Abogado, abogado de familia, violencia de género, violencia familiar

¿Puede el hombre acudir al juez especialista en violencia de género o familiar, denunciando que sufre situaciones de violencia de parte de su conviviente o esposa? 

SI.
Por el principio de igualdad, de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. La violencia de género, implica la violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona, sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y psicológico.
En este ámbito tiene especial relevancia la denominada Justicia Terapéutica, cuyos principios son: intervención judicial permanente, monitoreo o supervisión cercana, respuesta inmediata a la conducta, integración del tratamiento con los procesos judiciales, tratamientos multidisciplinarios, y colaboración con la comunidad y las organizaciones gubernamentales.

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Abogado, abogado especialista en sucesiones

DECLARACIÓN DE LEGÍTIMO ABONO. Solicitud realizada por un acreedor del causante en el proceso sucesorio. Aceptación expresa del heredero

HECHOS
La Cámara revocó una sentencia que había rechazado la solicitud de declaración de legítimo abono realizada por un acreedor del causante en el proceso sucesorio.

SUMARIOS
1 – La solicitud de legítimo abono realizada por un acreedor del causante dentro del proceso sucesorio es admisible, en tanto existe aceptación expresa del heredero, pues no se configura el supuesto de conflicto o resistencia para fundamentar la necesidad de ocurrir por otra vía procesal, ello con fundamento en el principio de economía procesal y en consonancia con lo previsto por el art. 2357 del Cód. Civ. y Com.

TEXTO COMPLETO:
2ª Instancia.— Buenos Aires, diciembre 22 de 2017.

Considerando:

I. [-]Vienen las presentes actuaciones al Tribunal a raíz del recurso de apelación en subsidio, interpuesto a fs. 122, punto I, por quien se presenta en calidad de acreedora. Dirige esa vía de impugnación contra la resolución de fs. 121/vta. Allí se dispuso que aquella debía ocurrir por la vía y forma que corresponda, al entender que lo pretendido por la nombrada, excede el ámbito de estas actuaciones.[-]

El memorial corre agregado a fs. 122/124 vta. Se trata de la misma fundamentación que la utilizada para sostener el recurso de reposición que fue desestimado a fs. 140, punto I (art. 248, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En la mentada presentación critica el decisum, señalando que los mismos argumentos en que se lo funda, también hubieran servido para acceder a la petición que le fue denegada. Resalta que la pretensión que esgrime no presenta controversia alguna en tanto ha sido efectuada de manera conjunta con las deudoras. Por último, hace referencia a un antecedente jurisprudencial relacionado con similar reclamo, en otro proceso sucesorio, aunque relacionado con el mismo tema.

II. Habiéndose descripto el desarrollo y contenido de las actuaciones relacionadas con el recurso interpuesto, nos abocaremos al tratamiento del mismo.

De manera preliminar diremos que no consideramos necesaria la sustanciación del memorial, en tanto la petición que dio origen al dictado del pronunciamiento recurrido fue efectuada de manera conjunta con las herederas declaradas en autos.

Sentado ello, corresponde manifestar que la declaración de legítimo abono consiste en una solicitud de quien se titula acreedor del causante, formulada dentro del proceso sucesorio, para que sea reconocido su crédito y le sea abonado [-](Medina, “Proceso Sucesorio”, t. II, p. 391, nro. 24 y sus citas, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017).

El fundamento es la economía procesal, a partir del intento de no generar demoras y gastos emergentes de un juicio que pueda evitarse, cuando todos los interesados están de acuerdo en que la deuda debe pagarse por ser cierta[-] (Colombo – Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado”, t. IV, p. 562).

Si bien en la normativa actual aparece expresamente mencionado en el art. 2357 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, encuentra su raíz procesal en lo que prevé el art. 701 del ritual, que habilita a los herederos declarados para reconocer deudas del causante.

Para que proceda el pedido de legítimo abono dentro del propio proceso sucesorio, es menester que los herederos lo acepten expresamente[-]. Es que esa petición no tiene estructura procesal propia, ni configura un proceso contradictorio. Sólo en caso de silencio o disconformidad total o parcial, debe el interesado ocurrir a las vías ordinarias para reclamar y obtener la satisfacción de la acreencia (CNCiv., sala A, 29/04/1996, ASAIJ, sum C 0037969).

III. Sobre este piso de marcha se analizará el recurso planteado, que como fácil se advertirá será exaudido.

En efecto, conforme surge de la presentación de fs. 114/120, la ahora apelante, de manera conjunta con las herederas declaradas en autos a fs. 19/vta., solicitan se declare a la primera como acreedora reconocida de la obligación que ponen de manifiesto en la mentada presentación. [-]

En razón del contenido de aquella petición, surge nítidamente que no se configura el supuesto de conflicto o resistencia en que se basa la resolución apelada para fundamentar la necesidad de ocurrir por otra vía procesal.[-]

A todas luces la vía incidental, abortada a fs. 142, último párrafo, deviene innecesaria. Es que sólo se presenta, como finalidad inmediata, el reconocimiento del crédito dentro del proceso sucesorio y la declaración de aquél como de legítimo abono. De tal manera se produce el efecto de otorgarle al acreedor el derecho de ejecutar a los herederos por la vía de ejecución de sentencia (Kemelmajer de Carlucci, “Los acreedores quirografarios del causante”, en Zannoni – Ferrer – Rolando (coords.) “Sucesiones”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 1991).

IV. Las costas se impondrán por su orden, toda vez que no ha existido controversia con parte contraria (arts. 68, última parte y 69, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por los fundamentos expresados, el Tribunal resuelve: revocar la resolución recurrida[-]. Con costas por su orden. Regístrese y publíquese. Oportunamente, devuélvanse al Juzgado de origen, encomendándose las ulteriores notificaciones (art. 135, inc. 7, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). — Roberto Parrilli. — Claudio Ramos Feijó. — Mauricio L. Mizrahi.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA B
C. E. G. y otro s/ sucesión ab-intestato • 22/12/2017
Cita Online: AR/JUR/91480/2017

Abogado, abogado de familia, alimentos

ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HIJOS. Ejecución de acuerdo. Aprobación de la liquidación practicada por la ejecutante

HECHOS
La Cámara confirmó la sentencia que aprobó la liquidación presentada por el ejecutante de un convenio de alimentos.

SUMARIOS
1 – Si el convenio de alimentos establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria, pues el norte a tener en cuenta para la decisión está dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Código Civil y Comercial de la Nación).

2 – Sincronizar el aumento del monto de una cuota alimentaria al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo es una práctica habitual, ello para evitar que el valor disminuya por el efecto inflacionario.

3 – Los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del Código Civil y Comercial y reiterado en el art. 930, inc. a del mismo cuerpo legal.

TEXTO COMPLETO:
2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 29 de 2017.

Considerando:

[-] I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal, a raíz del recurso de apelación interpuesto a fs. 328, punto I, por la parte ejecutada. Objeta la resolución dictada a fs. 325/326 vta., que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada por la parte ejecutante. [-]

El memorial corre agregado a fs. 328/332 vta. y su traslado ha sido contestado a fs. 334/342 vta.

II. Habiéndose descripto las constancias relativas a los trámites del recurso interpuesto, nos abocaremos al tratamiento de la cuestión.

Sabido es que la expresión de agravios —o el memorial cuando el recurso fue concedido en relación (art. 246, párrafo 1°, Código Procesal)— es el acto procesal mediante el cual la parte recurrente fundamenta la apelación.

Allí debe refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia, respecto a la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas o a la aplicación de las normas jurídicas (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. V, p. 266, n° 599, Ed. Perrot, Bs. As., 1981).

Constituye un acto de impugnación, destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal de apelación. En la referida presentación el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar con precisión, los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama (De los Santos, en Arazi (Director), “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, p. 200, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005).

En tal sentido, el artículo 265 del Código Procesal impone al apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas.

A tal fin es necesario que los motivos por los cuales se pretende obtener la revisión de la providencia apelada, se expresen al fundar el recurso. Se deben exponer detalladamente los errores, omisiones y demás deficiencias que el recurrente pudiera reprochar al pronunciamiento que impugna.

Así, el apelante corre con la carga procesal de refutar sólidamente las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (CNCiv., Sala “E”, ED, 117-575; CNCiv., Sala “B”, R. 336.751 del 29/11/2001; R. 339.296 del 12/02/2002, entre muchos otros).

III. A la luz de lo expuesto, se advierte que la presentación de fs. 328/332 vta., lejos está de satisfacer tales requisitos legales.

El recurrente, en esencia, se limita a reiterar los argumentos y menciones en que sustentara su impugnación a la liquidación a fs. 279/286 vta. Corresponde señalar que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte apelante asume la carga de criticarla. No cumple con ese requisito cuando vuelve a mencionar, como acontece en la especie, alegaciones anteriores.

Se ha puesto de relieve que si el agravio constituye una reproducción de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el art. 265 del Código Procesal (Morello, “Códigos Procesales…”, T. III, p. 357, año 1988 y jurisprudencia allí citada).

En lo demás expresado en el memorial, su contenido consiste en menciones genéricas o meras discrepancias con los criterios expresados por el a quo.

Esas actitudes no configuran, por sí solas, las objeciones razonadas que reclama la norma procesal más arriba indicada.

IV. En virtud de lo expuesto, correspondería declarar desierto el recurso interpuesto. Sin perjuicio de lo cual, analizada la cuestión a la luz de un criterio amplio como modo de garantizar adecuadamente, —en la mayor medida posible—, la doble instancia consagrada como norma general por el ordenamiento procesal, las quejas habrán de tener respuesta.

De manera preliminar, diremos que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno.

Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución de la litis. Tal como reiteradamente se ha sostenido, los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (cf. arg. Art. 386 del Código Procesal; CNCivil, Sala D, RED 20-B-1040; id. Sala F, L Nro. 397.642, “Poblet Ana Matilde c. Nitti Leonardo Héctor s/ daños y perjuicios”, 21/09/2004).

En consecuencia sólo se analizarán las argumentaciones que sean conducentes (ver CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi – Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, p. 825; Fenocchieto – Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T. 1, p. 620).

V. Sentado ello diremos que corresponde tener en cuenta que la faz ejecutoria de alimentos reconoce un procedimiento específico previsto por el art. 648 del Código Procesal. Del mismo deriva que dejan de ser trámites indispensables la liquidación o la citación de venta. Ese diseño responde a la necesidad de ganar celeridad, pero en lo demás son aplicables las normas contempladas por el art. 502 y ss. de la ley del rito, ello sin perjuicio de que el ejecutante opte por la vía típica de ejecución de sentencia.

A partir de ese punto de partida, trataremos los agravios expresados por el recurrente pero con el límite indicado en el punto anterior.

En primer lugar aquel objeta la interpretación que el Sr. Magistrado ha efectuado de la cláusula tercera del convenio obrante a fs. 4/6.

Al respecto diremos que la interpretación literal que pretende ejercer el apelante, resulta contraria a la intención que las partes tuvieron en la mira al celebrar el convenio de referencia. Adviértase que sincronizar el aumento del monto de una cuota al índice que surja de un convenio colectivo de trabajo, es una práctica habitual. Ello para evitar que el valor de esa cuota disminuya por el efecto inflacionario.[-]

Ahora bien, si el convenio de referencia establece un porcentaje anual con un aumento en dos tramos, resulta razonable que ese mecanismo se vuelque de forma inmediata a la cuota alimentaria. No habrá que perder de vista que, en la especie, el norte a tener en cuenta para la decisión, estará dado por el interés superior del niño, que es deber de los jueces preservar (art. 706, inc. c, Cód. Civ. y Com. de la Nación).[-]

VI. Luego el recurrente se agravia porque se ha rechazado el pedido de compensación. La Sala ha de compartir la decisión de primera instancia desde que reiteradamente se ha resuelto que los gastos efectuados por el alimentante a favor de sus hijos, deben ser considerados como simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en el art. 539 del código citado y reiterado en el art. 930, inc. a) del mismo cuerpo legal.[-] Ese mismo criterio ha sido aplicado durante la vigencia del código de fondo ya derogado (cf. esta Sala, R. 419.333, “Centurión María Julia c. Berretta Gabrielo Oscar s/ ejecución de alimentos”, 19/05/2005, id. Sala F, CNCiv., “B. de M., M. M. c. M., R. F., 26/08/1980).

Por ello, la resolución también en ese aspecto será confirmada.

VII. Las costas de Alzada, se impondrán a la parte apelante, pues resulta sustancialmente vencida (arts. 68 y 69, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por los fundamentos expresados, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución recurrida[-]. Con costas al apelante vencido. Regístrese y publíquese (Ac. 23/14, CSJN). Previa notificación de la presente por Secretaría, devuélvase al Juzgado de origen. — Mauricio L. Mizrahi. — Claudio Ramos Feijóo. — Roberto Parrilli.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA B
V., D. B. c. B. A., M. s/ ejecución de acuerdo • 29/11/2017
Cita Online: AR/JUR/88668/2017

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