
I. La defensa de R. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. 6/8 de esta incidencia, que rechazó el planteo de nulidad interpuesto por esa parte.
La asistencia técnica solicitó la anulación de lo actuado, ya que -según expuso- fue a partir de la violación del secreto de confesión por parte del obispo C. que P. tomó conocimiento de los hechos que se investigan y concurrió a formular la denuncia inicial.
II. Al respecto y luego de celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, entiende el Tribunal que la nulidad pretendida por la defensa no debe tener recepción favorable.
Cabe recordar que las actuaciones tuvieron inicio con motivo de la denuncia efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada por la nombrada P. (fs. 7/10), quien refirió que su hija – C.- había sido víctima de abusos sexuales, cometidos por el imputado, y aclaró que se enteró de ello por el obispo C., el que -a su vez- lo supo por la confesión de R.
Al ratificar sus dichos, P. instó la acción penal por los sucesos que perjudicaron a su hija y precisó que el obispo mencionado pertenece a la “Iglesia …” sita en la calle …., de esta ciudad, sitio al que concurría habitualmente junto al encausado (fs. 22/24).
Posteriormente, se le recibió declaración en los términos del artículo 250 bis del Código Procesal Penal a la menor C. (fs. 17 y 25/27).
Finalmente, también se convocó al obispo C., quien dijo que “se abstendrá de declarar todo cuanto ha conversado en un inicio con P. debido a que guarda estrecha relación e incluye lo que conoce por medio de la confesión del imputado” (fs. 49).
III.A partir de la reseña efectuada, puede decirse -ante todo- que los órganos estatales involucrados en la persecución penal no han incurrido, en el caso, en irregularidad alguna, toda vez que la denuncia inicial fue concretada por la madre de la menor damnificada, quien instó la acción, y durante la investigación posteriormente sustanciada se observaron las reglas procesales pertinentes.
La cuestión se circunscribe, entonces, a determinar si la circunstancia de que la denunciante P. se hubiera enterado de lo sucedido por intermedio del mencionado obispo C., quien -por su parte- al revelarlo habría infringido su obligación de mantener en reserva lo que conoció con motivo de una confesión de R., tiene incidencia sobre la validez de lo actuado.
Al respecto, cabe recordar que esta Sala -aunque con una integración parcialmente distinta-, en una causa en la que se efectuó un planteo similar al del sub examine, pero respecto de un pastor de la Iglesia …., consideró que la circunstancia de que éste hubiera revelado lo que supo en el marco de una confesión -la que en ese credo no conlleva la expectativa de intimidad, pues no es secreta- no había importado una afectación de garantías constitucionales (cfr. causa nro.
38.848, “A., F.”, del 21 de mayo de 2010).
El presente, claro está, ofrece una diferencia, pues, más allá de que no se ha establecido si se trata de un “culto admitido” (artículo 244 del Código Procesal Penal) ni qué expectativa de privacidad rodea en él la práctica de la confesión, cabe inferir, a partir de lo declarado por el obispo C., que en el credo en cuestión ésta se lleva a cabo en un ámbito de intimidad, que quien la recibe ha de respetar.
De todos modos, dado que el asunto debe resolverse desde una perspectiva legal, incluso admitiendo que C.hubiera violado las reglas de sigilo propias de su iglesia al transmitir lo que supo a P., la Sala considera que ello, sin perjuicio de las consecuencias de orden religioso que pudiera acarrearle a aquél, no conduce en este caso a declarar la nulidad reclamada por la defensa.
Adviértase en este punto que, de acuerdo a lo expuesto y tomando en consideración las características de los hechos que fueron puestos en conocimiento del clérigo, no es dable sostener que éste ha incurrido en una violación de secretos en los términos que contempla el artículo 156 del Código Penal.
En efecto, dicha disposición legal establece que “Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.
Las particulares circunstancias de este caso, en el que la revelación no sólo importó dar a conocer a la madre de la víctima los dos hechos delictivos pasados sino, principalmente, alertarla acerca de su presumible reiteración en un futuro inmediato, permiten estimar que -al menos en principio- se verificó la “justa causa” que contempla la ley, con mayor razón al ponderar que la afectada resultaba ser una menor de edad y que, por su situación de convivencia con el imputado, el riesgo de nuevos ataques a su integridad sexual podía considerarse inminente.
Cabe apuntar que, al comentar la citada disposición legal, la doctrina ha admitido las “…situaciones en las cuales la revelación sea hecha con justa causa, no ya ante la autoridad, sino ante un particular” (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, tomo IV, Tea, Bs. As., 1992, pág.141), tal como ha ocurrido en el sub examine.
Bajo tales premisas, la Sala estima que el peligro apuntado, en relación con la integridad sexual de la niña, impone diferenciar este caso del que se presentara en el precedente “Baldivieso.” de la Corte Suprema, en el que, si bien se declaró la nulidad de todo lo actuado, la mayoría destacó que en el caso no existía “… ningún otro interés en juego, pues no mediaba peligro alguno ni había ningún proceso lesivo grave en curso que fuese necesario detener para evitar daños a la vida o a la integridad física de terceros, de modo que cabe descartar toda otra hipótesis conflictiva” (CSJN, “Baldivieso, César Alejandro s/ causa n° 4733” , del 20 de abril de 2010).
Sobre la base de dichas consideraciones, puede decirse también que el rechazo de la nulidad, en definitiva, no se aparta de la doctrina fijada -en torno de la llamada “regla de exclusión”- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Montenegro” (Fallos: 303:1938) y los que le sucedieron.
Cabe recordar que en el precedente recién citado el máximo tribunal entendió que, como el imputado había sido sometido a apremios ilegales, su condena -sobre la base de la confesión así obtenida- comprometía “la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito”, mientras que en este caso puede decirse que, en principio, la revelación efectuada por el obispo C. a la aquí denunciante no habría importado un delito.
En conclusión, el Tribunal estima que el inminente peligro que, en el momento en que se produjo tal revelación, podía advertirse para la integridad sexual de la menor damnificada, conduce a convalidar lo actuado, en tanto impide considerar, al menos en el estricto marco del planteo aquí tratado, que el conocimiento de los hechos por parte de la denunciante hubiera sido obtenido mediante un delito.
Por ello, esta Sala RESUELVE:
CONFIRMAR el auto extendido a fs. 6/8 de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso.
Notifíquese, devuélvase y sirva lo proveído de respetuosa nota de envío.
El juez Jorge Luis Rimondi integra el Tribunal por disposición del Acuerdo General del pasado 16 de diciembre último, pero no intervino en la audiencia oral con motivo de su actuación simultánea en la Sala I de esta Cámara.
Mariano A. Scotto
Mauro A. Divito
Ante mí: Constanza Lucía Larcher

Abogado, Derecho Penal

Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos

Tipo: LEY
Número: 27372
Emisor: Poder Legislativo Nacional
Fecha B.O.: 13-jul-2017
Localización: NACIONAL
Cita: LEG87807
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público.
Artículo 2.- Se considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.
Capítulo II
Principios rectores
Artículo 3.- El objeto de esta ley es:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito.
Artículo 4.- La actuación de las autoridades responderá a los siguientes principios:
a) Rápida intervención: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez posible, y si se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas de inmediato, si fuere posible, o con la mayor urgencia;
b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presente, entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas;
c) No revictimización: la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Capítulo III
Derechos de la víctima
Artículo 5.- La víctima tendrá los siguientes derechos:
a) A que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta;
b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
c) A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación;
d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;
e) A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes;
f) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;
g) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible;
h) A intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales;
i) A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado;
j) A aportar información y pruebas durante la investigación;
k) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;
l) A ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada;
m) A solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante;
n) A que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continú en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
ñ) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia;
o) Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos. Esta enumeración no es taxativa y no será entendida como negación de otros derechos no enumerados.
Artículo 6.- Cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada. Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos:
a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de setenta (70) años, o se tratare de una persona con discapacidad;
b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.
Artículo 7.- La autoridad que reciba la denuncia deberá:
a) Asesorarla acerca de los derechos que le asisten y de los medios con que cuente para hacerlos valer;
b) Informarle los nombres del juez y el fiscal que intervendrán en el caso, y la ubicación de sus despachos;
c) Informarle la ubicación del centro de asistencia a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí en el plazo más breve posible, si la víctima lo solicitare y no contare con medio propio de locomoción.
Artículo 8.- En los supuestos del inciso d) del artículo 5, se presumirá la existencia de peligro si se tratare de víctimas de los siguientes delitos:
a) Delitos contra la vida;
b) Delitos contra la integridad sexual;
c) Delitos de terrorismo;
d) Delitos cometidos por una asociación ilícita u organización criminal;
e) Delitos contra la mujer, cometidos con violencia de género;
f) Delitos de trata de personas.
La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro. En especial, podrá reservar la información sobre su domicilio o cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva se levantará cuando el derecho de defensa del imputado lo hiciere imprescindible.
Artículo 9.- La autoridad deberá atender al sufragio de los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.
Artículo 10.- Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las molestias que produzca la tramitación del proceso, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.
A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas:
a) La víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada a tal fin;
b) En el acto en que la víctima participe, podrá disponerse el acompañamiento de un profesional;
c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado o del público.
Artículo 11.- La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo.
Artículo 12.- Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semidetención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.
Artículo 13.- En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y las circunstancias del caso permitieran presumir peligro para la víctima, la autoridad deberá adoptar las medidas precautorias necesarias para prevenirlo.
A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los artículos 6 y 8 de esta ley.
Capítulo IV
Modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 )
Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que la autoridad competente disponga;
c) A la protección de la integridad física y psíquica propia y de sus familiares;
d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.
Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:
a) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;
b) A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada sobre el estado del proceso y la situación del imputado;
c) A aportar información y pruebas durante la investigación;
d) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible, para el pronto reintegro de los bienes sustraídos;
e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido;
f) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;
g) A ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión;
h) A solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante.
Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado garantizará a la víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las disposiciones procesales de este Código serán interpretadas y ejecutadas del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la víctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por el órgano judicial competente, al momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo.
Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Derecho de querella
Artículo 82: Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan.
Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o la desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muerta o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores, y en el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos.
Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Denuncia ante el juez
Artículo 180: El juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de instrucción que reciba una denuncia podrá, dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primer párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la investigación conforme a las reglas establecidas en el título II, del libro II de este Código o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía ser tenido por parte querellante.
Artículo 19.- Sustitúyese el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Suspensión del proceso a prueba
Artículo 293: En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión del proceso a prueba, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese presentado como parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a las que deba someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.
Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 496 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Salidas transitorias
Artículo 496: Sin que esto importe suspensión de la pena, el tribunal de ejecución podrá autorizar las salidas transitorias permitidas por Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. La víctima, aun cuando no se hubiese constituido en querellante, será informada de la iniciación del trámite y sus necesidades deberán ser evaluadas.
Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado salga del establecimiento carcelario en que se encuentre, por un plazo prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente próximo. También gozarán de este beneficio los procesados privados de su libertad.

Abogado, Derecho Penal

Algunos conceptos sobre el Derecho Penal

El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los crímenes y delitos cometidos por uno o varios individuos sobre otro. Podemos distinguir entre derecho penal objetivo (ius poenale), que se refiere a las normas jurídicas penales en sí, y derecho penal subjetivo (ius puniendi), que implica la aplicación de una sanción a quienes cometan alguno de los actos hipotéticos previstos por el derecho penal objetivo. Esta sanción implica la imposición de ciertas penas como, por ejemplo, el encarcelamiento del culpable.

El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes jurídicos (se entiende por bien jurídico todo bien vital de la comunidad o del individuo) y, para esto, prohibe y penaliza las conductas que están dirigidas a agraviar o poner en peligro dicho bien jurídico. El Estado cuenta con dos herramientas para prevenir el delito o condenarlo: la primera es tomar medidas de seguridad y la segunda es aplicar el derecho e imponer penas a los responsables del acto delictivo.

El derecho penal argentino
La Constitución Nacional, en su artículo 19, expresa que el Estado puede intervenir solamente en los casos en que las acciones humanas ofendan el orden, la moral pública o perjudiquen a terceros. Consecuentemente, el derecho penal argentino, entendiendo por tal la normativa vigente y también la doctrina, tiene la misión de ejercer control social y puede actuar siempre y cuando exista la necesidad de garantizar el orden público.

El derecho penal, basado en la Constitución Nacional, debe respetar la dignidad del ser humano, lo que está implícito en el art. 18 en cuanto prohíbe la aplicación de la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. En cuanto a las cárceles deben ser un lugar que sirva para la seguridad; no para el castigo de “los reos detenidos en ellas” (art. 18) Conforme al texto constitucional, la libertad es la regla (Preámbulo y arts. 18 y 19.) por lo que su restricción debe ser fijada por ley e incluso cuando se refiere a la libertad ambulatoria, solamente es posible restringirla por razones de segurida.

La pena
La acción de castigar supone causar un dolor como respuesta a una acción anterior, a un comportamiento que provoca esa reacción. Sabemos que hay dos sujetos: uno que aplica el castigo y otro que lo recibe. El primero es el que tiene el poder de decidir y ejerce su voluntad sobre el otro.

¿Por qué se impone la pena? En primer lugar porque se delinquió. En segundo lugar, para que no se delinca en el futuro. La pena aplicada es retributiva y sirve como escarmiento, corrige al delincuente y asegura la sociedad.

Para que un derecho penal sea justo la pena que se imponga al delito debe estar sustentada en cuatro fuerzas que sean equivalente con las fuerzas del delito. Estas son:

Fuerza física subjetiva: acto externo del juez que impone la pena
Fuerza moral subjetiva: es la voluntad racional del juez competente
Fuerza física objetiva: privación de un bien jurídico del delincuente, daño inmediato al delincuente, pérdida de la libertad, multa, inhabilitación.
Fuerza moral objetiva: trae tranquilidad a la sociedad. Si la pena es insuficiente, no cumple con este punto.
El sistema penal sirve para la prevención general, aunque la amenaza que su vigencia implica no impide que se cometan delitos. No obstante, para la gran mayoría de los habitantes, la pena amenazada produce un efecto intimidante regulando el comportamiento antisocial.