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ALIMENTOS DE LOS MENORES Y DE LOS MAYORES DE EDAD ESTUDIANTES

Dentro del concepto “alimentos” se hallan incluidos no solo el dinero, sino también la provisión de ropa, alimentos, medicamentos, obra social, pago de cuotas a instituciones escolares o clubs, útiles escolares, pago de asignaciones familiares en concepto de hijos menores, pago de asignación escolar anual, etc., ya que el fin es asegurar el bienestar del menor.

No está pautada legalmente una suma fija por cantidad de hijos y/o según sus edades. El parámetro es la conservación del nivel de vida que tenían cuando la familia vivía bajo el mismo techo. Posteriormente, a medida que los menores van creciendo, los alimentos van aumentando ya que se considera que los gastos son mayores. Puede pactarse o bien, una suma fija mensual, semanal, una suma fija más prestaciones en especie como las enumeradas en el primer párrafo, o un porcentaje del sueldo, en caso de salarios variables.

Para determinar la cuota alimentaria será cuestión de individualizar los gastos que debe erogar quien debe pagar alimentos, para sostenerse, y paralelamente, sus ingresos, y así tratar de acordar primariamente una cuota acorde que respete el parámetro citado, según las necesidades invocadas demostrables y los medios que posee el alimentante.

En el caso de parejas de concubinos con hijos, o en matrimonios que aún no se deciden a formalizar el divorcio, sino solamente y por ahora, acuerdan una separación de hecho, es recomendable tratar el tema de los alimentos de los menores, tenencia y régimen de visitas, para así volcarlos en un convenio, como asimismo la distribución de bienes registrables o no.

Puede redactarse sólo por un abogado, quien patrocinará a ambos en la solicitud de homologación, lo cual es más económico, o bien cada parte puede designar a un abogado para arribar al mismo. El letrado, luego de que la pareja se ponga de acuerdo, bajo su asesoramiento y consejo, en cada uno de los puntos en forma privada, o bien luego de que los abogados se transmitieron entre sí las pretensiones de cada integrante de la pareja y llegan a un acuerdo, se presentará a homologar ante el tribunal de familia para que tenga fuerza de ley en caso de incumplimiento.

En el futuro se puede solicitar un aumento de cuota, porque a mayor edad, mayores son los gastos por manutención, o bien por devaluación monetaria como hecho público y notorio -si va de la mano con aumentos de sueldo del alimentante-, o bien puede solicitarse una disminución, a pedido del alimentante, por circunstancias de cambios en su situación económica, que puedan demostrarse.

La cuota alimentaria se abona hasta la mayoría de edad, pero si el hijo continúa estudiando una carrera o un curso oficial (avalado por el Ministerio de Educación), la cuota alimentaria debe seguir abonándose. Una vez cumplida la mayoría de edad o si la persona mayor de edad, no continúa estudiando, el progenitor alimentante puede solicitar la apertura de un incidente de cese de cuota alimentaria.

Al igual que en un juicio de alimentos, en el convenio también puede solicitarse que la cuota alimentaria se deposite en una cuenta judicial del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cual no genera costos.

De no llegar a un acuerdo, quien posee la tenencia de los menores, podrá entablar un juicio por alimentos, en el cual se designara una audiencia, como primera medida, a los fines de resolver el monto de la cuota alimentaria. Cabe aclarar que si bien se designan alimentos provisorios, hasta tanto se determinen los definitivos por sentencia, estos comienzan a hacerse reclamables desde la fecha de presentación de la demanda de alimentos, ya que para la justicia, alimentos no reclamados significan alimentos no necesitados.

Si existiera incumplimiento tanto del convenio, como de la sentencia, queda habilitada la ejecución de convenio o sentencia, y/o el reclamo a los padres del progenitor incumplidor, por ser los primeros obligados a la cuota alimentaria, luego de los padres.

Debe tenerse en cuenta que el Código civil y comercial admite que en una demanda de alimentos, se pueda demandar tanto al progenitor como a los abuelos.

Dra. María Fernanda Panizo

Abogada

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VIOLENCIA FAMILIAR

Episodios de violencia familiar se repiten día a día en los hogares. Las comisarias de la mujer y los juzgados de familia cada vez reciben más denuncias. ¿Como es el procedimiento? Se admite la denuncia y se ordenan medidas cautelares, (exclusión del hogar y/o una orden de restricción de acercamiento o perimetral) que como cautelar, tienen el carácter de ser provisorias. Además la Justicia aconseja a la pareja el comienzo de sendos tratamientos psicológicos, sea para prevenir estas situaciones o para superar las consecuencias que la violencia psíquica y/o física dejó en la persona.

Las víctimas de violencia cuando se deciden a denunciar, piden contención a familiares, terapeutas y abogados. El dilema de denunciar o no por miedo a represalias es moneda corriente. Sucede que las medidas cautelares que se dictan y que consisten en la restricción de acercamiento a lugares de vivienda, trabajo y esparcimiento, se ordenan por un término que va desde los 10 dias, al año. ¿Y después…que? Si bien, paralelamente a dicha denuncia o dentro del menor tiempo posible es aconsejable iniciar las acciones de fondo que son su consecuencia (separación o divorcio, régimen de visitas, tenencia, alimentos, etc.), sucede que los tiempos de la justicia no son los de la vida cotidiana y cuando se está venciendo una medida cautelar de restricción de acercamiento, vemos que aún la acción de fondo no se inició, por falta de recursos de la víctima, por no complicarse con problemas judiciales, o por estar tratando de “solucionar” las cosas dialogando, con la decisión de ambos de que no intervengan abogados en el medio. Entonces, vencida la medida, si es que no se violó la misma, en el tiempo transcurrido (ante lo cual, lo único que queda es llamar al 911 para solicitar asistencia policial, y nuevamente, dirigirse a la Comisaría de la Mujer para efectuar una denuncia de violación de la medida vigente), la persona se encuentra con que el denunciado vuelve con nuevos bríos al hogar, alegando no tener donde vivir y repitiéndose la situación a modo de circulo vicioso.

Si se da una sola situación de violencia familiar, no hay que dejarla pasar en la creencia de que no volverá a suceder, ya que puede ser que se sucedan infinitamente, si así la víctima lo “permite”. Permitir, es no denunciar a tiempo, abriendo la puerta así a riesgos físicos y psíquicos que pueden dejar secuelas irremediables, e incluso hasta provocar la muerte (femicidio, homicidio)

Circuito policial y judicial que se desencadena a partir de la denuncia

La denuncia se realiza ante la Comisaría de la Mujer, que recibe denuncias durante las 24 hs. Este Organismo la eleva al Juzgado de Familia en turno, que inmediatamente ordenará las medida de exclusión del hogar y/o restricción de acercamiento, notificándose a las partes para que comience a tener vigencia. La denuncia también puede realizarse ante el Juzgado de Familia en turno, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Si el denunciado/a no acata las medidas dispuestas por el Juez, la víctima debe manifestarlo para que por medio de la fuerza pública se haga cumplir la orden judicial. De ser necesario el Tribunal, de oficio o a pedido de parte, designará entrevistas para las partes, con el equipo técnico del Juzgado (psicólogo), para ser escuchados sobre la situación vivida dentro del hogar y, eventualmente recibir consejos sobre el inicio o continuación de una terapia adecuada a cada situación. Además, según el criterio judicial, puede designarse una audiencia ante un Consejero de Familia del Juzgado, a la cual las partes deben asistir con patrocinio letrado, para acordar asuntos importantes que resultan afectados, y que no admiten demora, (ej: para resolver la comunicación inmediata con los hijos menores de edad, o resolver situaciones que se generan cuando el lugar de trabajo se encuentra en el mismo hogar de donde fue excluido el supuesto agresor), hasta tanto comiencen a tramitarse las acciones de fondo (divorcio, juicios de alimentos, comunicación con los hijos o cuidado personal de los mismos), a instancia de cada una de las partes y con patrocinio letrado.

Dra. María Fernanda Panizo

Abogada

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Derecho de Familia – Restitución Internacional de Menores

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Corresponde desestimar la queja que presentó el padre de un niño contra la sentencia que ordenó que el mismo sea restituido a Colombia, en tanto habiéndose restituido al menor al país donde tenía su residencia habitual, se ha agotado el objeto de la demanda por lo que la cuestión se transformó en abstracta y, en consecuencia, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento acerca de los agravios del recurrente para que se conceda el recurso extraordinario.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2018.-

Considerando:

1°) Que el 11 de enero .del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó la restitución internacional del menor A. M. G. a la República de Colombia (fs. 482/484 vta~ y 340/352), solicitada oportunamente por su madre en los términos del “Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” de La Haya de 1980, la “Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores” de Montevideo de 1989, la “Convención sobre los Derechos del Niño” y en el “Protocoló de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños”.

Contra dicho pronunciamiento el padre del niño interpuso el recurso extraordinario federal, cuyo rechazo dio origen a esta presentación directa (fs. 502/522 y 552) .

2°) Que las sentencias de la Corte Suprema deben adecuarse a las circunstancias existentes al momento en que se dictan (Fallos: 311:787 y 330:642).

De las constancias de la causa surge que con posterioridad -a la presentación de la queja a examen (el 2 de marzo de 2018) ,la sentencia que ordenó la restitución del menor se ejecutó el 7 de marzo de 2018 (ver actuaciones posteriores a fs. 594/595, 603/604 Y 605/605 vta. del expediente principal y 68/68 vta. y 70 de la queja).

3°) En tales condiciones, habiéndose restituido al menor al país donde tenía su residencia habitual (Colombia) -de acuerdo con la sentencia dictada y las medidas dispuestas por el tribunal de la causa-, se ha agotado el objeto de la demanda fundada en el Convenío de La Haya de 1980 (art. 1°), por lo que la cuestión se transformó en abstracta y, en consecuencia, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento acerca de los agravios del recurrente para que se conceda el recurso extraordinario, se revoque la sentencia y se desestime la demanda de restitución internacional.

Por ello, oído el señor Defensor General adjunto de la Nación, se declara que resulta inoficioso un pronunciamiento de esta Corte respecto de la queja deducida y, previa devolución de los autos principales, archívese.

Ricardo L. Lorenzetti – Elena I. Highton de Nolasco – Carlos F. Rosenkrantz – Juan C. Maqueda (en disidencia) – Horacio Rosatti (en disidencia)

Disidencia de los Señores Ministros Doctores Juan C. Maqueda – y don Horacio Rosatti

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de .la Nación) .

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

Juan C. Maqueda – Horacio Rosatti

Autos: G. C., S. c/M. M., A. s/Restitución Internacional de Niños
País:
Argentina
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 29-05-2018
Cita: IJ-DXXXV-684

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Abogado, abogado de familia, violencia de género, violencia familiar

¿Puede el hombre acudir al juez especialista en violencia de género o familiar, denunciando que sufre situaciones de violencia de parte de su conviviente o esposa? 

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SI.
Por el principio de igualdad, de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. La violencia de género, implica la violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona, sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y psicológico.
En este ámbito tiene especial relevancia la denominada Justicia Terapéutica, cuyos principios son: intervención judicial permanente, monitoreo o supervisión cercana, respuesta inmediata a la conducta, integración del tratamiento con los procesos judiciales, tratamientos multidisciplinarios, y colaboración con la comunidad y las organizaciones gubernamentales.

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Abogado, abogado de familia, alimentos

ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HIJOS. Ejecución de acuerdo. Aprobación de la liquidación practicada por la ejecutante

HECHOS
La Cámara confirmó la sentencia que aprobó la liquidación presentada por el ejecutante de un convenio de alimentos.

SUMARIOS
1 – Si el convenio de alimentos establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria, pues el norte a tener en cuenta para la decisión está dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Código Civil y Comercial de la Nación).

2 – Sincronizar el aumento del monto de una cuota alimentaria al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo es una práctica habitual, ello para evitar que el valor disminuya por el efecto inflacionario.

3 – Los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del Código Civil y Comercial y reiterado en el art. 930, inc. a del mismo cuerpo legal.

TEXTO COMPLETO:
2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 29 de 2017.

Considerando:

[-] I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal, a raíz del recurso de apelación interpuesto a fs. 328, punto I, por la parte ejecutada. Objeta la resolución dictada a fs. 325/326 vta., que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada por la parte ejecutante. [-]

El memorial corre agregado a fs. 328/332 vta. y su traslado ha sido contestado a fs. 334/342 vta.

II. Habiéndose descripto las constancias relativas a los trámites del recurso interpuesto, nos abocaremos al tratamiento de la cuestión.

Sabido es que la expresión de agravios —o el memorial cuando el recurso fue concedido en relación (art. 246, párrafo 1°, Código Procesal)— es el acto procesal mediante el cual la parte recurrente fundamenta la apelación.

Allí debe refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia, respecto a la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas o a la aplicación de las normas jurídicas (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. V, p. 266, n° 599, Ed. Perrot, Bs. As., 1981).

Constituye un acto de impugnación, destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal de apelación. En la referida presentación el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar con precisión, los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama (De los Santos, en Arazi (Director), “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, p. 200, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005).

En tal sentido, el artículo 265 del Código Procesal impone al apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas.

A tal fin es necesario que los motivos por los cuales se pretende obtener la revisión de la providencia apelada, se expresen al fundar el recurso. Se deben exponer detalladamente los errores, omisiones y demás deficiencias que el recurrente pudiera reprochar al pronunciamiento que impugna.

Así, el apelante corre con la carga procesal de refutar sólidamente las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (CNCiv., Sala “E”, ED, 117-575; CNCiv., Sala “B”, R. 336.751 del 29/11/2001; R. 339.296 del 12/02/2002, entre muchos otros).

III. A la luz de lo expuesto, se advierte que la presentación de fs. 328/332 vta., lejos está de satisfacer tales requisitos legales.

El recurrente, en esencia, se limita a reiterar los argumentos y menciones en que sustentara su impugnación a la liquidación a fs. 279/286 vta. Corresponde señalar que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte apelante asume la carga de criticarla. No cumple con ese requisito cuando vuelve a mencionar, como acontece en la especie, alegaciones anteriores.

Se ha puesto de relieve que si el agravio constituye una reproducción de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el art. 265 del Código Procesal (Morello, “Códigos Procesales…”, T. III, p. 357, año 1988 y jurisprudencia allí citada).

En lo demás expresado en el memorial, su contenido consiste en menciones genéricas o meras discrepancias con los criterios expresados por el a quo.

Esas actitudes no configuran, por sí solas, las objeciones razonadas que reclama la norma procesal más arriba indicada.

IV. En virtud de lo expuesto, correspondería declarar desierto el recurso interpuesto. Sin perjuicio de lo cual, analizada la cuestión a la luz de un criterio amplio como modo de garantizar adecuadamente, —en la mayor medida posible—, la doble instancia consagrada como norma general por el ordenamiento procesal, las quejas habrán de tener respuesta.

De manera preliminar, diremos que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno.

Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución de la litis. Tal como reiteradamente se ha sostenido, los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (cf. arg. Art. 386 del Código Procesal; CNCivil, Sala D, RED 20-B-1040; id. Sala F, L Nro. 397.642, “Poblet Ana Matilde c. Nitti Leonardo Héctor s/ daños y perjuicios”, 21/09/2004).

En consecuencia sólo se analizarán las argumentaciones que sean conducentes (ver CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi – Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, p. 825; Fenocchieto – Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T. 1, p. 620).

V. Sentado ello diremos que corresponde tener en cuenta que la faz ejecutoria de alimentos reconoce un procedimiento específico previsto por el art. 648 del Código Procesal. Del mismo deriva que dejan de ser trámites indispensables la liquidación o la citación de venta. Ese diseño responde a la necesidad de ganar celeridad, pero en lo demás son aplicables las normas contempladas por el art. 502 y ss. de la ley del rito, ello sin perjuicio de que el ejecutante opte por la vía típica de ejecución de sentencia.

A partir de ese punto de partida, trataremos los agravios expresados por el recurrente pero con el límite indicado en el punto anterior.

En primer lugar aquel objeta la interpretación que el Sr. Magistrado ha efectuado de la cláusula tercera del convenio obrante a fs. 4/6.

Al respecto diremos que la interpretación literal que pretende ejercer el apelante, resulta contraria a la intención que las partes tuvieron en la mira al celebrar el convenio de referencia. Adviértase que sincronizar el aumento del monto de una cuota al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo, es una práctica habitual. Ello para evitar que el valor de esa cuota disminuya por el efecto inflacionario.[-]

Ahora bien, si el convenio de referencia establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos, resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria. No habrá que perder de vista que, en la especie, el norte a tener en cuenta para la decisión, estará dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Cód. Civ. y Com. de la Nación).[-]

VI. Luego el recurrente se agravia porque se ha rechazado el pedido de compensación. La Sala ha de compartir la decisión de primera instancia desde que reiteradamente se ha resuelto que los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos, deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del código citado y reiterado en el art. 930, inc. a) del mismo cuerpo legal.[-] Ese mismo criterio ha sido aplicado durante la vigencia del código de fondo ya derogado (cf. esta Sala, R. 419.333, “Centurión María Julia c. Berretta Gabrielo Oscar s/ ejecución de alimentos”, 19/05/2005, id. Sala F, CNCiv., “B. de M., M. M. c. M., R. F., 26/08/1980).

Por ello, la resolución también en ese aspecto será confirmada.

VII. Las costas de Alzada, se impondrán a la parte apelante, pues resulta sustancialmente vencida (arts. 68 y 69, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por los fundamentos expresados, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución recurrida[-]. Con costas al apelante vencido. Regístrese y publíquese (Ac. 23/14, CSJN). Previa notificación de la presente por Secretaría, devuélvase al Juzgado de origen. — Mauricio L. Mizrahi. — Claudio Ramos Feijóo. — Roberto Parrilli.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA B
V., D. B. c. B. A., M. s/ ejecución de acuerdo • 29/11/2017
Cita Online: AR/JUR/88668/2017