Abogado, derecho bancario, Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Concursal, Derecho de Familia, Derecho del Consumidor, Derecho Inmobiliario, Derecho Penal, Derecho Procesal, derecho societario, derecho tributario, listado de abogados, medidas autosatisfactivas

Medidas Autosatisfactivas – Abogados en Mar del Plata

1.- Acción preventiva. En oportunidades se confunde el anticipo de tutela, la medida “autosatisfactiva”, el proceso urgente e, incluso, la acción preventiva prevista en los artículos 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta última se ejerce mediante un proceso de conocimiento pleno que culmina con una sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada; tiene por objeto evitar un daño, su continuación o agravamiento; el peligro reside en la posibilidad de producir o agravar un daño en el sentido previsto en el artículo 1737 del citado Código;  las medidas cautelares son siempre provisorias y el peligro que justifica su dictado es la demora; el artículo 1713 del CCyCN  dispone que la sentencia que se dicta en la acción preventiva debe disponer en forma definitiva o provisoria obligaciones de hacer o no hacer, pero en este caso la provisionalidad no es de carácter procesal, como sucede con las cautelares,  sino  que el juez, apreciando cual es el daño que se tiende a evitar,  puede establecer un límite temporal al mandato hasta que desaparezcan las causas que pueden originarlo o agravarlo.

2.- La tutela anticipada es una medida cautelar innovativa solicitada en un proceso principal; tal como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia en el conocido caso “Camacho Acosta, M c/Grafi Graf SRL y otros”(7-8-97, Revista de Derecho Procesal, edit. Rubinzal-Culzoni, nº 1, p.385)  donde se ordenó anticipar parte del reclamo del actor antes de dictada la sentencia definitiva.

Corresponde señalar  que el objeto de la pretensión  cautelar en general  y de la innovativa en particular,   puede coincidir total o parcialmente con el objeto principal del proceso y  no es de la esencia de la medidas preventivas que ellas deben dictarse inaudita parte pues cuando el conocimiento previo de la contraria no frustra la eficacia de la cautela  el juez puede oírla otorgando un traslado por un plazo razonable o citándola a una audiencia, valorando las circunstancias del caso y la urgencia. La medida  de innovar puede ordenar volver a una situación de hecho o de derecho anterior incluso de la demanda, o crear una nueva situación que no existía con anterioridad.

Aun cuando la tutela otorgada en forma anticipada sea irreversible,  ella debe concederse si la demora puede ocasionan  una   lesión graves a derechos fundamentales de las personas y hay una fuerte verosimilitud del derecho. Ello no impide que la respectiva resolución sea revisada  mediante el ejercicio de los recursos respectivos o al dictarse sentencia definitiva en el expediente principal.

3.-La  llamada “medida autosatisfactiva”, denominación en mi concepto incorrecta tanto conceptual como gramaticalmente,  fue  rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos (322:4520; 327: 4495; 330: 5251; 331: 2287, entre muchos otros) señalando que  no es posible otorgar una  medida con carácter definitivo sin respetar el principio de bilateralidad; incluso en el caso “Bustos” (Fallos 327-4495), con cita de una sentencia anterior del mismo Tribunal, dijo expresamente: las medidas  cautelares denominadas “autosatisfactivas” han sido descalificadas por la Corte.

                La “medida autosatisfactiva” ordenada sin audiencia de la contraria, como bien afirma Falcón, es una tutela cautelar anticipada que no se agota con su despacho favorable; el proceso debe continuar  hasta la sentencia que ponga  fin al conflicto de manera definitiva (Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Rubinzal-Culzoni, 2006, tº IV, p. 887). Lo mismo opina Rojas al decir que si la medida se agota con el simple despacho favorable de la jurisdicción, caen  con todo su peso aquellos principios que sostienen el debido proceso (Rojas, Jorge A. “Sistema cautelares atípicos”, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 219)

En el año 2005, junto con el Dr. Augusto Mario Morello proyectamos una norma referida a los procesos de trámite urgente,  que preveía en forma simple,  y conservando la estructura procesal, los casos en que es preciso una tutela inmediata (“Procesos urgentes”, J.A. 2005-1-p.3). Ella fue tomada por el Código Procesal de la Provincia de Santa Cruz (art. 299).                     Actualizada aquella norma con los aportes doctrinarios posteriores cabe prever un proceso urgente en los siguientes términos:

En caso de extrema urgencia, cuando se encuentren en peligro derechos fundamentales de las personas, como la vida o la salud, y el derecho fuese verosímil,   el juez podrá resolver la pretensión acortando los plazos previstos para el proceso sumarísimo y tomando las medidas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva, respetando el derecho de defensa de las partes

                Excepcionalmente se  podrá decidir sin sustanciación, en cuyo caso la medida tendrá carácter cautelar y será  provisional hasta tanto se corra traslado de la petición y el afectado pueda ejercer su derecho de defensa;  se aplicarán subsidiariamente las disposiciones que regulan las medidas cautelares en lo que fuesen pertinentes y compatibles con la petición.

Si la medida fue dispuesta inaudita parte, junto con la notificación de ella se correrá traslado por el plazo que fije el juez, sin que ello obste a la ejecución de aquella. Si no se contestara el traslado la medida quedará  firme.  

                Si el afectado contesta el traslado oponiéndose a la medida, el escrito deberá estar debidamente fundado y ofrecerse la totalidad de la prueba. La oposición tramitará por el procedimiento que el juez decida en resolución irrecurrible y se resolverá  desestimándola  o haciendo  lugar a ella y  revocando la decisión cautelar; si ésta fuese  irreversible, su revocación originará el pago de daños y perjuicios a favor del afectado. 

                De esa manera se otorga una tutela judicial en tiempo oportuno, sin vulnerar las garantías del debido proceso (art. 18, Const.Nac.).

 

ABOGADOS EN MAR DEL PLATA 

derecho bancario, Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Concursal, Derecho de Familia, Derecho del Consumidor, Derecho Inmobiliario, Derecho Penal, Derecho Procesal, derecho societario, derecho tributario, listado de abogados

ABOGADOS EN MAR DEL PLATA 

Abogado

¿NECESITA UN ABOGADO EN MAR DEL PLATA?

Lo atendemos en el día!

Lo invitamos a conocer todos nuestros servicios legales a través de una consulta.

Despejaremos todas sus dudas y lo orientaremos hacia la solución legal profesional que está buscando.

Áreas Especializadas: Derecho Civil, Familia, Comercial, Inmobiliario y Penal.

Más de un 15 años de Experiencia.

Atención Personal y A Distancia. 

ESTUDIO JURÍDICO PANIZO
Bolívar 3053 7° D – Mar del Plata

Lunes a viernes 10 a 18 Hs.

Te: 491-5159 Cel: 156-157942

Abogado

Servicio de Consultas Legales on line, y en forma directa a través de whatsapp

Ofrecemos a nuestros clientes el servicio de consultas on line, y en forma directa a través de whatsapp:

Cel / whatsapp: +542236157942
Te. del Estudio: (0223) 491-5159 (lunes a viernes 10 a 18 Hs.)
EJP SERVICIOS LEGALES PANIZO 

Abogados
DERECHO CIVIL- COMERCIAL -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -PENAL- PENAL ECONOMICO – PENAL TRIBUTARIO – INMOBILIARIO – SUCESIONES – ADOPCIONES DE INTEGRACIÓN – DIVORCIOS, COBROS EJECUTIVOS, DESALOJOS, QUIEBRAS, ETC.

HAGA SU CONSULTA.


PARA ATENCION POR LA MAÑANA PEDIR CITA PREVIA.
PARA ATENCION SIN REQUERIR TURNO PREVIO, CONCURRA DE LUNES A VIERNES DE 14 A 18 HS.


ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE EN MAR DEL PLATA.
Consúlte por SERVICIOS JURIDICOS EN MAR DEL PLATA si vive en cualquier lugar del país o en el extranjero.
BRINDAMOS SERVICIOS JURIDICOS A DISTANCIA.


NO DUDE EN CONSULTARNOS.
MAS DE 15 AÑOS EN EL DERECHO NOS RESPALDAN.
ABOGADOS MAR DEL PLATA | Familia, Civil, Comercial, Inmobiliario, Penal 

Estudio Dra. Fernanda Panizo

BOLÍVAR 3053, 7° “D” Mar del Plata

LUNES A VIERNES 10 A 18 HS.

Te: (0223) 491-5159

Cel y WhatsApp: 156-157942

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho Procesal

Divorcio Unilateral – Abogados en Mar del Plata, Estudio Panizo

ABOGADOS EN MAR DEL PLATA – Dra. Fernanda Panizo

Descripción paso a paso del proceso de divorcio unilateral, sus implicancias para las partes, y sus efectos, con especial énfasis en la figura de la Compensación Económica. También se expone una diferenciación con el divorcio por presentación conjunta o por mutuo acuerdo.

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Procede el pedido de cambio de nombre que recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario

Partes: S. M. S. s/ sumaria información
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario
Sala/Juzgado: 3ra nom.
Fecha: 22-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104840-AR | MJJ104840 | MJJ104840Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre del peticionante, toda vez que, el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad.
2.-Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relaciones con la sociedad toda.
3.-Toda vez que de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal surge que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre que pretende se le asigne, y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc, cabe considerar a su dignidad se ve también severamente afectada debiendo acogerse su petición.
4.-La Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico, asimismo, el art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
Fallo:
ROSARIO, 22 de mayo de 2017
Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial de la 3a. Nominación Rosario
Y VISTOS: Estos autos caratulados “S., M. S. s/ SUMARIA INFORMACION”
Que la actora, con patrocinio letrado, inicia los presentes con el objeto de cambiar su prenombre por el de “S.S.S.”, en base a las cuestiones de hecho y de derecho expuestas en el escrito inicial (.) que la infancia del peticionante estuvo marcada por un fuerte rechazo hacia su prenombre y todo lo que implicara su utilización o rúbrica; aislamiento de las instituciones juveniles y sociales, manifestando que no sólo carece de cobertura social o bienes a su nombre, sino que también rehúsa de atención médica hasta niveles alarmantes únicamente por el hecho de no dejar registros de su identidad en los centros respectivos; no poder concretar un trabajo registrado e, incluso, el simple hecho de que un tercero se dirija hacia la persona del peticionante con el prenombre “M.” lo sumerge en un estado de depresión y recrea tortuosamente en su fuero intimo los graves hechos ya indicados.
Que en fecha 12/09/2014 fue habilitada la instancia a tales fines, aplicándose a los presentes el trámite del proceso sumarísimo, ordenándose una serie de diligencias a los fines probatorios.
Que obran en autos constancias correspondientes a la publicación de edictos (fs. 26 y 29), testimoniales (fs. 28 y 34/5), registro general de la propiedad (fs. 30), asesoría letrada del registro civil (fs. 33), dictamen del Sr. Agente Fiscal (fs. 38).
Que mediante decreto de fecha 29/05/2015 se ordenan, en virtud de lo dispuesto por el Art. 20 CPCCSF, medidas para mejor proveer; habiendo sido cumplimentadas en relación a la Jefatura de Policía UR II (fs. 42 a 52), Policía Federal (fs. 54/5) y el certificado de antecedentes penales (fs. 56).
Que en fecha 25/11/2015 y, nuevamente, en concepto de medidas para mejor proveer, se requiere una batería de medidas probatorias, las que se encuentran diligenciadas y agregadas en autos de fs.62 a 175 (entre las cuales se encuentran oficios a los jueces en lo penal de Instrucción, en lo penal correccional y en lo penal de sentencia; al Registro General de la Propiedad de la 1era Circunscripción; al Registro Nacional de la Propiedad Automotor; al BCRA; al Registro de Procesos Concursales; Registro Nacional de las Personas; a la M.E.U.; al médico forense y a la presidencia de la cámara de apelaciones a los fines de sortear un perito psicólogo, cuestión no requerida para éste Juzgador).
Que en fecha 10/05/2017 se llevó a cabo una audiencia de Visu, en la que se consiente expresamente la intervención de la suscripta (conf. fs. 183Vta.). En este estado, y no habiendo escritos sueltos pendientes de agregación (vide fs. 185), vienen a despacho para el dictado de resolución.
Y CONSIDERANDO: Como primera cuestión, corresponde expresar que el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad. Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relacionaciones con la sociedad toda. En efecto “El nombre es un atributo de la personalidad, y desde esta concepción, integrativo del derecho a la identidad personal, al instalarse en la persona de manera permantente acompañado el proceso de construcción de identidad en el ámbito social” (Conf. Arg. Ciuro Caldani, ´El derecho humano a participar en la Construcción del Nombre´JA-2011-III-620 Gil Dominguez, Famá, Herrera Derecho Constitucional de Familia, T. II, p.840 y ss). Máxime en el contexto actual de la constitucionalización del derecho privado argentino, desde la sanción del Código Civil y Comercial vigente (en adelante, CCCN).
Por ello, como segunda cuestión, no puede soslayarse que si bien los presentes fueron iniciados de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 18.248 estableciendo que la petición para el cambio de nombre debía interponerse por ante el organo jurisdiccional correspondiente bajo un trámite y requisitos procesales específicos; los presentes deben ser reconducidos a raíz de lo dispuesto por el Art. 7 del Código Civil y Comercial, en cuanto a la eficacia temporal a todas aquellas relaciones y situaciones jurídicas existentes, aplicándoseles a los presentes su nuevo plexo legal. Por tanto, no cabe otra consecuencia que dejar de lado el paradigma ut supra referido, debiendo hacerse foco únicamente en lo que el Art. 69 CCCN establece como “justos motivos” que, al no estar regulado como norma numerus clausus, permite al sentenciante incorporar una gran amplitud de situaciones, y fallar acorde las particulares circunstancias de cada caso y de cada persona.
Entre la nutrida jurisprudencia sobre los justos motivos, se ha dicho que “. el Juez se encuentra facultado para examinar con amplitud de criterio las distintas situaciones propuestas y apreciar si con el cambio o adición no se afetan los principios que gravitan en torno al nombre como atributo de la personalidad.” (CNCiv., Sala G, 14/07/2003, R., K., DJ 22/10/2003, 545 – DJ 2003-03,545 – JA 2003-IVA, 553) y que “.excluyen por lo pronto toda razón frívola, toda causa intrascendente, toda justificación que no se funde en hechos que agravien seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del sujeto que aspira a obtener una modificación de su nombre.” (Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Minas Nro.4 de Mendoza, 10/03/1999, Carabaca, Alejandro LLGran Cuyo, 1999-645). Es por ello que se puede entender a los justos motivos como aquellas causas graves y que razonablemente sean capaces de violar el principio de estabilidad del nombre.
Asimismo, contrafácticamente, se entiende que no configuran justos motivos para obtener el cambio -entre otros-, el hecho de que quien lo peticione en su vida diaria y/o laboral sea tratado o conocido por otro nombre, porque el largo uso de un nombre distinto al que figura registrado no se erige en razón suficiente para que el Juez lo homologue consagrándolo como nombre “legítimo”.
En el sub lite se percibe claramente que el hecho generador por el cual el accionante solicita el cambio de su prenombre se funda en las terribles situaciones traumáticas que según expone tuvo que atravesar en su infancia (.), situación de hecho que corresponde a lo dispuesto en el inciso c) del Art. 69, eximiendo a éste Juzgador de realizar un examen pormenorizado sobre la existencia de cualquier otra “justa causa”.
Es evidente que el legislador ha concebido la profunda reforma del derecho argentino con la premisa de transformarlo en una herramienta que sirva para mejorar la calidad de vida de personas; en este caso aquella que no se siente identificada con el nombre que lleva, materializándose así los principios de no discriminación, la igualdad de oportunidades y en realidad el acceso a la salud tanto física como psíquica. En tal sentido debe dejarse aclarado que ello no significa una puerta abierta para que livianamente se peticione el cambio de nombre por una cuestión meramente antojadiza.En el sub lite, el cambio solicitado recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario; tal modificación no implica menoscabo hacia la persona del actor, no conculca el orden público ni la moral ni las buenas costumbres.
Muy por el contrario, de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal llevada a cabo en fecha 10 de mayo pasado, puedo advertir que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre S. S. S. y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc. He aquí, entonces, que su dignidad se ve también severamente afectada.
Cabe destacar especialmente que el art. 3 de la nueva norma de fondo refiere a los principios y valores jurídicos como pauta para interpretar la ley, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Dentro de tales valores, el respeto por la dignidad de la persona emerge como guía fundamental. El destacado bioeticista Dr. Roberto Andorno (citado por Ciruzzi, Ma. Susana en “El concepto de persona y dignidad a la luz del prisma bioético”, Rev. de Der. de Familia y de las Personas, Año 3-Nº 5, Junio de 2.011, Ed. L.L., Bs. As., pag. 203 y ss), que “aun siendo una noción aparentemente vaga y difícil de definir con precisión, la idea de dignidad constituye uno de los pocos valores comunes de las sociedades pluralistas en que vivimos…En efecto, el principio de dignidad es comúnmente aceptado como base de la democracia y su razonabilidad permanece indiscutida a nivel jurídico y político.La inmensa mayoría de las personas consideran como un dato empírico, que no requiere ser demostrado, que todo individuo es titular de los derechos fundamentales por su sola pertenencia a la humanidad, sin que ningún requisito adicional sea exigible. Esta intuición común constituye lo que un autor denomina la actitud standard, compartida por personas de las más diversas orientaciones filosóficas, culturales y religiosas.”.
En este sentido de cosas, cabe hacer referencia que la Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico. Asimismo, el Art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre. Por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
No hacer lugar su solicitud, implicaría violentar, en forma clara y absoluta, los principios establecidos en sendos tratados internacionales con raigambre constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 7 y 5 ) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12 inc 1), entre otros, que reconocen el derecho que tienen los individuos a que se les respete su integridad física, psíquica, moral y mental, con el consiguiente disfrute al más alto nivel posible.
En consecuencia, considerando suficientemente relevante, causa grave y justo motivo, el hecho de que el nombre cuyo cambio se solicita, incida en menoscabo de quien lo lleva, importando un desmedro de su personalidad, su calidad de vida y su dignidad personal, entiendo que su petición no se encuentra fundada en un simple deseo caprichoso del mismo.
Por tanto, habiéndose llevado a cabo una serie de medidas tendientes a cumplimentar los requisitos legales a tales fines, y habida cuenta de las razones de hecho y derecho expuestas,
FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre de M. S. S. (DNI XX.XXX.XXX) por el de S. S. S.; 2) Ofíciese al Registro Civil, al Registro Nacional de las Personas y a las demás reparticiones que fueren necesarias a los fines de cumplimentar con este decisorio; 3) Costas al actor; 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Insértese y hágase saber.
DRA. GABRIELA COSSOVICH
Secretaria
Dra. MARISA M. MALVESTITI
Jueza Subrogante

Abogado, Derecho Civil, Derecho Penal

Responsabilidad del garajista por el robo de un automotor de propiedad de la actora, pues no se considera un hecho imprevisible

Partes: Martínez Roberto Nelson c/ Tintori Mónica Amalia y otro s/ ordinario
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Sala/Juzgado: C
Fecha: 21-dic-2016
Cita: MJ-JU-M-103775-AR | MJJ103775 | MJJ103775
Sumario:

1.-El contrato de garaje lleva implícita la obligación de guarda y custodia que asume el garajista, siendo ésta de las llamadas obligaciones de resultado en las que el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de la consecuencia o resultado tenido en miras al contratar, a diferencia de las obligaciones de medios, en las que el deudor sólo se compromete a realizar la actividad diligente que razonablemente le permita alcanzar el resultado esperado.
2.-La obligación de resultado que pesa sobre el garajista deriva en que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, es decir, que no debe analizarse el dolo o la culpa del deudor, sino que él es responsable por el no cumplimiento de aquella obligación, independientemente de los motivos que obstaron su cumplimiento, siendo los únicos interruptores del nexo causal el caso fortuito y la fuerza mayor (conceptos que han sido unificados por el Código Civil y Comercial de la Nación).
3.-En el art. 1730 del CCivCom. -que no difiere, en lo sustancial, de las reglas que regían el asunto bajo el código derogado- se consagra dicha eximente en los siguientes términos: Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto,no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario .
4.-El solo hecho de tener por cierto que las medidas de seguridad han sido adecuadas no implica que aquellas hayan sido suficientes para exonerar de responsabilidad a quien, por la actividad onerosa que realiza como empresario, la ley le impone la obligación de estructurar una organización para dar correcto cumplimiento a las mencionadas obligaciones que, por ser de resultado, sólo podrían ser dispensadas tras un muy estricto y riguroso examen de las causales de exoneración de responsabilidad.
5.-Ni el robo en un garaje puede ser considerado un hecho imprevisible, ni, menos aún, puede afirmarse que no sea susceptible de ser evitado (v.gr. mediante la adopción de medidas adicionales a las tomadas, como ser mayor vigilancia, cámaras de seguridad, portero eléctrico, entre otros). Es más: si se interpretara lo contrario, el contrato de garaje quedaría privado de causa fin (arts. 281 , 1013 y cc. del CCivCom.), dado que, precisamente, lo que mediante él busca quien deposita su automóvil en esas condiciones, es preservarse del aludido riesgo de robo. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Fallo:
En Buenos Aires a los 21 días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “MARTINEZ ROBERTO NELSON C/ TINTORI MONICA AMALIA Y OTRO S/ ORDINARIO”
(Expediente N° 36434/2004; Juzgado N° 13, Secretaría N° 25) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9).
Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 500?
El señor juez Eduardo R. Machin dice:
La sentencia apelada.
La sentencia dictada a fs. 500/510 hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Roberto Nelson Martínez promovió contra la señora Mónica Amalia Tintori -en su calidad de propietaria del Garaje San José- y contra L’Union de París Seguros S.A.-antes AXA Seguros S.A.- (en adelante “L’Union”), por los daños y perjuicios producidos por el robo de un automotor de propiedad de la actora dentro del mencionado garaje San José, el que luego fue hallado con faltantes.
Para así decidir, el a quo concluyó que en la causa no había elementos suficientes para tener por configurada la causal de caducidad de cobertura alegada por L’Union, consistente en que las llaves de los vehículos depositados en el garaje no podían estar dentro de los automóviles y debían estar fuera de la vista del público.
Consideró, a estos efectos, que dichas causales debían ser interpretadas en sentido literal y en forma restrictiva, por lo que las descartó tras ponderar que sólo existía prueba testimonial.
Asimismo, entendió que si bien las medidas de seguridad adoptadas por la señora Tintori habían sido adecuadas, no podía soslayarse que el garajista debía restituir la cosa a su propietario en las mismas condiciones en las cuales le había sido entregada, siendo esa una de las “obligaciones primordiales ” de éste, por la que debía responder.
Ponderó también que el contrato de garaje era una manifestación del depósito comercial, por lo que pesaban sobre el depositante los riesgos de la actividad profesional respectiva, realizada en forma onerosa.
Resaltó como otro elemento para hacer lugar parcialmente a la demanda, que la señora Tintori había solicitado la citación en garantía de L ‘Union, lo cual, según el sentenciante, no había hecho más que corroborar su “asunción de responsabilidad”, por cuanto dicha citación y contratación del seguro carecerían de sentido si no hubiese existido un riesgo asegurable.
El recurso.
La sentencia fue apelada por la codemandada Tintori a fs. 512, quien expresó agravios a fs.524/525, los que no fueron contestados.
La apelante se queja de que el señor juez haya hecho lugar a la demanda y manifiesta que en la sentencia han existido yerros, omisiones y arbitrariedades que afectaron su derecho de defensa y al debido proceso, como así también su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.
Expresa que el sentenciante de grado omitió analizar las causas que justificaban exonerar de responsabilidad a su parte.
En tal sentido, expresa que el mismo magistrado tuvo por cierto que las medidas de seguridad y medios de prevención que ella había adoptado eran correctos, “premisa lógica” que, según la recurrente, hubiera debido conducir al juez a una solución contraria a la que había sido adoptada.
Finalmente, critica la interpretación que mereció su pedido de citación de la aseguradora en garantía.
La solución.
En primer lugar, cabe señalar que la expresión de agravios de fs. 524/525 no satisface las exigencias previstas en el art. 265 del Código Procesal en cuanto a su técnica recursiva y que, por ello, ha de considerarse desierto el recurso interpuesto.
En efecto, para que cumpla con su finalidad, el escrito de expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho.
Deben precisarse así los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificándose con exactitud los fundamentos de las objeciones (conf. CNCiv. Sala C, in re “Leberat J. c/ Raunar S.R.L. s/ ejecución hipotecaria” del 10.5.89; CNCom, Sala: B in re “Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/ Skoko Ana s/sum.” del 02.06.1989; íd. Sala E in re “Tyco Electronics Argentina SA c/NSS SA s/ordinario” del 12.05.2006; íd. Sala C in re “Agua Va S.A.c/Danone Argentina S.A.” del 30.4.10; entre muchos otros).
Como dije, el escrito presentado por la recurrente no cumple con esos recaudos, toda vez que se limita a atacar las cuestiones periféricas del fallo y no rebate el principal argumento utilizado por el sentenciante.
Ha quedado firme, de tal modo, lo expresado en la sentencia con respecto al modo en que funciona la responsabilidad del garajista en este tipo de contratos y la consecuente obligación primordial que, en calidad de depositario, ese garajista asume, cual es la de devolver la cosa dada en depósito en las mismas condiciones que tenía cuando esa cosa le fue entregada por el depositante.
Sin perjuicio de lo expuesto, y al solo efecto de no acotar el análisis a cuestiones exclusivamente formales, señalo que, aun si se soslayaran las falencias del recurso planteado e ingresara en el estudio de la cuestión de fondo, la solución a la que arribó el sentenciante de grado habría de permanecer incólume.
Más allá de cuál sea la correcta interpretación que deba otorgarse al pedido de citación de L’Union, en la causa se vislumbran otros elementos medulares que han sido definitorios para las conclusiones arribadas por el sentenciante de grado y que no han sido impugnados.
En tal sentido, es del caso recordar que el contrato de garaje lleva implícita la obligación de guarda y custodia que asume el garajista, siendo ésta de las llamadas “obligaciones de resultado” en las que el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de la consecuencia o resultado tenido en miras al contratar, a diferencia de las obligaciones de medios, en las que el deudor sólo se compromete a realizar la actividad diligente que razonablemente le permita alcanzar el resultado esperado (conf. CNCom. Sala B, “Szwarc, Carmen c/ Majura S.A.” del 12.09.97; CNCom. Sala D, “Mapfre Aconcagua Cia. Arg de Seguros S.A. C/ Fordemi S.A. S/ Ordinario” -ED 12.02.09, f.55753- del 19.09.08; entre otros).
Esa obligación de resultado que pesa sobre el garajista deriva en que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, es decir, que no debe analizarse el dolo o la culpa del deudor, sino que él es responsable por el no cumplimiento de aquella obligación, independientemente de los motivos que obstaron su cumplimiento, siendo los únicos interruptores del nexo causal el caso fortuito y la fuerza mayor (conceptos que han sido unificados por el Código Civil y Comercial de la Nación).
En el art. 1.730 de dicho cuerpo normativo -que no difiere, en lo sustancial, de las reglas que regían el asunto bajo el código derogado- se consagra dicha eximente en los siguientes términos:
“Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario” (el subrayado me pertenece).
Dicho esto, es dable destacar que el solo hecho de tener por cierto que las medidas de seguridad han sido adecuadas no implica que aquellas hayan sido suficientes para exonerar de responsabilidad a quien, por la actividad onerosa que realiza como empresario, la ley le impone la obligación de estructurar una organización para dar correcto cumplimiento a las mencionadas obligaciones que, por ser de resultado, sólo podrían ser dispensadas tras un muy estricto y riguroso examen de las causales de exoneración de responsabilidad.
En el caso, esas causales no pueden tenerse por acreditadas.
Ni el robo en un garaje puede ser considerado un hecho imprevisible, ni, menos aún, puede afirmarse que no sea susceptible de ser evitado (v.gr. mediante la adopción de medidas adicionales a las tomadas, como ser mayor vigilancia, cámaras de seguridad, portero eléctrico, entre otros).
Es más: si se interpretara lo contrario, el contrato de garaje quedaría privado de causa fin (arts. 281, 1013 y cc.del CCyC), dado que, precisamente, lo que mediante él busca quien deposita su automóvil en esas condiciones, es preservarse del aludido riesgo de robo.
Es por todo lo expuesto que, aun cuando -en la mejor de las hipótesis para la quejosa- se interpretara que el escrito bajo estudio cumple con los requisitos exigidos en el art. 265 del Código Procesal, el recurso debería, de todos modos, ser rechazado por las razones expresadas.
La conclusión.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar desierto el recurso interpuesto (art. 265 CPCCN). Con costas en el orden causado por no haber mediado contradictorio.
Así voto.
Por análogas razones, la Señora Jueza de Cámara, doctora Julia Villanueva, adhiere al voto anterior.
Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Eduardo R. Machin, Julia Villanueva.
Ante mí: Rafael F.
Bruno. Es copia de su original que corre a fs. 696/8 del libro de acuerdos N° 57 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.
Rafael F. Bruno Secretario de Cámara
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016.
VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve declarar desierto el recurso interpuesto (art. 265 CPCCN). Con costas en el orden causado por no haber mediado contradictorio.
Notifí quese por Secretaría.
Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Eduardo R. Machin
Julia Villanueva
Rafael F. Bruno
Secretario de Cámara

Abogado, Derecho Penal

El Ministerio Público puede oponerse a la probation si el encartado desobedece la prohibición de acercamiento hacia la víctima de violencia de género

Partes: A. C. A. s/ recurso ext. de inapl. de ley

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 12-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104265-AR | MJJ104265 | MJJ104265

Sumario:1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, pues además, para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la Convención de Belém do Pará , debió el juzgador analizar y ponderar el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes que dieron motivo al dictado de la medida restrictiva en sede civil en contra del encartado.

2.-La administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial-, que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres.

3.-La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir; así, favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 12 de abril de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.468, “A., C. A. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.617 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 9 de junio de 2016, hizo lugar al recurso homónimo articulado por el Defensor Oficial del imputado -doctor Eduardo Zalba- contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca que confirmó el auto que disponía no hacer lugar a la concesión de la suspensión de juicio a prueba impetrado por la defensa de J. C. B. . En consecuencia, revocó la decisión impugnada y ordenó devolver los autos al inferior a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento (fs. 66/70). El señor Fiscal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -fs. 75/85 vta.-, el que fue concedido por el Tribunal recurrido (fs. 86/89 vta.). Oída la Procuración General a fs. 99/103, dictada la providencia de autos (fs. 104), y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Fiscal de Casación?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 1.Para decidir del modo señalado en los antecedentes, la Sala V del Tribunal de Casación Penal sostuvo que la oposición del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba “tuvo como fundamento la subsunción del hecho dentro de un caso de violencia de género, y en los compromisos asumidos por nuestro país de prevenir, investigar y sancionar los mismos” (conf. art. 1°, Conv. de Belém do Pará; fs. 68 vta.), con lo cual no estuvo de acuerdo. Con base en que las leyes penales deben ser interpretadas de manera restrictiva, “por aplicación del principio pro homine y los arts. 16, 18 y 28 de la C.N. y 3 del ceremonial” (fs. 69), destacó que “. la imputación efectuada a B. resulta ser la del delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es el normal y legal desenvolvimiento de la Administración Pública, no observándose en su descripción fáctica, más allá del origen de la orden de restricción de acercamiento supuestamente violentada, que la conducta desarrollada pueda subsumirse dentro de un supuesto de violencia de género, conforme la normativa señalada (art. 1° Convención de Belém do Pará)” (fs. cit.), siendo el “interés jurídico tutelado por el art. 239 la administración pública”. En definitiva puntualizó que en tanto “la imputación construida en el caso no importa un supuesto de violencia de género, y resultando tal aseveración el eje central sobre el cual se asentó la oposición fiscal para denegar el beneficio peticionado”, correspondía apartarse “del control de legalidad y razonabilidad efectuado por la alzada departamental”, por cuanto los motivos alegados en el dictamen fiscal resultaban arbitrarios, y hacer lugar al reclamo de la defensa por haberse aplicado erróneamente los arts. 76 bis del Código Penal y 1° de la Convención de Belém do Pará, devolviendo los actuados al inferior para el dictado de un pronunciamiento ajustado al presente (fs.69 vta., del voto del Juez Celesia con la simple adhesión del Juez Ordoqui). 2. Contra ello se alzó el Fiscal de Casación en el remedio de inaplicabilidad de ley mediante el que articuló dos planteos. Inicialmente, aludió -como cuestión federal- a la violación del art. 7 inc. f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “Convención de Belém do Pará” (fs. 77 vta., ap. V a). De seguido denunció, “[a]rbitrariedad por fundamentación aparente y por apartamiento de la doctrina legal aplicable: Inobservancia de lo resuelto por la CSJN en el caso ‘Góngora’” (fs. cit./78). Explicó que la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación “resulta contraria a normas constitucionales y convencionales, y desconoce arbitraria e injustificadamente la doctrina legal aplicable a los casos en que [se] ventile la posibilidad de otorgar la suspensión de juicio a prueba a un imputado de un delito que constituye violencia contra las mujeres” (fs. 78). Como argumentos en aval de su reclamo refirió a la doctrina del citado fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se estableció -en síntesis- que no resulta aplicable la suspensión de juicio a prueba respecto de imputados por delitos que involucran violencia contra las mujeres, declarando que en estos casos el art. 76 bis del Código Penal resulta contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino a través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará). En ese orden, transcribió el recurrente lo preceptuado en el art. 7 de dicha Convención interpretando que -según esa norma- el Estado Argentino se ha obligado a tomar medidas de protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, y a hacerlas cumplir por todos los medios a su alcance. Por todo ello, adujo que no resulta irrelevante que el delito de desobediencia imputado a B.en el que se ha ordenado se conceda la suspensión de juicio a prueba, remite al incumplimiento de una medida de protección dictada en el marco de la ley de violencia familiar 12.569, la cual trasciende e ingresa en lo que se conoce como violencia de género y, por ende, se enmarca en el compromiso asumido por el Estado mediante la Convención invocada. Se sigue de todo lo expuesto que no es válida la interpretación efectuada por los sentenciantes a la luz de los estándares que surgen del mentado precepto legal. Ello así, habida cuenta que tal interpretación se desentiende de las obligaciones que surgen del art. 7 de la Convención que ordena adoptar todas las medidas de protección para evitar que las mujeres víctimas de violencia sean hostigadas, intimidadas, amenazadas, dañadas y puesto en peligro su vida; debiendo el Estado -además- procurar por todos los medios su cumplimiento, como modo de proteger a las mujeres (fs. 78 vta.). Advirtió de seguido que ello no ocurre cuando la desobediencia de una orden de restricción de acercamiento dictada por el juez competente, es tolerada por el Estado, adjudicando al imputado de incumplirla, una modalidad procesal alternativa al juicio oral, como ocurre con la suspensión de juicio a prueba (fs. 79). Destacó que la consecuencia que se deriva de la resolución impugnada es que si quien desobedece una orden de restricción dictada por violencia contra las mujeres -como es el caso de autos- no es sometido a un juicio oral y eventualmente condenado, sino que es beneficiado con una suspensión de juicio a prueba que eventualmente extinguirá la acción penal sin que queden antecedentes en su contra, es evidente que se crea el marco de impunidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado (fs.cit.). Planteó el recurrente que la decisión del tribunal intermedio desconoció por completo el dictamen oportunamente presentado por su parte -ante la vista corrida por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca- y los sólidos argumentos esgrimidos por el Agente Fiscal interviniente para oponerse a la viabilidad del otorgamiento del instituto en cuestión cuya transcripción luce a fs. 79 vta./80 vta. Destacó que basta la simple lectura del dictamen referido para concluir que lo afirmado por la casación en cuanto resolvió que la oposición fiscal era infundada y que la conducta del imputado no podría subsumirse dentro de un supuesto de violencia de género, se aparta notoriamente de las constancias de la causa tornando al pronunciamiento en arbitrario. Admitió que si bien no desconoce el bien jurídico que protege el delito de desobediencia, también es cierto que la situación es distinta cuando está en juego una orden de restricción de contacto dispuesta por el órgano judicial en el marco de la Ley de Violencia Familiar, mereciendo en consecuencia otra respuesta, lo que solicitó sea declarado por esta Corte, ya que es preciso analizar dicha desobediencia denunciada bajo una perspectiva de género. Adujo por fin que el hecho narrado en la requisitoria que transcribió constituye violencia de género, y que interpretar lo contrario sólo bajo el argumento del título en el cual se halla inserta la figura legal, constituye un razonamiento arbitrario por descontextualizar el sentido de la norma prevista para prevenir, juzgar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Invocó asimismo, en apoyo de su pretensión, la causa “Berio” -de características similares al hecho de autos- resuelta por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal el 9 de junio de 2015 (v. fs. 81). Por último, y entendiendo que la interpretación correcta del art. 76 bis del Código Penal en armonía con el art.7 de la Convención de Belém do Pará, prohíbe la aplicación de mecanismos alternativos al juicio oral en todo delito que involucre violencia contra las mujeres, incluidos los que hacen al cumplimiento de las medidas de protección, solicitó se haga lugar a su reclamo y se proceda a casar la resolución impugnada (fs. 81 cit.). 3. Como lo aconseja la Procuración General (fs. 99/103), el recurso procede. 4. a. Le asiste razón al recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctrin a de Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine.

b. Advirtió el juzgador -como cuestión preliminar- “que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal para el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba resulta necesario”; tal como lo decidiera ese Tribunal en el Acuerdo Plenario dictado en la causa 52.274 y su acumulada 52.462, de fecha 9 de septiembre de 2013, oportunidad en que se dispuso “la necesidad, en principio, de la anuencia del agente fiscal en todos los casos para la procedencia del instituto” (fs. 68). En ese orden, destacó que “tal opinión por parte del Ministerio Público, como todo acto de gobierno se halla limitada en cuanto debe resultar fundada y controlable según criterios de legalidad y razonabilidad”. En consecuencia, el dictamen fiscal “debe estar sujeto siempre a un examen de legalidad y logicidad, ya que el mismo debe ser fundado” (fs. cit.). Sostuvo que, en el caso, “la oposición al otorgamiento del instituto solicitado tuvo como fundamento la subsunción del hecho dentro de un caso de violencia de género, y en los compromisos asumidos por nuestro país de prevenir, investigar y sancionar los mismos” (fs.68 vta.). No obstante lo cual concluyó, tal como se transcribiera en el ap. 1 del presente, que el hecho imputado a B. no comprendía un supuesto de esa clase habida cuenta que la imputación efectuada remite al delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es la Administración Pública (fs. 69).

c. En dicho contexto el sentenciante ha desconsiderado el real alcance de lo desobedecido al no percibir en toda su complejidad los actos descriptos por el Ministerio Público Fiscal. En el requerimiento formulado se atribuye a J. C. B. “. que el día 22 de abril de 2015, siendo aproximadamente las 11:00 horas en la calle [.],J. C. B. a bordo de su automóvil marca Peugeot 407 color negro se acercó a A. M.K. , quien circulaba a pie por el lugar, y circulando despacio a la par de esta desde el interior del automóvil a través de la ventana del acompañante, la cual se encontraba baja, le refirió: ‘. pará hija de puta, seguro que tenés otro, no voy a parar hasta que vuelvas conmigo.’ provocando gran temor en la víctima, perturbándola, desobedeciendo de ésta forma J. C. B. la orden de cesar los actos de perturbación e intimidación contra la antes mencionada, dispuesta por el titular del Ju[zgado] de Paz Letrado de Coronel Suárez, Dr. Fernando Goñi, en la causa N° 14446 caratulada ‘K. , A. M. s/denuncia violencia familiar’ con fecha 22 de marzo de 2015.” (fs. 8 y vta.).

Cabe destacar asimismo que “. A. M. K. declaró que ella mantuvo por el lapso de 5 años una relación amorosa con el Sr. J. C.B. , la que había llegado a su fin 4 meses antes debido a las constantes agresiones sufridas por parte de la víctima durante esos años, las que iban aumentando con el correr del tiempo, al punto de llegar a temer por su vida.A partir de allí, la deponente no dejó de radicar denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Coronel Suarez por lo que el Juez de Paz Letrado -el señor Fernando Goñi Pisano- ordenó dos custodios policiales en el domicilio de la víctima en diferentes oportunidades.”, habiendo ella solicitado el llamado “Botón anti-pánico” por el temor a ser agredida o vulnerada en su bienestar por su expareja (fs. 10). Se advierte así que el órgano intermedio recortó la conducta de desobediencia atribuida, desconectándola arbitrariamente del objeto de la causa en la que se había dictado la restricción aludida. Y, en consecuencia, la finalidad que perseguía dicha restricción.

d. Es claro entonces que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la “Convención de Belém do Pará”, debió el juzgador analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, que dio motivo al dictado de la medida restrictiva. Ello así pues teniendo en consideración las obligaciones que surgen de aquélla normativa internacional, en particular la de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7.b de la Convención), la administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial- que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres, como es el caso de autos.Cabe señalar lo afirmado en ese sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto advirtió que “la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

Y ello, añadió la Corte, “favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia” (Caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México, sentencia de 16-XI- 2009). La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el caso “Berio” -del 9 de junio de 2015- citado por el recurrente, en el cual el delito ventilado era, al igual que aquí, el de desobediencia a una orden judicial, la jueza Garrigós de Rébori consideró que dadas las particularidades del expediente civil en el que se había librado la orden restrictiva, era dable pensar que el imputado, más que eludir la disposición judicial, había pretendido mantener el contacto vedado, para lo cual la ignoró. Por lo tanto, la persona que (por la imposibilidad de protegerse por sus propios medios) había solicitado esa medida protectoria, no puede obtenerla ante la imposibilidad del aparato judicial de imponer su designio. Por todo ello, convalidó la decisión de la instancia anterior que había considerado que era preciso analizar la desobediencia denunciada en función del entramado sobre violencia de género en el cual fue dispuesta.En un sentido similar, el juez Magariños consideró que el comportamiento ventilado no era uno con carácter exclusivamente contrario al bien jurídico “administración pública”, sino que aparecía directamente relacionado con el significado de violencia contra la mujer que caracteriza al conflicto que se encuentra en la base del trámite judicial en cuyo marco se habría producido el quebrantamiento de la figura penal imputada. e. En suma, el Tribunal de Casación dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, ignorando además los argumentos que dieron pábulo para negar su consentimiento, todo lo cual evidencia un severo apartamiento de las constancias comprobadas de la causa.

Pues, el antecedente de la desobediencia se encuentra ineludiblemente ligado a la conflictiva de base que remite al referido contexto de violencia de género. Y, como se sabe, es doctrina de la Corte federal (in re “Góngora” cit.) que todo comportamiento portador de un significado de violencia ejercida contra la mujer se encuentra excluido de la posibilidad de aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba. Si entre las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, se prescriben procedimientos legales “justos y eficaces” para la víctima que haya sido sometida a violencia, que incluya -entre otros- “medidas de protección”, como la restricción de acercamiento aquí dispuesta (todo cese de actos de perturbación e intimidación, dispuesta por el Juez de Paz Letrado de Coronel Suárez, en la causa 14.446), carecería de sentido, de cara al conflicto violento, si no se constriñera a su cumplimiento, o, como contracara, por caso, se sancionara la desobediencia debidamente acreditada. Dicho de otro modo:si esa medida protectoria contra todo acto de violencia contra la mujer pudiera desobedecerse sistemáticamente, como aquí se ha denunciado, sin consecuencias, cuando la víctima y el representante fiscal han brindado fundadas razones por las que no han prestado su anuencia para una solución alternativa del conflicto, perdería todo efecto disuasorio. En atención a lo expuesto corresponde acoger el recurso del Fiscal, dejar sin efecto el fallo recurrido y devolver -con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional (art. 496 del C.P.P.). Voto por la afirmativa. Los señores jueces doctores de Lázzari, Pettigiani y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se resuelve hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal de Casación, dejar sin efecto el fallo recurrido y remitir -con carácter de urgente- las actuaciones al Tribunal de Casación para que dicte nuevo pronunciamiento a fin de evitar la posibilidad de incumplir con obligaciones impuestas al Estado Argentino por el derecho internacional (doct. art. 496 y ccdtes., C.P.P.).

Regístrese y notifíquese.

HECTOR NEGRI

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA R.

DANIEL MARTINEZ ASTORINO Secretario

Abogado, Derecho Penal

Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos

Tipo: LEY
Número: 27372
Emisor: Poder Legislativo Nacional
Fecha B.O.: 13-jul-2017
Localización: NACIONAL
Cita: LEG87807
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público.
Artículo 2.- Se considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.
Capítulo II
Principios rectores
Artículo 3.- El objeto de esta ley es:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito.
Artículo 4.- La actuación de las autoridades responderá a los siguientes principios:
a) Rápida intervención: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez posible, y si se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas de inmediato, si fuere posible, o con la mayor urgencia;
b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presente, entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas;
c) No revictimización: la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Capítulo III
Derechos de la víctima
Artículo 5.- La víctima tendrá los siguientes derechos:
a) A que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta;
b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
c) A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación;
d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;
e) A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes;
f) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;
g) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible;
h) A intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales;
i) A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado;
j) A aportar información y pruebas durante la investigación;
k) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;
l) A ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada;
m) A solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante;
n) A que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continú en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
ñ) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia;
o) Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos. Esta enumeración no es taxativa y no será entendida como negación de otros derechos no enumerados.
Artículo 6.- Cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada. Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos:
a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de setenta (70) años, o se tratare de una persona con discapacidad;
b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.
Artículo 7.- La autoridad que reciba la denuncia deberá:
a) Asesorarla acerca de los derechos que le asisten y de los medios con que cuente para hacerlos valer;
b) Informarle los nombres del juez y el fiscal que intervendrán en el caso, y la ubicación de sus despachos;
c) Informarle la ubicación del centro de asistencia a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí en el plazo más breve posible, si la víctima lo solicitare y no contare con medio propio de locomoción.
Artículo 8.- En los supuestos del inciso d) del artículo 5, se presumirá la existencia de peligro si se tratare de víctimas de los siguientes delitos:
a) Delitos contra la vida;
b) Delitos contra la integridad sexual;
c) Delitos de terrorismo;
d) Delitos cometidos por una asociación ilícita u organización criminal;
e) Delitos contra la mujer, cometidos con violencia de género;
f) Delitos de trata de personas.
La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro. En especial, podrá reservar la información sobre su domicilio o cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva se levantará cuando el derecho de defensa del imputado lo hiciere imprescindible.
Artículo 9.- La autoridad deberá atender al sufragio de los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.
Artículo 10.- Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las molestias que produzca la tramitación del proceso, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.
A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas:
a) La víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada a tal fin;
b) En el acto en que la víctima participe, podrá disponerse el acompañamiento de un profesional;
c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado o del público.
Artículo 11.- La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo.
Artículo 12.- Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semidetención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.
Artículo 13.- En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y las circunstancias del caso permitieran presumir peligro para la víctima, la autoridad deberá adoptar las medidas precautorias necesarias para prevenirlo.
A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los artículos 6 y 8 de esta ley.
Capítulo IV
Modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 )
Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que la autoridad competente disponga;
c) A la protección de la integridad física y psíquica propia y de sus familiares;
d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.
Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:
a) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;
b) A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada sobre el estado del proceso y la situación del imputado;
c) A aportar información y pruebas durante la investigación;
d) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible, para el pronto reintegro de los bienes sustraídos;
e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido;
f) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;
g) A ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión;
h) A solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante.
Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado garantizará a la víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las disposiciones procesales de este Código serán interpretadas y ejecutadas del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la víctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por el órgano judicial competente, al momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo.
Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Derecho de querella
Artículo 82: Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan.
Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o la desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muerta o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores, y en el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos.
Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Denuncia ante el juez
Artículo 180: El juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de instrucción que reciba una denuncia podrá, dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primer párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la investigación conforme a las reglas establecidas en el título II, del libro II de este Código o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía ser tenido por parte querellante.
Artículo 19.- Sustitúyese el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Suspensión del proceso a prueba
Artículo 293: En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión del proceso a prueba, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese presentado como parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a las que deba someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.
Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 496 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Salidas transitorias
Artículo 496: Sin que esto importe suspensión de la pena, el tribunal de ejecución podrá autorizar las salidas transitorias permitidas por Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. La víctima, aun cuando no se hubiese constituido en querellante, será informada de la iniciación del trámite y sus necesidades deberán ser evaluadas.
Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado salga del establecimiento carcelario en que se encuentre, por un plazo prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente próximo. También gozarán de este beneficio los procesados privados de su libertad.