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Divorcio Unilateral – Abogados en Mar del Plata, Estudio Panizo

ABOGADOS EN MAR DEL PLATA – Dra. Fernanda Panizo

Descripción paso a paso del proceso de divorcio unilateral, sus implicancias para las partes, y sus efectos, con especial énfasis en la figura de la Compensación Económica. También se expone una diferenciación con el divorcio por presentación conjunta o por mutuo acuerdo.

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Procede el pedido de cambio de nombre que recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario

Partes: S. M. S. s/ sumaria información
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario
Sala/Juzgado: 3ra nom.
Fecha: 22-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104840-AR | MJJ104840 | MJJ104840Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre del peticionante, toda vez que, el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad.
2.-Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relaciones con la sociedad toda.
3.-Toda vez que de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal surge que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre que pretende se le asigne, y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc, cabe considerar a su dignidad se ve también severamente afectada debiendo acogerse su petición.
4.-La Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico, asimismo, el art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
Fallo:
ROSARIO, 22 de mayo de 2017
Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial de la 3a. Nominación Rosario
Y VISTOS: Estos autos caratulados “S., M. S. s/ SUMARIA INFORMACION”
Que la actora, con patrocinio letrado, inicia los presentes con el objeto de cambiar su prenombre por el de “S.S.S.”, en base a las cuestiones de hecho y de derecho expuestas en el escrito inicial (.) que la infancia del peticionante estuvo marcada por un fuerte rechazo hacia su prenombre y todo lo que implicara su utilización o rúbrica; aislamiento de las instituciones juveniles y sociales, manifestando que no sólo carece de cobertura social o bienes a su nombre, sino que también rehúsa de atención médica hasta niveles alarmantes únicamente por el hecho de no dejar registros de su identidad en los centros respectivos; no poder concretar un trabajo registrado e, incluso, el simple hecho de que un tercero se dirija hacia la persona del peticionante con el prenombre “M.” lo sumerge en un estado de depresión y recrea tortuosamente en su fuero intimo los graves hechos ya indicados.
Que en fecha 12/09/2014 fue habilitada la instancia a tales fines, aplicándose a los presentes el trámite del proceso sumarísimo, ordenándose una serie de diligencias a los fines probatorios.
Que obran en autos constancias correspondientes a la publicación de edictos (fs. 26 y 29), testimoniales (fs. 28 y 34/5), registro general de la propiedad (fs. 30), asesoría letrada del registro civil (fs. 33), dictamen del Sr. Agente Fiscal (fs. 38).
Que mediante decreto de fecha 29/05/2015 se ordenan, en virtud de lo dispuesto por el Art. 20 CPCCSF, medidas para mejor proveer; habiendo sido cumplimentadas en relación a la Jefatura de Policía UR II (fs. 42 a 52), Policía Federal (fs. 54/5) y el certificado de antecedentes penales (fs. 56).
Que en fecha 25/11/2015 y, nuevamente, en concepto de medidas para mejor proveer, se requiere una batería de medidas probatorias, las que se encuentran diligenciadas y agregadas en autos de fs.62 a 175 (entre las cuales se encuentran oficios a los jueces en lo penal de Instrucción, en lo penal correccional y en lo penal de sentencia; al Registro General de la Propiedad de la 1era Circunscripción; al Registro Nacional de la Propiedad Automotor; al BCRA; al Registro de Procesos Concursales; Registro Nacional de las Personas; a la M.E.U.; al médico forense y a la presidencia de la cámara de apelaciones a los fines de sortear un perito psicólogo, cuestión no requerida para éste Juzgador).
Que en fecha 10/05/2017 se llevó a cabo una audiencia de Visu, en la que se consiente expresamente la intervención de la suscripta (conf. fs. 183Vta.). En este estado, y no habiendo escritos sueltos pendientes de agregación (vide fs. 185), vienen a despacho para el dictado de resolución.
Y CONSIDERANDO: Como primera cuestión, corresponde expresar que el nombre constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una comunidad. Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relacionaciones con la sociedad toda. En efecto “El nombre es un atributo de la personalidad, y desde esta concepción, integrativo del derecho a la identidad personal, al instalarse en la persona de manera permantente acompañado el proceso de construcción de identidad en el ámbito social” (Conf. Arg. Ciuro Caldani, ´El derecho humano a participar en la Construcción del Nombre´JA-2011-III-620 Gil Dominguez, Famá, Herrera Derecho Constitucional de Familia, T. II, p.840 y ss). Máxime en el contexto actual de la constitucionalización del derecho privado argentino, desde la sanción del Código Civil y Comercial vigente (en adelante, CCCN).
Por ello, como segunda cuestión, no puede soslayarse que si bien los presentes fueron iniciados de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 18.248 estableciendo que la petición para el cambio de nombre debía interponerse por ante el organo jurisdiccional correspondiente bajo un trámite y requisitos procesales específicos; los presentes deben ser reconducidos a raíz de lo dispuesto por el Art. 7 del Código Civil y Comercial, en cuanto a la eficacia temporal a todas aquellas relaciones y situaciones jurídicas existentes, aplicándoseles a los presentes su nuevo plexo legal. Por tanto, no cabe otra consecuencia que dejar de lado el paradigma ut supra referido, debiendo hacerse foco únicamente en lo que el Art. 69 CCCN establece como “justos motivos” que, al no estar regulado como norma numerus clausus, permite al sentenciante incorporar una gran amplitud de situaciones, y fallar acorde las particulares circunstancias de cada caso y de cada persona.
Entre la nutrida jurisprudencia sobre los justos motivos, se ha dicho que “. el Juez se encuentra facultado para examinar con amplitud de criterio las distintas situaciones propuestas y apreciar si con el cambio o adición no se afetan los principios que gravitan en torno al nombre como atributo de la personalidad.” (CNCiv., Sala G, 14/07/2003, R., K., DJ 22/10/2003, 545 – DJ 2003-03,545 – JA 2003-IVA, 553) y que “.excluyen por lo pronto toda razón frívola, toda causa intrascendente, toda justificación que no se funde en hechos que agravien seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del sujeto que aspira a obtener una modificación de su nombre.” (Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Minas Nro.4 de Mendoza, 10/03/1999, Carabaca, Alejandro LLGran Cuyo, 1999-645). Es por ello que se puede entender a los justos motivos como aquellas causas graves y que razonablemente sean capaces de violar el principio de estabilidad del nombre.
Asimismo, contrafácticamente, se entiende que no configuran justos motivos para obtener el cambio -entre otros-, el hecho de que quien lo peticione en su vida diaria y/o laboral sea tratado o conocido por otro nombre, porque el largo uso de un nombre distinto al que figura registrado no se erige en razón suficiente para que el Juez lo homologue consagrándolo como nombre “legítimo”.
En el sub lite se percibe claramente que el hecho generador por el cual el accionante solicita el cambio de su prenombre se funda en las terribles situaciones traumáticas que según expone tuvo que atravesar en su infancia (.), situación de hecho que corresponde a lo dispuesto en el inciso c) del Art. 69, eximiendo a éste Juzgador de realizar un examen pormenorizado sobre la existencia de cualquier otra “justa causa”.
Es evidente que el legislador ha concebido la profunda reforma del derecho argentino con la premisa de transformarlo en una herramienta que sirva para mejorar la calidad de vida de personas; en este caso aquella que no se siente identificada con el nombre que lleva, materializándose así los principios de no discriminación, la igualdad de oportunidades y en realidad el acceso a la salud tanto física como psíquica. En tal sentido debe dejarse aclarado que ello no significa una puerta abierta para que livianamente se peticione el cambio de nombre por una cuestión meramente antojadiza.En el sub lite, el cambio solicitado recae únicamente en el prenombre, manteniendo vigente tanto el segundo nombre como el apellido originario; tal modificación no implica menoscabo hacia la persona del actor, no conculca el orden público ni la moral ni las buenas costumbres.
Muy por el contrario, de la atenta lectura de la demanda impetrada, y de la entrevista personal llevada a cabo en fecha 10 de mayo pasado, puedo advertir que el joven actor ha tratado de construir su personalidad, su identidad, su vida social y familiar con el nombre S. S. S. y que el hecho de que no sea éste el que figura en su DNI y demás documentación que hacen a su persona, le ha causado situaciones disvaliosas, impidiéndole desarrollar y disfrutar plenamente su vida, en todos los aspectos que la misma conlleva; inclusive, contraer matrimonio, tener hijos, etc. He aquí, entonces, que su dignidad se ve también severamente afectada.
Cabe destacar especialmente que el art. 3 de la nueva norma de fondo refiere a los principios y valores jurídicos como pauta para interpretar la ley, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Dentro de tales valores, el respeto por la dignidad de la persona emerge como guía fundamental. El destacado bioeticista Dr. Roberto Andorno (citado por Ciruzzi, Ma. Susana en “El concepto de persona y dignidad a la luz del prisma bioético”, Rev. de Der. de Familia y de las Personas, Año 3-Nº 5, Junio de 2.011, Ed. L.L., Bs. As., pag. 203 y ss), que “aun siendo una noción aparentemente vaga y difícil de definir con precisión, la idea de dignidad constituye uno de los pocos valores comunes de las sociedades pluralistas en que vivimos…En efecto, el principio de dignidad es comúnmente aceptado como base de la democracia y su razonabilidad permanece indiscutida a nivel jurídico y político.La inmensa mayoría de las personas consideran como un dato empírico, que no requiere ser demostrado, que todo individuo es titular de los derechos fundamentales por su sola pertenencia a la humanidad, sin que ningún requisito adicional sea exigible. Esta intuición común constituye lo que un autor denomina la actitud standard, compartida por personas de las más diversas orientaciones filosóficas, culturales y religiosas.”.
En este sentido de cosas, cabe hacer referencia que la Ley de Identidad de Género admite el cambio de nombre en relación a la identidad sexual, siendo una cuestión netamente psicológica y que no debe estar necesariamente acompañada de un cambio físico. Asimismo, el Art. 6 del mismo cuerpo legal aboga por un trámite administrativo y expedito por ante el Registro Civil, separándose así del viejo paradigma anteriormente establecido por la Ley de Nombre. Por ello, someter al actor a mayores secuencias procesales en estos actuados, lo colocaría en una palmaria desventaja y desigualdad respecto del cambio de nombre por razones de género.
No hacer lugar su solicitud, implicaría violentar, en forma clara y absoluta, los principios establecidos en sendos tratados internacionales con raigambre constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 7 y 5 ) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12 inc 1), entre otros, que reconocen el derecho que tienen los individuos a que se les respete su integridad física, psíquica, moral y mental, con el consiguiente disfrute al más alto nivel posible.
En consecuencia, considerando suficientemente relevante, causa grave y justo motivo, el hecho de que el nombre cuyo cambio se solicita, incida en menoscabo de quien lo lleva, importando un desmedro de su personalidad, su calidad de vida y su dignidad personal, entiendo que su petición no se encuentra fundada en un simple deseo caprichoso del mismo.
Por tanto, habiéndose llevado a cabo una serie de medidas tendientes a cumplimentar los requisitos legales a tales fines, y habida cuenta de las razones de hecho y derecho expuestas,
FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda, acogiendo favorablemente la pretensión deducida y, en consecuencia, disponer la modificación del nombre de M. S. S. (DNI XX.XXX.XXX) por el de S. S. S.; 2) Ofíciese al Registro Civil, al Registro Nacional de las Personas y a las demás reparticiones que fueren necesarias a los fines de cumplimentar con este decisorio; 3) Costas al actor; 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Insértese y hágase saber.
DRA. GABRIELA COSSOVICH
Secretaria
Dra. MARISA M. MALVESTITI
Jueza Subrogante

Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho Penal

Se revoca la decisión de separar al menor de sus guardadores por el solo hecho de que estos se encuentran procesados por los delitos de suposición de identidad y falsedad ideológica en concurso ideal, si se encuentra probado el bienestar familiar del niño

Partes: N. J. L. c/ B. Z. B. s/ tenencia de hijos
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora
Sala/Juzgado: I
Fecha: 12-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104267-AR | MJJ104267 | MJJ104267Sumario:
1.-Debe revocarse la sentencia que ordenó la separación del menor de sus guardadores, debiendo mantenerse el statu quo familiar en orden al interés superior de aquél, pues si bien los últimos se encuentran procesados por los delitos de suposición de identidad y falsedad ideológica en concurso ideal, dicha decisión no limitó la libertad ambulatoria de los nombrados, por lo que no serían óbice para que puedan mantener el cumplimiento de sus roles afectivos respecto del niño, el que se encuentra acabadamente probado a través de los informes presentados.
2.-Aún cuando el auto de procesamiento resulta un avance respecto al grado de convicción de la justicia penal con relación a la culpabilidad de los encartados, cuando la CN dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario, mediante una sentencia firme.
3.-El concepto de identidad filiatoria no es necesariamente correlato del elemento puramente biológico determinado por aquélla, ya que la verdad biológica no es un dato absoluto cuando se relaciona con el interés superior del niño, pues dicha identidad filiatoria que se gesta a través de los vínculos consolidados en los primeros años de vida es un dato con contenido axiológico cuando se trata de resolver el alcance del interés superior del menor; ello, claro está, respetando el derecho de aquel a conocer y preservar su identidad.
Fallo:
Lomas de Zamora, a los 12 días de abril de 2017, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, de este Departamento Judicial, Dres. Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi; con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la Causa Nº, caratulada: “N. J. L. C/ B. Z. B. S/TENENCIA DE HIJOS”. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada? 2º.- ¿Qué corresponde decidir? Practicado el sorteo de ley (art. 263, últ. parte, Cód. Proc.), arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.-
-V O T A C I O N-
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice: I.- La señora Juez interinamente a cargo del Juzgado de Familia N° 2, con sede en Lomas de Zamora, resolvió a fs. 82/88 hacer lugar a la petición cautelar del señor Asesor de Menores, ordenando en consecuencia la separación del niño T. B. N. de su guardador J. L. N.; el cese de la guarda del niño y su apartamiento del señor N., dentro de las 48 horas de que adquiera firmeza la resolución dictada; y la comunicación del pronunciamiento al Servicio Zonal de Protección de los Derechos de Niño, a efectos de que tome conocimiento de lo resuelto y arbitre las medidas pertinentes. El pronunciamiento fue apelado a fs. 97 por el Sr. J. L. N., siéndole concedida a fs. 102 la vía recursiva intentada. A fs. 103/105 presentó su memorial de agravios, el que debidamente sustanciado mereciera la réplica del Sr. Asesor de Menores interviniente (fs. 107/111). II.- DE LOS AGRAVIOS:En sustancia, se agravia el apelante argumentando que nunca se le dió traslado del pedido del Sr. Asesor de Menores, infringiéndose de ese modo el principio de bilateralidad y debido proceso. Aduce, por otro lado, que la resolución adoptada se basa en un estudio de ADN que resulta a todas luces nulo de nulidad absoluta en tanto no se respetaron las garantías constitucionales que detalla. Agrega que el Certificado de Nacimiento expedido por el Registro de las Personas no se encuentra impugnado por sentencia firme a la fecha de su presentación, razón por la cual considera que el mismo goza de fé pública. Sostiene que la resolución en crisis deviene prematura y arbitraria, debiendo tenerse especialmente en cuenta el interés superior del niño en cuanto al principio de estabilidad que asegura a los niños la continuidad espacial y social necesaria para la formación equilibrada de su personalidad. Sostiene que no es cierto, ni se halla probado, que el vínculo con su hijo T. naciera a partir de un presunto ilícito, entendiendo el recurrente que jamás cometió delito alguno y T. J. N. B. es su hijo biológico. Expone, en último término, que tampoco se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la magistrada actuante para decidir como lo hizo. III- CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS: (i). Que arriba a esta Alzada la delicada cuestión que es objeto del recurso, en el que esencialmente corresponde al Tribunal decidir sobre la vida de T. y sus afectos, intentando develar qué es lo mejor para su interés superior: mantener la situación actual junto a la familia que lo acoge o innovar en ella disponiendo su traslado a un hogar asistencial (o familia sustituta), al menos hasta tanto se resuelva el conflicto que originara estas actuaciones y que lo tiene a él como actor central desde el momento mismo de su nacimiento.Que una vez más, lamentablemente, las acciones, omisiones y erróneas decisiones de los adultos han colocado a un niño completamente inocente -como lo es T.- en una situación que nunca debiera haber existido, obligando al Tribunal a adoptar una solución que, en el mejor de los casos, sólo tenderá a evitar el mal mayor. Es que, producto de tales decisiones, llegan claramente en pugna intereses jurídicos que por su raigambre constitucional y convencional resultan pilares fundamentales del orden público interno, tales como “el interés superior del niño”, “el derecho a la identidad” y “el principio de inocencia”. (ii). Que, al respecto, corresponde comenzar señalando que la Convención de los Derechos del Niño – cuyas disposiciones se encuentran en la cúspide de la pirámide normativa nacional, al ser complementarias de la ley fundamental (art. 75 inc. 22 C.N)- establece en su artículo tercero que “En todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Que de tal forma, estos intereses tienden al reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo. El niño es un sujeto de protección y no un objeto de amparo. (Cfr. Grossman, “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia”, La Ley, 1993-B, 1089)
Ahora bien, dicho interés superior, es un concepto jurídico indeterminado que debe ser discernido por los jueces en cada caso, de acuerdo a las circunstancias fácticas concretas del mismo.En este sentido, recientemente la Suprema Corte provincial ha definido al “interés superior del niño” como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso. (conf. C. 102.719, sent. del 30-III-2010; C. 121.011, sent. del 5-X-2016), máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (Ac. 66.519, sent. del 26-X-1999; Ac. 71.303, sent. del 12-IV-2000; Ac. 78.726, sent. del 19-II-2002). En efecto, para dirimir este tipo de controversias el eje rector siempre lo constituye el ‘interés superior del niño’, entendiendo como tal a la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos a aquéllos en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y las leyes. Dentro de este marco, es el mismo ordenamiento interno el que establece expresamente que “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros” (art. 3, último párrafo, Ley 26.061). Este principio, proporciona un parámetro que permite resolver las cuestiones de los menores con los adultos que lo tienen bajo su cuidado, y la decisión final ha de ser la que resulte de mayor beneficio para aquéllos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el de los niños, reconociendo las propias necesidades y la aceptación de los derechos de quienes no pueden ejercerlos por sí mismos. (conf. C. 100.587, sent.del 4-II-2009; C. 119.647, sent. del 16- III-2016). En el mismo sentido, ha sostenido nuestro máximo Tribunal de Justicia que “no puede desconocerse que los niños tienen derecho a una protección especial, cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda resolución judicial, de modo que ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto” (cfr. C.S.J.N., Fallos 328:2870) Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo también, al respecto, que “el interés superior es el criterio rector que debe aplicar para dilucidar la cuestión bajo litis, interés que debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración” criticando el excesivo formalismo jurídico en que se peca cuando se soslaya ese interés” (Caso: “Isabeffe Neulinger y Noam Shuruk v. Suiza” solicitud nro. 41614/2007, fecha de resolución 8/1/2009). Con relación al derecho a la identidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “.el concepto de identidad filiatoria no es necesariamente correlato del elemento puramente biológico determinado por aquélla; la verdad biológica no es un dato absoluto cuando se relaciona con el interés superior del niño, pues la identidad filiatoria que se gesta a través de los vínculos consolidados en los primeros años de vida es un dato con contenido axiológico cuando se trata de resolver el alcance del interés superior del menor. Ello, claro está, respetando el derecho de aquel a conocer y preservar su identidad (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda en A.F. s/PROTECCION DE PERSONA A. 418. XLI. REX 13/03/2007 Fallos:330:642). Y si bien la identidad del individuo posee diversas dimensiones (estática, dinámica y cultural), cierto es que el origen es un punto de partida, principio, raíz y causa de una persona, de modo que el derecho de toda persona a identificarse en su unidad y personalidad es una prerrogativa que nace de la propia naturaleza del hombre, comienza por la concreta posibilidad de conocer su origen, a partir del cual edificará su individualidad, y halla amparo en las garantías implícitas o innominadas previstas en el art. 33 de la Carta Magna, así como en numerosos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Constitución nacional; 7 y 8, C.D.N.; XVII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3 y 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 y 24, Pacto Internacional por los Derec hos Civiles y Políticos; 10.3, Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales); también en nuestra Constitución provincial (art. 12.2), y en las leyes de fondo que reglamentan su ejercicio (arts. 564, 579, 580, 583, 596 y concs., Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 5, 11 y concs., ley 26.061). En tal sentido, la persona posee el derecho de conocer la verdad sobre su origen y quiénes en realidad son sus progenitores (SCBA LP C 119093 S 05/10/2016 Juez PETTIGIANI (OP) Carátula: B. ,L. c/ S. ,R. y o. s/ Filiación Magistrados Votantes: Pettigiani- KoganHitters- de Lázzari). (iii). Teniendo en consideración la colisión axiológica insalvable que se presenta en estas actuaciones, debo tomar una decisión -de carácter cautelar y esencialmente mutable- que concilie de la mejor forma posible el interés superior del niño y el interés del Estado, canalizado en el Ministerio Público, en perseguir presuntos hechos delictivos como los denunciados en la especie.Que a este fin, y en el convencimiento que resultaba de extrema necesidad contar con la mayor cantidad de elementos objetivos y actuales respecto a la situación del niño T., el Tribunal dispuso la realización de un amplio y prolijo informe socio-ambiental, con interacción familiar y relevamiento vecinal, en el lugar en donde habita el niño junto con el matrimonio compuesto por el Sr. J. L. N. y la Sra. S. V. G., a fin de evaluar las posibilidades respecto de ellos tales como modo de vida, costumbres, relaciones con terceros y todo dato relativo a las condiciones personales; y la realización de una pericia psicológica que debía contemplar los siguientes tópicos: para el hipotético caso que los expertos consideren que el apartamiento del niño de dicha familia no sería traumática para el desarrollo psíquico del mismo, debería especificarse puntualmente qué efectos provocaría dicha situación en el desarrollo de su psiquis, como así también, si sería aconsejable, la conveniencia de mantener cierto contacto entre el menor y dicho matrimonio, por medio de la implementación de un régimen de comunicación acorde. (fs. 122) Por otro lado, se dispuso la remisión de oficios al Juzgado de Instrucción Correccional y de Menores n° 2 de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Jorge Osvaldo de Pacce, a fin de solicitar la remisión -con carácter urgente- de copias certificadas de la causa “B., Z. B. s/ Exposición PXL 13010/14”, las cuales tengo a la vista. (fs. 115, 155 y 191) (iv). Que, ingresando ahora al análisis de las pruebas producidas en la causa, corresponde señalar que del informe socio ambiental realizado por el Licenciado Walter Anastasio, se desprende que T. comenzó su concurrencia al jardín de infantes integrado a la sala de 2 años, que está muy entusiasmado y que su proceso de adaptación está resultando favorable. A su vez, sostuvo el experto que durante el encuentro se pudo observar a T.de muy buen humor, dinámico, y en un trato de confianza para con el actuante y de mutuo afecto con todos los integrantes del grupo familiar, “inclusive con sus abuelos (los padres del Sr. J. L. N., quienes residen en otra vivienda emplazada en el mismo terreno)” (fs. 126/127; art. 474 del CPCC.) Que en función de lo expresado, el perito designado concluyó que “el grupo familiar peritado, cuenta con buenas condiciones de habitabilidad. No presentarían dificultades de salud relevantes. Sus integrantes adultos, llevan una vida cotidiana organizada, realizando actividades pautadas y positivas. Los niños, ambos se encuentran concurriendo a instituciones educativas. Se puede inferir, que T. se encuentra en un ámbito familiar que le brinda contención afectiva y se ocupa de cubrir sus necesidades. Asimismo, de que continúe el vínculo con su progenitora. (fs. 126/127; art. 474 del CPCC.) Que el informe psicológico realizado por la Lic. Karina Andrea Benitez, perito psicóloga del Juzgado de Familia N° 7 Departamental, resulta claro en punto a que “.se puede inferir a modo de conclusión que la separación del niño de quienes lo han ahijado afectivamente y de quien ha operado de modo fraterno diariamente desde su segundo día de vida hasta el momento actual, podría ofrecer elementos desestabilizantes para su desarrollo o bien tratarse de una situación que tenga potencial valor traumático.”. (fs. 177/181; art. 474 del CPCC.) Para así concluir, y responder a lo requerido por el Tribunal, la experta explicó previamente que era necesario partir del planteo de algunos interrogantes, siendo el primero a analizar “.si es posible explicarle al niño que, en nombre de su protección integral, se lo arrebate de su casa, de quienes se vinculan con él operando desde los roles fraterno, materno y paterno desde su segundo día de vida, de su jardín de infantes, de la historia en común con el conjunto de sus afectos y referentes familiares, es decir, de todo su mundo cotidiano conocido y el que lo ha contenido hasta el momento actual.Cómo se le explica además que el sistema judicial cumpliendo con una medida cautelar interpuesta para su protección integral, llevada adelante por funcionarios que desconoce, extraños que ingresan en su cotidianeidad en cualquier momento, lo separe de quienes han operado como garantes de su subsistencia y estabilidad emocional. Si no hay allí, una vivencia que irrumpe desde afuera, que sorprende al niño en forma abrupta, arrasándolo subjetivamente”. (fs. 180 vta.; art. 474 del CPCC.) Debo mencionar también que la experta sostuvo que los efectos psíquicos que puedan manifestarse en el futuro de las personas, que no integraren formaciones sintomáticas analizables, exceden el horizonte pericial psicológico, por lo que no puede establecer si en el caso de permanecer el niño con el matrimonio conformado por el Sr. N. y la Sra. G. le correspondería el desarrollo preciso de determinados efectos psíquicos, o tampoco cómo impactaría a futuro dicha situación en el desarrollo y educación del niño. (art. 474 del CPCC) (v). Que, por otro lado, corresponde mensurar también el estado de avance de la causa penal seguida al Sr. N. y la Sra. B. por suposición de identidad y falsedad ideológica en concurso ideal, en las cuales en fecha 3 de marzo de 2017 se ha dictado auto de procesamiento de los nombrados, con prisión preventiva en suspenso. De dichas actuaciones puede extraerse que el Sr. N. presuntamente no sería el progenitor del niño T.; sustentado ello en el análisis de ADN realizado en el marco de ese proceso penal. Ahora bien, tampoco puedo soslayar que la validez de tal medio de prueba ha sido expresamente cuestionada por el recurrente; circunstancia que naturalmente impide su consideración como elemento de prueba categórico en sustento de una decisión cautelar como la que es objeto del presente, al menos por el momento.Es que, aún cuando el mencionado auto de procesamiento -que no se encontraría firme- resulta un avance respecto al grado de convicción de la justicia penal con relación a la culpabilidad de los encartados, no debe perderse de vista que cuando la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario, mediante una sentencia firme. (CSJN, Carrera, Fernando Ariel s/causa nº 8398 C. 1497. XLIX. RHE 25/10/2016, Fallos: 339:1493; art. 18 de la Constitución Nacional) Considero relevante, a su vez, que los procesamientos del Sr. N. y de la Sra. B. no hayan limitado la libertad ambulatoria de los nombrados, por lo que tales medidas procesales no serían óbice para que puedan mantener el cumplimiento de sus roles afectivos respecto de T. (vi). Finalmente, habiendo tomado contacto con el niño T. en la audiencia del día 21 de Febrero del corriente año, su interacción con el actor y la esposa de aquél en el mencionado encuentro me lleva a concluir que, por el momento, y a fin de evitar un probable perjuicio futuro de en la integridad psicofísica del niño, corresponderá no innovar en su situación actual, manteniendo su centro de vida junto al matrimonio N.-G.
IV.- Por ende, ponderando la delicada situación que se evidencia en las presentes actuaciones y teniendo como fin primordial la protección integral del niño Tiziano y su desarrollo psicofísico saludable, me inclino por revocar el pronunciamiento de fs. 82/88, manteniendo el statu quo familiar siempre que se mantengan las condiciones actuales. Asimismo, siguiendo la recomendación efectuada a fs. 181 y vta. por la perito psicóloga interviniente, propicio establecer la realización de un tratamiento psicológico individual por parte del Sr. N. y de la Sra.G., en los términos indicados por la experta; la fijación de un régimen de comunicación maternofilial y fraterno; y el adecuado seguimiento del avance de las actuaciones penales labradas en la provincia de Corrientes; encomendándose a la instancia de grado la adopción de las medidas conducentes para su cumplimiento. (art. 3 CDN; arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 705 y 706 del Código Civil y Comercial; arts. 1, 2, 3, y cdts., Ley 26.061; art. 232 del CPCC.) En base a estas consideraciones, VOTO POR LA NEGATIVA.-
la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, adhiere y TAMBIEN VOTA POR LA NEGATIVA.- A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice: Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde revocar el pronunciamiento de fs. 82/88, manteniendo el statu quo familiar siempre que se mantengan las condiciones actuales. Asimismo, siguiendo la recomendación efectuada a fs. 181 y vta. por la perito psicóloga interviniente, se establece la realización de un tratamiento psicológico individual por parte del Sr. N. y de la Sra. G., en los términos indicados por la experta; la fijación de un régimen de comu nicación maternofilial y fraterno; y el adecuado seguimiento del avance de las actuaciones penales labradas en la provincia de Corrientes; encomendándose a la instancia de grado la adopción de las medidas conducentes para su cumplimiento. (art. 3 CDN; arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 705 y 706 del Código Civil y Comercial; arts. 1, 2, 3, y cdts., Ley 26.061; art. 232 del CPCC.). Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión que se debate y la intervención del Ministerio Público Pupilar (art. 68 y 274 CPCC).- ASI LO VOTO.- A la misma segunda cuestión, el Dr.Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, adhiere y VOTA EN IGUAL SENTIDO.-
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
-S E N T E N C I A
En el Acuerdo quedó establecido que la resolución apelada no es justa, por lo cual debe ser revocada. POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revócase el pronunciamiento de fs. 82/88, manteniendo el statu quo familiar siempre que se mantengan las condiciones actuales. Asimismo, siguiendo la recomendación efectuada a fs. 181 y vta. por la perito psicóloga interviniente, se establece la realización de un tratamiento psicológico individual por parte del Sr. N. y de la Sra. G., en los términos indicados por la experta; la fijación de un régimen de comunicación maternofilial y fraterno; y el adecuado seguimiento del avance de las actuaciones penales labradas en la provincia de Corrientes; encomendándose a la instancia de grado la adopción de las medidas conducentes para su cumplimiento. Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión que se debate y la intervención del Ministerio Público Pupilar. (art. 3 CDN; arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 705 y 706 del Código Civil y Comercial; arts. 1, 2, 3, y cdts., Ley 26.061; arts. 68, 232 y 274 del CPCC.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Consentida o ejecutoriada, DEVUELVASE a la instancia de origen.
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO
CARLOS RICARDO IGOLDI
JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE

Derecho Civil, Derecho de Familia

La ex cónyuge que padece una afección mental preexistente al divorcio tiene derecho a percibir una cuota alimentaria más el mantenimiento de la cobertura médica

Partes: M. V. A. c/ L. L. F. s/ incidente familia
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Sala/Juzgado: 92
Fecha: 5-may-2017
Cita: MJ-JU-M-104829-AR | MJJ104829 | MJJ104829Sumario:
1.-Corresponde disponer que el accionado abone una cuota de alimentos en efectivo a favor de su ex esposa más el pago de la cobertura médica, pues está acreditado que aquella se encuentra imposibilitada de trabajar y proveerse los medios para auto sustentarse a causa de una enfermedad vinculada a su salud mental, la cual es grave, preexistente al divorcio (art. 434, inc. A ), CCivCom.) y se manifestó durante la unión, agravándose con el transcurso del tiempo hasta impedir su desempeño laboral y generar dificultades para el desarrollo personal y familiar.
2.-El art. 434 del CCivCom. prevé las situaciones excepcionales que habilitan la subsistencia del deber alimentario luego de decretado el divorcio, diseñadas sobre la base de pautas absolutamente objetivas, y esas excepciones constituyen un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad, configurando un piso mínimo de prestaciones de naturaleza meramente asistencial que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con la situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges.
Fallo:
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2017.-W/MVF
AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en este proceso de alimentos, Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 31/33 la Sra. M, por su propio derecho, solicita se condene a su ex cónyuge, el Sr. L. F. L, a la prestación de una cuota en concepto de alimentos en su favor de $10.000, más la continuidad de la cobertura de la medicina prepaga. Expresa que en la actualidad se encuentra imposibilitada de trabajar y proveerse los medios para autosustentarse a causa de una enfermedad grave preexistente al divorcio. Denuncia que el Sr. L. se desempeña como gerente y tiene un ingreso aproximado de $70.000 mensuales. Ofrece prueba, que es proveída a fs.34.
En la audiencia prevista por el art. 639 y 640 del Código Procesal, las partes no han arribado a acuerdo alguno (ver fs. 39).
A fs.41 el Sr. L. F. L. ofrece pruebas, que fueron proveídas a fs. 42.
Finalmente, a fs. 477 la accionante solicita el dictado de sentencia en los términos del art. 644 del Código Procesal.
II. Las partes contrajeron matrimonio el 12 de marzo de 2010, situación que se encuentra acreditada con la partida obrante a fs.1 del expediente conexo n° 50.712/2016. A fs. 53 de dichos autos, con fecha 22 de septiembre de 2016, se decretó su divorcio en los términos establecidos por los arts. 437 y ss. del CCyCN. – A fs.14 de los presentes actuados se fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del Sr. L por la suma de $5.000 mensuales, más la cobertura de Swiss Medical -Plan B 61 o similar- por el lapso de cuatro meses. Dicha cuota fue prorrogada a fs. 44 hasta que recayera decisión definitiva.-
III. El art.432 del CCyCN consagra la obligación alimentaria derivada del matrimonio, estableciendo como regla o principio general que este deber rige durante la convivencia y la separación de hecho.
Decretado el divorcio, la norma establece que “sólo” subsiste en los supuestos previstos en el art. 434 del Código, o por convención de las partes.
De ello se infiere que una vez decidido favorablemente el divorcio, como acontece en el caso de autos, cesa de pleno derecho el deber alimentario entre cónyuges. Esta regla encuentra inspiración en dos principios esenciales: por un lado, la supresión en el ordenamiento civil de la indagación de causales de culpabilidad y la recepción del divorcio causado; por el otro, el principio de autosuficiencia y la recepción del postulado de igualdad en términos de “igualdad real de oportunidades”. Desde esta perspectiva se propicia que cada uno de los cónyuges desarrolle las estrategias necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin depender económicamente del otro (conf. Molina de Juan, Mariel, Comentario al art. 434, en Kemelmajer de Carlucci- Aída- Herrera, Marisa- Lloveras, Nora (dirs.), Tratado de derecho de familia, t. I, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2014, ps. 283 y 284).
En estos términos se señala que el nuevo perfil del matrimonio, basado en la igualdad de los cónyuges y la asistencia durante la unión, sumado al divorcio sin expresión de causa y sin sanciones, pone fin al deber de asistencia -como principio general- desde el momento de la sentencia de disolución del matrimonio (conf. Ugarte, Luis A., Comentario al art. 432, en Ameal, Oscar (dir.)- Hernández, Lidia- Ugarte, Luis (codirs. de tomo), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado y análisis jurisprudencial, Estudio, Buenos Aires, 2016, t. 2, p.113). Como consecuencia de ello, se afirma que “los alimentos entre cónyuges después del divorcio constituyen una situación verdaderamente excepcional, ya que sólo podrán tener lugar en los casos taxativamente mencionados en la ley o bien cuando así lo han convenido los cónyuges (art. 431, CCCN)” (Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, p. 61).
Sobre la base de lo expuesto, se resolvió que “en el marco del actualmente vigente Código Civil y Comercial los alimentos posteriores al divorcio entre ex cónyuges son absolutamente excepcionales y sólo proceden si median los supuestos expresamente establecidos por la ley, para el caso, en el artículo 434 previstos en favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse o a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, previéndose incluso expresamente que no procederán a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441 del CCC.Es que, los alimentos postdivorcio constituyen una obligación a favor de alguien con el que ya no se tiene vínculo jurídico alguno, la propia ley excluye el carácter vitalicio excepcional del derecho alimentario con posterioridad al divorcio reflejándose en la imposibilidad de reclamar alimentos si se ha recibido una compensación económica, figura ésta que -tal como ha sido prevista en el CCyC- no se confunde con la prestación alimentaria en tanto tiene una finalidad diferente, distintos caracteres, requisitos de procedencia y formas de cumplimiento teniendo la exclusión consagrada en el artículo 434 del CCC el propósito de puntualizar la visión restrictiva de la prestación alimentaria posterior al divorcio revalorizando el principio de autosuficiencia, esto es, de existir una situación de desigualdad que puede compensarse debe atenderse prioritariamente a ello y en el caso de que no se den los presupuestos de procedencia de las compensaciones económicas, no hayan sido reclamadas o haya caducado la posibilidad de solicitarlas quedaría habilitada la vía para el reclamo de la prestación alimentaria” (C. Apels. sala Civ. y Com. nº 1, Concordia, 13/09/2016, “R. D., M. M. vs. N., P. s. Incidente de reducción de cuota alimentaria” RC J 5067/16).
Con idéntico alcance, se subrayó que “de conformidad con el régimen incausado de divorcio que se adopta, los alimentos están alejados de la noción de culpa y se fundan, por el contrario, en situaciones de objetiva y manifiesta vulnerabilidad como ser grave enfermedad o carecer de bienes propios para poder sustentarse. Se trata de situaciones muy puntuales que un Código preocupado por la protección de los más débiles no puede dejar de regular.”. (C. Apels. Civ., Com., Lab., Min. y Familia Circuns. II a V, sala I, Neuquén, 15/06/2016, “R., M. D. V. vs. E., J. M. s.Divorcio”, RC J 3838/16).
Siguiendo este mismo razonamiento, se puso de resalto que “en la nueva legislación se ha pasado a un sistema de divorcio totalmente objetivo y sin expresión de causa, por lo que ya no incidirá -a los fines de evaluar la procedencia de una obligación alimentaria- la eventual existencia de culpabilidad en alguna de las partes como origen de la ruptura matrimonial.
Quiere decir, entonces, que el requerimiento de alimentos en esta materia ya no podrá fundarse en la inocencia. Lo que ha de jugar es el inocultable deber de solidaridad que surge de la unión, por lo que el derecho intervendrá en el caso de que alguno de los ex esposos exhiba indiferencia en relación a las necesidades del otro” (C. Nac. Civ, sala B 08/09/2015, “J.F.D / J. S.M s/ alimentos”, ElDial.com AA91DD).
El art. 434 del CCyCN prevé las situaciones excepcionales que habilitan la subsistencia del deber alimentario luego de decretado el divorcio, diseñadas sobre la base de pautas absolutamente objetivas. Estas excepciones, que constituyen un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad, configuran un piso mínimo de prestaciones de naturaleza meramente asistencial que subsisten luego del cese del vínculo y tienen estrecha relación con la situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges.
Este derecho alimentario “de mínima”, se funda en el llamado principio de solidaridad familiar que, como bien se expresa, “es un presupuesto que sirve de apoyo de las diversas formas familiares, demarcando las bases para obtener a través del derecho reglamentario el resguardo o amparo de determinados aspectos que rodean a las familias, a la vez que se erige como un límite claro al ejercicio irrestricto de la autonomía de la voluntad.La solidaridad implica un compromiso y un deber hacia los restantes integrantes de la forma familiar que como personas protagonizan, enlazándose el proyecto de vida autorreferencial con la interacción que el mismo tiene respecto a los otros proyectos de vida autorreferenciales, de los integrantes de esa forma familiar”. En estos términos, la solidaridad familiar se alza como uno de los fundamentos constitucionales de la protección y el resguardo de los institutos trascendentales del derecho de familia (conf. Lloveras, Nora- Salomón, Marcelo, El derecho de familia desde la Constitución Nacional, Universidad, Buenos Aires, 2009, ps. 115/ 116).
A su vez, el derecho alimentario, por su especial naturaleza, forma parte del plexo de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina. En tal sentido, el contenido de este derecho se nutre de sendos derechos fundamentales tales como el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, el derecho al desarrollo y al bienestar, y en definitiva, el derecho a la dignidad humana. Así se desprende del art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando reconoce que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”. En idéntico sentido se expide el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esta misma línea, el art. X de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre enuncia el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, estipulando que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica.”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla en el art. 26 del derecho al desarrollo progresivo.
A la luz de estos principios, como anticipé, tomando como antecedente lo normado por los art.208 y 209 del Código Civil derogado, el art. 434 del CCyCN regula dos situaciones de excepción que autorizan la continuidad del derecho- deber alimentario entre los cónyuges tras el divorcio: a) la enfermedad grave preexistente que le impide al ex cónyuge autosustentarse, y b) los alimentos en favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad de procurárselos. Para precisar este último concepto, la norma se remite a tres de las pautas establecidas en el art. 433 -relativo a los alimentos vigentes durante la vida en común y la separación de hecho-, a saber: edad y estado de salud de ambos cónyuges; capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo de quien pide los alimentos; y la atribución del hogar familiar. Los alimentos que prevé el inc. b) del art 434 del CCyCN no apuntan a mantener el nivel económico habido durante la convivencia sino a subsanar el estado de objetiva y manifiesta vulnerabilidad de alguno de los esposos, y que el señalado carácter restrictivo de la obligación alimentaria con posterioridad al divorcio lleva a que la suma se limite a cubrir las necesidades para la subsistencia (conf. C. Nac. Civ., sala I, 28/04/2016, “M. C. M. E. c/ G. S., B. s/ alimentos”; ídem, 18/02/2016, “C, H c. M, H J s. alimentos”).
IV. En el presente caso, el reclamo alimentario de la ex cónyuge se funda en el primer inciso mencionado, esto es, la enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse.
Como se infiere del texto legal, este supuesto exige verificar tres circunstancias necesarias para la procedencia del reclamo: a) la existencia de una enfermedad grave; b) que esta enfermedad sea preexistente al divorcio; y c) que le impida al cónyuge autosustentarse. De no presentarse alguno de estos requisitos, la petición no puede prosperar.En cuanto al carácter grave de la enfermedad, corresponde señalar que este padecimiento debe tener una entidad tal que afecte la autonomía económica del cónyuge, es decir, le impida proveerse de recursos suficientes para valerse por sí mismo y conservar un nivel de vida digno, excluyéndose las enfermedades que no reúnen estas condiciones. Es dable notar que las posibilidades de aplicación de la norma son mucho más amplias que las previstas en el art. 208 del Código derogado, que se circunscribía a los casos de alternaciones graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a las drogas (conf. Ugarte, Luis, Comentario al art. 434, en Ameal, Oscar (dir.)- Hernández, Lidia- Ugarte, Luis (codirs. de tomo), Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado y análisis jurisprudencial, Estudio, Buenos Aires, 2016, t. 2, p. 115; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, en Bueres, Alberto J. (dir.)- Azpiri, Jorge O. (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, t. 2, Buenos Aires, 2016, p. 128; Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de familia, Hammurabi, 2015, p. 62; etc.).
A tenor de la amplitud del concepto legal, como bien se ha dicho, “será el juzgador quien interprete en cada caso, dadas las particularidades que pueden presentarse en las distintas situaciones en que se reclama el derecho” (Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 75).
Con respecto a la preexistencia de la enfermedad, se requiere que se haya manifestado con anterioridad a la sentencia de divorcio, es decir, que el cónyuge hubiera padecido la enfermedad durante la vida en común o la separación de hecho. Si el padecimiento es grave pero su origen es posterior al divorcio, el reclamo alimentario no se enmarca en la previsión del inc. a) del art. 434, sin perjuicio de que pudiera proceder en los términos previstos por el inc. b) de dicha norma (conf.Solari, Néstor E., Derecho de las familias, cit., p. 75; Ugarte, Luis, Comentario al art. 434, cit., p. 114; Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 114; Molina de Juan, Mariel, Comentario al art. 434, cit., p. 288; etc.).
Azpiri sostiene que el diagnóstico de la afección debe haber sido hecho durante la vigencia del matrimonio, y el magistrado deberá evaluar si antes del divorcio ya existía la enfermedad pero entonces todavía no revestía la gravedad que requiere la ley y el agravamiento ocurre luego de la sentencia (Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62). Por su parte, Campos afirma que aunque el agravamiento pueda ser ulterior, lo importante es la consecuencia que genera de impedir proveerse de ingresos para cubrir las necesidades, por lo cual -para este autor-, proceden los alimentos tanto en la enfermedad que se hizo ostensible antes como después del divorcio, si su origen es previo a la crisis conyugal (conf. Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 114).
Entiendo que ambas posiciones resultan compatibles, pues, de todos modos, la cuestión queda librada a la prueba que se produzca en el expediente y, en definitiva, a la apreciación judicial según las circunstancias del caso.
En fin, la imposibilidad de autosustentarse exige también un análisis de las circunstancias del caso, teniéndose en consideración no sólo pautas de carácter objetivo, sino además la realidad económica, social y cultural tanto del alimentado, como del alimentante.
Conforme los lineamientos reseñados precedentemente, la jurisprudencia resolvió que “en materia de alimentos posteriores al divorcio, el Código Civil y Comercial, en su art. 434, apartado a), establece que aquellos podrán ser fijados a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. En el presente caso, no se encuentra discursivo que. durante la unión le fue diagnosticada al Sr. J la enfermedad “acromegalia” por la cual fue atendido por el Dr.B a través de la medicina prepaga “M”, servicio que el accionante poseía como integrante del grupo familiar de la emplazada. Como se puede apreciar, la experticia es terminante en lo referido a la gravedad de la afección que aqueja hace ya varios años al reclamante, pues contundentemente afirma que la enfermedad es progresiva y, en caso de no contar con la asistencia adecuada, puede resultar incluso mortal.
A la luz de estas conclusiones, entendemos que el requisito establecido en el art. 434 inc. a) del Código Civil y Comercial, para la procedencia de una prestación alimentaria a favor del Sr. J se encuentra verificado en la especie” (C. Nac. Civ, sala B 08/09/2015, “J.F.D / J. S.M s/ alimentos”, ElDial.com AA91DD).
En fin, en cuanto al alcance de la cuota alimentaria en el supuesto mencionado, la doctrina coincide en que ésta no sólo comprende los gastos ordinarios de mantenimiento sino también los que requiera la atención de la enfermedad, de modo que aunque el alimentado tenga ingresos, si éstos no resultan suficientes para cubrir los rubros indicados, cabe la procedencia de la acción (conf. Azpiri, Jorge O., Incidencias del Código Civil., cit., p. 62; Campos, Roberto, Comentario al art. 434, cit., p. 115; etc.).
V. A tenor de lo expuesto, se adelanta que con las pruebas producidas en autos como así también con las constancias que obran en las actuaciones conexas en trámite por ante este Juzgado, se encuentran acreditadas las circunstancias y requisitos exigidos por el inc. a) del art. 434 del CCyCN.
En efecto, conforme surge de la historia clínica de la Sra.M., realizada por la prestadora de medicina laboral CEMIBA, obrante a fs.80/85, los problemas de salud de la accionante aparecieron antes del matrimonio, manifestándose también durante la unión, agravándose con el transcurso del tiempo hasta impedir su desempeño laboral, y generar dificultades para el desarrollo personal y familiar.
Ello resulta con claridad del análisis de los diagnósticos de los especialistas, en forma cronológica, citándose en forma alternada y a modo de ejemplo los siguientes: “estrés, angustia” (22 y 14 de septiembre de 2008), “ataque de pánico stress palpitaciones (17 de mayo de 2010), “trastorno de ansiedad” (14 de octubre de 2010), “trastorno psiquiátrico” (18 de octubre de 2010), “trastorno de personalidad bipolar actualmente descompensada, hiperemotiva, con discurso acelerado y llanto fácil” (14 de febrero de 2012).
Dichos informes son contestes con los expedidos por los Dres. Jorge M. González -médico psiquiatra del Hospital Ramos Mejía- y Lilia Bordone -médica psiquiatra psicoanalista- con fecha 24 de abril de 2012, y 13 de septiembre de 2016, refiriéndose al cuadro depresivo y somático de la Sra. M. (ver fs.6, 10, 61 y 63).
A su vez, la Dra. Rodríguez Grafman -psicóloga- informa que desde febrero del corriente año hasta el conteste de fs. 62, la accionante concurre en forma semanal a tratamiento psicológico.
Las epicrisis de las instituciones Dharma y Comunidad Terapéutica de Palermo, de fecha octubre de 2013 y 2015, respectivamente, que en copia simple obran a fs.9/9vta -documental que no fuera desconocida oportunamente por el accionado- dan cuenta de la sintomatología, los antecedentes y la medicación indicada a la Sra. M, corroborándose la afección de su salud mental en los términos indicados y la imposibilidad de proveer su autosustento, al menos en el estado actual.
Tal circunstancia ha sido consentida por el Sr. L, si se advierte que mediante acuerdo privado -agregado en original a fs.44/45 del expediente conexo- el nombrado se obliga a pagar a su ex cónyuge una cuota alimentaria de $4.500 mensuales entre febrero y noviembre de 2015 y a mantener la cobertura médica existente por el año 2015.
Por otra parte, al iniciarse estas actuaciones, esto es, con fecha 14 de octubre de 2016, la suscripta proveyó favorablemente el pedido de alimentos provisorios a favor de la Sra. M por el plazo de cuatro meses, los que fijó en la suma de $5.000 mensuales más la continuidad del pago de la cobertura de salud en Swiss Medical plan B 61 o similar, providencia que fue consentida por ambas partes (ver fs. 14/vta.). Esta cuota provisoria fue prorrogada hasta el dictado de sentencia definitiva con fecha 16 de diciembre de 2016 (ver fs. 44). Si bien esta última resolución fue apelada por el demandado (ver fs. 49), éste no volvió a presentarse en autos ni fundó el recurso concedido.
En cuanto a la situación patrimonial del Sr. L, a fs.170 surge la existencia de diversas cuentas en el Banco Francés y la titularidad de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard con un límite de compra de $85.000.
A fs. 96 dicha entidad informa como débitos en la cuenta sueldo en octubre de 2016 la suma de $66.753,62.
A fs. 178 el Banco Hipotecario comunica que el accionado es titular de una tarjeta Visa con límite de compra de $56.000, registrando como adicional a la contraparte. El consumo de los últimos tres meses fue de $55.978,34.
A fs. 189/192 la AFIP informa la condición de monotributista del demandado, mientras que la Cooperativa de Trabajo Estrella comunica a fs. 196 que el Sr. L es socio cooperativo de dicha empresa, percibiendo una asignación mensual de $30.000. En cuanto a la situación patrimonial de la Sra.M, del informe del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad, se desprende la titularidad registral de partes indivisas en dos inmuebles, uno de los cuales habita, sin que exista constancia alguna acerca del destino del otro bien.
VI. En definitiva, las pruebas aportadas por la actora y la conducta desplegada por el demandado incluso antes del inicio de las actuaciones, en cuanto a su predisposición para el pago de la cuota alimentaria y la pasividad en la producción de prueba tendiente a contrarrestar el reclamo de la alimentada, permiten concluir que se verifican en autos los presupuestos exigidos por el inc. a) del art. 434 del CCyCN para fijar la prestación alimentaria.
Ello en tanto surge del expediente que la Sra. M. padece una afección vinculada con su salud mental que es preexistente al divorcio y le impide por el momento trabajar para autosustentarse. No obsta a esta conclusión que la nombrada resulte titular de partes indivisas en dos inmuebles, pues -como señalé- en uno de ellos reside y con relación al otro no surge de autos su destino ni que produzca renta alguna.
La cuota alimentaria consistirá en el pago de una suma en efectivo, más la continuidad del pago de la cobertura de salud en Swiss Medical Plan B 61 o similar. La suma en efectivo será actualizada conforme los aumentos que registre la cobertura médica de la alimentada, en el porcentaje que corresponda y en cada oportunidad que ello ocurra.
VII. Por las consideraciones expuestas, RESUELVO: a) Hacer lugar al pedido de alimentos formulado por la Sra. V. A .L, por su propio derecho, condenando al Sr. L. F. L. a abonar en concepto de cuota alimentaria la suma de seis mil pesos ($6.000) en efectivo, más el pago directo de la cobertura de salud en Swiss Medical Plan B 61 o similar.La cuota en efectivo se actualizará conforme los aumentos que registre la cobertura médica de la alimentada, en el porcentaje que corresponda y en cada oportunidad que ello ocurra, y deberá abonarse del 1 al 10 de cada mes, acreditando el pago con copia de recibo pertinente. c) Imponer las costas al alimentante, pues lo contrario significaría gravar la pensión fijada al tener que soportar la alimentada los gastos causídicos (conf. art. 68, CPCC). En consecuencia, regular los honorarios de la Dra. ALICIA I. BARRETO como patrocinante de la Sra. M. en la suma de ($.), y los del Dr. FERNANDO L. GARCIA JURADO como letrado patrocinante del Sr. L en la suma de ($.) (conf. arts. 6, 7, 9, 25, 30, 39 y cc. de la ley 21.839). Fijo en diez días el plazo para su pago. d) Notifíquese por cédula a las partes, profesionales y mediador interviniente, Dr. Raúl S. A. Gallegos (ver fs. 30).-
MARIA VICTORIA FAMÁ, JUEZ SUBROGANTE

Abogado, Derecho de Familia

¿Cómo se calcula la cuota alimentaria?

La cuota alimentaria es un importe que debe pagar el padre que no convive con sus hijos (en un caso de divorcio o separación de hecho) para colaborar con los gastos destinados a su bienestar. Esta cuota es mensual y obligatoria hasta que los chicos alcancen la mayoría de edad. Incluye los gastos derivados de la vivienda, alimentación, salud, educación y esparcimiento. Antes del 2012 se trataba de un porcentaje fijo, pero ahora se estableció un monto variable que no toma como base su fortuna o enriquecimiento, sino que se establece en función de las necesidades materiales y espirituales de los hijos menores.

¿Cómo sé qué debo pagar?
El monto debe ser pactado entre ambos padres y, para que tenga validez, debe estar homologado judicialmente. Si no se ponen de acuerdo, será el juez quien determine la suma a ser pagada teniendo en cuenta el nivel de vida de los menores y los ingresos de ambos progenitores para comprobar cuánto pueden aportar. Una vez que se determina el dinero que necesitan los chicos para satisfacer sus necesidades, se divide esta suma en dos mitades iguales.

La ley no indica qué porcentaje estipular sino que este monto queda al criterio del juez (oscila entre un 20% y un 30% de los ingresos para los empleados registrados en relación de dependencia).De todas maneras, este criterio cambia cuando los padres tienen gran poder económico, entonces prima el nivel de vida del grupo familiar cuando convivía.

¿Por qué el padre que no convive paga más?
Porque se supone que el otro progenitor, el que vive con los hijos, invierte parte de su tiempo, atención y otros cuidados.

¿Qué pasa si no se cumple con la cuota?
Hay que realizar un reclamo en el juzgado cuya jurisdicción abarque el domicilio en el que habitan los menores. El juez evaluará los argumentos de ambos padres y `podrá determinar, si fuera necesario, el embargo de los bienes del progenitor que no paga. El reclamo solo tendrá validez si el monto de la cuota está homologado judicialmente. Hay que tener en cuenta que el no pago de la cuota alimentaria prescribe a los cinco años.

¿Y si no sé cuánto gana mi ex?
En este caso será el juez el que determine el monto aproximado en función de las pruebas aportadas por ambas partes.

¿Qué cubre y qué no?
La cuota alimentaria puede establecerse en su totalidad tanto en dinero como en especies, es decir, pagando una parte con ropa para los chicos, o la cuota del colegio, del club, etc. y presentando todos los recibos. En este caso, pagará solo la diferencia.

¿Incluye el aguinaldo?
Sí, puede incluir todo el aguinaldo o un porcentaje equivalente al monto de la suma fija mensual.

¿Y si me quedo sin trabajo?
El padre puede pedir una reducción de la cuota en el juzgado que interviene en la causa. Deberá probar que está sin trabajo y esta reducción será provisoria hasta que la situación del progenitor mejore. Pero, aun estando desocupado, no podrá dejar de pagar la cuota.

¿Cómo se regulan los aumentos por la inflación?
Se ha incrementado notablemente el número de demandas en las que se pide fijar una actualización (hoy en día de alrededor del 25% anual), para evitar la pérdida de tiempo y fuertes angustias a los hijos. La determinación del quantum de la cuota de alimentos debe contemplar la edad de los alimentados, necesidades de su desarrollo físico y socio-cultural, vivienda, vestimenta, enseres personales, esparcimiento y salud; sin perjuicio de tener en cuenta la capacidad económica de quien debe proveer el sustento.

A tener en cuenta…
Para fijar el monto de la cuota alimentaria, se tienen en cuenta diversos factores como:

1) Ingresos económicos de cada uno de los padres. Se trata de buscar un equilibrio ya que el padre que convive con el menor tiene que dedicar menos tiempo a su trabajo.

2) La edad del menor. Los gastos de su crianza dependen muchas veces de la edad.

3) Gastos de alimentación

4) Educación. Depende del nivel de escolaridad que esté transitando, si es primaria, secundaria o universidad y de si se trata de una institución pública o privada. Incluye también el transporte y el material de estudio.

5) Si posee algún grado de discapacidad física o psíquica

6) Vivienda. Influye si tiene vivienda propia o tiene que pagar alquiler.

7) Recreación. Comprende los gastos de los viajes de estudio y vacaciones, festejo de cumpleaños, juguetes, actividades deportivas y artísticas.

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

El deber alimentario familiar

La cuota de alimentos es una obligación a la que deben responder determinadas personas, respecto de los hijos. Sobre esto, la ley dice que hay que financiar la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el vestuario de las personas y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio.

El juicio de alimentos, tiene por objeto cubrir las necesidades más inmediatas, tiene un proceso rápido y no puede ser obstaculizado por ningún otro juicio. Una vez presentada la demanda, en solo 10 días se llama a una audiencia y en ese mismo momento el juez fija el monto de la cuota alimentaria o bien la establecen entre las partes, y en ese momento comienza a regir. Esta cantidad varía en cada caso, y está en función del nivel socioeconómico y de ingresos del padre.

Los alimentos deben satisfacerse hasta la mayoría de edad, esto es a los 21 años. Para estar excento de la responsabilidad, se tendrá que acreditar que el hijo mayor de edad puede ganarse la vida y si el hijo quiere estudiar, habrá que pasar alimentos hasta los 25 años.

Si esto no ocurre así, la ley prevé sanciones civiles y penales. La sanción civil está dada por la posibilidad de que el alimentado o un tutor legal solicite al juez la suspensión del régimen de visitas. Esta medida será tomada únicamente por el juez y no por la madre, ya que ella puede incurrir en el delito de impedimento de contacto (es decir de obstaculizar el derecho del padre a mantener contacto con sus hijos). En lo penal por incumplimiento de la cuota alimentaria la ley establece pena de prisión o multa.

La cuota alimentaria se puede satisfacer de dos formas:

Mediante el pago de una cuota mensual
Manteniendo en casa del obligado a prestarlos a quien los solicite, en los casos en los que esto sea posible
El Nuevo Código Civil de la República Argentina establece:

ARTICULO 658.- Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

ARTICULO 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.

ARTICULO 660.- Tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.

ARTICULO 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.

ARTICULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.

ARTICULO 666.- Cuidado personal compartido. En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658. Deberes de los hijos

ARTICULO 671.- Enumeración. Son deberes de los hijos: a) respetar a sus progenitores; b) cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior; c) prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria.

ARTICULO 537.- Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en grado; b) los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.

ARTICULO 520.- Contribución a los gastos del hogar. Los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.

ARTICULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.

El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.

ARTICULO 550.- Medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.

ARTICULO 551.- Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor.

ARTICULO 552.- Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.

ARTICULO 553.- Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

ARTICULO 554.- Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria: a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad; b) por la muerte del obligado o del alimentado; c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos ARTICULO 648.- Cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo.

ARTICULO 649.- Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos.

ARTICULO 650.- Modalidades del cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.

ARTICULO 651.- Reglas generales. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo.

ARTICULO 652.- Derecho y deber de comunicación. En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo.

ARTICULO 653.- Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración. En el supuesto excepcional en el que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar: a) la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro; b) la edad del hijo; c) la opinión del hijo; d) el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo. El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente.

ARTICULO 654.- Deber de informar. Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo.

ARTICULO 655.- Plan de parentalidad. Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad relativo al cuidado del hijo, que contenga: a) lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor; b) responsabilidades que cada uno asume; c) régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia; d) régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor. El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función de las necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas. Los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad y en su modificación.

Abogado, Derecho Civil, Derecho de Familia

Gestación por sustitución, voluntad procreacional, filiación

Corresponde atender a la voluntad procreacional que es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de si el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos. De este modo, el dato genético no es el definitivo para la creación de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, sino quién o quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento a ellas. La voluntad procreacional debe ser puesta de manifiesto mediante consentimiento previo, informado, libre y formal. Todas las personas que pretendan ser padres o madres a través de esta modalidad deben esgrimir una declaración de voluntad en ese sentido, de manera clara y precisa; una vez otorgada, es irrevocable (arts. 561 y 562 Código Civil y Comercial).