Abogado

Actos u omisiones de particulares, propiedad horizontal

La procedencia de la acción de amparo -en el caso, dirigida contra un consorcio de propietarios que cortó el suministro de energía eléctrica en lugares comunes del edificio- exige la concurrencia de determinados presupuestos ineludibles, referidos principalmente a que la impugnación debe dirigirse en contra de un acto u omisión que afecte o restrinja alguna de las libertades o derechos esenciales de la persona tutelados por la Constitución, y que esa amenaza o lesión actual sea manifiestamente ilegal o groseramente arbitraria, presupuestos que no se presentan en el caso, pues para analizar dichos extremos resulta necesario un mayor debate y prueba en relación al derecho del actor a afectar esos espacios comunes.
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Abogado

Defensor del Imputado. Notificación

Si cuando se dictó el decreto de avocamiento, se procuraba la detención del imputado, según surge del informe de secretaría que precede a ese proveído y luego por otro decreto se ordenó la autopsia cuestionada y se dispuso que se practicaran las notificaciones de ley, lo que se cumplimentó inmediatamente con el agente fiscal y con el asesor letrado, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto por el art. 260 C.P.P., se aseguró la asistencia técnica del imputado.

El hecho de que el imputado, estando ya detenido, designara un defensor de su confianza, no acarreó la obligación legal de notificar nuevamente la autopsia notificada al agente fiscal y asesor letrado en momentos en que aquél estaba prófugo, porque ello importaría desconocer eficacia al acto anterior válidamente cumplido, con la consiguiente alteración de trámites y plazos (C.P.P , art- 106, 2do. párrafo).-,

Abogado

Billetera electrónica – Noticias AFIP

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Procedimiento. AFIP. Obligaciones tributarias. Cancelación. Billetera Electrónica. Su implementacion
A través de la RG AFIP 4335/2018 (B.O.15/11/2018), se implementa la “Billetera Electrónica AFIP”, que será utilizada opcionalmente por los contribuyentes y/o responsables para efectuar la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.

Desde ahora tenés una nueva opción para pagar tus impuestos: la Billetera Electrónica AFIP. Podés cargarle fondos por homebanking, desde nuestro sitio web, o por transferencia bancaria internacional. Así ampliamos nuestras modalidades de cobro digital para que puedas hacer tus pagos de la manera que te resulte más cómoda, rápida y segura.

Vos decidís cómo usar los fondos
Cuando ingreses dinero a tu Billetera Electrónica AFIP, estos serán recibidos en forma genérica; es decir que no se les realizará imputación específica alguna, ya que quedarán a tu disposición para que decidas cómo usarlos.

¿Qué se puede pagar con la Billetera Electrónica AFIP?
El crédito registrado en la “Billetera Electrónica AFIP” puede destinarse a cancelar obligaciones propias o de un tercero, que correspondan a:

Saldo de declaraciones juradas presentadas
Anticipos
Pagos a cuenta de retenciones y/o percepciones
Intereses -resarcitorios o punitorios- y multas, que se relacionen con los conceptos mencionados en los puntos anteriores
¿Qué NO puede pagarse con la Billetera Electrónica AFIP?
Los fondos depositados en la “Billetera Electrónica AFIP” no pueden destinarse al pago de:

Aportes personales de los trabajadores autónomos.
Monotributo – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares.
Cuotas o pagos a cuenta de planes de facilidades del sistema “MIS FACILIDADES”.
Regímenes cuyos pagos deban ser ingresados mediante la generación de volantes de pago específicos (por ejemplo: honorarios de representantes del fisco, guías fiscales agropecuarias, etc.).
Cómo cargar fondos en la Billetera Electrónica AFIP
Por transferencia electrónica:

A través del servicio “Carga Billetera AFIP”, que estará disponible por cualquiera de estas dos vías:

En la página web de la AFIP: Accediendo con Clave Fiscal de Nivel de Seguridad 2 ó superior, más tu Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI).
En homebanking: utilizando el acceso provisto por tu banco.
En ambos casos, dentro del servicio “Carga Billetera AFIP” se deberá indicar la CUIT del contribuyente al cual se le acreditarán los fondos y el importe que se desea transferir.

Para visualizar las pantallas del servicio, ingresá a la Guía Paso a Paso ¿Cómo acredito mis fondos en la Billetera Electrónica AFIP?

El importe mínimo a cargar es de $ 1.200.-
Si el sistema te lo pide, tendrás que seleccionar la entidad de pago a través de la cual se ordenará la transferencia electrónica de fondos.

Para finalizar la operación se abona el VEP generado. Para esto hay un plazo de 30 días corridos desde el momento de la generación del VEP.

Por transferencia Bancaria Internacional (TBI):
La información y el listado de las entidades recaudadoras habilitadas, podrán ser consultados en el micrositio denominado “Pago por Transferencia Bancaria Internacional” de este sitio web oficial.

Consulta de saldo y pago de obligaciones
El saldo de la Billetera Electrónica AFIP podrá consultarse ingresando con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 ó superior al servicio “Sistema de Cuentas Tributarias”, opciones “Transacciones” y “Billetera Electrónica AFIP”.

Desde allí también se podrán seleccionar y/o incorporar las obligaciones a pagar, que pueden ser propias o de un tercero, a quien se identificará mediante CUIT.

Se tomará como fecha de pago aquella en la que los fondos sean imputados en el “Sistema de Cuentas Tributarias”.

Imputación de oficio y devolución de fondos
Si el responsable de la Billetera Electrónica AFIP no informa un destino para los fondos dentro del plazo de treinta días corridos desde el momento de la acreditación, el dinero podrá ser imputado de oficio por esta Administración Federal. En caso de no existir obligaciones pendientes de pago, se realizará la devolución de los fondos.

El contribuyente podrá también solicitar la restitución de los fondos remanentes, siempre y cuando no registre deudas con el Organismo.

La devolución de fondos se realizará mediante transferencia bancaria, con destino a una cuenta en pesos cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) haya declarado el solicitante.

VIGENCIA
Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2018.

La opción de solicitud de devolución se encontrará disponible desde el primer día hábil del cuarto mes siguiente al de la publicación de la presente.

Fuente: Resolución General 4335

Fecha de publicación: 15/11/2018

 

Abogado

La Corte concluyó que, luego de la sanción de la ley 26.683 era competente la justicia federal para conocer en los casos en los que se investiga la posible comisión del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 303 del Código Penal.

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La Corte Suprema, con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y con remisión al dictamen del procurador Eduardo Casal, resolvieron en la causa “Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada, Trelew s/ infracción art. 303 y art. 304 CP” que es la justicia federal la encargada de investigar el delito de lavado de dinero.

La causa comenzó a tramitar ante el Juzgado Federal de Rawson, donde se declaró la incompetencia porque “los únicos delitos ‘contra el orden económico y financiero’” cuya instrucción penal “fue legalmente puesta en manos de la justicia federal”, son justamente los previstos y reprimidos por el artículo 306 del Código Penal – los tipos penales de la ley antiterrorista- y no los de lavado específicamente, previstos en los artículos 303 y 304.

La decisión, luego confirmada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, llegó a la Casación Federal, que declaró inadmisible el recurso del fiscal del caso por entender que “no se ha argumento adecuadamente la existencia de una cuestión federal”, que habilite la intervención de esa Cámara como tribunal intermedio.

El fiscal de Casación, Gerardo Weschler, recurrió en queja ante la Corte custionando que Casación hizo una denegatoria del fuero federal, incumpliendo los parámetros del fallo “Olivetto, José Luis Y otros s/inf. Art. 303″, del año 2016, donde el Máximo Tribunal determinó que la justicia federal era la competente para entender en el delito de lavado de dinero previsto en el articulo 303 del Código Penal.

El dictamen de la Procuración sostiene que en el fallo “Olivetto” la Corte concluyó que, luego de la sanción de la ley 26.683 era competente la justicia federal para conocer en los casos en los que se investiga la posible comisión del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 303 del Código Penal.

El fiscal, a su vez, tachó de a.rbitraria la sentencia por considerar que carece de motivación, pues” no cubren esa exigencia las genéricas afirmaciones sin referencia a las circunstancias del caso ya los temas legales suscitados que precedieron a la desestimación” y además, dada la gravedad de la controversia, le pidió a la propia Corte que dirima la cuestión.

El procurador Casal mantuvo la queja y coincidió con los fundamentos expuestos por Weschler, tras recordar que en el fallo “Olivetto” la Corte concluyó que, luego de la sanción de la ley 26.683 era competente la justicia federal para conocer en los casos en los que se investiga la posible comisión del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 303 del Código Penal.

“En tales condiciones, asiste entonces razón al fiscal general cuando sostiene que la decisión en contrario de los jueces de la causa importó una denegatoria del fuero federal y que el a quo rehusó arbitrariamente ejercer su jurisdicción pese al carácter defiil.itivo de lo resuelto ya la índole federal de la cuestión en debate”, añadió.

“En suma, considero que el a quo soslayó arbitrariamente el conocimiento y la decisión de la cuestión federal que este ministerio fiscal, a través del recurso de casación interpuesto ante ella, había sometido a su jurisdicción, y que al así proceder convalidó la denegatoria de la jurisdicción federal”, concluyó Casal.

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Se deberá indemnizar a un conductor a quien se le cayó la luminaria sobre su vehículo.

En los autos “K. D. G. contra GCBA sobre Daños y Perjuicios (excepto Responsabilidad Medica)”, la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, integrado por Fabiana Schafrik, Mariana Díaz y Carlos Balbín, hizo lugar parcialmente a la demanda de un conductor a quien se le cayó la luminaria del alumbrado público sobre su vehículo mientras él estaba a bordo.
El hecho sucedió en octubre de 2013, cuando el demandante estaba a bordo de su auto y se desprendió desde una columna la luminaria del alumbrado público, “cayendo violentamente sobre el techo de su vehículo”.
En este escenario, el camarista Balbín dio por acreditado el daño material del auto y advirtió: “Toda vez que las luminarias de alumbrado público de la Ciudad son bienes del dominio público del Estado, pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlas en buenas condiciones”.
De este modo, el Tribunal de Alzada revocó el pronunciamiento de primera instancia y estableció una indemnización de 13.413 pesos por los gastos necesarios para reparar el vehículo.
“Por eso, si como consecuencia del incumplimiento de ese deber de mantenimiento y conservación, los particulares sufren un daño cierto y efectivo y, a su vez, se presentan los restantes presupuestos que hacen procedente la responsabilidad estatal, por aplicación de las normas antes citadas, corresponde que la Ciudad de Buenos Aires indemnice los perjuicios causados”, señaló Balbín en su voto, al cual adhirieron Schafrik y Díaz.
Asimismo precisó que “no se encuentra probado que la firma adjudicataria para el mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público -SUTEC S.A.- haya sido contratada para prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público urbano ubicado en la zona en cuestión”.
De este modo, el Tribunal de Alzada revocó el pronunciamiento de primera instancia y estableció una indemnización de 13.413 pesos por los gastos necesarios para reparar el vehículo.
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ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE MATRIMONIO Y CONVIVENCIA, EN EL AMBITO PATRIMONIAL

Entre los aspectos a tener en cuenta al momento de decidir la vida en común, se encuentra el patrimonial. Surgen preguntas tales como: El inmueble es de él, ¿Qué pasa si nos separamos?, ¿Tengo derecho a pedir una parte?, ¿Mi concubino puede incluirme en la obra social? Etc. Transcurridos los años y producida la separación, muchas veces las personas se encuentran con que carecen de bienes, cuando durante todo ese tiempo estuvieron aportando al hogar económicamente o bien atendiendo a la familia, resignando la posibilidad de trabajar fuera del hogar. Por ese motivo, veremos algunas diferencias entre el matrimonio y el concubinato.

Matrimonio: 1) Todo bien registrable que adquieran dentro del matrimonio, será conyugal, salvo que hayan formalizado un convenio prenupcial o un convenio mientras se encontraban en matrimonio y en éstos se disponga otra cosa.

Al solicitar el divorcio, la sentencia determina que a partir de la interposición de la demanda, se declare disuelta la sociedad conyugal, con efecto retroactivo. Es decir que, a partir de que interpusieron el divorcio, sea de forma unilateral o por presentación conjunta, los bienes que cada uno haya adquirido a partir de esa fecha, serán de carácter propio. Son propios también los bienes adquiridos por herencia.

2) En cuanto a los bienes no registrables, al separarse, los dividirán conviniendo verbalmente, o por escrito, dentro de los acuerdos del divorcio, ya que se homologan al dictarse sentencia, y ante el incumplimiento puede ejecutarse.

3) Si existieran deudas pendientes (Ej.: crédito hipotecario) responden por igual ante el acreedor, y con la vivienda hasta que finalicen el pago.

Convivencia:

1) En el caso de contraer un crédito hipotecario, serían condóminos del inmueble, y responden por igual ante los acreedores. Por eso conviene celebrar previamente, un contrato de sociedad de hecho, ya que no se presume la existencia del concubinato, y así podrán regular todos los aspectos concernientes a cómo resolverán las relaciones comerciales con terceros y las relaciones jurídicas dentro de la pareja. Si deciden abonar cada uno el 50% del crédito, si uno no paga, el otro deberá hacerse cargo, para evitar el remate, pero luego podrá ejecutar al condómino por ese monto.

2) Si ambos trabajan en un negocio propio de él o de ella, ¿cómo probar que la concubina/o aportó trabajo para lograr ganancias para ambos? Si no se regula en un contrato, al producirse la separación, el/la concubina/o no podrá probar el aporte laboral al negocio ni obtener una parte líquida, acorde con lo aportado y regulado en el contrato.

Para el caso de construcción de la vivienda con aportes de ambos, la existencia del contrato de sociedad regulatorio, más las facturas de compra de materiales, de pago de mano de obra, Etc. a nombre de uno o de los dos, son pruebas para tener derecho a obtener una parte líquida del inmueble, ya que el terreno pudo haber sido adquirido antes de la convivencia por uno solo, no siendo justo que se aproveche de la construcción pagada a costa del otro o de ambos, consiguiendo en el futuro vender dicha propiedad como propio a un valor muy distante del inicial.

3) Para compartir la obra social, si trabaja uno de los dos en relación de dependencia, deben presentarse ante ANSES y hacer una declaración jurada de concubinato. En el caso que el trabajo sea autónomo harán esta declaración ante la AFIP y la obra social a la que desee incorporar a su concubino/a.

4) Es conveniente tener una prueba del concubinato para realizar trámites. Para ello deben presentarse ante un Registro Público de Comercio y solicitarla presentando dos testigos que declaren que los conocen, que conocen que hacen vida en común y desde hace cuánto tiempo, ante el Registro de las Personas o ante un Escribano.

5) Al momento del fallecimiento de un concubino, el/la sobreviviente deberá iniciar una información sumaria judicial aportando pruebas para obtener la Pensión por fallecimiento directa o derivada: a) Si hay hijos en común, debe probar que convivió dos años con el fallecido. b) Si no los hay, debe probar que convivió cinco años con testigos y documental.

Cuide su patrimonio y sus derechos asesorándose preventivamente con un abogado.

Dra. María Fernanda Panizo

Abogada