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Derecho de Familia – Restitución Internacional de Menores

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Corresponde desestimar la queja que presentó el padre de un niño contra la sentencia que ordenó que el mismo sea restituido a Colombia, en tanto habiéndose restituido al menor al país donde tenía su residencia habitual, se ha agotado el objeto de la demanda por lo que la cuestión se transformó en abstracta y, en consecuencia, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento acerca de los agravios del recurrente para que se conceda el recurso extraordinario.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2018.-

Considerando:

1°) Que el 11 de enero .del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó la restitución internacional del menor A. M. G. a la República de Colombia (fs. 482/484 vta~ y 340/352), solicitada oportunamente por su madre en los términos del “Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” de La Haya de 1980, la “Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores” de Montevideo de 1989, la “Convención sobre los Derechos del Niño” y en el “Protocoló de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños”.

Contra dicho pronunciamiento el padre del niño interpuso el recurso extraordinario federal, cuyo rechazo dio origen a esta presentación directa (fs. 502/522 y 552) .

2°) Que las sentencias de la Corte Suprema deben adecuarse a las circunstancias existentes al momento en que se dictan (Fallos: 311:787 y 330:642).

De las constancias de la causa surge que con posterioridad -a la presentación de la queja a examen (el 2 de marzo de 2018) ,la sentencia que ordenó la restitución del menor se ejecutó el 7 de marzo de 2018 (ver actuaciones posteriores a fs. 594/595, 603/604 Y 605/605 vta. del expediente principal y 68/68 vta. y 70 de la queja).

3°) En tales condiciones, habiéndose restituido al menor al país donde tenía su residencia habitual (Colombia) -de acuerdo con la sentencia dictada y las medidas dispuestas por el tribunal de la causa-, se ha agotado el objeto de la demanda fundada en el Convenío de La Haya de 1980 (art. 1°), por lo que la cuestión se transformó en abstracta y, en consecuencia, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento acerca de los agravios del recurrente para que se conceda el recurso extraordinario, se revoque la sentencia y se desestime la demanda de restitución internacional.

Por ello, oído el señor Defensor General adjunto de la Nación, se declara que resulta inoficioso un pronunciamiento de esta Corte respecto de la queja deducida y, previa devolución de los autos principales, archívese.

Ricardo L. Lorenzetti – Elena I. Highton de Nolasco – Carlos F. Rosenkrantz – Juan C. Maqueda (en disidencia) – Horacio Rosatti (en disidencia)

Disidencia de los Señores Ministros Doctores Juan C. Maqueda – y don Horacio Rosatti

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de .la Nación) .

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

Juan C. Maqueda – Horacio Rosatti

Autos: G. C., S. c/M. M., A. s/Restitución Internacional de Niños
País:
Argentina
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 29-05-2018
Cita: IJ-DXXXV-684

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Derecho Previsional – Jubilaciones

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Nº 27.426, que establece que la reforma previsional es aplicable a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del año 2017, en tanto dicha normativa se encuentra vigente desde el 29 de diciembre de 2017, tal como se desprende de su art. 11, pero retrotrae su aplicación al mes de julio de ese año, lapso durante el cual la Ley Nº 26.417 regía y establecía otras pautas para el cálculo de la movilidad jubilatoria, por lo que la norma cuestionada deviene inconstitucional en cuanto pretende aplicarse a las consecuencias de una situación jurídica cuya existencia es anterior al 29 de diciembre de 2017, fecha de su entrada en vigor, por lo que sólo a partir de esa fecha será válida la modalidad de ajuste de la movilidad que la nueva ley instrumenta. (Voto de la Mayoría)

Lo devengado hace referencia al momento en que nace un derecho, tiene clara referencia temporal; en cambio, lo percibido señala el momento en que ese derecho se concreta. (Voto de la Mayoría)

El principio de que las leyes no son retroactivas emana solamente de la propia ley -el código civil- y carece, por ende, de nivel constitucional; pero cuando la aplicación retrospectiva de una ley nueva priva a alguien de algún derecho ya incorporado a su patrimonio, el principio de irretroactividad asciende a nivel constitucional para confundirse con la garantía de inviolabilidad de la propiedad. (Voto de la Mayoría)

El art. 7 del Cód. Civ. y Com. dispone que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. (Voto de la Mayoría)

Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social – Sala III

Buenos Aires, 5 de Junio de 2018.-

El Dr. Martin Laclau Dijo:

Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal a raíz de la apelación deducida por el Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor, a fs. 169/174 , contra la sentencia de fs. 160/164 , en virtud de la cual se rechaza la acción de amparo por él deducida a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.426 y del Decreto 1058/17.

El actor señala que la nueva fórmula de movilidad instrumentada por dicha normativa es lesiva de su derecho y lo perjudica desde el momento en que reduce significativamente el porcentual de incremento de su haber jubilatorio. Consecuente con este planteo, sostiene la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.426 y de la aplicación retroactiva de ese cuerpo legislativo.

Comenzando con el análisis del primer agravio, cumple destacar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga derecho a jubilaciones móviles; pero deja librado al criterio del legislador establecer las pautas de esa movilidad, de acuerdo a las cambiantes circunstancias sociales y económicas que se hagan presentes en cada momento de la evolución de nuestro país. Trátase de una cuestión esencialmente política y, en cuanto tal, el debate ha de darse dentro de ese ámbito, cuidando de evitar la politización de la justicia, lo que iría en desmedro de la seguridad jurídica. Claro está que este poder discrecional acordado al legislador no lleva a legitimar cualquier medida que emane de éste. Si se diera el caso de establecerse pautas de movilidad que se tradujesen en una disminución desproporcionada del haber del beneficio, resulta indudable que, en esa situación, las disposiciones legales que las establecieran serían inconstitucionales, puesto que afectarían la garantía de movilidad de las jubilaciones emanada de lo dispuesto por el citado art. 14 bis.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la reciente sanción de la ley impugnada y la fluctuante situación económica por que atraviesa el país dificultan lograr la perspectiva necesaria como para poder efectuar un análisis preciso y equilibrado de las consecuencias que, en definitiva, tendrá la nueva normativa en el desenvolvimiento del haber de la prestación del actor. La misma sentencia apelada reconoce que, en el mes de marzo, se producirá una baja notoria en el porcentual del reajuste, y ello no es desconocido por el mismo gobierno, el cual, con el “subsidio extraordinario” creado por Decreto 1058/17 y otorgado por única vez a los haberes que no alcancen el nivel que allí se indica, ha intentado paliar tal situación respecto de los beneficiarios más necesitados. Pero he aquí que las nuevas pautas de movilidad introducen una reforma que acaso vaya corrigiendo esta distorsión, puesto que, si bien los índices aplicados son menores a los contemplados en la ley anterior, los reajustes por movilidad se harán cada tres meses, en vez de realizarse dos veces por año, lo que determinaría que la sumatoria de ellos se tradujese, en los hechos, en un porcentual más elevado. De esta suerte, el carácter dinámico que es propio de toda creación jurídica aconseja no tomar una solución tan drástica como sería declarar en este momento la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.426, y aguardar los resultados que, en definitiva, se obtengan en los próximos meses, oportunidad en la cual será posible valorar, con mayor precisión, los resultados que la nueva fórmula de movilidad trae consigo.

El segundo agravio expuesto por el recurrente, referido al carácter retroactivo de la Ley 27.426, resulta, en mi opinión, atendible. Dicha normativa se encuentra vigente desde el 29 de diciembre de 2017, tal como se desprende de su art. 11, pero retrotrae su aplicación al mes de julio de ese año, lapso durante el cual la Ley 26.417 regía y establecía otras pautas para el cálculo de la movilidad jubilatoria.

La sentencia apelada sostiene que la Ley 27.426 no es de aplicación retroactiva, puesto que el derecho del actor a ver incrementado su haber con los índices establecidos en la ley anterior se hubiese incorporado a su patrimonio en el mes de marzo de 2018 y, para esa fecha, la nueva normativa ya se encontraba vigente. De esta suerte, no se daría una aplicación retroactiva a lo dispuesto por la Ley 27.426. Señala la a quo: “la ley 26.417 claramente estipulaba dos momentos para otorgar el incremento por movilidad: en los meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no era sino en dichas fechas en que la movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara que la movilidad se devengaba mes a mes aun cuando su pago se realizara semestralmente”.

Ahora bien, el Anexo de la Ley 26.417 establecía la fórmula conforme a la cual se practicaba el cálculo de la movilidad, consignando que “el ajuste de los haberes se realizará semestralmente, aplicándose el valor de ‘m’ para los haberes que se devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para establecer la movilidad se aplicará el valor de ‘m’ calculado conforme al siguiente detalle: enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente”. Adviértase que, contrariamente a lo sostenido por la a quo en su sentencia, lo que el texto legal expresa no es que los meses comprendidos entre julio y diciembre de 2017 se devengan en marzo de 2018, sino que es al devengarse el haber correspondiente a ese mes de marzo que ha de practicarse el reajuste correspondiente a los meses de julio-diciembre.

El error en que incurre la a quo reside en confundir “lo devengado” con lo “percibido”. Lo devengado hace referencia al momento en que nace un derecho, tiene clara referencia temporal; en cambio, lo percibido señala el momento en que ese derecho se concreta. Esta distinción es de singular importancia y contribuye a esclarecer, en no escasa medida, el conflicto suscitado en autos.

El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo devengar del siguiente modo: “adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título”. Queda claro que una cosa es la adquisición del derecho y otra la percepción del mismo, que tiene lugar en el momento en que aquél se concreta. Así, por ejemplo, si a un empleado se le paga por las tareas realizadas durante el mes de marzo en los primeros días de abril, su derecho a la percepción de dicho pago se origina en el mes de marzo, si bien el pago tiene lugar en el mes siguiente. Lo mismo ocurre en el caso a examen: el derecho del actor a que se calcule la movilidad de su haber durante el lapso comprendido entre los meses de julio y diciembre se origina –esto es, se devenga- durante el transcurso de esos meses, con independencia de que el pago pertinente tenga lugar en marzo del año siguiente. De allí que pueda afirmarse, en principio, que existe una aplicación retroactiva de la nueva ley cuando ésta se aplica a un período en el cual regía la ley anterior, aun cuando el pago de ese período tenga lugar en vigencia de la ley nueva.

Paul Roubier es uno de los juristas que ha dedicado mayor atención al estudio de los conflictos de leyes en el tiempo. Entiendo que las distinciones que efectúa contribuirán a introducir mayor claridad en el tema que analizamos. Para el jurista francés, una ley deviene retroactiva en la medida en que sus disposiciones se apliquen a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior (facta praeterita), o cuando, aplicándose a situaciones en curso, se introduce en los efectos de esa situación cumplidos con anterioridad a la vigencia de la nueva ley. Ahora bien, si la ley nueva se aplica a consecuencias aún no realizadas de una situación nacida bajo la vigencia de una ley anterior, nos dice Roubier que estamos frente a una aplicación de la ley que tiene efecto inmediato y no efecto retroactivo. En suma, la ley antigua debe aplicarse a los efectos producidos con anterioridad a la vigencia de la ley nueva, en tanto que ésta debe aplicarse a los efectos posteriores a su vigencia. Así, nos dice que “todos los efectos jurídicos producidos por la situación considerada antes de la entrada en vigor de la ley nueva son parte del dominio de la ley antigua y no se los podría quitar sin retroactividad. Si nosotros suponemos una situación jurídica produciendo sus efectos durante cierto período de duración, la ley nueva determinará los efectos jurídicos que se producen después de su entrada en vigor, sin que exista otra cosa que un efecto inmediato; pero ella no podría alcanzar los efectos jurídicos anteriores, sea que se trate de modificarlos, de acrecerlos o de disminuirlos, sin que exista retroactividad” (Cfr. Paul Roubier, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps, Dalloz et Sirey, Paris, 1960, pag. 183).

La doctrina de Roubier ha estado presente en la mente del legislador argentino en lo que al punto de conflicto de leyes se refiere. Así, el art. 7 del Código Civil y Comercial dispone: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.

Esta norma del Código Civil y Comercial incorpora principios sostenidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, Germán Bidart Campos resume la doctrina de nuestro Máximo Tribunal sosteniendo que “el principio de que las leyes no son retroactivas emana solamente de la propia ley –el código civil- y carece, por ende, de nivel constitucional; pero cuando la aplicación retrospectiva de una ley nueva priva a alguien de algún derecho ya incorporado a su patrimonio, el principio de irretroactividad asciende a nivel constitucional para confundirse con la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el art. 17” (Cfr. Germán Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 1988, Tomo I, pag. 475).

Conforme a lo que llevamos dicho, la Ley 27.426 deviene inconstitucional en cuanto pretende aplicarse a las consecuencias de una situación jurídica cuya existencia es anterior al 29 de diciembre de 2017, fecha de su entrada en vigor. Sólo a partir de esa fecha será válida la modalidad de ajuste de la movilidad que la nueva ley instrumenta. El derecho del actor a practicar el cálculo de la movilidad de su haber conforme al procedimiento establecido por la Ley 26.417 ha ido devengándose mes a mes y, por consiguiente, cubre el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 29 de diciembre de ese año.

En consecuencia, de prosperar mi voto y oído el Ministerio Público, correspondería confirmar el pronunciamiento materia del presente recurso en cuanto no hace lugar a la inconstitucionalidad de los arts. 1 y concordantes de la Ley 27.426, y revocarlo con relación al art.2 del referido cuerpo legal, cuya inconstitucionalidad se declara en cuanto establece que el mismo es aplicable a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del año 2017.

Consecuentemente, se ordena a la demandada que, dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, se reliquiden, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.417, los haberes del actor correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426. Costas por su orden (art. 68 del CPCCN).

EL DR. RODOLFO MARIO MILANO DIJO:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Laclau.

EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:

I. Por sentencia de fs. 160/164 el Juzgado nro. 8 rechazó la acción de amparo deducida, impuso costas por su orden y reguló honorarios del letrado patrocinante de la parte actora.

Contra lo resuelto se dirige el recurso de apelación de quien demanda de fs. 169/175.

II. A mi juicio, los agravios esgrimidos encuentran adecuado tratamiento en el dictamen nro. 38395 del 10.4.18 de la F.G. 2, por lo que en atención a razones de celeridad y economía procesal, remito a sus consideraciones.

Sin perjuicio de ello, he de agregar algunas consideraciones que considero necesario formular respecto de las dos cuestiones centrales sobre las que versan los agravios del recurrente, a saber: a) la inconstitucionalidad de la nueva fórmula de movilidad en si misma; y b) su aplicación retroactiva.

III. En cuanto a la conformación mixta de la nueva fórmula de movilidad del art. 32 de la ley 24241, a partir de la sustitución de su texto anterior dispuesta por el art. 1 de la ley 27426, (resultado de un promedio conformado en un 70% por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC y un 30% por el coeficiente que surja de la variación del RIPTE), destaco que la misma guarda analogía con la pauta que en su momento fuera adoptada por la mayoría de este tribunal conformada por el recordado Dr. Roberto Wassner y el suscripto en miles de casos a partir de “Szczupak, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Reajustes por movilidad” (sent. n° 54 del 16/8/89, publicada en ED, 134-658); “Rodríguez, Camilo Valeriano c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Reajustes por movilidad” (sent. n° 55 del 16/8/89, publicada en ED, 134-819; en JA, 1989-IV-279; en LT, Año XXXVII, n° 441, págs. 701/55 y en TSS, To. XVII-1990-64); “Bastero, Benjamín c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Reajustes por movilidad” (sent. n° 56 del 16/8/89, publicada en “Errepar”, Doctrina Laboral, To.III, págs.437 y sgts. y en ED, 136-118), también reiterada en la sentencia definitiva nro. 40090 del 29.7.93 recaída en la causa 21356/93 “Chocobar, Sixto Celestino c/Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/reajuste por movilidad”.

En ellos se dispuso, a fin de preservar el carácter “alimentario” y “sustitutivo” de las prestaciones previsionales, aplicar una movilidad que “refleje una adecuada proporcionalidad entre el costo de vida y la evolución de las remuneraciones del personal en actividad”, conformada por el promedio mensual de las variaciones surgidas de los “índices de salarios de peón industrial y de costo de vida que elabora el Indec”.

IV. Por otro lado, he de agregar que con arreglo al art. 7 del C.C.C.N, “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes” y, según mi criterio, eso es lo ocurrido con la ley 27426, en cuanto dispone la aplicación de un nuevo índice de movilidad trimestral a partir del 1º de marzo de 2018 (arts. 1 y 2).

En ese orden de cosas se ha dicho que “La ley fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia y deroga la anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son los supuestos de hecho, es decir, una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior…” (cfr. Ricardo Luis Lorenzertti, “Código Civil y Comercial de la Nación” comentado, T. I, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, 2014, págs. 46 y 47).

Siguiendo con ese razonamiento cabe sostener que las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes “que se constituyeron o se extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato… y las que están en proceso de constitución son alcanzadas por la nueva ley” (ob. cit.).

Ahora bien, lo cierto es que de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 de la ley 26417, se sustituyó la cláusula de movilidad regulada originalmente por el art. 32 de la ley 24241 por el siguiente texto: “Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley.”

Y el anexo referido, luego de desarrollar la fórmula aplicable, concluye del siguiente modo: “El ajuste de los haberes se realizará semestralmente, aplicándose el valor de “m” para los haberes que se devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para establecer la movilidad se utilizará el valor de “m” calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente.”

En atención a esas normas, cuya validez constitucional no fue cuestionada por el recurrente, cabe concluir que la movilidad a otorgar semestralmente es el resultado de la combinación de distintas variables producidas en los semestres enero-junio y julio-diciembre, a devengar y percibir sobre los haberes de marzo y septiembre, por lo que no encuentro admisible sostener la existencia de un devengamiento mensual, como pretende el recurrente, para sustentar que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27426 ya había incorporado a su patrimonio el derecho a la movilidad de la ley 26417, siendo que aquella había sido sustituida por la ley cuestionada cuya entrada en vigencia se produjo el 29.12.17, es decir, con anterioridad al 1º de marzo de 2018 (fecha en que habría adquirido el derecho a la referida movilidad) y al 31.12.17 (cierre del período ponderable a los fines de que se trata).

V. Por otro lado, tampoco encuentro acreditado que la aplicación de la ley 27426 produzca una quita confiscatoria en el haber del actor, circunstancia relevante a tener en cuenta al momento de resolver, pues deja huérfana de sustento la violación del derecho de propiedad alegado por la parte actora, aspecto a ser considerado con prescindencia que de si la mentada ley se aplica “a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, cuanto si se entendiera que la misma tiene efectos retroactivos, supuesto en el cual “no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales” según el ya citado art. 7 del C.C.C.N.

Es el propio demandante quien en varios pasajes de su memorial cita al respecto, precedentes tales como “Actis Caporale” (C.S.J.N. 19.9.99), “Quiroga, Carlos Alberto” (C.S.J.N. 11.11.14) y otros en igual sentido, llegando a admitir de manera expresa que con arreglo a la doctrina del Máximo Tribunal “…solo se considera razonable toda quita que no supere el 15% del haber calculado conforme a las pautas de esta sentencia, como una contribución solidaria a la seguridad social de quienes tienen mayor capacidad económica…” (SIC, resaltado incluido, fs. 171 vta., segundo párrafo).

Bajo esa premisa habré de abordar el test de confiscatoriedad, teniendo en cuenta que según el recibo del fs. 5 correspondiente a haberes del período 11/17, el actor percibió la suma de $33.181,35 por PBU/PC/PAP.

Dando por válido que -según los dichos del propio demandante- de acuerdo a la ley 26417, en marzo de 2018 su beneficio se habría incrementado en un 14.60%, la prestación habría alcanzado un haber mensual de $38.140,41 para el período marzo/agosto de 2018.

Tomando como punto de partida el mismo haber de $ 33.181,35, en virtud de la ley 27426, las Res. S.S.S. E-2/18 y 6/18 y las Res. ANSeS 28/18 y 88/18, la movilidad aplicable en los haberes de marzo y junio del año en curso es del 5,71% y del 5,69%, acumulativamente, de manera que el haber de marzo ascendió a la suma de $ 35.181,71 y el de junio a $ 37.183,54.

El cotejo del haber mensual que resulta de la aplicación de la ley 27426 de $ 35.181,71 para los meses de marzo, abril y mayo, alcanza al 92,24% del de $ 38.140,14 que arrojaría la ley 26417, en tanto que el de los meses de junio, julio y agosto de $ 37.183,54 equivale al 97,487% del de $ 38.140,14, antes aludido.

Evidentemente, en las dos hipótesis, las mermas verificadas del 7,76% y del 2,51% no alcanzan la entidad confiscatoria pretendida por el demandante bajo los parámetros invocados por el propio recurrente.

Por lo que vengo de exponer y de conformidad con lo opinado por el Ministerio Público a fs. 179/181, mediante dictamen del que se acompañará copia con la notificación a librar, propongo rechazar el recurso deducido. Costas por su orden en atención a las particularidades del caso (art. 17 de la ley 16986 y 68, segundo párrafo, del CPCCN.). Naf.

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, y oído el Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE : confirmar el pronunciamiento materia del presente recurso en cuanto no hace lugar a la inconstitucionalidad de los arts. 1 y concordantes de la Ley 27.426, y revocarlo con relación al art.2 del referido cuerpo legal, cuya inconstitucionalidad se declara en cuanto establece que el mismo es aplicable a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del año 2017. Ordenar a la demandada que, dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, reliquide, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.417, los haberes del actor correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426. Costas por su orden (art. 68 del CPCCN).

Cópiese, protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

Rodolfo M. Milano – Nestor A. Fasciolo – Martin Laclau

Autos: Fernandez Pastor, Miguel A. c/Anses s/Amparos y Sumarisimos
País:
Argentina
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social – Sala III
Fecha: 05-06-2018
Cita: IJ-DXXXV-858

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Derecho Laboral – Despidos

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Corresponde confirmar la sentencia que consideró ajustado a derecho la desvinculación laboral decidida por la trabajadora, resultando procedentes las indemnizaciones por despido y por daño moral, en tanto se acreditó los malos tratos, acoso y persecución recibidos por parte de su superior, y los actos discriminatorios sufridos desde el inicio de su relación laboral por parte de la patronal, consistentes en malos tratos y hostigamientos (mobbing).

El hostigamiento laboral es un proceso que se desarrolla de manera continua, progresiva y de larga duración en el tiempo, cuyo objetivo o finalidad consiste, entre otros, en la exclusión de la persona trabajadora del universo laboral, no es repentino ni casual, sino que tiene un motivo preponderante de quien ejerce tal inconducta.

La violencia en el ámbito de las relaciones laborales se manifiesta en diferentes formas de maltrato, se relaciona con la utilización abusiva del poder para obtener un resultado concreto, mediante toda acción, conducta o inactividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral por la parte empleadora, superiores jerárquicos o terceros que restringen la esfera de la libertad y constituyen un atentado a la dignidad, la integridad física, moral o sexual de la persona trabajadora.

La Organización Internacional del Trabajo ha definido la violencia en el lugar de trabajo como toda acción incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual la persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala I

Buenos Aires, 31 de Mayo de 2017.-

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 323/333 que le resultó desfavorable se alza la demandada T. A. S.A. a tenor del memorial de agravios obrante a fs. 334/339 mereciendo oportuna réplica a fs. 349/354. La representación letrada de la parte actora cuestiona a fs. 355, por un lado, sus honorarios por estimarlos reducidos y por el otro, los fijados a la asistencia letrada de la accionada por elevados. Asimismo, a fs. 340 y 341 los peritos psicólogo y contador recurren, por bajos, sus emolumentos regulados en autos.

II.- Memoro que en el particular, la Sra. Jueza “a quo” resolvió receptar el reclamo, condenando a la demandada a abonar las indemnizaciones adeudadas y derivadas de la desvinculación que fue decidida por la trabajadora el día 13/09/2012 (cfr. liquidación que practicó a fs. 331vta/332). Para así decidir, entendió que la injuria invocada en su telegrama extintivo –relativa a los malos tratos, acoso y persecución recibidos por parte de su superior- se encuentra acreditada, por lo tanto la actitud rescisoria en que se colocó la Sra. H. resultó ajustada a derecho. Además, consideró procedente el reclamo deducido a fin de adicionar un resarcimiento extratarifario (integrativo de los conceptos daño moral y material) al considerar comprobada la circunstancia alegada por la parte actora respecto a los actos discriminatorios sufridos desde el inicio de su relación laboral por parte de la patronal, consistentes en malos tratos y hostigamientos (mobbing).

III.- La demandada apela el pronunciamiento dictado en anterior grado y se queja por el progreso de la acción tal como ha sido decidida por la Sra.

Magistrada que me precedió. Cuestiona la forma en que resultaron apreciadas las pruebas producidas, considera que la causal de despido no resultó suficiente ni temporánea. Sostiene que ninguno de los testimonios brindados en autos da cuenta de la situación de mobbing alegada por la Sra. H. en su escrito de inicio.

Asimismo, se agravia por entender que no corresponde que se la condene a resarcir el daño moral sufrido por la accionante, en razón de que el mismo no fue acreditado. Discute la tasa de interés fijada en la presente causa (Acta 2601), la cual, a su entender, no puede aplicarse de manera retroactiva y por último, rebate los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y perito contador por altos, y los fijados a su asistencia letrada por reducidos.

IV.- Adelanto que, de compartirse la solución que propongo, la queja referida al progreso de la causal de despido por acoso laboral deberá ser desestimada y corresponde mantener lo decidido por la Sra. Jueza de la anterior instancia.

Sin perjuicio de lo normado por el art. 377 del CPCCN, en materia probatoria, resulta de aplicación al caso la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Pellicori, Liliana c/ Colegio de Abogados de la Capital Federal s/ Amparo” (P.489, XLIV, del 15.11.11), es decir, la actora debía aportar indicios serios y concretos acerca de que las actitudes que describe en la demanda dirigidas hacia su persona por parte de su empleadora, lesionaron su derecho fundamental y la parte demandada acreditar que su conducta se generó en causas absolutamente ajenas a la invocada vulneración de derechos fundamentales (en igual sentido, ver causa nº 21243/10 “Grillo, Lorena Beatriz c/ Libertad SA y otro s/Despido” SD. 88308 del 05/12/12).

Desde esta perspectiva, observo que la actora suministró suficientes elementos para formar y acreditar el cuadro indiciario aludido. En efecto, no se encuentra discutido en autos que el día 14 de junio de 2012 la Sra. H., quien se desempeñó como analista junior de servicios generales en el sector Real Estate y cumpliendo tareas de arquitecta, realizó una presentación formal en el Sector Denuncias Internas (Auditoría) como consecuencia del acoso y mobbing de la que era objeto por parte de su superior jerárquico. El resultado del sumario interno culminó con la desvinculación de la persona sindicada por la accionante.

Ahora bien, y más allá que los testigos que declararon a instancia de la parte actora a fs. 247 el Sr. Avigliano y fs. 251 la Sra. Romeri no pudieron dar precisiones respecto de las circunstancias que rodearon la actitud extintiva de la accionante, en virtud de que no tuvieron un conocimiento directo de los hechos sino a través de comentarios de la propia actora o de terceros, lo cierto es que el Sr. Higa a fs. 248 fue claro en indicar que “…la relación laboral con M. y la actora era conflictiva…por la forma de ambos bajo ironías, que no era reciproco que M. era irónico…”. Lo expuesto determina que si bien, ninguno de lo deponentes pudieron dar precisiones respecto de los hechos desencadenantes de la denuncia efectuada por la Sra. H. ante la patronal, lo cierto es que los relatos brindados por el Sr. Massimino y la Sra. Aguiar sellan la suerte del recurso interpuesto, de acuerdo al siguiente análisis.

Conforme se desprende de su testimonio a fs. 248, el Sr. Massimino manifestó que “…trabaja desde noviembre de 2008 en la demandada. Es el gerente de Evaluaciones especiales, Dirección de Auditoria, área responsable de realizar las investigaciones de denuncias que ingresan en el sitio web del grupo T.…la denuncia de la actora fue en junio de 2012…cuando toma conocimiento del caso y al leer las manifestaciones de la actora, estando de licencia, procede a llamarla para manifestarle que habían tomado conocimiento de su denuncia…coordina entrevistas con doce personas aproximadamente del área y acompañado por gente de Capital Humano para empezar a tomar declaraciones y poder comprobar lo que estaba denunciando la actora. Estas entrevistas se realizaron en el edificio de T. ubicado en Pampa…entrevistó a Eduardo Eid, Marcela Giménez, Alicia Navarro, E. M., Mónica Gerlans, Paula Causone, estos son los que recuerda…la denuncia era en base a eventuales malos tratos por parte de su gerente que era M. y actos discriminatorios, la actora le manifestó que era musulmana y E. atacaba por ese lado. Teniendo en cuenta las manifestaciones de los entrevistados procede el testigo a comunicar el resultado de las entrevistas al comité de Auditoria que está integrado por tres miembros del grupo T. A., instancia en la cual le manifiestan que teniendo en cuenta las declaraciones había que desvincular a E. M.…entre que se inició y se decidió la desvinculación transcurrió un mes…al Sr. M. lo desvincularon en julio de 2012…si la actora tomó conocimiento del resultado de esta investigación responde que no por su parte…”.

Por su parte la Sra. Daniela Aguiar a fs. 252 manifestó que “…sabe que ella presentó licencia médica y una denuncia por maltrato…la testigo era líder de cliente de la actora y ella se acercó, le pidió un reunión, le informó que estaba de licencia médica, que estaba angustiada, medicada, y que sufría un maltrato o acoso por parte de su gerente. Este gerente era E. M.. Esta reunión que tuvieron ellas fue en el mes de junio del año 2012, en el edificio de Madero –que no era el domicilio laboral que tenía la actora-, si era el domicilio donde trabajaba la testigo…la auditoria hizo una investigación…la misma consistió en entrevistar a todas la personas que formaban parte de esa gerencia y al gerente… el resultado de esta investigación fue la desvinculación del gerente…en julio del mismo año se desvinculó al gerente E. M.…”.

Del análisis de estos testimonios surge de manera indubitada que la auditoría llevada a cabo por la empresa T. A. S.A., en cabeza del Sr. Massimino, culminó con la desvinculación del Sr. Eduardo M. como dependiente de la empresa. Es decir, que la denuncia formulada por la Sra. H en el mes de junio del 2012 y la situación allí descripta por la accionante de acoso laboral y discriminación por parte de su superior jerárquico quedó corroborada.

Lo expuesto, a mi entender, resulta determinante, para tener por acreditado los incumplimientos laborales invocados por la actora en su escrito de inicio y que motivaron la denuncia del contrato de trabajo.

Recuerdo que el hostigamiento laboral es un proceso que se desarrolla de manera continua, progresiva y de larga duración en el tiempo, cuyo objetivo o finalidad consiste, entre otros, en la exclusión de la persona trabajadora del universo laboral, no es repentino ni casual, sino que tiene un motivo preponderante de quien ejerce tal inconducta. Digo esto porque a contrario de lo que sostiene la recurrente en su memorial de agravios, el acoso sufrido por la Sra. H, no comenzó con la presentación formal en el mes de junio de 2012, sino que el mismo tuvo su origen con anterioridad. La denuncia efectuada por ante la patronal fue el último recurso al que recurrió la actora para modificar la situación que padecía y dadas la características descriptas de este tipo de inconductas, sumado al análisis de la prueba testimonial, lleva a mi convicción que T. no fue ajena a la relación conflictiva mantenida entre la Sra. H. y su superior jerárquico, tal como lo sostuvo la Sra. Jueza de grado en el pronunciamiento recurrido y la parte no puede eximirse de su responsabilidad alegando que no se encontraba informada de tales hechos (art.386 CPCCN.

Llegado a este punto del análisis, ya he señalado con anterioridad que la violencia en el ámbito de las relaciones laborales se manifiesta en diferentes formas de maltrato, se relaciona con la utilización abusiva del poder para obtener un resultado concreto, mediante toda acción, conducta o inactividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral por la parte empleadora, superiores jerárquicos o terceros que restringen la esfera de la libertad y constituyen un atentado a la dignidad, la integridad física, moral o sexual de la persona trabajadora.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha definido la violencia en el lugar de trabajo como toda acción incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual la persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, ( V. Esta Sala, in re Von Pieschel Marcos Alejandro c/ Teletech A. S.A.s/ despido”, S.D. 87370 del 13/1/2012 y “Alais Andrea Karina c/ Ekekens S.A.y otro s/ despido” S.D. 87631 del 25/4/2012).

En el caso que analizo quedó debidamente acreditado que la actora fue objeto de hostigamiento psicológico, modalidad de violencia laboral expresamente contemplada en el art. 5 de la ley 26.485 “…quedan especialmente comprendidos los siguientes tipos de violencia contra la mujer…psicológica: la que causa un daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descredito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación…” y el segundo párrafo del art. 6º inc. c) del texto jurídico citado y el Decreto Reglamentario 1011/2010 que específicamente contempla el supuesto de violencia laboral contra las mujeres, “…se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores…”. En tal sentido, concluyo que la demandada incumplió los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de rango constitucional, que en su artículo 11 obliga al Estado a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano y art 6° inc. a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, ratificada por Ley 24632 de 1996, que incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, instrumentos internacionales que en conjunto, constituyen el soporte de las disposiciones contenidas en la citada Ley 26.845.

Cabe agregar que toda persona debe ejercer sus actos respetando a su vez el principio “alterum non laedere” consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional y que el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren prestando las tareas asignadas por éste y que dicha obligación dimana del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin,1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: De Palma). De allí que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.), por ello, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 , 75 y concordantes de la LCT).

Por las consideraciones vertidas, propongo confirmar la decisión de grado en el aspecto analizado.

Con relación a la temporalidad de la causal de despido, de conformidad como se fueron desencadenando los hechos entre la Sra. H y T. A. S.A., no encuentro razones que permitan apartarme de lo decidido en grado.

En efecto, los certificados médicos acompañados a fs. 168/173 dan cuenta que la accionante se encontraba de licencia laboral desde el 11 de junio de 2012 indicándole reposo en forma sucesiva e inclusive el certificado de fecha 13/08/12 le otorgó licencia laboral por 30 días más, tal como informó la Dra. Mónica Sabarotz en la respuesta de fs. 272. La facultativa indicó que el diagnóstico de la paciente fue por stress laboral, alteración en estado de ánimo y sugirió continuar el tratamiento con psiquiatra o psicólogo especializado. Tal circunstancia surge corroborada a través del relato de la Sra. Aguiar a fs. 252 y de la pericial contable de fs. 294/300 (ver punto 10), del que surge que la licencia finalizó el 13/09/2012.

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, la desvinculación del Sr. M. se produjo luego de realizado un sumario interno, en el mes de julio del 2012 –tal como lo afirmaron los testigos analizados- sin que se anoticiara tal decisión a la Sra. H. Hecha la siguiente aclaración, considero que la misiva enviada por la actora el 27/08/12 (ver fs. 238 e informe del Correo Argentino a fs. 242), donde intimó extrajudicialmente que se solucione y cese el acoso laboral denunciado en su oportunidad, resultó acertada y temporal, -reitero que la dependiente se encontraba gozando de licencia por enfermedad y el Sr. M. ya había sido cesanteado-. Al haber pasado más de dos meses sin que tuviera noticia alguna del resultado de la investigación por la denuncia efectuada por ante la accionada y dada la incertidumbre respecto a su situación laboral, recién con la misiva del 03/09/12 T. (ver fs. 97/99) si bien puso en conocimiento que habría dispuesto la cesantía del Sr. M., lo hizo en términos descalificantes, tratando de justificar su conducta omisiva.

En consecuencia, teniendo en cuenta que del intercambio telegráfico entre las partes no surge que la demandada haya brindado una respuesta satisfactoria a la trabajadora, coincido al igual que lo hizo la Magistrada de la anterior instancia, en que al no haber puesto en conocimiento, en tiempo y forma, a la Sra. H. el resultado de la investigación, tal circunstancia, sumado a los términos de la respuesta de la accionada, impidió que se reintegrara a sus tareas.

En virtud de los argumentos esgrimidos, corresponde desestimar este segmento de la apelación.

V.- El segundo de los agravios vertidos por la accionada, relativo al progreso del daño moral, tampoco prosperará.

Sin perjuicio de señalar que este segmento de la apelación también debe ser declarado desierto pues no cumple con los requisitos exigidos por el art.116 de la LO, al sólo efecto de satisfacer el derecho de defensa del recurrente, haré las siguientes consideraciones.

Al contrario a lo que sostiene el quejoso y conforme la síntesis efectuada en el considerando anterior, se encuentra acreditado que la accionante fue víctima de hostigamiento psicológico por parte de un dependiente de la patronal (Sr. M.). Para llegar a dicha conclusión fue la demandada quien, por intermedio de una auditoria –a raíz de la denuncia efectuada por la Sra. H.- resolvió desvincular a esta persona y dar entidad a su reclamo.

Memoro que el daño moral es la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por quien lo reclama, un detrimento que, de otro modo, quedaría sin resarcir. Siendo eso así, se trata de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido, el cual se encuentra receptado en los arts. 522 y 1078 del Código Civil y adquirió rango constitucional a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, pues en el artículo 5 apartado 1 del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054) encuentra la debida tutela.

A los fines de su determinación, tengo en cuenta que nuestro más Alto Tribunal ha señalado que debe considerarse el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, lo que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. Fallos: 321:1117, 323: 3614 y 325:1156, entre otros); que el dolor humano es apreciable y que la tarea de quien juzga es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. También la CSJN ha expresado que aun cuando el dinero sea un factor inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado.

En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra – patrimoniales” (conf. Fallos 334: 376, Considerando 11º y Recurso de Hecho V.G.B. c/ Hospital Vicente López y Planes Unidad Hospitalaria de General Rodríguez s/ accidente de Trabajo” V.206.XLV.R.HE del 04/06/2013).

En este sentido, resulta un razonamiento lógico que, debido a las circunstancias antes expuestas a lo largo de mi voto, la actora resultó víctima de la perturbación psicológica aludida en la demanda. Por ende, comparto que sea receptada la pretensión de su reparación autónoma tal como lo ha decidido la Sra.Jueza de anterior grado.

VI.- En cuanto a la tasa de interés, la demandada se agravia porque considera que se dispuso aplicar la que surge del Acta de la CNAT 2.601 del 21/5/2014, en forma perjudicial a los intereses de su parte. Sostiene que lo correcto es aplicar la Tasa activa para este tipo de créditos.

En primer término, cabe precisar que las resoluciones que adopta ésta Cámara mediante actas sólo consisten en la exteriorización su criterio y son indicativas de una solución posible pero no constituyen actas obligatorias; en segundo lugar, siendo que los juicios laborales carecen de intereses legales, la tasa determinada por el Sr. Magistrado de grado se encuentra adecuadamente fundamentada –con remisión al Acta Nº2601 de esta Cámara- que se ajusta a lo dispuesto en el inc.c) del art.768 del CCCN en tanto, en definitiva, se remite a una tasa de interés de una entidad bancaria pública que funciona bajo la égida del Banco Central de la República A..

Es pertinente agregar que esta Cámara resolvió en el Acta Nº2630 del 27/4/2016 mantener, a partir de la fecha de la última publicación, la tasa a la cual se remite el Acta Nº2601 (tasa nominal anual vigente para préstamos personales de libre destino del Banco Nación) que asciende al 36%.

Por otra parte, como he señalado en otras oportunidades, la tasa de interés tiene como objetivo mantener incólume el contenido de la sentencia; la integridad del crédito de naturaleza alimentaria y evitar que el transcurso del tiempo lo convierta en irrisorio. En este contexto, si bien la tasa establecida en el Acta 2357 del 7/5/02 al principio fue adecuada, esta Cámara advirtió que en la actualidad y frente a los ajustes y variaciones económicas financieras que surgen de elementos propios de la realidad, quedó desajustada y sin posibilidades de disipar la existencia de un agravio patrimonial.

Por ello, ante la conducta del empleador moroso que no permitió que la persona trabajadora utilizara su dinero libremente, es criterio jurisprudencial reiterado que la tasa de interés compensa el deterioro del crédito laboral y el lógico avatar que implica un juicio tendiente a recuperar el capital indebidamente retenido por su empleador. De aplicar un interés ajeno a la realidad social y política, notoriamente inferior al imperante en el mercado financiero, sin establecer pautas correctoras de la conducta antijurídica y no contemplar la verdadera dimensión del perjuicio sufrido, significaría premiar al deudor que no cumplió oportunamente sus obligaciones. Por lo expuesto, propongo rechazar este aspecto de la queja articulada y, en su mérito, mantener en este punto la decisión de grado.

VII.- Resta el tratamiento de las quejas vertidas en materia arancelaria.

En atención al mérito, extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, lo normado en el art. 38 L.O., los arts. 1, 3, 6, 7, 8 y 19 de la ley 21.839 (modif. 24.432) y el Decreto Ley 16.638/57, entiendo que lucen ajustados a las pautas arancelarias de aplicación los honorarios fijados a la representación letrada de la parte demandada, perito contador y perito psicólogo. Sin embargo, encuentro reducidos los fijados a la asistencia letrada de la parte actora y propicio elevarlos al 16% del monto definitivo de condena.

VIII.- Las costas de Alzada se imponen a la accionada en su calidad de objetivamente vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y se regulan los honorarios de los firmantes de fs. 334/339 y 349/354 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Mantener los honorarios cuestionados a excepción de los regulados a la representación letrada de la parte actora que se elevan al 16% del monto definitivo de condena y 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y regular los emolumentos de los firmantes de fs.

334/339 y 349/354 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Mantener los honorarios cuestionados a excepción de los regulados a la representación letrada de la parte actora que se elevan al 16% del monto definitivo de condena y 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y regular los emolumentos de los firmantes de fs.

334/339 y 349/354 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación) y 4) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 11/14 de fecha 29/04/14 y Nº 3/15 de fecha 19/02/15 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentada.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13

Gloria M. Pasten de Ishihara – Miguel Á. Maza

Autos: H. Y. A. c/T. A. SA s/Despido
País:
Argentina
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala I
Fecha: 31-05-2018
Cita: IJ-XDI-621

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Estudio de Abogados en Mar del Plata – Panizo Abogados

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Titular del Estudio:

​​Dra. Fernanda Panizo

ABOGADA

Tº X Fº 188 CAMDP – Tº 60 Fº 754 CFAMDP

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Abogado

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¿Puede el hombre acudir al juez especialista en violencia de género o familiar, denunciando que sufre situaciones de violencia de parte de su conviviente o esposa? 

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SI.
Por el principio de igualdad, de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. La violencia de género, implica la violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona, sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y psicológico.
En este ámbito tiene especial relevancia la denominada Justicia Terapéutica, cuyos principios son: intervención judicial permanente, monitoreo o supervisión cercana, respuesta inmediata a la conducta, integración del tratamiento con los procesos judiciales, tratamientos multidisciplinarios, y colaboración con la comunidad y las organizaciones gubernamentales.